Visto el borrador de proyecto de RD sobre el potencial de producción vitícola, y considerando los recelos que el tema de las nuevas plantaciones ha suscitado en algunas zonas; será interesante ir viendo cómo van comportándose los diferentes órganos de gestión de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas que, junto con las organizaciones interprofesionales, tendrán la posibilidad de establecer recomendaciones sobre limitaciones y restricciones, nunca prohibición, de plantación de viñedo.

Asumido que será el Magrama el único organismo competente en la materia a fin de garantizar la uniformidad del nuevo régimen en toda España, las CCAA serán las responsables de elaborar una lista única de variedades, así como las encargadas de recopilar, gestionar y autorizar las solicitudes presentadas, atendiendo a los criterios de admisibilidad establecidos para su aprobación por el Ministerio.

Entre los criterios de prioridad que se aplicarán en aquellos casos en los que las solicitudes de nuevas autorizaciones excedan la disponibilidad de superficie aprobada por el Magrama antes del 1 de marzo y que deberá ser mayor del 0% y como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior; son de destacar aquellos referidos a que el solicitante tenga menos de 40 años y el de que sea nuevo viticultor. Autorizaciones que tendrán un período de validez de tres años desde la fecha de la notificación de la resolución.

Para el caso de las replantaciones, la solicitud deberá ser presentada antes del final de la segunda campaña en que se haya notificado la resolución de arranque.

Sobre la conversión de los derechos en autorizaciones, los titulares deberán presentar la solicitud entre el 15 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, que serán resueltas en un plazo no superior a tres meses; podrán ser modificadas a instancia del solicitante siempre y cuando no altere la dimensión y la superficie esté localizada en una zona en la que no se hubiesen superado las limitaciones establecidas y correspondieran a otra zona.

Publicados los datos de consumo en el hogar en 2014 por parte del Ministerio, ya podemos asegurar con total certeza que el vino en España no consigue levantar cabeza. Ya que para encontrarnos con el único dato positivo, deberíamos irnos al del precio medio por litro de vino que pasa de 2,31 a 2,35 euros, lo que representa un aumento del 1,73%. En un año en el que la tasa de inflación en España cerró, por primera vez en su historia, en un menos uno por ciento. Situándose el consumo en los hogares durante 2014 en 9,85 litros por persona.

Datos que no hacen sino confirmar el grave problema al que viene enfrentándose el sector desde hace lustros y que no acaba de encontrar la forma de abordar y comenzar a recuperar una pequeña parte de los muchos millones de litros que se ha ido dejando en esa especie de mentira sobre la que nos gusta analizar el problema. Y que no es otra que engañarnos diciendo que consumimos menos, pero mejor. Justificándolo con la traslación que se ha producido en el consumo de vinos de baja calidad y poco precio, hacia otros de mayor valor añadido y más alta calidad.

Y aunque sería interesante poder saber cuál ha sido la cantidad de ese vino que hemos dejado de consumir en los hogares y lo hemos hecho en la restauración, la falta de estadísticas oficiales nos impide poder hacerlo y debemos conformarnos con estimaciones basadas en los datos procedentes de los balances vitivinícolas. Total para acabar concluyendo que seguimos perdiendo consumo y que las muestras de recuperación de la actividad en el canal Horeca apenas resultan significativas en el vino.

Todo esto tiene algo de positivo y es que el sector, en su conjunto, parece haber asumido la existencia de un problema con el consumo de vino, en el perfil de su cliente y en la forma de poder atraer su atención para una posible recuperación. De momento, no es que es que sea suficiente para que las bodegas puedan dejar de centrar sus esfuerzos en el mercado exterior como única tabla de salvación de sus negocios. O que las bodegas hayan tomado conciencia de la necesidad de cambiar algunas cosas tan importantes como las características de sus elaborados, su presentación, envases o tamaños con los que ofertan sus vinos a un consumidor que ha evolucionado en los últimos años sustancialmente. Pero se van dando pequeños pasos en esta dirección, lo que es mucho más de lo que hacíamos apenas unos años atrás, cuando ni tan siquiera muchas bodegas asumían la necesidad de cambiar algo su forma de trabajar.

La Organización Interprofesional dio un paso al frente cuando entre sus principales objetivos (y el más urgente) señalaba la recuperación del mercado interior. Su concreción y puesta en marcha sigue sin traspasar la barrera de un conjunto de buenas intenciones para concretarse en medidas y un calendario. Pero se trabaja en ello y se van adoptando compromisos encaminados a conseguir los fondos con los que poder poner en marcha esta necesaria campaña.

Obviando cuestiones tan importantes como pudiera ser por qué no se van desarrollando planes que permitieran poder ir avanzando en la discusión de las medidas de información y promoción a adoptar con los fondos procedentes de la extensión de norma que pretende tener consensuada antes de agosto con el fin de poder aplicarla en la próxima campaña; asumir la necesidad y urgencia en este asunto, ya es un paso muy importante.

Pero no el único, ya que otro de los objetivos planteados por la OIVE es el de poder contar para la próxima vendimia con un contrato-tipo homologado, de adscripción voluntaria, que permita clarificar y dar transparencia a las relaciones contractuales entre las partes.

A pesar de que el último granizo, caído la semana pasada y que afectó de forma muy importante a localidades como San Clemente, El Provencio, Fuenteálamo, Hellín, Jumilla o Yecla, sin ninguna duda deberá dejarse notar en la próxima cosecha; aventurarse sobre los efectos que pueda tener en el global de la producción nacional, con miles de hectáreas entrando en producción en toda España, pero de manera muy especial en Castilla-La Mancha; parece un tanto precipitado.

No hace falta que remarque lo que me parecen aquellas voces que se atreven en señalar una producción un quince por ciento por debajo de la campaña 2014/15, y que la cifran entre 36 y 37 millones de hectolitros. Cuando todavía son muchos los lugares donde la viña apenas ha comenzado a brotar.

Es posible que a la hora de realizar estas valoraciones haya influido más de la cuenta la pesadez con la que se está operando, con un mercado en el que las cotizaciones apenas presentan pequeñas variaciones de unos pocos céntimos de una semana a otra, y en el que la propiedad no encuentra quien se interese por partidas que vayan más allá de la estricta reposición de vinos con características muy concretas; y la demanda prefiere esperar acontecimientos antes de inmovilizar unos vinos de los que confía en no tener problema para ir abasteciéndose de cara al enlace con la próxima cosecha a precios similares o incluso más bajos.

Tampoco nada que difiera mucho de lo esperado para una campaña que resultó de calidad media, producción algo mayor de la prevista y un mercado, que en su vertiente exportadora mantiene el tipo con cierta solvencia, pero en su cara nacional no acaba de conseguir reaccionar.

Exportaciones que, conocidos los datos del primer trimestre, aguantan bien el paso de los meses, si por ir bien consideramos la cantidad de vino que vendemos, ya que el volumen en estos tres primeros meses del año ha crecido un 13,8%, elevándose este porcentaje hasta el 15,8% si tenemos en consideración vinos aromatizados, mostos y vinagres. Más complicado tendríamos valorar de positivo este primer trimestre si miramos hacia el lado de los euros, en el que el crecimiento tan solo ha sido del 2,1% y 3,1% respectivamente, si hablamos solo de vino o incluimos también el resto de productos vitivinícolas.

La primera consecuencia de esta situación: la caída del precio medio, que se sitúa en 0,99€/litro para el conjunto de productos y de 1,02 para los vinos. Siendo los vinos con D.O.P. tanto a granel como envasados, espumosos y aromatizados, y blancos con indicación de variedad envasado y tintos con I.G.P. a granel, los únicos que consiguen crecer más en valor de lo que lo han hecho en volumen y mejorar su precio medio.

Si tenemos en cuenta que los tres primeros países (Francia, Alemania e Italia) concentran más de la mitad del total del vino exportado y que sus precios medios son de 0,44 €/l, 0,86 €/l y 0,42 €/l respectivamente, comprenderemos mejor que lejos de considerar que tenemos un problema con el granel, deberíamos empezar a cuestionarnos si lo que tenemos es un problema con el tipo de vino que nos compran. Porque da la impresión de que lejos de vender, a la mayoría de nuestras bodegas y cooperativas lo que hacen es comprarles el producto más barato que encuentran con el que cubrir sus necesidades más básicas y de menor precio en los mercados de consumo.

Y aunque, efectivamente, podría decirse que lo que debemos hacer es trasladar lo que vendemos a granel a envasado; me da la sensación de que estaríamos haciendo un análisis muy simplista de la situación, al señalar al tipo de “envase” como responsable de nuestros bajos precios. En lugar de cuestionarnos sobre la tipología de vino que demanda de nosotros el mercado. Y ya metidos en reflexiones, preguntarnos si a 0,37 €/l al que vendemos más del 40% de nuestros vinos (sin D.O.P., I.G.P. o varietal y a granel) son rentables nuestras bodegas y sostenibles los viñedos.

Unos prometen la creación de instituciones, otros la separación de las actuales. Los hay que se atribuyen el éxito en la mejora de las ventas o el aumento de las exportaciones. Incluso quienes se atreven a firmar acuerdos a medio plazo por los que comprometen presupuestos públicos por varios años.   Sí, me estoy refiriendo a los políticos, de todo tipo y pelaje, que ante una de las campañas electorales más reñidas de la democracia no dudan en utilizar al sector vitivinícola como ejemplo de prosperidad y del buen hacer.

¿Buen hacer?

Con un país que ha visto perder una cuarta parte de su superficie de cultivo, aumentado su producción gracias a las ayudas llegadas de Bruselas para la reestructuración de un viñedo que en algunos casos no ha servido más que para perder viejos viñedos de variedades autóctonas por otras llamadas mejorantes que solo han servido para homogeneizar los vinos y aumentado de manera desordenada y descontrolada los rendimientos Que no encuentra la forma de frenar la sangría que sufre su consumo interno y que lo sitúa en su nivel más bajo, sin visos de recuperación a corto plazo. Cuyos precios mantienen en niveles de cuestionable rentabilidad el cultivo de la viña y obliga a las bodegas a buscar en el exterior lo que no encuentran dentro, vendiendo los vinos al nivel más bajo de todos los países productores.

Hemos mejorado mucho en los últimos veinte años. Hecho más eficiente nuestro viñedo. Tecnificado las bodegas. Profesionalizado el departamento técnico y generalizando la existencia de que las bodegas y cooperativas cuenten con su propio enólogo. Incluso los hay que se han atrevido con la creación de un departamento de exportación y otro de marketing y comunicación, aunque sean los que más han sufrido los recortes en estos últimos años, con la reducción de presupuestos.

¿Pero nos podemos sentir orgullosos?

Los españoles en general, pero especialmente en este sector, tendemos a pensar que los problemas nunca son nuestros, que en otras causas encuentran su origen y, por lo tanto, deberán ser otros los que los solucionen. Asumimos a duras penas responsabilidades, como sobre lo que ha sucedido con nuestros jóvenes, o para qué son comprados nuestros vinos.

Y ante una situación como lo que va a suponer la transformación de los derechos de plantación en concesiones administrativas y la pérdida patrimonial que ello va a suponer para los viticultores. O la falta de iniciativa nacional para desarrollar campañas de formación e información como marca “España” en los mercados exteriores. O cómo acercarnos a generaciones de consumidores que hemos despreciado. Permanecemos inmóviles, ajenos, ignorantes,…

¿Un millón de hectolitros es mucho o poco? Debe ser una cantidad insignificante, ya que es la diferencia que hay entre los datos facilitados en las declaraciones de producción, publicados por el FEGA el 14 de abril, y el avance de superficie y producción publicado por el Magrama el día 11 de mayo y referidos a marzo de 2015. Disponer de 43.435.011,31 hl que es la cantidad de las declaraciones de producción, o 44.364.502 que se obtiene del avance, son disparidades que podríamos considerar como “normales” y sin ninguna capacidad de alterar un mercado que lleva meses estancado en sus cotizaciones.

Que no es que yo diga que ese estancamiento se justifique por la discrepancia entre las estadísticas según provengan de un organismo u otro, aunque los dos sean fuentes oficiales. Pero claro, si tenemos en cuenta que el primer objetivo que se ha marcado la Organización Interprofesional del Vino en España ha sido el modificar el procedimiento y periodicidad de las declaraciones para disponer de una información más fiable y actualizada, que consideran básica para poder desarrollar cualquier programa encaminado a recuperar el consumo interno y hacer posible la extensión de norma necesaria con la que dotarse de fondos; no deja de resultar curioso. O quizá es que yo sea un poco rarito y solo me lo resulte a mí, que semejantes situaciones puedan seguir produciéndose.

Y eso por no entrar en otras valoraciones más rebuscadas como podrían ser las diferencias que hay entre la estimación de noviembre (41.611.759 hl) y la de marzo a la que nos referíamos anteriormente. Casi tres millones de hectolitros a los que el sector deberá encontrarle acomodo.

Aunque, quizá, lo más preocupante, o lamentable, porque ya no sé muy bien dónde o en quién está el problema; es que ambos organismos son conscientes de la situación y de la poca fiabilidad que puede desprenderse de esta coyuntura. Y no son capaces, o no pueden, hacer nada por ponerle fin.

Hemos superado el primer asalto que supuso la reunión del Parlamento Europeo para discutir y votar la propuesta de resolución presentada por el Comité de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara, en la que se promovía la imposibilidad de realizar cualquier tipo de promoción del vino con fondos europeos; y en la que finalmente la Eurocámara ha acabado reconociendo “que no todo el consumo de alcohol tiene las mismas consecuencias, ya que depende en gran medida de los hábitos de consumo, y en particular de los productos que se consumen y de cómo se consumen…”, con un resultado que ha sido calificado por el sector como satisfactorio.

No es baladí, pues podía haber supuesto la exclusión del vino de cualquier campaña de promoción e información, pero hay que seguir ocupándonos del fondo de la cuestión: consumo interno y valorización del producto. Dos cuestiones que no difieren mucho de lo que ocuparía a cualquier productor de cualquier cosa, sino fuera porque la situación en el sector que nos ocupa es especialmente preocupante.

El consumo interno porque está en tasas de menos de veinte litros per cápita, lo que representa poco más de nueve millones de hectolitros sobre una producción media por encima de los cuarenta y cinco; para una población de unos cuarenta y cinco millones de habitantes a la que se suman más de sesenta millones de turistas al año. Y las razones que nos han llevado a esta situación son todavía discutidas y cuestionadas, sin acabar de encontrase la forma en la que recuperar niveles de consumo, ni se ponen en marcha las campañas concretas con las que conseguir esta importante meta.

La valorización del producto sigue siendo el principal objetivo de un sector en el que la viabilidad de muchas de sus explotaciones y bodegas es cuestionable; y en el que estas corren serio peligro de desaparecer, con el consiguiente quebranto económico, pero también social y medioambiental que supondría en muchos lugares de España.

Ser el país que más barato produce y a menor precio vende, podría definirse como un sello de productividad, pero lo bien cierto es que esta no existe si estamos hablando de actividades sin rentabilidad.

Hay quien piensa que con una mayor y actualizada información sobre la producción, existencias, exportaciones y precios a los que se está operando; las cosas podrían mejorar y permitir, a todos, un mayor control del mercado.

Para ello, el Magrama mantiene su apoyo a la Organización Interprofesional del Vino (OIVE) en su empeño por sacar adelante el Registro de Estatal de Operadores Vitivinícolas (REOVI) y un sistema de Información de Mercados del sector Vitivinícola (INFOVI) del que se encargaría la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y que vendría a sustituir las actuales declaraciones de producción y existencias, por otras declaraciones mensuales informatizadas, que permitirán la consulta por parte de las Comunidades Autónomas de sus datos en cualquier momento y su publicación en agosto, diciembre y abril, con los datos a 31 de julio, 30 de noviembre y 31 de marzo. Al tiempo que el sistema será puesto a disposición de la OIVE para que pueda poner en marcha la “extensión de norma”, que le permita financiar sus proyectos.

Aunque también los hay que consideran que solo desde la unión y generación de fortalezas empresariales es posible hacer frente a mercados globalizados que amenazan seriamente el ‘status quo’ de nuestro país como primera superficie, primer exportador y, muy posiblemente dentro de unos años, primer productor mundial.

Modelos de crecimiento basados en los bajos precios se han demostrado hasta ahora poco recomendables, ya que siempre habrá alguien que pueda llegar a hacerlo más barato que tú.

Como casi todo lo que tiene que ver con la política, especialmente la europea, las cosas nunca acaban saliendo del todo bien. Efectivamente, y por ello debemos felicitarnos, ya que era lo que más perjuicio podía suponer para un sector que requiere de grandes esfuerzos en comunicación, educación y difusión de la cultura vitivinícola; será posible seguir recibiendo fondos para las medidas de promoción, tanto las referidas a las de información sobre consumo moderado y el sistema de I.G.P. de nuestros vinos, como para las de terceros países.

Para ello ha sido necesario enmendar la propuesta de resolución presentada por el Comité de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara, que promovía la imposibilidad de realizar cualquier tipo de promoción con fondos europeos. Reconociendo “que no todo el consumo de alcohol tiene las mismas consecuencias, ya que depende en gran medida de los hábitos de consumo, y en particular de los productos que se consumen y de cómo se consumen…”.

Pero como nada puede ser perfecto, el Parlamento Europeo ha encargado a la Comisión que antes de finalizar 2016 realice una propuesta para que en el etiquetado de las bebidas alcohólicas se incluya información sobre su contenido calórico y el riesgo que plantea su consumo para las mujeres embarazadas y conductores.

Considerando que el primer defensor de un consumo moderado e inteligente es el propio sector, los inconvenientes que esto genera no van más allá de los estrictamente técnicos y estéticos. Pues teniendo en cuenta la cantidad de información que debe figurar en el etiquetado y los numerosos pictogramas que las bodegas pueden utilizar en la identificación de sus vinos (D.O.P., ecológico, huella de carbono, huella hídrica, reciclado, viticultura sostenible, certificación, alérgenos…) las etiquetas y contras deberán someterse a profundos cambios, y el consumidor entenderá todavía menos lo que le quieren decir.

Por más consciente que soy de ello, y orgulloso que me siento, no puedo más que preguntarme: ¿cuándo vamos a dejar de ser objeto de persecución por parte de las administraciones? Hasta la fecha, siempre que el sector se ha sentido amenazado en sus principios básicos, ha reaccionado bien e inteligentemente, y ha manejado los asuntos para evitar poner en riesgo su supervivencia. El problema es que cada vez son más, y en un periodo de tiempo más corto, las ocasiones en las que se exige de su reacción.

La próxima semana el Parlamento Europeo someterá a votación una resolución sobre el alcohol que supondría la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los vinos alertas sanitarias sobre su consumo. Lo que, además, supondría su exclusión de cualquier fondo para la promoción de su consumo, por más moderadamente que desde el propio sector se esté haciendo. Situación denunciada por todos los implicados en el asunto, los que no han escatimado esfuerzos en realizar las labores propias de lobby en las instancias europeas, pero cuyos resultados no conoceremos hasta la próxima semana.

De una forma mucho más cercana nos enfrentamos a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, mediante la que se intenta homogeneizar el sistema de inspecciones y control a los alimentos en todas sus etapas, poniendo fin al maremágnum de procedimientos de control oficial y sancionador al que se enfrentan los operadores con diferentes normas en cada autonomía.

Comentar que el BOE del día 18 de abril publicaba el RD 288/2015 por el que se modifica el RD 1244/2008 que regula el potencial de producción vitícola y por el que se amplía hasta el 1 de junio el plazo de presentación de solicitudes para las transferencias de derechos de plantación, fijándose un plazo de seis meses el Magrama para resolver los expediente. De esta forma, el Ministerio se garantiza que para la entrada en funcionamiento del nuevo régimen de autorizaciones, el 1 de enero de 2016, ya estarán todos resueltos.

Y como si todo esto no fueran asuntos de suficiente calado por sí solos, como para ocuparnos con todas nuestras fuerzas, debemos repartirlas con aquellos otros dirigidos a producir, comercializar y vender los vinos, en un mercado completamente saturado y en el que todos son conscientes de que hay que hacer grandes esfuerzos por recuperar el mercado interior, pero pocos saben cómo hacerlo. Eso sí, todos coinciden en señalar que entre las principales razones que explicarían semejante brecha en el consumo de vino por parte de los jóvenes podríamos encontrar una presentación, lenguaje y un mensaje poco apropiados. Una tipología de producto, tamaño y envase no siempre adecuado a la actual sociedad española, donde los únicos hogares que crecen son los formados por uno o dos miembros. Y una información estadística sobre declaraciones de producción y existencias que apenas sirven de nada publicándose cuando se publican; y sirva de ejemplo que las declaraciones de producción de la campaña 2014/15 fueron publicadas por el FEGA a finales de la pasada semana.

La fuerza con la que el sector es capaz de reaccionar frente amenazas legislativas externas dista mucho de la que esgrime ante los problemas cotidianos, donde su reducido tamaño y, por ende, escasa capacidad económica, sigue lastrando acciones eficientes y reiterativas. Situación que se ve fuertemente agravada por su incapacidad para unirse y afrontar las actividades comerciales de manera conjunta. Lo que, sin duda, algún día cambiará, aunque solo sea por cuestiones económicas. La duda está en qué más tiene que suceder para que esto sea así.

Las alertas sanitarias siempre suponen un importante problema, sea cual sea su presentación o su mensaje. No en vano, son precisamente eso “una alerta” que nos avisa de los riesgos que tiene para nuestra salud el consumo de un determinado alimento o producto. E insisto en lo de “tiene”, ya que la alerta asevera sobre los efectos negativos. Hasta el momento podemos decir que es una batalla que el Vino lleva ganada, haciéndole frente a todos los ataques que desde la Dirección de Sanidad y Consumo ha recibido. Pero, ¿hasta cuándo podremos resistir?

A finales de este mes, entre el 27 y 30 de abril, el pleno de la Eurocámara someterá a votación una resolución sobre una nueva estrategia para el alcohol en la UE que afectaría no solo a la política de salud, sino a todas y a cada una de las políticas comunitarias de la Unión, como las dirigidas a la agricultura, consumidores, economía…; además de buscar alinearse con la Estrategia global de la Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU) y supondría la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los vinos alertas sanitarias sobre su consumo, así como su exclusión de cualquier fondo para la promoción para un consumo moderado.

Sin duda, un torpedo en toda la línea de flotación de un sector que ha hecho gala de una especial sensibilización frente al consumo abusivo de alcohol, que ha desarrollado campañas de formación e información dirigida defender y divulgar un consumo moderado y que ha aplicado reglas estrictas de autorregulación que deberían servir de ejemplo.

Otro de los grandes temas a debate en estos días es la transformación de los derechos de plantación en concesiones administrativas que entrarán en vigor a partir del próximo día 1 de enero, con una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 2030 y cuyos Reglamento de ejecución 2015/561 y Delegado 2015/560 acaban de ser publicados, previéndose para junio-julio la aprobación por parte del Magrama del correspondiente Real Decreto en el que establezca las condiciones concretas de su aplicación. Entre ellas, el mecanismo que ofrecerá a autonomías y Consejos Reguladores para desarrollar esa ampliación de la superficie de viñedo dentro de los límites del 1% máximo anual fijado.

Un sistema flexible que deberá permitir al sector ampliar gradualmente su producción y adaptarse a la eliminación del sistema de cuotas como le ha sucedido a la leche y le sucederá en el 2017 al azúcar.

Las alertas sanitarias siempre suponen un importante problema, sea cual sea su presentación o su mensaje. No en vano, son precisamente eso “una alerta” que nos avisa de los riesgos que tiene para nuestra salud el consumo de un determinado alimento o producto. E insisto en lo de “tiene”, ya que la alerta asevera sobre los efectos negativos. Hasta el momento podemos decir que es una batalla que el Vino lleva ganada, haciéndole frente a todos los ataques que desde la Dirección de Sanidad y Consumo ha recibido. Pero, ¿hasta cuándo podremos resistir?

A finales de este mes, entre el 27 y 30 de abril, el pleno de la Eurocámara someterá a votación una resolución sobre una nueva estrategia para el alcohol en la UE que afectaría no solo a la política de salud, sino a todas y a cada una de las políticas comunitarias de la Unión, como las dirigidas a la agricultura, consumidores, economía…; además de buscar alinearse con la Estrategia global de la Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU) y supondría la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los vinos alertas sanitarias sobre su consumo, así como su exclusión de cualquier fondo para la promoción para un consumo moderado.

Sin duda, un torpedo en toda la línea de flotación de un sector que ha hecho gala de una especial sensibilización frente al consumo abusivo de alcohol, que ha desarrollado campañas de formación e información dirigida defender y divulgar un consumo moderado y que ha aplicado reglas estrictas de autorregulación que deberían servir de ejemplo.

Otro de los grandes temas a debate en estos días es la transformación de los derechos de plantación en concesiones administrativas que entrarán en vigor a partir del próximo día 1 de enero, con una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 2030 y cuyos Reglamento de ejecución 2015/561 y Delegado 2015/560 acaban de ser publicados, previéndose para junio-julio la aprobación por parte del Magrama del correspondiente Real Decreto en el que establezca las condiciones concretas de su aplicación. Entre ellas, el mecanismo que ofrecerá a autonomías y Consejos Reguladores para desarrollar esa ampliación de la superficie de viñedo dentro de los límites del 1% máximo anual fijado.

Un sistema flexible que deberá permitir al sector ampliar gradualmente su producción y adaptarse a la eliminación del sistema de cuotas como le ha sucedido a la leche y le sucederá en el 2017 al azúcar.