De una u otra manera nuestros principales rivales en la producción vinícola mundial: Francia e Italia, han dado a conocer sus estimaciones de producción para la campaña 2014-15.
Francia, la que mejor funciona, lo hacía el 25 de julio con la primera estimación oficial de su Ministerio de Agricultura (Agreste) que elaborada por el Servicio de Estadística y Prospectiva la cifraba en 46,4 millones de hectolitros; recuperándose así de las pérdidas de las dos últimas campañas y volviendo a sus producciones medias. Italia lo ha hecho a través de la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti) el pasado 11 de agosto, y aunque no es capaz de concretar una cifra, sí señala que será inferior a la del pasado año y estará luchando “codo con codo” con Francia por el primer puesto mundial en cuanto a producción.
¿Y España?
Pues España de momento sigue callada y esperando a no se sabe muy bien qué, para publicar su primera estimación.
Hay organizaciones agrarias que llevan ya bastante tiempo aventurándose a decir que la cosecha será muy inferior a la del pasado año que califican de “excepcionalmente alta”; pero no marcan una horquilla, ni una cifra de referencia.
El Magrama, por supuesto, sigue callado, como si cuando fuera a publicar su estimación a 30 de junio quisiera que esa cifra se ajustara bastante a lo que luego reflejarán las declaraciones de producción; y obviando que esta cifra, generalmente, dista mucho, muchísimo, de la realidad.
Por supuesto, de las organizaciones profesionales como los enólogos, o de las empresariales y cooperativas, no hablamos. Porque tampoco ellos han podido, o querido, pronunciarse al respecto.
Eso sí, la advertencia de que ante cualquier indicio de que ha existido un pacto en la fijación de los precios de las uvas, serán denunciadas las bodegas ante la Comisión Nacional de la Competencia, no se ha hecho esperar.
Tenemos experiencias bastante cercanas como para no olvidar que es fundamental tener una idea de cuál es la producción para poder planificar la campaña adecuadamente, que lo contrario lo único que provoca son acuerdos que luego se hacen muy difíciles de cumplir y alteraciones en los mercados que nos llevan a dientes de sierra tan profundos que el mercado es incapaz de digerir, con consecuencias nefasta en nuestras exportaciones, principal vía de colocación de una producción que llega a quintuplicar las necesidades de su consumo interno.
La destilación obligatoria sigue pendiente de un hilo, más político que económico, como consecuencia de una cosecha que nadie fue capaz de prever; y ahora en la primera ocasión que tenemos volvemos a demostrar nuestra incapacidad para conocer a lo que nos enfrentamos.
Tradicionalmente hemos elaborado los vinos de espaldas a los mercados, lo que habitualmente veníamos haciendo, ignorando cambios sociales o económicos. Nuestras bodegas han sufrido en primera persona, y traslado a los viticultores en forma de bajadas sustanciales de precios, que los vinos hay que salir a venderlos, que se ha acabado eso de que venían a comprarnos, y que cuando lo hacen es para hundirnos con precios ruinosos.
Pero seguimos sin contar con la información mínima para desarrollar cualquier actividad como la que requiere un mercado tan excedentario y sometido a unas exportaciones por precio, como el nuestro.
¿A quién favorece esto? ¿Por qué no se toman medidas? Eso es algo que confío en que algún día podamos contestar.

Constituida la Interprofesional del Vino de España (OIVE), solo podemos felicitarnos y confiar en que se ponga a andar de inmediato. Son muchos los temas que afectan al sector vitivinícola español en su conjunto y la unión puede resultar muy beneficiosa para todos.

El mero hecho de que uno de los principales objetivos de los socios fundadores (Asaja, COAG, UPA, Cooperativas y FEV) haya sido, desde las primeras reuniones que mantuvieron, la urgencia de centrarse en la recuperación del consumo en España dice mucho de estas organizaciones profesionales y de las posibilidades de que acaben obteniendo algún resultado positivo que contribuya a mejorar la cadena de valor del sector en nuestro país.

La Interprofesional no lo va a solucionar todo, lo sabemos y no lo deberíamos olvidar cuando vengan mal dadas, pero puede ayudar mucho a asumir, de una vez por todas, una estrategia común, objetivos y medidas concretas que vayan en esta dirección.

Sus objetivos podrían haber sido otros, los socios fundadores y representados con voz y voto, también. Pero son los que son y, ahora lo único que resta es ponerse a trabajar y pedir de sus miembros la suficiente generosidad en la consideración de aquellas cuestiones que surjan de una Comisión Consultiva compuesta por las Denominaciones de Origen, y elaboradores de alcoholes, mostos y vinagres; que deberían tener mucho que decir de cara a establecer una verdadera planificación de la producción. Aspirar a eliminar excedentes y recuperar el consumo interno está muy bien, pero es utópico en estos momentos. Organizar la producción para establecer criterios de producción, calidad y precio diferentes según su utilización, una posibilidad que se me antoja necesaria para eliminar posibles tensiones en el mercado que creen tiranteces que pongan en peligro su futuro o, en el mejor de los casos, dificulte la consecución de sus objetivos; es una misión complicada y que requerirá de una cierta estabilidad para poder ser abordada, pero que no deberían perder de vista.

Incorporar la vendimia en verde al proyecto de RD del Programa Nacional de Apoyo 2014-18 está muy bien y resulta incomprensible que no lo haya estado hasta ahora. Pero su aplicación será previa solicitud justificada de una o varias comunidades autónomas para el caso de que se produzcan desequilibrios de mercado, y eso antes del quince de mayo, fecha en la que finaliza el plazo para la solicitud de aplicación de la medida. Lo que requiere un preciso conocimiento del que, hasta ahora, en la elaboración de previsiones de cosecha, no ha hecho gala ni el sector, ni las administraciones. Así como una mínima planificación por parte del conjunto del sector de lo que se necesita.

Luego, sí a la vendimia en verde, como también sí a la reestructuración y reconversión del viñedo; pero con algo más de eficiencia de la que hemos demostrado hasta ahora con la aplicación de los millones y millones de euros que hemos recibido para adaptar nuestra producción al mercado (principal objetivo de los PNA) y que, hasta el momento, tan solo ha servido para aumentar rendimientos y perder cierta personalidad en nuestros vinos con la plantación de unas pocas variedades que, básicamente, solo han servido para crear excedentes. Cuestión que pretende corregirse con la introducción de limitaciones en los rendimientos.

Estas medidas vendrán a unirse a otras como la posibilidad de financiar la replantación de viñedos en caso de arranque obligatorio producido por motivos sanitarios o fitosanitarios. La nueva de innovación con ayudas a las inversiones en intangibles; promoción en países terceros para la que no se permitirá que haya ningún beneficiario con más de un tres por ciento del presupuesto previsto para esta medida; eliminación de subproductos e inversiones.

Ya sabemos que no es lo mismo predicar que dar trigo. Que este sector es muy proclive a alzar la voz cuando tiene un problema, pero muy poco dispuesto a alcanzar acuerdos sectoriales que permitan una planificación. Incluso que los políticos son como veletas que están sometidos a vientos de direcciones muy distintas y que tienen la meritoria habilidad de encontrar razones para desdecirse con la misma facilidad que las encontraron para defender su argumento inicial.

Dejando a un lado la imagen que podamos dar en el exterior (que no es una cuestión baladí, pero ahora mismo hay cuestiones que me parecen más importantes), el sector vuelve a dar muestras de una completa desorientación y roza el cachondeo.

Sabemos que la celeridad con la que son conocidas y publicadas (vamos a pensar que no son retenidas) las estadísticas del Magrama no es precisamente una cuestión de la que poder sentirse orgullosos. Por lo que una vez presentado el borrador de Real Decreto que incluía la destilación obligatoria y que debía ser aprobado inmediatamente, esgrimir como todo argumento para justificar su retraso que la medida no será aplicable al menos hasta septiembre “cuando se conozcan los datos exactos del vino que hay realmente almacenado” parece una excusa bastante peregrina que servirá para dejar morir en el olvido la medida.

Y dejando a un lado opiniones sobre si esta media era adecuada, si afectaba a quienes realmente debía dirigirse; si debía haberse adoptado antes de que hubieran caído los precios hasta los niveles que lo ha hecho. Incluso si su anuncio para lo único que ha servido ha sido para que las cotizaciones bajen todavía más ante la urgencia de las bodegas de dar salida a un vino cuya contabilidad en sus instalaciones supondría un importante coste añadido. Lo único realmente incuestionable es que el Magrama ha vuelto a poner en evidencia la debilidad política en la que se encuentra como consecuencia del marco territorial de nuestro país.

Bueno, de eso, y de una inocencia no sé si admisible. Ya que no creerán que una medida que iba dirigida “exclusivamente” a una región: Castilla-La Mancha y especialmente a un colectivo: las cooperativas, aunque también a importantes bodegas con un notable peso; iba a pasar inadvertida y asumida sin más razonamiento que la asunción de una situación de la que no se sienten ellos solos responsables.

Claro que visto lo visto no sé qué es peor, si la sensación de ninguneo al que se ha visto expuesto el Magrama. O la posibilidad de que en el “otro gran asunto” que afecta al sector: la interprofesional, cuya constitución también ¿era, es? inmediata, se produzca algo parecido cuando llegue el momento de concretar el reparto de los asientos y la contribución de cada uno.

Hace apenas una semana nos felicitábamos por la gran madurez que estaba mostrando el sector en dos asuntos de vital transcendencia para su futuro a corto y medio plazo y que, al fin y al cabo, debían suponer dos herramientas básicas con las que ir posicionándolo en el camino de la competitividad en la que la nueva reglamentación comunitaria lo ha situado.

La eliminación de cualquier medida de intervención y la adecuación de las empresas que conforman el sector a un mercado altamente competitivo, y en el que la calidad ha pasado de ser una cualidad, a convertirse en un requisito mínimo con el que poder acceder a vender tus elaborados con el suficiente valor añadido para hacer rentable el negocio; nos ha llevado, no sin reiteradas llamadas de atención por parte de los organismos comunitarios, a darnos cuenta de que ya no contamos con puertas a las que llamar para que nos resuelvan nuestros problemas. Y que solo nosotros deberemos implantarnos aquellas organizaciones y medidas con las que organizar un sector claramente distanciado de un mercado y unos consumidores que han evolucionado y con los que no hemos sabido ir al unísono.

Esta histórica campaña de producción alarmante y en la que se han vinificado partidas que no deberían haber entrado a bodega (ahora ya lo podemos decir porque ha sido el propio sector productor quien así lo ha reconocido) parecía que podía suponer el punto y final a un periodo de comodidad e inmovilismo por parte de un sector que ha demostrado ser incapaz de entenderse, amén de tener muy pocas ganas de intentarlo. La creación de una interprofesional que, aprendiendo del pasado, se constituyese con la intención de suponer un primer paso para comenzar a trabajar. O la misma disposición del sector productor a asumir la retirada de esa producción que no debía haberse obtenido, a través de una destilación obligatoria, haciéndose incluso cargo de su coste. Hacían pensar en un sector maduro, responsable y dispuesto a mirar al futuro, consciente de una realidad legislativa y económica que se impone a marchas forzadas.

La responsabilidad de sus dirigentes y la realidad que han impuesto los mercados nos permiten pensar que entre todos, sea posible encontrar la forma de superar las últimas declaraciones rechazando la destilación obligatoria a la que se habían comprometido las cooperativas; o el rechazo a la constitución de la interprofesional por parte de algún colectivo que se ha considerado menospreciado, como los Consejos Reguladores.

Primero porque es necesario que estas medidas se adopten bajo el firme convencimiento de que el sector debe afrontar su futuro unido y con la suficiente inteligencia para saber que entre todos debe buscarse la forma de darle colocación a una producción, que hoy resulta poco acomodada al mercado. Y segundo, y más importante, porque mientras nosotros sigamos sin contar con un sector planificado en el que consigamos hacer rentable esa hectárea para mosto, alcohol o vinagre, con aquella otra destinada a embotellar vinos de cuarenta o cincuenta euros; estaremos perdiendo oportunidades de negocio y facilitándole la tarea a nuestros competidores.

Al final, el mercado con sus consumidores va a acabar imponiéndose y marcará las reglas del juego. Nosotros, ante esta situación, podemos permanecer de brazos cruzados lamentándonos de que los precios se derrumban o que nuestros vinos no son lo suficientemente valorados. O podemos ponernos a trabajar, primero reconociendo una realidad, segundo estudiando los medios con los que disponemos para atajar las debilidades y asentar las fortalezas, y tercero llevándolo a cabo con la mirada en el medio y largo plazo, pero con objetivos a corto fácilmente identificables y de sencilla valoración que vayan aportándonos confianza y permitiendo creernos que somos capaces de estar juntos más allá de momentos puntuales.

Superada la primera embestida de la destilación, cuyas reacciones todavía se siguen sucediendo, y todo apunta que así seguirá siendo conforme se vayan conociendo los términos concretos bajo los que se vaya a desarrollar, es interesante centrar la mirada en aquellos otros puntos del acuerdo alcanzado que, sin concretar mucho tampoco, suponen un verdadero paso adelante del sector hacia la unidad y la posibilidad (todavía muy lejana) de contar con un Plan de Desarrollo que ponga cierta cordura a situaciones de precios y producción que no tienen sentido.

Sabemos que la cosecha 2013/14 ha sido históricamente alta, la más voluminosa nunca antes alcanzada en nuestro país. También sabemos que esta situación de volúmenes elevados tiene su origen, en buena medida, en la reestructuración a la que se ha sometido nuestro viñedo, con el arranque de hectáreas poco productivas y la sustitución por plantaciones de altísimos rendimientos. Y aunque en la concreción de cuánto de esta producción está en el viñedo y cuánto en la climatología puede haber discrepancias, todos coinciden en que cosechas de cuarenta y cinco millones de hectolitros están garantizadas, y picos por encima de los cincuenta y cinco también.

Y ahora, sabiendo todo esto, y considerando que el mercado es rápido en sus reacciones a los precios, pero extremadamente laborioso en su conquista, convendría preguntarse qué es lo que vamos a hacer en sucesivas campañas, cuando los excedentes vuelvan a agobiar nuestra capacidad de elaboración y almacenamiento.

Como decíamos, la medida de destilación nace con la intención de quedarse, de convertirse en una herramienta con la que regular los mercados y suavizar los profundos dientes de sierra de sus cotizaciones. Pero ni esto sería suficiente para solventar el grave problema que tienen nuestras bodegas con los precios a los que venden sus elaborados, especialmente fuera de nuestras fronteras. Ni, y también hay que decirlo, sería justo. Ya que vale que en esta campaña se hayan cometido errores de bulto, tales como vinificar uvas que no cumplían con los requisitos mínimos para poder hacerlo. Vale que vengamos de una campaña en la que la escasez de producción llevó los precios muy por encima de su verdadero valor. O que nuestros operadores no tengan visión de futuro y prefieran la especulación a la estabilidad y fidelización. Pero algo hay que hacer.

Entre otras muchas cosas porque no se puede estar regulando constantemente el mercado, porque los precios no pueden sostenerse artificialmente, porque la producción de cincuenta y cinco millones de hectolitros seguiría siendo una producción baja para las cerca de millón de hectáreas con las que contamos. Y porque el sector tiene que empezar a definirse y elegir el camino que quiere tomar. Y para eso es necesaria la estabilidad, pero también la seguridad jurídica que me garantice que mi negocio es viable.

Vamos a suponer que mi negocio está en la elaboración de mosto, o de vinagre, o incluso de vino para destilar. La calidad no es el primer parámetro que debe cumplir mi producción, y su producción es perfectamente compatible con altísimos rendimientos. Mi producción no va al mercado vinícola, ¿por qué tengo que ser yo, precisamente, el que más perjudicado se vea por destilaciones obligatorias que persiguen retirar del mercado producciones que son competitivas y no tienen problemas de precios o saturaciones?

Conocidos los términos en los que se ha aprobado la destilación con fines industriales (bioetanol), mediante la cual serán retirados del mercado un volumen de hectólitros suficiente (máximo 4 millones) para mejorar y estabilizar su funcionamiento, solo cabe felicitarnos y confiar en que la medida, y su calendario de aplicación, den los resultados esperados.

De las características de la medida, su puesta en funcionamiento y aquellas otras actuaciones que contempla el acuerdo que ha alcanzado el sector y el Ministerio, y de la que encontrarán bastante detalle en nuestro medio, lo primero que se puede decir es que se trata de una retirada del mercado de una producción que nunca debería haber llegado a él. No por una cuestión de que la producción esté muy por encima de nuestras actuales posibilidades de colocación, que también, sino porque, claramente, su calidad no resulta aceptable.

El estado en el que llegaron las uvas a las tolvas y su vinificación debería servirnos para aprender y tomar buena nota de que: ni todo vale, ni se puede trabajar sin tomar decisiones, por dolorosas que resulten para algunos. Entre otras cosas, porque ahora pagarán justos por pecadores, y viticultores que llevaron uvas sanas a las cooperativas se verán perjudicados por aquellos a los que no deberían haberles dejado descargar.

Cuatro millones de hectolitros no se pueden considerar ni una cantidad que vaya a permitir al mercado recuperar cotizaciones, sobre una cosecha de casi cincuenta y cuatro. Ni sabemos si al final llegará a esa cantidad, ya que su cifra final dependerá de dos parámetros cuantitativos: rendimiento y existencias, pero ninguno cualitativo y que es donde reside una parte muy importante del problema.

Esos vinos y mostos que nunca debieron elaborarse en Castilla-La Mancha, muy posiblemente la única región que se verá afectada, son los que están empujando con fuerza las cotizaciones a la baja, los que están perjudicando la calidad de nuestros elaborados (vinos y mostos) y los que han conseguido que bodegas y cooperativas estén dispuestos a correr con el coste de desprenderse de una cantidad de producción por la que no solo no van a percibir nada, sino que, además, les va a costar pagar la diferencia que haya entre el precio al que esté el bioetanol en su momento y el coste que tenga la destilación.

Pero su instrumentación puede tener algunas otras repercusiones, tales como la venta a cualquier precio (más bajos todavía de los existentes) con tal de que las declaraciones de producción se sitúen por debajo de los márgenes fijados. O que los depósitos sigan sin poder usarse para dar cabida a la nueva cosecha, porque todavía no hayan sido entregados para su quema cuando comience la vendimia. O incluso que productores que de manera individual han contribuido claramente a esta situación, se vean excluidos por razón de la región en la que se encuentran.

Aún con todo, hay que reconocer que se ha adoptado un acuerdo que dice mucho de la corresponsabilidad del sector, que supone un paso adelante muy grande en la consecución de acuerdos que doten de un verdadero sector vitivinícola a nuestro país que permita recuperar el consumo interno, ganar cuota de mercado en el exterior, y elevar el precio de nuestros elaborados.

Tal y como era de prever, teniendo en cuenta el escaso margen de maniobra con el que cuenta el Magrama, la propuesta lanzada el pasado viernes por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, de inmovilizar entre tres millones y medio y cuatro millones de hectolitros de vino blanco sin indicación geográfica en aquellas regiones donde su producción hubiese sido muy elevada, y que debería afectar a aquellos productores con rendimientos muy altos, se ha topado con el problema presupuestario que ha resuelto con el establecimiento de una norma que no llevará pareja ninguna remuneración.

Esta norma afectaría a todos los vinos blancos que no estuvieran amparados por alguna indicación geográfica protegida y cuya producción regional hubiese sido superior al 50% de la media de las últimas (no concreta) campañas, viéndose obligados todos aquellos productores cuyo porcentaje (tampoco concretado) superase la producción media. El periodo sería de seis meses y, dadas las fechas en las que nos encontramos, superaría ampliamente el 30 de septiembre. Correspondiendo a las comunidades autónomas el control de esa inmovilización de vino.

Aunque, teniendo en cuenta cuál ha sido la reacción del sector productor, tampoco sería de extrañar que todos los problemas de caída de precios y calidades cuestionables, desaparecieran y optasen por asumir esos volúmenes, hasta ahora, incapaces de digerir, y optasen por solicitar del Ministerio que olvidase una medida por la que no recibirían ninguna compensación económica y que tendría como contraprestación la indisponibilidad de unos depósitos que en muchos casos se han visto obligados a ampliar ante la experiencia de la pasada vendimia y la vuelta al mercado de unos vinos, allá por el mes de enero (seis meses desde que se publique el Real Decreto), que vendrían a sumarse a una cosecha sobre la que no consiguen ponerse de acuerdo a la hora de cuantificar cuál pudiera ser su volumen.

La teoría de la excepcionalidad es la más extendida, pero también los hay que consideran que las poco menos de trescientas mil hectáreas reestructuras en España y la profesionalización de muchas de estas infraestructuras han provocado un aumento considerable sobre los rendimientos tradicionalmente obtenidos en estas regiones (Castilla-La Mancha, Extremadura y C. Valenciana, incluso Murcia). Cuestión para nada baladí, ya que si estuviéramos hablando de un problema estructural y, por suponer algo, en octubre nos enfrentáramos a una cosecha de 48 millones de hectolitros, esta medida, lejos de solucionar el problema, lo extendería a la próxima campaña.

Por otra parte da la sensación, o al menos así me lo parece, que desde el Ministerio se tiene la intención de aprovechar la situación en aras de conseguir una mayor concienciación en el sector sobre la necesidad de crear una interprofesional que fuera capaz de manejar estas situaciones. Y bajo el argumento de que “debe ser el sector el que solucione sus propios problemas” o de que “la administración no cuenta con recursos para hacer frente a costosas medidas como destilaciones extraordinarias”, a las que, dicho sea de paso, se oponen aquellas CC.AA. que no se han visto afectadas por esta sobreproducción, quiere forzar la situación y dar una especie de “escarmiento” (quizá el término resulte un poco exagerado) con el que conseguir que, de una vez por todas, se organice y reestructure su producción con planes concretos de cuál es el sector que quieren tener en el horizonte del medio y largo plazo, y comiencen a tomar medidas.

Considerando que una de las razones por las que los turistas declaran elegir España como destino es su gastronomía y sus vinos, alcanzar un nuevo récord de 21,4 millones de visitantes en los cinco primeros meses del año, creciendo un 8,2% con respecto al mismo mes del año anterior es una excelente noticia que no podemos trasladar directamente al consumo de vino, pero que, sin duda, tiene su efecto, por encima de proyectos de leyes y declaraciones posteriores de responsables del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre los efectos que pudiera acabar teniendo en la facturación del sector.

Foco sobre el que se centran los responsables del Ministerio para acallar las voces de un sector soliviantado con un proyecto de ley para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas por menores que califica de desproporcionado e irracional. Pues si algo es el vino, también para los jóvenes, es: tradición, cultura, excepcionalidad y moderación. Que, efectivamente, consumido con exceso es perjudicial. Pero que, a diferencia de otras bebidas de alta graduación, apenas cumple las expectativas de lo que se busca en un botellón, quedando su consumo para casos muy residuales. De hecho, las informaciones disponibles sobre consumo de alcohol entre los jóvenes, y sobre las que se ha basado el departamento dirigido por Ana Mato, consideran al alcohol como un todo, sin diferenciar los tipos de bebidas.

No tenemos tan buena noticia en lo referente a la posibilidad de que, a partir del 1 de julio, la entrada de vinos peninsulares en Canarias se vea gravada con una tasa del 5% hasta el 31 de diciembre de 2020. A lo que la UE ha dado su visto bueno con la publicación de su Decisión 377/2014 de 12 de junio 2014 y muy previsiblemente sea de aplicación en escasamente una semana. ¿Protección de sus vinos frente a los de origen peninsular?, sin duda. Aunque no sé si este impuesto será capaz de compensar una pequeña parte del daño que le ha hecho a los vinos canarios la imposibilidad de llevar como equipaje de mano un estuche con alguna botella de vino, y sobre lo que nadie parece opinar en aras de una seguridad que está muy lejos de resultar eficiente e ir un poco más allá de las notables molestias que representa para cualquier viajero.

Vender vino, a quien sea y como sea (entiéndase cumpliendo unos mínimos de edad) debería ser nuestro principal objetivo. Solo así seremos capaces de darle solución a un problema de excedentes que amenaza con generar serios problemas en los próximos años en nuestro país.

Reconvertir viñedos y hacerlos más productivos era necesario si queríamos tener un viñedo sostenible. Pero lo que se produce hay que consumirlo y eso está claro que no está resultando tan sencillo. Nuestro mercado interno apenas es capaz de mantener las paupérrimas cifras de los últimos años y, el exterior, tras el descalabro del pasado año va recuperándose poco a poco. Pero por mucho que lo haga, será claramente insuficiente para dejar las bodegas en condiciones de dar cabida a una cosecha que, con más o menos intencionalidad, ya hay quienes desde sus diferentes organizaciones están encargando de alarmar sobre la pérdida de producción que ha ocasionado la falta de agua, o el exceso de la misma, la piedra, algún foco de mildiu u oídio, etc.

El mercado está hecho unos zorros y los productores miran las viñas y lo que se les puede venir encima a partir de septiembre y se empiezan a preguntar si serán capaces de contar con instalaciones suficientes en las que elaborar. Pero todavía es muy pronto para poder sacar conclusiones de cierto calado. Es mejor que sigamos centrando nuestros esfuerzos en hacerle frente a dificultades relacionadas con la venta y salida de nuestros elaborados y dejar para más adelante vaticinios que, vista la experiencia, están muy lejos de sobrepasar la intencionalidad de influir sobre el mercado y ser útiles para planificar y programar campañas.

Todos los colectivos que integran el sector vitivinícola han saltado como resortes a la propuesta de un borrador de anteproyecto de ley (lo digo así para que sea más palpable el estado de tramitación en el que nos encontramos) en el que el vino saldría bastante perjudicado como consecuencia de equiparársele a las bebidas alcohólicas de alta graduación. Olvidándose de aquellas campañas de autocontrol que lleva a cabo el propio sector del vino (Wine In Moderation), o las de formación e información (“Saber beber, saber vivir”) que, también, desarrolla desde hace unos años. Y menoscabando el papel cultural y social que históricamente ha jugado en nuestra sociedad; despreciando datos estadísticos de consumo que evidencian el escaso papel que juega entre el consumo juvenil.

De todos, es muy posible que sea el propio sector el que más interés ha demostrado por llevar al vino a un terreno de consumo racional ligado a nuestras tradiciones y valores culturales. Y parece mucho más racional que se utilice como un ejemplo, que como producto a perseguir demonizándolo. Y aunque iniciativas se han tomado por parte de las diferentes organizaciones que representan las distintas sensibilidades del sector, mucho me temo que prevalecerán aspectos populistas y de interés político que se lleven por delante al vino. Pero no adelantemos acontecimientos y confiemos en el sentido común de nuestros representantes.

Personajes a los que, dicho sea de paso, se les llena la boca a la hora de hablar del vino y el papel social, económico, cultural, etnográfico, medioambiental, etc. que juega en nuestro entorno; pero que ante problemas tan importantes de producciones como los que estamos viendo, que se están mostrando muy superiores a lo que somos capaces de vender (y que no parece tenga su origen en unas causas circunstanciales y sí en cuestiones de índole estructural de reconversiones y reestructuraciones de nuestro viñedo); todo lo que saben decir es que muestran su apoyo, pero que debe ser el propio sector el que le ponga solución, que ellos carecen de competencias. Y de responsabilidad (me atrevo a decir yo). Porque, precisamente su falta de iniciativa y ponerse de lado ante los problemas, con políticas erráticas, es lo que nos ha conducido hasta esta situación.

Un buen ejemplo de esta política podría ser lo que está sucediendo con las exportaciones, balón de oxígeno de nuestro sector, salvación de nuestras bodegas y única forma de darle salida a las cosechas; menospreciando el mercado interno, ese de proximidad y cultural.

Los hechos son testaduros y han demostrado que transformar litros por botellas y acusar a quienes venden barato sus producciones es fácil de decir pero muy complicado de hacer; tarea de muchos, muchos años y que requiere de una política común y dirigida. Que desde luego no pasa por incrementar sus impuestos como muy posiblemente acabará sucediendo en Canarias y, confiemos, no acabe produciéndose en todo el territorio con la reforma fiscal que proyecta el Gobierno.

Y mientras estas aspiraciones se hacen realidad, ¿qué? Porque dentro de unas semanas tenemos las uvas entrando en las bodegas de nuevo y no parece que contemos ni con una sola idea brillante que impida que muchos viticultores no tengan a quien venderles las uvas, o que a los precios a los que lo hagan no estén muy por debajo de sus propios costes de producción.

Parece que al final aquellas estimaciones de que no nos enfrentamos a una cosecha excepcionalmente alta que realizábamos a principios de campaña, sino más bien una campaña “normal” como consecuencia de la entrada en producción de miles de hectáreas reestructuradas hacia variedades y sistema de plantación más productivas, que nos llevaría a tener que tomar medidas de carácter estructural y olvidarnos de aquellas circunstanciales que tan solo servirían para paliar el problema de esta campaña, pero que lejos de solucionarlo no harían sino agravarlo; van siendo compartidas por más colectivos.

Lo que está bien, porque reafirman nuestra visión global del sector e inciden en la independencia de nuestras valoraciones, pero que apenas sirven de nada, mientras no sean los colectivos involucrados los que tomen cartas en el asunto y aborden el problema de una forma colectiva y, si fuera posible, armonizada.

Sabemos, al menos la gran mayoría, que nuestro futuro pasa obligatoriamente por mejorar el posicionamiento en los mercados, por recuperar una parte del consumo interior que hemos perdido en estos últimos veinte años, y que se ha visto especialmente agravado en los últimos cinco como consecuencia de la pérdida de la renta disponible de los españoles. Y por mejorar el precio al que vendemos en el mercado exterior, sin dejar de crecer en volumen, hasta situarnos claramente como primer país exportador del mundo.

Para ello sabemos que necesitamos profesionalizar nuestras bodegas, como lo hemos hecho con nuestros viñedos y cuya consecuencia ha sido, precisamente, el aumento de rendimientos que hemos tenido. Que nuestros departamentos comerciales deben ser el principal objetivo de inversión y del que dependerá nuestro futuro a medio y largo plazo. Asumir que los mercados son perfectamente permeables y que cualquier error nos expulsa automáticamente, pero que también suponen una gran oportunidad para nuestras bodegas al contar con productos de una muy aceptable calidad media a precios que tienen un largo recorrido sin perder mucha competitividad.

Llegamos incluso a intuir que este valor debe ser repartido en toda la cadena y que de esa justa distribución dependerá la velocidad con la que avancemos en este complicado camino. Es más, estamos concienciados de que nos falta mucha formación y hay que apostar por ella en todos los niveles de la empresa.

Hasta hemos entendido que el vino es algo muy diferente a lo que era hace cuarenta años y que hay que presentarlo y venderlo a un público que es una o dos generaciones posteriores y que busca valores en su consumo que poco tienen que ver con sus predecesoras.

Es más, somos conscientes de que este es un camino sin retorno que debemos recorrer sí o sí, y que quien se quede atrás acabará siendo devorado y desapareciendo por empresas altamente profesionalizadas y con suficiente músculo financiero, técnico y de producción que les permita adaptarse a las cambiantes circunstancias de cada momento.

Incluso se ha llegado a entender que hay que ir unidos. Que es mucho más que recomendable aprovechar las sinergias que tiene cada uno de los colectivos que integran el sector, y que las acciones individuales tienen escasa efectividad.

Tenemos de todo lo que hay que tener: medios, análisis, conocimiento, concienciación, recursos… solo nos falta un factor: programación con la que tener un objetivo claro hacia el que nos dirigimos y un conocimiento preciso de las etapas por las que debemos ir transitando en esta travesía en la que hemos de definir nuestro sector vitivinícola del siglo XXI.