Si podemos fiarnos del Gobierno y confiar en que cumplan, nuestras bodegas pueden respirar tranquilas, ya que los procedimientos de circulación de productos objeto de los impuestos especiales (II.EE.), con documento administrativo electrónico (e-DA) en el ámbito territorial interno, quedan aplazados al 1 de enero de 2014.
El 27 de junio, tres días antes de finalizara el plazo, colgaba en su su web un borrador de modificación del Real Decreto 1715/2012 por el que el que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige el señor Cristóbal Montoro, prorroga el plazo de entrada en vigor de los EMCS.
¿Generosidad de la Administración? No, más bien ineficacia. Ya que el retraso en la puesta en marcha del entorno informático ha dificultado la adaptación de las aplicaciones informáticas que deberían permitir cumplir con esta obligación.
Considerando las elevadas sanciones previstas en el RD 1715/2012 para el incumplimiento de la puesta en marcha del EMCS, hay miles de pequeñas bodegas españolas que veían llegar el 1 de julio sin haber tenido la posibilidad de adaptarse al cumplimiento de esta norma; y sin ninguna información sobre la prórroga de su entrada en vigor, con el consiguiente problema que les está suponiendo el tener que hacer las cosas mal y rápido.
Como si vender no fuera ya suficiente quebradero de cabeza para las bodegas, que no hay día que no despierten con algún sobresalto, como el que ahora afecta a las exportaciones de vino a Estados Unidos. Un mercado cuyas autoridades están rechazando algunos de nuestros vinos, alegando que contienen trazas de determinados plaguicidas no autorizados en EE.UU. Parece que la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y está intentando encontrar una solución favorable, aprovechando las negociaciones abiertas en el marco del Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), que se inician el próximo 8 de julio, y que ha sido definido como el mayor acuerdo comercial bilateral de la historia entre EE.UU. y la UE.
Pacto en el que deberán ser abordadas reducciones arancelarias, tasas, medidas antidumping y compensatorias y las
de salvaguardia; pero también temas más espinosos como el que hace referencia a la protección de las indicaciones geográficas
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