Que tenemos un problema de comercialización, especialmente marcado en tintos, es un hecho que una ligera mirada hacia las cotizaciones y la operatividad del mercado de estos últimos meses evidencia.

Que algunas denominaciones de origen de gran prestigio han hecho públicos sus preocupantes existencias y alertado al sector con el anuncio de unas medidas profilácticas por lo que pudiera depararles el futuro. Que han generado bastante revuelo en el sector.

Que los fondos de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) provenientes de Europa, no contemplan entre sus medidas una destilación de crisis, con independencia de que fuera de carácter voluntario u obligatorio; y, consecuentemente, su aplicación requiera de la autorización de la Comisión Europea y su dotación de los Fondos del PASVE estaría limitada al 15% (30 millones de euros aproximadamente), es conocido por todos: organizaciones sectoriales y políticos.

Que estamos a menos de dos meses de celebrarse elecciones a ayuntamientos y la mayoría de comunidades autónomas; nos lo recuerdan constantemente nuestros políticos.

Que en la Unión Europea tenemos problemas, no sé si más importantes (porque para cada uno el más importante es el suyo) a los que dedicar unos fondos que se antojan insuficientes para hacer frente a planes de resiliencia, guerras, crisis bancarias, tensiones nacionales, inflación incontrolada…

Que el hecho de que una bebida alcohólica (lo que es sólo el vino para muchos de los que tienen la posibilidad de aprobar estas medidas) tenga dificultades por haberse reducido su comercialización y lo que ello supone, la caída de su consumo; es más motivo de satisfacción para algunos (aunque no lo digan) que de preocupación.

Que la pertinaz y contundente sequía vivida en España hace muy complicada, aunque no imposible, que la próxima cosecha pueda estar en niveles superiores a las de las dos últimas, que bien podrían calificarse de “contenidas”.

Que las existencias, por preocupantes que resulten en algunas comunidades autónomas, a nivel nacional están en cantidades muy similares a las de otras campañas en las que, ni tan siquiera, se ha planteado la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias.

Que este problema no es exclusivo de nuestro país, afectando a todos los países productores. Con Francia tomando la iniciativa con su anuncio de solicitar a Bruselas la autorización para una destilación de crisis, que todavía no ha efectuado.

Que todo esto genera un marco extraordinariamente complicado en el que urge tomar medidas.

Explica la decisión que han adoptado las cooperativas españolas de solicitarle al Ministerio una destilación de 3 millones de hectolitros. Divididos en dos momentos, uno de 1’5 Mhl lo antes posible y el otro millón y medio para cuando haya dado comienzo la próxima campaña.

Llevamos ya un cierto tiempo en el que el sector, a través de sus diferentes agentes, viene reclamando la adopción de medidas que vengan a poner freno a la situación de desequilibrio del mercado. La que califican de profunda y de la que consideran que es imposible salir, sin implementar acciones extraordinarias.

Y algo así debe pensar nuestro Ministro de Agricultura, Luis Planas, a juzgar por las declaraciones efectuadas el pasado 16 de marzo a ‘Canal Extremadura’ en las que recomendaba que el sector vitivinícola español “no debe entrar en pánico por la situación que atraviesa”. Justificándola al considerar que el “desajuste entre la oferta y la demanda y el descenso de los precios (entre un 5 y un 7%) no se debe a una gran crisis”, aunque sí reconozca un horizonte de preocupación.

Sin duda, valoraciones fundamentadas y tranquilizadoras, como deben ser todas las que emanan de quienes tienen, entre sus muchas funciones, evitar que pueda cundir el pánico. Pero que fueron acompañadas de un total apoyo a la solicitud de una destilación de crisis (medida extraordinaria) presentada por Francia ante Bruselas y que, como ya hemos comentado en estas mismas páginas, estaría dotada de un presupuesto de 160 M€ cofinanciada con fondos de su Plan de Apoyo Nacional y el Ministerio de Agricultura. Toda una declaración de intenciones sobre la conveniencia de buscar alguna forma de acelerar la resolución de un problema que el tiempo no acaba de resolver.

Aunque hay que reconocer que, en temas relacionados con su Ministerio, hay un factor que lo puede cambiar todo de manera repentina. Un componente que ya fue utilizado la semana pasada por el Gabinete al que pertenece Luis Planas para justificar la subida de los precios y el mantenimiento de la inflación subyacentes. Me estoy refiriendo a la climatología.

Pocas lluvias, temperaturas inusualmente altas y unos antecedentes de cosecha corta y “poca madera” en la viña, permiten albergar la esperanza de que la ecuación del mercado encuentre su equilibrio por la parte de la oferta con una cosecha 2023 corta, más corta que los dos precedentes.

Aunque, mucho me temo que la solución al desequilibrio que presenta el sector vitivinícola español no esté, ni en la posible destilación de crisis que autorizase Bruselas, ni en una cosecha reducida. Efectivamente, ambos factores, junto a otras medidas como la cosecha verde, ayudarán a solucionar la falta de operatividad, mucho más pronunciada en tintos que blancos, del mercado; a recuperar sus precios y mirar al horizonte con algo menos de preocupación de la que conflictos bélicos, quiebras bancarias, barreras arancelarias, pandemias y un largo etcétera de acontecimientos históricos nos permiten.

Pero seguirían sin servir de nada si a lo que nos estuviésemos enfrentando se tratase de un problema estructural, con origen en una reducción del consumo y un desplazamiento de la producción y reducción de la competitividad de los vinos europeos y, en la franja baja del producto y más sensibles a los cambios, los españoles.

Los datos de existencias de enero no parecen indicar niveles preocupantes y mucho menos para la paralización que estamos sufriendo. Sólo confío en que el Ministro no se equivoque y no nos estemos enfrentando a una gran crisis.

Sin entrar en una discusión profunda sobre el futuro de la intervención del sector y las posibles consecuencias que, ante los nuevos retos se le presentan a la Unión Europea pudiera tener sobre la política vitivinícola. Lo que difícilmente aguanta una discusión es que, la mayoría de medidas aplicadas en el sector para “adaptarnos al mercado” han servido a duras penas al propósito (aunque es cierto que siempre nos quedará la duda de qué hubiese sucedido de no aplicarse).

Hemos perdido superficie de viñedo, sin que ello haya afectado a la producción. La ingente cantidad de dinero destinada a la reestructuración y reconversión del viñedo ha permitido aumentar los rendimientos y sostener, aunque de manera muy irregular, nuestras producciones.

La mejora de la calidad de los vinos, pudiera ser calificada de notable. Si bien ello apenas ha tenido traslación al mercado. Donde nuestras exportaciones consiguen alcanzar en años recientes cifras récord de volumen, pero manteniendo precios medios claramente insuficientes para garantizar la rentabilidad de muchas de nuestras explotaciones.

El mercado interior, evidenciando la categorización del producto como un bien de lujo (que no es otro que aquel producto o servicio para el cual aumenta la demanda a medida que se incrementa el nivel de ingresos del consumidor); está pasando por un verdadero calvario en estos últimos ejercicios, con pérdidas prácticamente constantes en el último año.

Y, mientras tanto seguimos padeciendo el relevo generacional, el arranque de viñedos viejos, la desertización de muchas comarcas donde el viñedo suponía la única masa vegetal existente, el abandono de la población o la ineficacia de la concentración como elemento vertebrador que asegurase el porvenir. Somos el país que más superficie de viñedo de transformación tenemos. También el que más perdemos. El que más ha exportado y el que más barato lo ha hecho. El que más ha reestructurado y el que menos competitivo se muestra. El más atomizado y el que menos inversiones de grandes compañías mundiales recibe.

Son muchas cuestiones para que sean fruto del azar o cuestión sólo de unos pocos. Algo estamos haciendo mal como colectivo. Nos falta planificación, conciencia sectorial, humildad que evite personalismos y orgullo de marca nacional.

Las crisis son, por pura definición, momentos de grandes oportunidades. Llevamos inmersos, por unas cosas u otras, quince años en una continua crisis y no conseguimos mejorar. Algo no estamos haciendo bien.

Qué duda cabe que no corren buenos tiempos para el sector.

Ya no es una cuestión de que las producciones hayan sido unas u otras. Que la calidad de los vinos sea la que es y su capacidad para la elaboración de vinos con gran longevidad se encuentre más o menos mermada. Que las cosechas en Francia e Italia se hayan situado en volúmenes que podríamos cuantificar como “normales” y las previsiones de vendimia 2023 en Argentina, (especialmente), pero también Chile o Uruguay prevean mermas importantes.

Ni tan si quiera que la lluvia de millones que nos llegan de Bruselas, con los llamados fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables y otros 70.000 millones de euros más a los que se podría acceder mediante préstamos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que potencialmente pueden movilizarse hasta 2026… Más los más de 12.400 millones de euros de REACT-EU, los más de 35.000 millones de euros de los fondos estructurales, FEDER y Fondo Social Europeo+ (FSE+) previstos en el marco financiero plurianual 2021-2027, o programas comunitarios como Horizonte Europa, en el que las empresas españolas tienen un buen retorno, así como los 47.700 millones de euros de la Política Agrícola Común para el mismo periodo…

“Volumen de inversión superior al de cualquier otro momento de nuestra historia, y que puede suponer un salto cuantitativo y cualitativo similar al que condujeron los fondos estructurales en los años ochenta y noventa”, según cita el propio Gobierno de España; pasen como una exhalación por el sector vitivinícola, sin más fondos que los directamente provenientes de su Plan de Apoyo (PASVE) para hacer frente a los graves desequilibrios que presenta entre oferta y demanda.

Es que, además, hay una guerra a las puertas de la Unión Europea. Un conflicto en el que el hecho de que no estemos presentes con soldados, o se bombardeen nuestras ciudades, no significa que no le debamos dedicar una buena parte de recursos económicos y esté generando graves crisis energéticas, que han elevado los costes de elaboración, disparado la inflación; subida del precio del dinero que resta capacidad crediticia para empresas y ciudadanos y afecta directamente a nuestra renta disponible.

Un panorama horribilis que está teniendo una grave incidencia en nuestro sector.

El comercio exterior, vital para nuestra supervivencia alcanza cifra récord de facturación en productos vitivinícolas 3.422’83 (+3’5%) millones de euros, pero a costa de dejarse el 11’9% en volumen (2.744’10 millones de litros). El consumo interno mantiene la “caída libre” iniciada en el mes de febrero y ya está en los 959 millones de litros, y con perspectivas nada halagüeñas para los datos que deberán ser publicados en estos días correspondientes a enero’23.

¿Qué más tiene que pasar para que el Ministerio de Agricultura atienda al sector?

Llegan fondos de la UE como nunca en la historia, el consumo cae a cifras cercanas a la pandemia, las exportaciones pierden volumen, las organizaciones agrarias solicitan medidas de intervención, los consejos reguladores anuncian reducción de rendimientos… Y, a pesar de dos citas electorales en este año, no actúan.

En España cada día surgen nuevas voces solicitado la aplicación de una destilación de crisis. ¿Hasta cuándo el Ministerio hará oídos sordos?

Aunque no todos los vinos de calidad llevan el sello de Bordeaux y hay reputadísimos vinos elaborados en otras zonas de Francia y el resto del mundo. Llama la atención la noticia de que hayan surgido voces pidiendo un arranque de una pequeña parte (diez por ciento) de la superficie para devolver el equilibrio a esta zona de referencia.

También hay vida mucho más allá de las afamadas Indicaciones de Calidad Españolas, entre las que, sin ningún género de dudas, ocupa el lugar preponderante, la Denominación de Origen Calificada Rioja. En la que, también, se está demandando, si no un arranque de parte de su superficie, sí una destilación que permita eliminar unos excedentes que están lastrando sus precios y sirviendo de justificación a algunas bodegas para romper acuerdos plurianuales de adquisición de uva, que dotan (o al menos debería) de estabilidad a los operadores de la Denominación de Origen.

Y digo esto, porque, atendiendo a estas noticias y con el consiguiente aderezo de aquellas otras relacionadas con la pérdida de volumen en nuestras exportaciones, la caída del consumo interno, una descontrolada inflación… parecería que nos asomamos al abismo más profundo del sector vitivinícola mundial.

Muy seguramente, todas estas informaciones no sean más que la reacción a cambios, de cierto calado, que se están produciendo en el consumo y comercialización de los productos vitivinícolas. Acontecimientos cíclicos de cualquier actividad económica que sufre sus propios dientes de sierra y que, sí es posible que, en esta ocasión, se vean agravados por las circunstancias extraordinarias de las crisis motivadas por la falta de materias primas, problemas logísticos que permitan una normal circulación de mercancías, crisis energéticas; y lo que ha sido mucho más excepcional: una pandemia mundial que supuso la paralización global de la economía y una guerra en la que el hecho de que no suframos los bombardeos en nuestras ciudades, no significa que no estemos involucrados y nos afecten, de lleno, los “bombardeos” económicos.

A diferencia de otros momentos en los que desde la Unión Europea se ha intentado soslayar esta situación con medidas drásticas, como fuera la de arranques masivos. En esta ocasión, Bruselas ha preferido que sean sus Estados Miembros los que, utilizando sus fondos del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola, busquen la solución más apropiada a sus circunstancias.

Hacer rentable el cultivo del viñedo puede que sea la piedra angular del futuro de nuestra vitivinicultura. Constantemente nos estamos lamentando de que no se produce el relevo generacional con la suficiente fuerza, que cada vez son más las hectáreas de viñedo que se abandonan para dedicarlas a otro cultivo, aunque este sea uno tan curioso como el de las placas solares. Pero, nos olvidamos fácilmente de que, detrás de estas decisiones, pesan cuestiones que nada tienen que ver con las que se imponían en las anteriores generaciones.

El sentimiento de orgullo y pertenencia a una zona. La satisfacción de seguir manteniendo la tierra que sus ancestros, con tanto esfuerzo, consiguieron. Incluso el mismo compromiso con el cuidado del planeta y la mayor sensibilidad hacia los temas medioambientales, pasan a un segundo plano cuando llega la hora de hacer números y buscar la rentabilidad económica de un cultivo que, siendo enorme en su generación de satisfacción emocional, está muy alejado de alcanzar la necesaria para su supervivencia: la económica.

Vender a precios que aseguren la rentabilidad económica de un viñedo debiera ser el primer objetivo a alcanzar por cualquiera. Incluso también las administraciones. Pero eso encuentra grandes dificultades que lo hacen muy arduo.

La globalización del comercio, indiscutible, se ha demostrado tremendamente perjudicial en situaciones tan excepcionales como la generada por la paralización mundial provocada por la pandemia o la guerra en Ucrania. O la alta dependencia de algunos países adonde se deslocalizó la producción de productos básicos (como los cereales en el país báltico, o los microprocesadores en China; por no hablar de la alta dependencia de materias primas y fuentes de energía); nos debieran hacer reflexionar sobre la urgencia de, sin un mínimo ápice de políticas proteccionistas y restrictivas, proteger nuestra independencia.

La traslación de la superficie de viñedo y la producción hacia fuera de la Unión Europea es un hecho que llevamos observando desde hace décadas, sin que hayamos puesto en marcha ni la más mínima medida para solucionarlo. Y si seguimos siendo la zona del mundo donde se concentran tres cuartas partes de la superficie y producción vitivinícola no será por lo que nosotros estamos haciendo por defender ese estatus.

Los recientes datos publicados del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SigPac) ponen de manifiesto que seguimos perdiendo viñedo, 7.535 ha. Y, aunque es Castilla-La Mancha la que acapara más del 61% de esa superficie, solo Castilla y León, Galicia y Baleares consiguen aumentarla. Interesante resultaría determinar la correlación entre este dato y el precio al que son vendidas las uvas en estas comunidades autónomas.

Mientras nosotros todavía estamos planteándonos si galgos o podencos, el Ministerio de Agricultura francés anuncia la puesta en marcha de una destilación de crisis y su disponibilidad de realizar una segunda en octubre, cuando ya se disponga de una información más concreta de la cosecha y según sea la situación del mercado.

Y aunque no es esta una de las razones por las que el peso de la vitivinicultura francesa es el que es en el mundo, sus precios, son los que son y su reputación, la que les precede; sí ayuda a comprender mucho mejor cuál es el peso que tiene el sector en el país galo, la concepción e importancia que allí tiene y el que le dan aquí nuestros gobernantes.

Lleva el sector vitivinícola español meses, muchos, desde antes que se iniciara la vendimia, reclamando ayudas, la puesta en marcha de medidas con las que poner fin a la paralización que vive el mercado de sus vinos y derivados. Ayudas con las que equilibrar sus disponibilidades, actuaciones sobre la próxima cosecha que trasladen a sus operadores el doble mensaje de que estamos actuando sobre el problema para solucionarlo y que nos tienen a su lado para tomar las medidas que sean necesarias. Y estas no acaban de llegar

Se publican los datos del Infovi correspondientes al mes de diciembre y se constata lo que todos intuyen y viven en su día a día y que bien podría reducirse en una frase: “las cosas no están funcionando”.

Será por circunstancias que resultan exógenas al sector: pandemias, trabas en el comercio, inflación, guerra… Incluso políticas sanitarias que toman al vino como objeto de sus campañas utilizando “estudios” de dudoso crédito. Pero el caso es que llevamos ya más de tres años en los que, por una cosa o por otra, el sector no levanta cabeza.

Nuestro consumo lleva cayendo desde febrero, las exportaciones perdiendo volumen a un ritmo de dos dígitos, las existencias resistiendo como pueden gracias a una cosecha contenida. Y el apoyo de nuestro Gobierno, que está asistiendo a una recaudación récord por los efectos de la inflación y beneficiándose de los fondos NextGenerationEU que llegan de la Unión Europea para “salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos”; es completamente nulo.

Y aunque en su descarga podríamos decir que no difiere mucho del que le han prestado otros gobiernos anteriores, no es de recibo.

El marcado aspecto social que acompaña al vino, su imagen de país, la sensación de calidez que acompaña el recuerdo de su consumo, el papel medioambiental y social que tienen sus viñedos en una España con un importantísimo problema de despoblación. Lo atractivo de su acompañamiento de una gastronomía, que es una de las principales razones, junto con el sol y monumentos, de atracción para los millones de turistas que nos visitan cada año… Parecen carecer de valor.

Frente a los 15 millones (que redistribuiremos de las medidas financiadas por los fondos para el Plan de Apoyo al Sector que nos llega de Europa), Francia se ha comprometido a aportar de sus arcas 80 M€, cuarenta ahora y otros tantos en octubre para destilar (está por definir) entre dos y tres millones de hectolitros.

Son ya varias las ocasiones en las que nos hemos referido, en estas mismas páginas, a Irlanda. Un pequeño país que entró a formar parte de la Unión Europea en el año 1973, miembro de la Zona Euro y cuya población de cinco millones de habitantes apenas representa un poco más de una décima parte de lo que es España.

No son, ni los 9’3 millones de litros de vino que le llevamos vendidos desde España en los once primeros meses de 2022, ocupando el puesto 19º en el ránking de destinos. Ni los 28’7 millones de euros que ello ha supuesto para nuestras bodegas, que le sitúan en el puesto 17º. Ni tan siquiera que sea el cuarto país en importancia de todos a los que les vendemos vino, en términos de precio medio (3’9 €/l); lo que nos hace fijarnos en este pequeño país de los 27 que integramos la Unión Europea.

El motivo de tan inusitado interés: el proyecto de reglamento que presentó, el pasado mes de junio, a la Comisión Europea, para incluir en el etiquetado de bebidas alcohólicas advertencias sobre los peligros derivados del consumo de alcohol. De cualquier tipo de alcohol y graduación.

Y es que, si nada lo remedia, y no parece que vaya a ser así, a partir del 22 del próximo mes de marzo, contará con la autorización para advertir a los consumidores sobre los riesgos y daños del consumo de alcohol, sin ninguna distinción entre tipos de bebidas con alcohol, cantidades ingeridas o graduaciones, ni entre lo que es un consumo moderado y responsable y otro excesivo, abusivo e irresponsable. Incluyendo una advertencia para las mujeres embarazadas y otra sobre la relación entre el alcohol y diferentes tipos de cáncer.

Ello supondría un peligroso antecedente que pudiera ser imitado por algunos otros países miembros y, en especial por aquellos grupos que, desde la propia Comisión, abogan por la obligatoriedad de este tipo de advertencias en el etiquetado del vino.

La oposición frontal y enérgica de Italia, país que ha mostrado la actitud más beligerante en este asunto (pero también la del resto de países productores: España, Francia. Portugal, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y República Checa), acusando a esta propuesta de ser simplista, discriminatoria y contraria al mercado interior, suponiendo una traba al mercado único, no ha servido de nada y posiblemente no lo vaya a hacer. Generando un peligroso antecedente que pueda ser imitado por otros países declarados abiertamente en contra de cualquier apoyo a una bebida con contenido alcohólico.

Peligroso antecedente para un sector que se encuentra en horas bajas. Como así lo demuestra la autorización, a falta de ser publicada en el BOE, de una ayuda a la cosecha en verde para nuestro país, a la que está previsto destinar 15 M€, un cincuenta por ciento más con la que se aplicó, por primera vez en nuestro país, en el año 2020, cuya producción fue de 46’493 millones de hectolitros.

Consecuencia de la reforma de la PAC, el pasado Consejo de Ministros del 24 de enero, modificaba el Real Decreto 1338/2018 por el que regula el potencial de producción vitícola. En él se concreta el criterio de prioridad para las explotaciones vitícolas, indica los requisitos que se van a solicitar para comprobar su cumplimiento y los ajusta para tenerlos en cuenta solo en la superficie de viñedo y no en el total de la explotación.

Al criterio de prioridad de las nuevas plantaciones medianas, se añade una excepcionalidad para el establecimiento de colecciones de variedades de vid, se autoriza la transferencia de las autorizaciones para el caso de disolución de una explotación compartida y se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas. Aplicándose con efecto retroactivo a las solicitudes presentadas desde el 15 de enero de este año.

Otra de las consecuencias, esta mucho peor, recibida por los viticultores de la nueva PAC es la intención de la Comisión Europea de proponer un objetivo de reducción, que podría llegar al 60%, en el uso de fitosanitarios.

Desde el sector productor, encabezado por las cooperativas vitivinícolas de los tres principales países elaboradores europeos (Francia, Italia y España) no han tardado en reaccionar y han solicitado al Parlamento Europeo que, antes de tomar ninguna decisión al respecto, evalúe las consecuencias que ello podría tener sobre el sector y su competitividad ante la falta de alternativas claras.

Si importante es hablar de sostenibilidad medioambiental, no se pueden olvidar las otras dos grandes patas sobre las que se sustenta, que son la económica y social. No vaya a ser que, en un futuro no muy lejano, se encuentren con que no son necesarias medidas de reducción al haber obligado al abandono de la producción, la despoblación de las comarcas rurales, el empobrecimiento de los pueblos y el deterioro medioambiental.

En un entorno en el que algunos productores amenazan con el abandono de viñedos en zonas emblemáticas de Francia, o solicitan la aplicación de medidas excepcionales de mercado que ayuden a sostener los precios gracias a la retirada de una parte de la producción, bien vía destilación para esta campaña o incluso yendo un paso más allá, de cara a la siguiente con la puesta en marcha de la vendimia en verde. Donde los precios percibidos por los viticultores están siendo ruinosos, inferiores incluso a los propios costes de producción en algunos casos, según denuncian algunas organizaciones agrarias… Este anuncio de la Comisión ha sido percibido como un jarro de agua fría que, no por previsible, deja de resultar inconveniente y puede suponer la puntilla para algunos viticultores.

En noviembre 2022 ha caído la facturación de la exportación un 1’8% con respecto al mismo mes del año anterior, rompiendo una racha positiva de 20 meses en la que solo marzo 22 presentó datos negativos. Manteniéndose la tendencia descendente en el volumen se situaba en el 2’1% en el dato mensual. En tasa interanual (TAM) esta caída del volumen se acentúa y llega al -9’6%, aunque el valor sigue en positivo (+3’1%) y se queda en 2.977’8 M€ solo en vino.

Los vinos tranquilos con I.G.P. a granel son los que más pierden en noviembre (-62’8%) y los tranquilos con D.O.P. envasados ceden un -21’0% de su volumen. Destacando la caída del -35’7% de los mostos en un mes especialmente importante para este producto.

Ni es nuevo, ni será la última vez que debamos abordar un tema tan importante para el futuro de nuestro sector, como el referido a su etiquetado y las posibles advertencias sanitarias a incluir sobre la relación entre el consumo de alcohol y la aparición de cánceres.

Nuestros lectores saben, y están al corriente, que se trata de una batalla que, lleva librando el sector en la Unión Europea desde hace muchos años, representando una gravísima amenaza y por la que hemos vivido momentos muy delicados en los que tomaba fuerte protagonismo la idea de acabar teniendo que etiquetar con avisos similares a los del tabaco.

Sabemos que hay grupos políticos en Europa y España que están empecinados en centrarse en el contenido alcohólico del vino, olvidándose de todo lo que representa un consumo moderado y asociado a la Dieta Mediterránea. Considerando cualquier tipo de alcohol y graduación, sin la más elemental diferenciación.

La amenaza sigue siendo muy importante y la autorización conseguida por Irlanda para incluir advertencias sanitarias en el etiquetado de los vinos, similares a las del tabaco, en las que se relacionen consumo de vino y riesgos de aparición de cánceres genera un peligroso antecedente.

Sabemos que Europa no se caracteriza, precisamente, por comportarse como un solo Estado, las importantes diferencias existentes entre los Estados Miembros en algunas cuestiones, como ahora podría ser esta, pone en peligro la legislación armonizada del Mercado Único y abre la posibilidad de que esta postura acabase imitándose por otros Estados Miembros.

Italia ya ha reaccionado y pedirá a la Comisión Europea (CE) que intervenga, Francia se mantiene callada de momento y España… En España habrá que ver qué parte del Gobierno acaba imponiéndose, pues, como es bien conocido, mientras la postura defendida por el ministro de Agricultura, Luis Planas, es defender la concepción como alimento del Vino y la necesidad de preservar la diferenciación entre el consumo abusivo y el moderado y el origen de cada uno de los alcoholes; la otra ala, encabezada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es ir contra el vino y cualquiera que sea su consumo.

Es mucho lo que nos jugamos y aprovechar este calendario prelectoral que nos ha de acompañar a lo largo de todo este año podría ser una oportunidad de la que, Dios quiera, no nos tengamos que arrepentir de no haberla dejado pasar.