Como es de esperar, en estos momentos, lo que más preocupa (casi lo único) es la evolución de la vendimia. Aproximarse de una forma fidedigna al volumen de la cosecha y palpar las expectativas que despiertan las cotizaciones de sus uvas son elementos fundamentales sobre los que pivotarán las estrategias comerciales de las bodegas y el futuro de muchos viticultores que se enfrentan a un relevo generacional desconcertados.

Una campaña no hace granero, pero ayuda al compañero, después de años tan complicados como los que estamos viviendo, con acontecimientos que ya pueden calificarse de históricos para el mundo, tomarle el pulso al sector y ver qué zonas y qué tipo de vinos pueden romper el mercado hacia arriba, adquiere mayor relevancia.

Afortunadamente, y a diferencia de los últimos años, tenemos motivos para mostrarnos optimistas y pensar en que una parte de nuestro sector tiene grandes oportunidades en el corto plazo.

Y, aunque no por obvio es menos importante, cabe señalar el gran momento que viven los vinos blancos y espumosos en el mundo. Con un consumo hacia arriba y un general reconocimiento de su calidad y gran versatilidad en los momentos de consumo.

Lamentablemente no es lo más generalizado. La política vitícola impulsada por la Unión Europea y avalada por el Ministerio de Agricultura, apostando por una reestructuración de viñedo dirigida hacia variedades tintas, la mayoría internacionales, carentes de personalidad y llevadas al extremo de producir en cualquier lugar del mundo lo mismo nos ha conducido hacia una pérdida de interés por parte de un consumidor que busca hoy vinos más frescos y menos alcohólicos.

Situación que, muy posiblemente, pueda cambiar en un futuro, no sabemos si muy cercano o lejano, pero que, de momento, está situándonos a los países tradicionalmente productores (España, Francia e Italia) en un momento delicado de existencias voluminosas en bodega a las que resulta complicado encontrarles acomodo, consecuencia de un reducido interés por los vinos tintos de guarda.

Mientras Galicia vive un momento de ensueño, con buenas estimaciones de producción de una uva de calidad y a precios que rondan los dos euros y superan fácilmente esta cantidad, en el caso del Albariño de Rías Baixas, que llega a cotizar por encima de los tres. O como es el caso de Jerez, con su Palomino que, tras unos años de pasarlo mal, ha vuelto a recuperar músculo con la demanda de Sherry Cask e incrementado la cotización de su uva cerca de un cuarenta por ciento sobre los precios del año pasado. Incluso el propio espumoso, especialmente el cava, con sus variedades blancas tradicionales Macabeo, Parellada, Xarel·lo… que, aunque fuertemente afectado por una mala cosecha, también exhibe fuerza la cotización de sus uvas de 2023.

Las producciones de tintos se dividen entre las que aguantan el tipo y consiguen mantener las ventas y aquellas que requieren de medidas extraordinarias con las que retirar existencias y la cotización de sus uvas se debilita con indiferencia del volumen de su producción.

Con las consabidas precauciones que este tema lleva aparejadas, ya podemos sostener, con escaso margen de error, que la cosecha 2023 en nuestro país estará por debajo del volumen de la anterior. Circunstancia que, si bien a principios de este mes de agosto los había que no compartían (nos estamos refiriendo a agrupaciones de productores u organizaciones de cualquier tipo), en la actualidad ya es asumida por todos, de manera unánime.

Cuánto será el volumen que se cobren la sequía y las temperaturas más altas que hemos venido soportando, prácticamente durante toda la campaña, pero de forma muy especial en estos últimos meses es una incógnita; y así lo seguirá siendo hasta que haya entrado el último racimo en los lagares y se hayan presentado las correspondientes declaraciones de producción. Según el informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes de julio fue en conjunto muy cálido, con una temperatura media sobre la España peninsular de 24,3°C, valor que queda 1,2°C por encima de la media de este mes (1991-2020). Se trató del sexto mes de julio más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, y del quinto más cálido del siglo XXI. En cuanto a las precipitaciones fue muy seco, con un valor medio sobre la España peninsular de 9,9 mm, valor que representa el 59% del valor normal del mes (1991-2020). Se trató del décimo tercer mes de julio más seco desde el comienzo de la serie en 1961, y el cuarto del siglo XXI.

El hecho de que estemos hablando de dos cosechas cortas consecutivas es una mala noticia, sin duda; pero aliviará un mercado al que le hacen falta alicientes adicionales a los propios para su recuperación. Una demanda fuertemente contraída y a la que las autoridades monetarias, encabezadas por el Banco Central Europeo, pero instigadas por la Comisión Europea le han declarado la guerra y se han marcado como objetivo frenar a fin de contener la tasa de inflación, desbocada, en algunos Estados Miembros; hacen muy difícil imaginar un escenario de recuperación en los próximos meses. Así es que, si queremos recuperar precios, no parece existir más alternativa que cosechas cortas.

Según nuestras propias estimaciones y a pesar de que el grado, a diferencia de lo que sucediera el año pasado, está siendo mucho más que aceptable, con valores por encima de lo normal; la horquilla entre los 35 y los 37 millones de hectolitros sería en la que estaría comprendida la cosecha. Cifra que coincidiría, en su margen inferior, con la presentada por el Consejo Sectorial de Cooperativas (35,4 Mhl) en su reunión del 9 de agosto y muy por debajo de las que se manejaban apenas quince días antes, no solo por otras organizaciones agrarias, sino las propias cooperativas de Castilla-La Mancha.

Quizás la mejor noticia, para el mercado, entiéndase, no sea tanto esta pérdida de producción española como la que parece que también tendrán nuestros principales compradores. Pues, mientras Francia la estima similar o ligeramente superior a la del año pasado (44-47 Mhl), Italia la reduce cerca de un quince por ciento hasta situarla en el entorno de los 43 millones. Con especial incidencia en todos los países y mayor en tintos que en blancos.

Cosechas muy ajustadas que, si bien no están tirando de los precios de los vinos, sí podrían hacerlo conforme vayan confirmándose las previsiones con la generalización de las vendimias y los valores concretos de sus uvas.

Con todas las cautelas posibles, es de entender que las estimaciones de vendimia sean las noticias más demandas y buscadas en estos días. Es necesario repetir esa especie de mantra en la que se ha convertido la provisionalidad de las cifras publicadas y los recelos, por qué no decirlo también, que en algunos momentos llegan a despertar entre unos y otros operadores, Y, aun así, los hay que se aventuran en este peligroso túnel de la predicción.

A falta de una estimación global, como debiera ser la confeccionada por el Ministerio de Agricultura y, en su defecto, por algún organismo independiente, que arrojara un poco de luz sobre el asunto; tenemos que conformarnos con las de algunos de los colectivos como son Cooperativas u organizaciones agrarias (tampoco los enólogos parece que estén por la labor). Lo que siempre lleva aparejado un cierto grado de desconfianza ante la parcialidad de su origen.

Y es que, no parece que acabemos de entender que se trata de una información fundamental, con la que se elaborarán muchos planes, se tomarán muchas decisiones transcendentales, que no tendrán vuelta atrás y acabarán condicionando toda la campaña.

A pesar (o precisamente por ello) de que nosotros publicamos la nuestra, siempre hemos defendido que se trata de algo con lo que el sector debiera contar. Más aún cuando, en momentos como los actuales, las cosas no están funcionando bien en los mercados y son necesarias medidas extraordinarias con la que recuperar el equilibrio.

Son pocas las dudas, por no decir ninguna, que existen sobre que la próxima vendimia va a ser corta, qué digo corta, muy escasa. No hay quien ose a fijarla más allá de lo que obtuvimos el año pasado (40’5 millones de hectolitros) y sí muchos los que tiran de ella hacia abajo, hasta cifras que resultarían insuficientes para abastecer las necesidades del sector y que cifraría (grosso modo) en: nueve millones y medio de consumo interno, tres y medio de mosto, veinticinco de exportación y dos de destilación. En total, cuarenta millones de hectolitros.

Cooperativas Agro-alimentarias CLM, como es habitual ha sido la que, de estos pocos organismos que sí las realiza, la ha publicado antes, aunque lo haya hecho de una forma un tanto extraña y parcial. Pues si bien ha llegado a fijar la franja en la que se encontrará la cosecha. Lo ha hecho con un cierto titubeo tras la reunión sectorial regional que tuvo lugar en Castilla-La Macha el pasado viernes 28 de julio. En la que, a los veinte millones que le asignaron a esta Región, se atrevieron con la nacional que situaban entre los treinta y seis y los treinta y seis millones y medio de hectolitros. Aunque ésta no será publicada hasta el próximo día 8 de agosto, cuando tenga lugar la sectorial nacional en la que está previsto se consensuen las cifras.

A falta de datos más concretos, nuestra impresión es que la cosecha será muy desigual. Con regiones que consigan mantener, e incluso incrementar su producción con respecto a la del año anterior (Galicia, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Canarias) otras que disminuirán un poco (Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Canarias). Y otras, en las que las mermas serán cuantiosas (Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana Murcia, Baleares y Extremadura). Lo de alcanzar una cosecha normal está completamente descartado.

Tienen entre sus manos uno de los mayores recopilatorios (sino el mayor) estadístico sectorial que existe en España. Fruto de un minucioso trabajo elaborado con datos procedentes de fuentes de gran diversidad que lo enriquecen. Muy posiblemente, en él encontrarán el dato que necesitan, pero si no fuera así, esta información la podrán ampliar en nuestra web de una forma todavía un poco más sencilla.

Y digo esto, porque son estas fechas, finales de julio, en el momento en que la vendimia comienza a llamar a las puertas de nuestras bodegas, cuando se hacen más necesarios que nunca los datos fundamentados. Son muchas y variadas las decisiones que hay que tomar en estos días y que van, desde la misma planificación de las instalaciones y los medios técnicos disponibles en bodega, hasta la programación de los productos enológicos a emplear, la misma estructura de producción por tipología de vinos y derivados (mostos, vinagres, alcoholes…). Sin olvidarnos de la más importante, o al menos trascendental de todas y que no es otra que la fijación del precio de la uva y que marcará el devenir de toda la campaña.

Desafortunadamente, y afirmo categóricamente lo de por desgracia, los precios de las uvas en nuestro país nunca han sido como para poder hacerse rico. La falta de valorización del papel del viticultor y la ausencia de una conciencia clara de que no será posible alcanzar la tan cacareada puesta en valor de nuestra producción en tanto en cuanto no seamos capaces de extender esa revalorización a todos los que integran la cadena de valor del producto; hace que, vendimia tras vendimia, nos enfrentemos a fuertes tensiones entre viticultores y bodegueros por este tema.

La creación de la Interprofesional, con el lado, quizás menos conocido de sus objetivos, pero más importante, que era el de intentar hacer que esas dos líneas fueran convergiendo hasta conseguir ir de la mano; no podemos decir que lo haya conseguido. La promulgación de leyes que prohíben vender a pérdidas, el imperativo legal de que deba existir un contrato en el que se especifique el precio al que es vendida la uva, el establecimiento de un plazo máximo de pago; hasta la confección de numerosos estudios encaminados a aproximarnos a conocer el coste medio de producción de un kilo de uva, han ordenado, considerablemente, el sector, pero no han servido para conseguir que viticultores y bodegueros vayan conjuntamente y al unísono.

Todavía hoy es frecuente escuchar lamentos de unos contra otros, acusándolos de mantener posturas de presión que les obligan a aceptar precios ruinosos que impiden la obtención de una renta digna. Quejas sobre la enorme capacidad de financiación que exige el plazo de pago de la uva cuando todavía casi no le ha dado tiempo a transformarse en un producto capaz de ser vendido… Por no hablar de la discriminación con las cooperativas, a las que esta obligación no afecta.

Y es que, cuando desde los propios centros de gobernanza, ministerios y consejerías, abordan asuntos tan transcendentales como la inflación, especialmente la subyacente; poco o nada importa cómo se contengan los precios con tal de que el índice del mes siguiente mejore. Si ello supone que la cadena de valor se comporta de forma inversa y la contención al consumo es trasladada a los eslabones inferiores, ¡ya se abordará ese asunto!, Ahora “no es prioritario”, y así, una campaña más.

Hay asuntos que merecen ser discutidos y otros en los que, sencillamente, es mejor no entrar, pues, o bien pertenecen a la categoría de los viscerales o, simplemente, no existen datos objetivos sobre los que argumentar las posiciones.

A la primera categoría pertenecerían los relacionados con la política, tan de moda en España en estos últimos meses, en los que nos hemos pasado las semanas escuchando improperios de unos contra otros, en lugar de recibir soluciones reales y aplicables a nuestros problemas cotidianos. O los religiosos, otro de los grandes temas sobre los que mejor no entrar en discusión nunca.

Pero, como decía, hay otra categoría, mucho menos explicable y mucho más preocupante, que es a la que pertenecen aquellos asuntos sobre los que la falta de información objetiva impide poder argumentar más allá de hipótesis más o menos asumibles.

Y aquí es donde podemos situar el consumo de vino en España; también en otros países, cierto, pero es este el que más me interesa.

Parece absurdo, ¿verdad? que algo cuantificable no pueda ser determinado con un cierto grado de fiabilidad. Pero es así. La ausencia de un panel de consumo ajustado y actualizado que lo mida, los diferentes canales por los que se accede al consumo incluso, porque no asumirlo, los muchos reparos que muestran algunos colectivos en facilitar las cifras; nos lleva a que, en pleno siglo XXI y con una Inteligencia Artificial que llama a la puerta amenazante para unos, esperanzadora para otros, pero sin duda alguna, como un hito que cambiará nuestras vidas y la misma forma de relacionarnos; no seamos capaces de aproximarnos a este dato más que de una forma orientativa, estimativa o presumible.

Mediante el cruce de la información obtenida en algunas de las muchas declaraciones a las que están sujetos los operadores, caso del Infovi y del que podríamos concluir que sería extrapolable el dato más fiable. Pero también sería posible hacerlo con la información facilitadas por otras actividades, como podría ser el vidrio recuperado y perfectamente controlado su origen por la empresa encargada de ello. Incluso por las cifras de venta de algunos elementos tan intrínsecos al vino como podrían ser botellas, cápsulas o cierres.

Y luego está la tasa de variación, tan subjetiva como datos posibles sobre las que poder compararla: el del mes anterior, la anual acumulada, la interanual, sobre el del año pasado.

Un sinfín de posibilidades que hacen imposible conocer con el rigor necesario cuál es el consumo real de vino en nuestro país. Aunque, teniendo la certeza, como tenemos, que se ha derrumbado en la última mitad de siglo de una manera alarmante y que el horizonte de las bebidas alcohólicas presenta negros nubarrones por esos mismos políticos de los que hablábamos antes y que eran incapaces de aportar soluciones a nuestros problemas.

Mejor no perdamos esa pequeña parte de manipulación que todavía nos queda.

Si insuficientes, en mi opinión lógicamente, resultaban las medidas aprobadas por Bruselas para conseguir retornar al equilibrio del mercado y permitir recuperar sus cotizaciones. Si incomprensible resultaba la postura mantenida por nuestro ministro de Agricultura, que parece estar más “en funciones” que nunca, habiendo limitado su responsabilidad en todo este asunto a la más estricta “tramitación” de las ayudas del Plan de Apoyo Nacional (PASVE), sin más gestión o compromiso que su distribución territorial (con el consabido malestar entre las bodegas de las diferentes comunidades autónomas que se han visto relegadas, sintiéndose ciudadanos segunda).

Si las medidas adoptadas, incluso la misma cosecha en verde, parecen ir mucho más dirigidas hacia la parte elaboradora (bodegas) que productora (viticultores), con el consiguiente enfado de las organizaciones agrarias, que apenas han necesitado una semana para comprobar como su mero anuncio (no ha dado tiempo todavía a ponerlas en marcha) sólo ha servido para que las bodegas anuncien precios a la baja para las uvas de la próxima vendimia.

Mucho más preocupante, por incoherente, se antoja la posición adoptada por la Comisión Europea con la publicación de su estudio sobre la evaluación del impacto que tendría en el sector la propuesta de reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios en la UE. En un entorno fuertemente afectado por el Cambio Climático y cuyas consecuencias en los tratamientos que pudieran ser necesarios para hacer frente a sus derivaciones sobre las cosechas resultan difícilmente cuantificables actualmente.

Primero porque, una vez más, nosotros mismos vamos a situarnos en inferioridad de condiciones a la hora de competir en un mercado totalmente globalizado como el del vino, altamente sensible al precio en determinados productos vitivinícolas en los que España es líder mundial y sobre el que se sustenta la misma existencia del sector vitivinícola español.

Segundo, porque, al igual que sucediera en su exposición de motivos con los que justificar la aplicación de las medidas excepcionales, como la destilación de crisis; el papel que parece estar llamado a desempeñar por el sector vitivinícola a nivel comunitario, queda seriamente cuestionado. Pareciendo haber olvidado el alto valor sostenible (económico, social y medioambiental) que tiene en muchas regiones europeas, en las que la actividad sería inexistente sin el viñedo. Y, de las que España, cuenta con un buen puñado de ellas.

Los innumerables trabajos realizados en innovación e investigación para la eliminación de algunos productos fitosanitarios, no han alcanzado su nivel mínimo necesario para poder ser eficaces. De hecho, el estudio que complementa la evaluación del impacto que tendría su aplicación, señala que la producción podría llegar a reducirse directamente por esta imposibilidad de tratar, hasta el 28% en Francia, el 20% en Italia y el 18% en España.

Y aquí es donde viene lo peor de todo y que explicaría bastante bien lo que está sucediendo en la Comisión; argumentando que eso “no plantea un problema importante pues la uva (origen del vino), no es un cultivo esencial para la seguridad esencial alimentaria europea”.

De todos los argumentos dados por la Comisión Europea en su Reglamento Delegado (UE) de 22 junio 2023 por el que se autoriza a los Estados miembros a aplicar medidas excepcionales para reequilibrar el mercado del vino, el que me parece más demoledor de todos es el segundo considerando según en el que (cito textualmente): “La reducción aparente del consumo de vino para la campaña de comercialización en curso se estima en un 7% en Italia, un 10% en España, un 15% en Francia, un 22% en Alemania y un 34% en Portugal en comparación con la situación del mercado previa a la pandemia de Covid”.

Los elevados costes de la vida, el aumento del coste de los insumos, como fertilizantes, energía y botellas entre el treinta y el cuarenta por ciento en algunos Estados miembros; unido a una inflación mundial y sus efectos sobre el poder adquisitivo de los consumidores, ha llevado a que la demanda interna haya disminuido en torno al 5’3% en España y Francia, con algunas regiones que llegan a superar el 25% y 35%. Mientras que las exportaciones lo hayan hecho un 8’5% con respecto al 2022.

Lo que amenaza con provocar un desequilibrio generalizado con la llegada de la nueva vendimia, provocando problemas de capacidad de almacenamiento y caída de los precios.

Con perturbaciones muy dispares dada la gran fragmentación existente según regiones: Extremadura en España, Lisboa y Alentejo en Portugal, Languedoc–Roussillon en Francia; y segmentación por producto en tintos y rosados.

Lo que hace necesaria, en esos lugares, una acción inmediata que permita la eliminación de esa parte de su producción para, mediante una destilación de crisis y la flexibilización permitiendo la destrucción total o de los racimos inmaduros en parte de una explotación, siempre y cuando se trata de parcelas enteras, en la cosecha en verde; corregir el desequilibrio del mercado.

Aunque, para todo ello consideren que no se requiera de una financiación adicional, dejando libertad a los Estados miembros para que puedan asignar importes superiores, hasta el 50% de la ayuda. Cosa que no piensa hacer España y sí parece haría Francia.

Las naturales dificultades financieras y de tesorería que genera esta situación también recomienda la reorientación de los recursos asignados en los Planes Nacionales de Apoyo, Por un lado, permitiendo la ejecución parcial de los planes presentados. Y, por otro, aumentando en diez puntos (del 50% al 60%) la cofinanciación de las medidas.

Lo que nos lleva a un escenario bastante sencillo de definir, o al menos así me lo parece a mí. Tenemos un problema de consumo que está generando excedentes. Y, con los mismos fondos hay que financiar nuevas medidas (destilación de crisis y cosecha en verde) y mejorar las aplicables (reconversión, promoción e inversión).

Lo que, llevándolo a la práctica, nos deja con un menor número de beneficiarios de las ayudas, aunque con una mejor financiación.

Delicada situación que, según vayan avanzando los acontecimientos, veremos si no tenemos que cuestionarnos, como lo hemos hecho con las medidas adoptadas ante el Covid-19.

Desde el sector vitivinícola español sabemos muy bien que nuestro principal problema pasa por la valorización del producto. Que contamos con condiciones naturales idílicas para su cultivo y que nuestra tecnología y personal se encuentran al máximo nivel mundial. Somos conscientes de que el cambio climático es una amenaza que acabará trastocando nuestro sector, desplazando el viñedo hacia zonas más altas y dando entrada a sistemas de cultivo, variedades y prácticas enológicas hasta ahora testimoniales.

Y, aunque parece que contamos con un sentimiento de colectividad mayor, incluso cierto orgullo de pertenencia, somos perfectamente conscientes de la asignatura pendiente que tenemos en la parte comercial.

Es evidente que no todos podemos ser líderes, y que, para que una organización funcione, tan necesarios son los directivos que marcan los objetivos y estrategias a seguir, como los equipos intermedios que las desarrollan y las bases que las ejecutan. Tener una carrera profesional en esa estructura es fundamental y contar con los incentivos y medios necesarios para desarrollarla uno de los principales objetivos que cualquier buen gerente debe asegurar.

Aspirar en el sector vitivinícola español a desarrollar esas aptitudes, mejorando nuestro posicionamiento en la estructura que es el comercio mundial del vino no sólo no es nada reprochable, sino que debiera ser algo aspiracional para cualquiera que estuviera relacionado con él.

Sólo de esta manera será posible desarrollar valores tan intrínsecos al sector como la fijación de población, respecto al medioambiente, economía circular, sostenibilidad, equidad y un largo etcétera que lo hacen único.

La escasez de algunos recursos como el agua, el exceso de otros como el sol, lejos de ser un problema son un extraordinario aliciente sobre el que desarrollar la investigación y la resiliencia.

Ponerlos en valor debe ser nuestro principal objetivo y para ello resulta vital darlos a conocer. Hay una máxima en marketing que dice que lo que no se comunica no existe. Quizá haya llegado el momento de centrarnos más en poner en valor estas diferencias que en aspirar a mejorar unos céntimos en el precio de unos vinos cuya calidad cada día es más homogénea a nivel mundial.

Entender que la calidad se ha convertido en un requisito y no en un valor nos ayudaría a afrontarlo mejor.

Será porque el sector productor de las diferentes zonas afectadas ha hecho bien su trabajo. Será porque se aproxima un periodo electoral de gran relevancia, con especial atención a los resultados obtenidos en las anteriores. Será porque los procedimientos burocráticos que exige la aplicación de estas medidas por la Unión Europea son lentos y, al fin, han obtenido su beneplácito. Porque las últimas lluvias han supuesto un alivio considerable sobre las previsiones de cosecha que hasta hace un mes se manejaban… O, sencillamente, por un poco de todas estas razones, y alguna otra que ahora mismo se nos escapa. El caso es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hasta ahora dirige Luis Planas, ha presentado una propuesta de destilación de crisis.

Según la propuesta, expuesta por el Ministerio, la medida se activaría en las CC.AA. de Extremadura y Cataluña; aunque el sector confía en que su alcance se extienda a La Rioja.

Una medida que, recordemos, ha pasado por todas las opciones posibles, que han ido desde la máxima disponibilidad a hacerlo mostrándose dispuesto a apoyar la solicitud que presentase algún Estado Miembro (se hablaba de que fuese Francia quien lo hiciese) en la Comisión Europea, para adherirse a ella posteriormente. Negarse a aplicarla, ante las malas expectativas de cosecha que se manejaban. Trasladar a los gobiernos regionales de responsabilidad de que “con sus fondos” hicieran lo que considerasen mejor para sus operadores…

Eso sí, dejando bien claro, desde el principio, que nunca se haría con fondos nacionales. A diferencia de las propuestas publicadas por Francia, donde se planteaba una cofinanciación con el 15% máximo de los Fondos de los Planes Nacionales que pueden destinarse a medidas extraordinarias, como sería esta, y una aportación nacional del otro cincuenta por ciento.

La resolución presentada está abierta a consultas una semana (hasta 22 de junio) y en ella se determina que los fondos procederán del PASVE 23 para Cataluña y del ISV 24 para Extremadura.

Según la propuesta ministerial, la dotación financiera máxima será de 1.000.000 euros para Cataluña y de 1.299.990 euros para la región de Extremadura.

El volumen fijado es de 43.333 hectolitros de vino a destilar en Extremadura y 16.666,67 hl para Cataluña. Volúmenes a los que, de concretarse también la medida en La Rioja, habría que añadir otros 62.050 hl.

Cifras que se aproximan mucho a lo que venía demandándose por el sector de estas CC.AA. desde el primer momento. Lo que resultan importes muy diferentes por Comunidades, pero es que la ayuda no podrá ser superior al 80% del pecio medio mensual más bajo registrado en la campaña 2022/23 para los vinos tintos y rosados a los que irá destinada la medida.