En España cada día surgen nuevas voces solicitado la aplicación de una destilación de crisis. ¿Hasta cuándo el Ministerio hará oídos sordos?

Aunque no todos los vinos de calidad llevan el sello de Bordeaux y hay reputadísimos vinos elaborados en otras zonas de Francia y el resto del mundo. Llama la atención la noticia de que hayan surgido voces pidiendo un arranque de una pequeña parte (diez por ciento) de la superficie para devolver el equilibrio a esta zona de referencia.

También hay vida mucho más allá de las afamadas Indicaciones de Calidad Españolas, entre las que, sin ningún género de dudas, ocupa el lugar preponderante, la Denominación de Origen Calificada Rioja. En la que, también, se está demandando, si no un arranque de parte de su superficie, sí una destilación que permita eliminar unos excedentes que están lastrando sus precios y sirviendo de justificación a algunas bodegas para romper acuerdos plurianuales de adquisición de uva, que dotan (o al menos debería) de estabilidad a los operadores de la Denominación de Origen.

Y digo esto, porque, atendiendo a estas noticias y con el consiguiente aderezo de aquellas otras relacionadas con la pérdida de volumen en nuestras exportaciones, la caída del consumo interno, una descontrolada inflación… parecería que nos asomamos al abismo más profundo del sector vitivinícola mundial.

Muy seguramente, todas estas informaciones no sean más que la reacción a cambios, de cierto calado, que se están produciendo en el consumo y comercialización de los productos vitivinícolas. Acontecimientos cíclicos de cualquier actividad económica que sufre sus propios dientes de sierra y que, sí es posible que, en esta ocasión, se vean agravados por las circunstancias extraordinarias de las crisis motivadas por la falta de materias primas, problemas logísticos que permitan una normal circulación de mercancías, crisis energéticas; y lo que ha sido mucho más excepcional: una pandemia mundial que supuso la paralización global de la economía y una guerra en la que el hecho de que no suframos los bombardeos en nuestras ciudades, no significa que no estemos involucrados y nos afecten, de lleno, los “bombardeos” económicos.

A diferencia de otros momentos en los que desde la Unión Europea se ha intentado soslayar esta situación con medidas drásticas, como fuera la de arranques masivos. En esta ocasión, Bruselas ha preferido que sean sus Estados Miembros los que, utilizando sus fondos del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola, busquen la solución más apropiada a sus circunstancias.

Hacer rentable el cultivo del viñedo puede que sea la piedra angular del futuro de nuestra vitivinicultura. Constantemente nos estamos lamentando de que no se produce el relevo generacional con la suficiente fuerza, que cada vez son más las hectáreas de viñedo que se abandonan para dedicarlas a otro cultivo, aunque este sea uno tan curioso como el de las placas solares. Pero, nos olvidamos fácilmente de que, detrás de estas decisiones, pesan cuestiones que nada tienen que ver con las que se imponían en las anteriores generaciones.

El sentimiento de orgullo y pertenencia a una zona. La satisfacción de seguir manteniendo la tierra que sus ancestros, con tanto esfuerzo, consiguieron. Incluso el mismo compromiso con el cuidado del planeta y la mayor sensibilidad hacia los temas medioambientales, pasan a un segundo plano cuando llega la hora de hacer números y buscar la rentabilidad económica de un cultivo que, siendo enorme en su generación de satisfacción emocional, está muy alejado de alcanzar la necesaria para su supervivencia: la económica.

Vender a precios que aseguren la rentabilidad económica de un viñedo debiera ser el primer objetivo a alcanzar por cualquiera. Incluso también las administraciones. Pero eso encuentra grandes dificultades que lo hacen muy arduo.

La globalización del comercio, indiscutible, se ha demostrado tremendamente perjudicial en situaciones tan excepcionales como la generada por la paralización mundial provocada por la pandemia o la guerra en Ucrania. O la alta dependencia de algunos países adonde se deslocalizó la producción de productos básicos (como los cereales en el país báltico, o los microprocesadores en China; por no hablar de la alta dependencia de materias primas y fuentes de energía); nos debieran hacer reflexionar sobre la urgencia de, sin un mínimo ápice de políticas proteccionistas y restrictivas, proteger nuestra independencia.

La traslación de la superficie de viñedo y la producción hacia fuera de la Unión Europea es un hecho que llevamos observando desde hace décadas, sin que hayamos puesto en marcha ni la más mínima medida para solucionarlo. Y si seguimos siendo la zona del mundo donde se concentran tres cuartas partes de la superficie y producción vitivinícola no será por lo que nosotros estamos haciendo por defender ese estatus.

Los recientes datos publicados del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SigPac) ponen de manifiesto que seguimos perdiendo viñedo, 7.535 ha. Y, aunque es Castilla-La Mancha la que acapara más del 61% de esa superficie, solo Castilla y León, Galicia y Baleares consiguen aumentarla. Interesante resultaría determinar la correlación entre este dato y el precio al que son vendidas las uvas en estas comunidades autónomas.

Mientras nosotros todavía estamos planteándonos si galgos o podencos, el Ministerio de Agricultura francés anuncia la puesta en marcha de una destilación de crisis y su disponibilidad de realizar una segunda en octubre, cuando ya se disponga de una información más concreta de la cosecha y según sea la situación del mercado.

Y aunque no es esta una de las razones por las que el peso de la vitivinicultura francesa es el que es en el mundo, sus precios, son los que son y su reputación, la que les precede; sí ayuda a comprender mucho mejor cuál es el peso que tiene el sector en el país galo, la concepción e importancia que allí tiene y el que le dan aquí nuestros gobernantes.

Lleva el sector vitivinícola español meses, muchos, desde antes que se iniciara la vendimia, reclamando ayudas, la puesta en marcha de medidas con las que poner fin a la paralización que vive el mercado de sus vinos y derivados. Ayudas con las que equilibrar sus disponibilidades, actuaciones sobre la próxima cosecha que trasladen a sus operadores el doble mensaje de que estamos actuando sobre el problema para solucionarlo y que nos tienen a su lado para tomar las medidas que sean necesarias. Y estas no acaban de llegar

Se publican los datos del Infovi correspondientes al mes de diciembre y se constata lo que todos intuyen y viven en su día a día y que bien podría reducirse en una frase: “las cosas no están funcionando”.

Será por circunstancias que resultan exógenas al sector: pandemias, trabas en el comercio, inflación, guerra… Incluso políticas sanitarias que toman al vino como objeto de sus campañas utilizando “estudios” de dudoso crédito. Pero el caso es que llevamos ya más de tres años en los que, por una cosa o por otra, el sector no levanta cabeza.

Nuestro consumo lleva cayendo desde febrero, las exportaciones perdiendo volumen a un ritmo de dos dígitos, las existencias resistiendo como pueden gracias a una cosecha contenida. Y el apoyo de nuestro Gobierno, que está asistiendo a una recaudación récord por los efectos de la inflación y beneficiándose de los fondos NextGenerationEU que llegan de la Unión Europea para “salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos”; es completamente nulo.

Y aunque en su descarga podríamos decir que no difiere mucho del que le han prestado otros gobiernos anteriores, no es de recibo.

El marcado aspecto social que acompaña al vino, su imagen de país, la sensación de calidez que acompaña el recuerdo de su consumo, el papel medioambiental y social que tienen sus viñedos en una España con un importantísimo problema de despoblación. Lo atractivo de su acompañamiento de una gastronomía, que es una de las principales razones, junto con el sol y monumentos, de atracción para los millones de turistas que nos visitan cada año… Parecen carecer de valor.

Frente a los 15 millones (que redistribuiremos de las medidas financiadas por los fondos para el Plan de Apoyo al Sector que nos llega de Europa), Francia se ha comprometido a aportar de sus arcas 80 M€, cuarenta ahora y otros tantos en octubre para destilar (está por definir) entre dos y tres millones de hectolitros.

Son ya varias las ocasiones en las que nos hemos referido, en estas mismas páginas, a Irlanda. Un pequeño país que entró a formar parte de la Unión Europea en el año 1973, miembro de la Zona Euro y cuya población de cinco millones de habitantes apenas representa un poco más de una décima parte de lo que es España.

No son, ni los 9’3 millones de litros de vino que le llevamos vendidos desde España en los once primeros meses de 2022, ocupando el puesto 19º en el ránking de destinos. Ni los 28’7 millones de euros que ello ha supuesto para nuestras bodegas, que le sitúan en el puesto 17º. Ni tan siquiera que sea el cuarto país en importancia de todos a los que les vendemos vino, en términos de precio medio (3’9 €/l); lo que nos hace fijarnos en este pequeño país de los 27 que integramos la Unión Europea.

El motivo de tan inusitado interés: el proyecto de reglamento que presentó, el pasado mes de junio, a la Comisión Europea, para incluir en el etiquetado de bebidas alcohólicas advertencias sobre los peligros derivados del consumo de alcohol. De cualquier tipo de alcohol y graduación.

Y es que, si nada lo remedia, y no parece que vaya a ser así, a partir del 22 del próximo mes de marzo, contará con la autorización para advertir a los consumidores sobre los riesgos y daños del consumo de alcohol, sin ninguna distinción entre tipos de bebidas con alcohol, cantidades ingeridas o graduaciones, ni entre lo que es un consumo moderado y responsable y otro excesivo, abusivo e irresponsable. Incluyendo una advertencia para las mujeres embarazadas y otra sobre la relación entre el alcohol y diferentes tipos de cáncer.

Ello supondría un peligroso antecedente que pudiera ser imitado por algunos otros países miembros y, en especial por aquellos grupos que, desde la propia Comisión, abogan por la obligatoriedad de este tipo de advertencias en el etiquetado del vino.

La oposición frontal y enérgica de Italia, país que ha mostrado la actitud más beligerante en este asunto (pero también la del resto de países productores: España, Francia. Portugal, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y República Checa), acusando a esta propuesta de ser simplista, discriminatoria y contraria al mercado interior, suponiendo una traba al mercado único, no ha servido de nada y posiblemente no lo vaya a hacer. Generando un peligroso antecedente que pueda ser imitado por otros países declarados abiertamente en contra de cualquier apoyo a una bebida con contenido alcohólico.

Peligroso antecedente para un sector que se encuentra en horas bajas. Como así lo demuestra la autorización, a falta de ser publicada en el BOE, de una ayuda a la cosecha en verde para nuestro país, a la que está previsto destinar 15 M€, un cincuenta por ciento más con la que se aplicó, por primera vez en nuestro país, en el año 2020, cuya producción fue de 46’493 millones de hectolitros.

Consecuencia de la reforma de la PAC, el pasado Consejo de Ministros del 24 de enero, modificaba el Real Decreto 1338/2018 por el que regula el potencial de producción vitícola. En él se concreta el criterio de prioridad para las explotaciones vitícolas, indica los requisitos que se van a solicitar para comprobar su cumplimiento y los ajusta para tenerlos en cuenta solo en la superficie de viñedo y no en el total de la explotación.

Al criterio de prioridad de las nuevas plantaciones medianas, se añade una excepcionalidad para el establecimiento de colecciones de variedades de vid, se autoriza la transferencia de las autorizaciones para el caso de disolución de una explotación compartida y se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas. Aplicándose con efecto retroactivo a las solicitudes presentadas desde el 15 de enero de este año.

Otra de las consecuencias, esta mucho peor, recibida por los viticultores de la nueva PAC es la intención de la Comisión Europea de proponer un objetivo de reducción, que podría llegar al 60%, en el uso de fitosanitarios.

Desde el sector productor, encabezado por las cooperativas vitivinícolas de los tres principales países elaboradores europeos (Francia, Italia y España) no han tardado en reaccionar y han solicitado al Parlamento Europeo que, antes de tomar ninguna decisión al respecto, evalúe las consecuencias que ello podría tener sobre el sector y su competitividad ante la falta de alternativas claras.

Si importante es hablar de sostenibilidad medioambiental, no se pueden olvidar las otras dos grandes patas sobre las que se sustenta, que son la económica y social. No vaya a ser que, en un futuro no muy lejano, se encuentren con que no son necesarias medidas de reducción al haber obligado al abandono de la producción, la despoblación de las comarcas rurales, el empobrecimiento de los pueblos y el deterioro medioambiental.

En un entorno en el que algunos productores amenazan con el abandono de viñedos en zonas emblemáticas de Francia, o solicitan la aplicación de medidas excepcionales de mercado que ayuden a sostener los precios gracias a la retirada de una parte de la producción, bien vía destilación para esta campaña o incluso yendo un paso más allá, de cara a la siguiente con la puesta en marcha de la vendimia en verde. Donde los precios percibidos por los viticultores están siendo ruinosos, inferiores incluso a los propios costes de producción en algunos casos, según denuncian algunas organizaciones agrarias… Este anuncio de la Comisión ha sido percibido como un jarro de agua fría que, no por previsible, deja de resultar inconveniente y puede suponer la puntilla para algunos viticultores.

En noviembre 2022 ha caído la facturación de la exportación un 1’8% con respecto al mismo mes del año anterior, rompiendo una racha positiva de 20 meses en la que solo marzo 22 presentó datos negativos. Manteniéndose la tendencia descendente en el volumen se situaba en el 2’1% en el dato mensual. En tasa interanual (TAM) esta caída del volumen se acentúa y llega al -9’6%, aunque el valor sigue en positivo (+3’1%) y se queda en 2.977’8 M€ solo en vino.

Los vinos tranquilos con I.G.P. a granel son los que más pierden en noviembre (-62’8%) y los tranquilos con D.O.P. envasados ceden un -21’0% de su volumen. Destacando la caída del -35’7% de los mostos en un mes especialmente importante para este producto.

Ni es nuevo, ni será la última vez que debamos abordar un tema tan importante para el futuro de nuestro sector, como el referido a su etiquetado y las posibles advertencias sanitarias a incluir sobre la relación entre el consumo de alcohol y la aparición de cánceres.

Nuestros lectores saben, y están al corriente, que se trata de una batalla que, lleva librando el sector en la Unión Europea desde hace muchos años, representando una gravísima amenaza y por la que hemos vivido momentos muy delicados en los que tomaba fuerte protagonismo la idea de acabar teniendo que etiquetar con avisos similares a los del tabaco.

Sabemos que hay grupos políticos en Europa y España que están empecinados en centrarse en el contenido alcohólico del vino, olvidándose de todo lo que representa un consumo moderado y asociado a la Dieta Mediterránea. Considerando cualquier tipo de alcohol y graduación, sin la más elemental diferenciación.

La amenaza sigue siendo muy importante y la autorización conseguida por Irlanda para incluir advertencias sanitarias en el etiquetado de los vinos, similares a las del tabaco, en las que se relacionen consumo de vino y riesgos de aparición de cánceres genera un peligroso antecedente.

Sabemos que Europa no se caracteriza, precisamente, por comportarse como un solo Estado, las importantes diferencias existentes entre los Estados Miembros en algunas cuestiones, como ahora podría ser esta, pone en peligro la legislación armonizada del Mercado Único y abre la posibilidad de que esta postura acabase imitándose por otros Estados Miembros.

Italia ya ha reaccionado y pedirá a la Comisión Europea (CE) que intervenga, Francia se mantiene callada de momento y España… En España habrá que ver qué parte del Gobierno acaba imponiéndose, pues, como es bien conocido, mientras la postura defendida por el ministro de Agricultura, Luis Planas, es defender la concepción como alimento del Vino y la necesidad de preservar la diferenciación entre el consumo abusivo y el moderado y el origen de cada uno de los alcoholes; la otra ala, encabezada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es ir contra el vino y cualquiera que sea su consumo.

Es mucho lo que nos jugamos y aprovechar este calendario prelectoral que nos ha de acompañar a lo largo de todo este año podría ser una oportunidad de la que, Dios quiera, no nos tengamos que arrepentir de no haberla dejado pasar.

Si ya octubre hacía prever que la vendimia no iba a resultar tan catastrófica, a nivel nacional, como en un principio se estimó. Los resultados avanzados por el Ministerio de Agricultura y ratificados por el Infovi de noviembre, no dejan de resultar sorprendentes.

La paciencia de muchos viticultores y la sucesión de unas convenientes precipitaciones que, caídas en la última quincena de septiembre, permitieron dar un fuerte engorde a un fruto que se encontraba constreñido por las altas y continuas olas de calor que había tenido que soportar durante toda su etapa de maduración; hacían mejorar la estimación de cosecha. Aunque, revisarla al alza en algo más de un diez por ciento sobre las primeras estimaciones, no deja de asombrarnos.

No solo por su cuantía, que lo es y dice muy poco de todos (incluidos nosotros) los que nos atrevimos a realizar alguna estimación. Sino también por la forma en la que están siendo publicados.

Si con el sistema de información del sector Infovi, solucionamos un importante problema de falta de datos actualizados que arrastraba el sector vitivinícola español. En esta ocasión, cuando puede que sea la más importante del año, pues en ella se recoge de manera muy aproximada la cosecha, los datos no han sido publicados hasta el día 11 de enero. Cuando ya a finales de diciembre el Ministerio “informaba” al sector vitivinícola sobre la evolución de las “grandes cifras” de producción de vino y mosto y existencias.

A falta de conocer lo que dicen las declaraciones de producción, cuyo plazo de presentación concluyó el 15 de diciembre; los datos publicados por el Infovi cifran la cosecha en 40,47 millones de hectolitros, de los que 35,703 corresponderían a vino y 4,767 a mosto. Esto supone una ligera variación con las cifras informadas por el MAPA que cifraban la cosecha en 40,1 millones de hectolitros, de los que 36,4 Mhl corresponderían a vino y 3,7 a mosto.

Esta producción y las existencias con las que iniciamos la campaña y que fueron de 37,782 Mhl (36,349 de vino y 1,432 de mosto), arrojan una oferta disponible de vino para la campaña 2022/23 de 72,052 Mhl de vino y 6,199 de mosto.

¿Cifras suficientemente altas como para justificar la paralización que vive el mercado y la nominalidad de sus cotizaciones? Pues, en mi opinión, no.

Ni la cosecha es tan elevada como para hacernos pensar en una producción excedentaria, ya que estaríamos por debajo de una cosecha media de los últimos 5 años en vino, cifrada en 37,5 Mhl de vino y ligeramente por encima de los 4,3 de mosto (41,8 Mhl). Ni las existencias iniciales son tan alarmantes, pues si bien estas sí están por encima de los 34,1, hablando solo de vino, la cifra de oferta disponible (72,052) se sitúa cuatrocientos mil hectolitros por encima de la media, pero por debajo de los 72,8 Mhl de la pasada y muy inferior a los 75,5 con la que iniciamos la 20/21.

Aun así, la realidad es que el interés por operar es mucho más escaso que en años anteriores, lo que resulta especialmente preocupante en los vinos tintos y que la situación es bastante parecida en los países de nuestro entorno y que, a la vez, son nuestros clientes más importantes, como demuestran los últimos datos de exportación, con caídas en el volumen del 12,4% en los diez primeros meses del año para el total de productos vitivinícolas y del 10,3% en vino.

Como todos los años, por estas fechas nos deseamos los mejores parabienes, mucha salud, trabajo, algo de dinero y amor, mucho amor. Que así sea.

Dicho esto, algo habrá que poner de nuestra parte, no vayamos a pretender que todo nos venga caído del cielo. Y, aunque no es el sector vitivinícola el que peor horizonte presenta, a tenor de las previsiones de los máximos organismos internacionales, que nos pronostican un año 2023 horribilis en el terreno económico, algunos retos de cierto calado sí tenemos por delante.

El primero, muy posiblemente, sea acabar con la paralización comercial que se vive en el mercado, especialmente importante en el terreno de los vinos a granel y que está afectando en mayor medida a los vinos tintos. Un letargo que se remonta a desde antes de iniciarse la campaña y del que todavía hoy, cinco meses después, no hemos conseguimos sobreponernos. Y es que detrás de esta lentitud con la que se van sucediendo las transacciones comerciales se encuentra el temor de las bodegas a acaparar producción en un entorno en el que los precios no recomiendan almacenar producto acabado ante el elevado coste de todas las materias auxiliares y los continuos anuncios de las administraciones, (hasta las más reacias a lanzar este tipo de mensajes) avisándonos de que se aproximan meses complicados.

Y, mientras esto sucede y la temida recesión se demora trimestre a trimestre ante la fortaleza de un consumidor que tira de los ahorros para hacer frente a la subida descontrolada de los precios, nuestro mercado exterior alcanza máximos históricos de facturación superando los 2.865’2 millones de euros para el total de productos vitivinícolas en datos de los diez primeros meses de 2022 y de 2.483’2 M€ si nos referimos solo al valor del vino exportado.

Y lo que es todavía mejor noticia: que todas las categorías de productos, desde los de más bajo precio, como son los graneles sin D.O.P./I.G.P., hasta los envasados con D.O.P.; aumentan de manera considerable sus precios medios, el 32’0% y 15’7% respectivamente con respecto a los del año anterior.

Así es que vamos a recibir el año nuevo con ese halo de esperanza, vamos a confiar en que, cuando se reactive la actividad comercial, no lo sea a costa de sus precios medios y vamos a desearnos un feliz 2023.

Sin ánimo de que estas líneas sean un ejercicio de predicción (aunque reconozco que algo de pasión igual sí que hay); vaya por delante mi absoluto convencimiento de que nos esperan grandes momentos en el 2023.

Muy posiblemente ayude en esta impresión el hecho de que sea un año de elecciones en nuestro país, primero municipales y autonómicas en mayo y luego generales, previsiblemente en el mes de noviembre. Años en los que, a nuestros políticos, todos, sean del signo que sean, se les despierta un profundo sentido de solidaridad con los ciudadanos y luchan por comprometerse en la solución de sus problemas. La mayoría de esas promesas se quedan en eso, simples promesas que una vez depositado el voto en la urna, se olvidan. Pero otras, unas pocas, acaban concretándose en leyes o decretos que van destinadas a hacernos más llevadera la situación.

El vino no es que sea uno de esos productos en los que se suelen fijar mucho, ya sea porque contiene alcohol y su consumo es demonizado por algunos grupos, o porque su peso electoral no lo consideran, en general, relevante. Pero alguna vez sí que se han conseguido cosas. Así es que, lejos de caer en el desánimo, quizás, lo mejor sea apostar por una concisa estrategia reivindicativa que bien podría alinearse con algunos de los objetivos planteados por el Plan Estratégico desarrollado por la Organización Interprofesional que representa a todo el sector vitivinícola español.

Son momentos de concreción en los que poner en negro sobre blanco medidas específicas con las que fortalecer la revalorización de nuestras exportaciones, seguir luchando por el reposicionamiento de nuestros productos, la recuperación del mercado interno y el desarrollo de todo lo necesario: viñedo, bodegas y estructuras comerciales que nos ayuden a ello.

Aunque para eso sea necesario tener el firme compromiso de nuestros dirigentes (de todos, sin grietas) de que el Vino es parte de nuestra Cultura, de nuestra alimentación y costumbres. Que su consumo, como todos los alimentos, debe ser moderado y que su asimilación con las bebidas espirituosas o las drogas es, sencillamente, una barbaridad.

Para el próximo año está prevista la entrada en vigor, aunque sea el 8 de diciembre, del etiquetado nutricional y de ingredientes y la posibilidad, de momento, de poder utilizar el etiquetado electrónico; la creación de un nuevo reglamento base sobre indicaciones geográficas y el papel a desarrollar por las DD.OO. y sus consejos reguladores; y la promoción de los productos agroalimentarios. Cuestiones de gran calado para el sector y sobre las que es necesario un incuestionable apoyo de nuestros representantes en las instituciones europeas.

También se pondrá en marcha Enoconsens, una alianza promovida por el Vitec, y en colaboración con el Incavi, IRTA y URV consistente en desarrollar el primer panel de consumidores creado específicamente para el análisis de las demandas, preferencias y aceptación de los consumidores de vino y derivados. Es una excelente noticia que confiemos acabe extendiéndose más allá del ámbito de Cataluña, para la que ha sido ideada.

Mientras esto acaba por consolidarse, ahora, lo más importante es que podamos disfrutar de estos días en familia, rodeados de los nuestros y acompañados con un buen vino.

Todo el equipo que componemos SeVi les deseamos un Feliz 2023.

Bajo este panorama tan extraño que estamos viviendo, hay pocas cosas que nos puedan sorprender. Lo que no es óbice para que no estemos pendientes de algunas cuestiones relevantes para nuestro futuro. Que la recuperación del consumo interno vaya más lenta de lo previsto, que nuestras exportaciones estén viéndose afectadas negativamente en términos de volumen (pero muy positivamente si hablamos de valor). O que el mercado esté pesado, con pocas operaciones y cotizaciones estables. Son cuestiones que el tiempo acaba por ajustar a las circunstancias de cada momento.

Los consumidores han pisado el freno en el consumo. Pero quienes, de verdad, han optado por permanecer prudentes a la espera de acontecimientos son las bodegas. Con una, cada vez más, clara diferenciación entre la comercialización de los vinos blancos, en detrimento de los tintos; y una cosecha a la que a la menor producción de kilos de uva hay que añadirle un rendimiento en líquido por debajo del año pasado; así como una clara apuesta por la elaboración de mostos, como alternativa al mercado de vinos.

Mucho más importante resulta lo que suceda con nuestra estructura, con el número de bodegas o viticultores, pero, de manera muy especial, con nuestra superficie. Primero, porque se trata de un cultivo que, como hemos repetido en numerosas ocasiones, no es anual lo que obliga a planificar muy bien las decisiones. Segundo, porque su propia intervención limita cualquier actuación arbitraria sobre la superficie.

Así pues, adquiere especial notoriedad el hecho de que la superficie plantada de viñedo en España a final de la campaña 21/22 haya bajado en 7.989 hectáreas (-0’84%) pasando de las 945.770 de julio de 2021 a las 937.781 que existían el 31 de julio de 2022. No debería extrañarnos. Que el potencial vitícola haya quedado cifrado en 973.498 hectáreas, 7.815 (-0’80%) menos que la campaña anterior; tampoco. O que el Ministerio haya autorizado tan solo un 0’15% de nuevas plantaciones para el 2023: 1.407 hectáreas que están muy lejos del tope máximo permitido por la Unión Europea del uno por ciento.

Es cierto, y no debemos olvidarlo, que esta pérdida de superficie no tiene por qué tener un efecto directo sobre la producción. Lo sucedido en estos últimos cuarenta años, en los que hemos perdido cerca de cuatrocientas mil hectáreas y aumentado la producción en quince millones de hectolitros, resulta lo bastante contundente como para no dudar de que podamos estabilizar ese potencial de producción en cincuenta millones de hectolitros. Pero sus consecuencias sobre la despoblación, erosión del suelo y actividad económica, los tres pilares de la sostenibilidad; deberían hacernos reflexionar en un momento en el que la Política Agraria Común apuesta por la sostenibilidad como eje sobre el que girar.