Según se desprende de los últimos datos publicados referidos a las exportaciones vitivinícolas del mes de noviembre, nuestras ventas exteriores evolucionan muy favorablemente. A diferencia de lo que indicaban diferentes rumores que circulaban por el mercado y que señalaban que las buenas cosechas de Francia o Italia habían restado un notable volumen en las exportaciones, cuya consecuencia más inmediata habían sido precios estancados.

Crecer un 10,8% en valor en el mes de noviembre con respecto al mismo mes del pasado 2014; o un 14,1% en volumen, no se puede decir que sean malos datos. Que en los vinos a granel el crecimiento en valor haya sido del 15,5% y en volumen del 17,6%, tampoco se antojan cifras que justifiquen esa impresión que parecía inundar el mercado de paralización y escaso interés de franceses e italianos, a la postre nuestros principales compradores, por nuestros vinos.

Es verdad que si tuviéramos que ponerle alguna pega a estas cifras es que el precio medio ha bajado; pero en el caso de los graneles lo ha hecho un 1,7% frente al 2,9% en el que lo han hecho todos los vinos.

Mantener cifras por encima de los veintisiete millones y medio de hectolitros de exportación, incluyendo mostos y vinagres, o si lo prefieren de cerca de veinticuatro (23,987 Mhl) de vinos, como recogen los datos interanuales, no es tarea fácil y es algo que debería hacernos sentir satisfechos.

Claro que seguimos teniendo el problema del bajo valor, apenas 1,09 euros litro para el interanual en vinos, pero es que solucionar este asunto no es una cuestión que pueda hacerse de la noche a la mañana. No basta con que se nos diga que somos “la bodega de Europa”, de dónde se abastecen aquellos que tienen los mercados y obtienen el valor añadido. O que tenemos que desviar producción del granel (0,36 €/litro) al envasado (2,01 €/litro). Ya lo sabemos, todos, sin excepción. El problema es que para ello hay que llevar a cabo algo más que contundentes declaraciones de intenciones. Hay que definir programas y actuaciones que coordinen estrategias colectivas conjuntas. Y eso, hasta el momento, lo más cerca que hemos estado de ello ha sido en el plano teórico, pero nada, ni tan siquiera, puesto negro sobre blanco en un documento que comprometa a todos.

Estamos asistiendo a una situación política en España inédita. Venimos de un periodo en el que se han ido al traste cuestiones tan fundamentales para nuestra economía como el valor de los bienes raíces o las fuentes de crédito. Nos asomamos a un panorama imprevisible, con fuertes caídas en el precio del petróleo (en crisis anteriores había sido precisamente la subida del petróleo lo que las había ocasionado), que vienen acompañadas de desplomes en las bolsas mundiales.

¿Y nos sorprende lo que está pasando en nuestro sector? Pero si somos de los más “normales”.

Cuestiones políticas aparte, debemos asumir de una vez por todas que nos enfrentamos a un cambio de época. Que lo que está sucediendo supera con creces a crisis económicas, políticas o institucionales. La sociedad ha cambiado, sus necesidades también y las reglas de juego no pueden seguir como si nada hubiese pasado.

Podemos mantener la postura del avestruz, como hemos hecho hasta ahora, y esperar a que sean otros los que nos den la solución a nuestros problemas. O, por el contrario, tomar la iniciativa, poner en marcha esos mecanismos de control, transparencia e información que se nos vienen anunciando desde hace meses y dar un giro en nuestro comercio. Podemos plantearnos qué esperan los consumidores de nuestro modelo de Indicaciones de Calidad y hacer las reformas necesarias para ofrecérselo. Podemos entender que el mercado se ha hecho muy grande (lo que es fantástico) y que ello requiere de muchos más recursos, que exigen unidad y coordinación. Podemos… pero no hacemos nada.

Hace apenas unos días, me preguntaba en este mismo espacio cuál debe ser el papel que han de jugar en un futuro nuestras denominaciones de origen, y si lo sucedido en varias de ellas no era más que la consecuencia evidente de que el modelo necesita un cambio, una adaptación a los nuevos tiempos, consumidores y mercados que encuentren en este patrimonio vitivinícola un elemento diferenciador y clarificador de calidad, superando viejas barreras de conceptos que apenas entienden y no acaban sino generando la confusión en los compradores y el malestar en la producción.

Mentiría si dijera que me ha sorprendido la cantidad de firmas autorizadas del sector que en estas últimas semanas han coincidido con esta apreciación. Incluso podría llegar a decir que me satisface encontrarme con algunas iniciativas que emanan desde el mismo sector, como la del Club Matador, pronunciándose en estos mismos términos.

Pero todavía lo haría más, lo de mentir digo, si dijera que me ha dejado atónito la impasibilidad con la que el tema está siendo abordado por los propios consejos reguladores. He de confesar que me sorprende que organizaciones como la misma Confederación de Consejos Reguladores no haya reaccionado organizado reuniones públicas (quiero pensar que de manera privada sí lo han hecho), en las que debatir este asunto. Tomando la iniciativa sobre un tema que les atañe de manera directa y que, en mi humilde opinión, abordado de mala manera puede llegar a poner en peligro a más de una de ellas y dañar seriamente la imagen de todo el modelo.

La campaña 2015/2016 se iniciaba allá por el mes de agosto repleto de nuevas iniciativas y proyectos que prometían poner al sector español en la senda de la mejora de su posición en los mercados internacionales y el aumento del valor añadido de sus vinos. Se anunciaba la creación de organizaciones transversales dirigidas a aprovechar las sinergias de todo el sector. Se contaba con las administraciones para coordinar y dotar de argumento legal estas iniciativas.

Y, no vamos a decir que todo esto se ha quedado en agua de borrajas, porque ni es verdad, ni me quiero imaginar, si quiera, esta posibilidad; pero lo cierto es que van pasando los meses, los problemas nos van saltando a la cara y el sector sigue haciendo lo mismo de siempre: mirar hacia otro lado, señalar como culpables a todos menos a él y desgastándose en apagar fuegos, en lugar de construir una base sólida sobre la que crecer.

A estas alturas, es poco discutible que el sector vitivinícola europeo es un sector claramente intervenido, en el que todavía hoy son muchos los aspectos, algunos de ellos de gran importancia, que están regulados, dificultando seriamente la ley de la oferta y la demanda, y la aplicación del principio básico de la competencia. Pero no por poco discutible la cuestión deja de tener su importancia y generar conflictos entre quienes optan por querer mantener esta situación y quienes aspiran a una liberalización total del sector.

Un buen ejemplo de esta situación la encontramos en la prohibición de plantación de viñedo, regulada anteriormente con los derechos de plantación, transformados desde el pasado 1 de enero en autorizaciones administrativas.

Y es que una de las primeras decisiones que debe adoptar el Ministerio presidido por la ministra en funciones, Isabel García Tejerina, es la fijación del porcentaje de nuevas plantaciones en España para el 2016.

Para ello el Magrama ha abierto las negociaciones con los representantes del sector, especialmente organizaciones agrarias y empresariales, con una propuesta de 6.000 hectáreas, un 0,6% de nuestra superficie y con el que pretende contentar a aquellos que aspiran a la liberalización y, consecuentemente, optan por acogerse al máximo posible, y aquellos otros que, con su limitación al 0,001% pretenden regular la oferta favoreciendo el aumento de los precios en origen de las uvas y vinos, ninguno de los dos productos en sus mejores momentos. Unas porque los precios a los que se han pagado las uvas han resultado insuficientes para cubrir los costes de producción en muchas de regiones vitícolas españolas, y otros (los mostos y vinos) porque, a pesar de una producción “moderada”, no consiguen levantar sus cotizaciones ni hacer del mercado una lonja con gran actividad, limitándose las operaciones a adquisiciones muy concretas de vinos con especificaciones muy precisas.

Sea como fuere, el caso es que el sector debe acoplarse a un mercado mucho más competitivo del que actualmente disfruta por cuestiones de índole internacional, económica y de oportunidad para nosotros. Somos el país con mayor extensión de viñedo y con precios más bajos, pero también uno con una calidad media más elevada. Somos extraordinariamente competitivos y cuanto antes nos lo creamos y vayamos en esa dirección, más rápidamente alcanzaremos precios dignos y rentables para nuestras uvas, mostos, vinos y alcoholes.

¿Cuánto hay de decisión política, cuánto de estrategia empresarial y cuánto de responsabilidad por parte del Consejo Regulador? Es la pregunta que todos en el sector vitivinícola español se hacen tras la decisión adoptada por Bodegas Artadi de abandonar la D.O.Ca. Rioja. Por más que su propietario, Juan Carlos López de Lacalle, haya intentado quitarle hierro al asunto declarando que su decisión está basada en cuestiones “estrictamente empresariales”, son muchos los rumores que la sitúan como la punta de lanza de un movimiento rupturista de un grupo de bodegas alavesas que apuestan por la creación de una denominación propia para “Rioja Alavesa”.

A lo que no está ayudando mucho el Gobierno vasco, quién en lugar de dejar en manos de las bodegas y viticultores sus propias decisiones, se ha apresurado a decir que “por responsabilidad” escuchará y atenderá las iniciativas que procedan del sector, entre las que podría encontrarse la diferenciación que acabara con la creación de una denominación propia.

Claro que el respeto institucional mostrado por el propio Consejo Regulador a la decisión empresarial, no ha hecho más que poner de manifiesto su incapacidad de darle solución a un problema que viene arrastrándose desde hace varios años y que nace de la exigencia de un grupo de bodegas por una mayor diferenciación de sus vinos, atendiendo a las zonas de producción y características de sus vinos de “terroir” o de finca.

Para algunos, este asunto, como el de otras bodegas que ni siquiera han querido integrarse nunca en una denominación de origen, son decisiones que responden a estrategias puramente empresariales. Aunque, en mi opinión, el modelo de denominaciones de origen es un gran patrimonio cultural a proteger y una excelente herramienta comercial que nos ha permitido llegar a muchos mercados, a los que, de otra manera, hubiese sido completamente imposible acceder. Pero, de igual manera que han cambiado los hábitos de consumo, evolucionado los tipos de vinos, trasladada la carga de compra de unos canales a otros, o transformadas las mismas cualidades hacia las aspiraciones de los consumidores; no parece descabellado pensar que el mismo modelo de las indicaciones geográficas protegidas requiere una revisión profunda, que lo adapte mejor a los actuales tiempos. Hacerlo de una forma inteligente y dialogada parece lo más indicado para un sector que se caracteriza por su inmovilismo y su escasa capacidad de adaptarse a los cambios.

A mi juicio, olvidamos con demasiada frecuencia la gran diferencia existente entre la realidad del sector y la percepción (y conocimiento) que del mismo tienen los consumidores; tendiendo a confundirlo con frecuencia, sin considerar que, en muchas ocasiones, su respuesta es la indiferencia o la elección de otro producto “más sencillo”. Está claro que cada denominación, bodega y marca tiene su propio consumidor más o menos avezado en la cultura vitivinícola, pero ni para los más adelantados resultan positivas este tipo de noticias que no hacen sino generar desconfianza y confusión.

El nuevo aplazamiento hasta el 31 de enero de la presentación telemática de las declaraciones de producción y existencias, tampoco es que venga a ayudar mucho a la imagen del vino español. Un vino que aspira a elevar el valor añadido de su producción con la potenciación del envasado y que se está viendo incapaz de poner en marcha mecanismos técnicos con los que ofrecer una información fiable y actualizada.

Para vender más, pero, sobre todo, mejor, es necesario mucho trabajo, una gran perseverancia y una calidad acorde al precio. Pero por encima de todas estas cualidades está la seriedad que proporciona un Estado, una denominación o una bodega.

Son tiempos de buenos deseos, en los que afrontamos el futuro cargados de optimismo y con inmensas ilusiones sobre proyectos que deberán aportarnos grandes satisfacciones. Días en los que, como por arte de magia, pasamos página ante los problemas que nos han venido agobiando en los últimos meses, planteándonos el porvenir con un optimismo, que solo el paso de las semanas nos devolverá a la cruda realidad de unos datos que evidencian la lenta evolución de un sector que parece tener más voluntad que hechos en sus aspiraciones.

Los datos referentes al consumo interno, exportaciones, financiación de nuevos proyectos de inversiones, existencias, balance,… que vamos conociendo son esperanzadores e indican que vamos en la buena dirección. Las herramientas con las que aspira a contar el sector para abordar su futuro de manera colectiva y alcanzar sinergias (hasta la fecha inexistentes), se mantienen intactas, aunque su evolución esté siendo mucho más lenta de la que sería deseable.

Y lo que todavía es más importante: viticultores y bodegas toman conciencia de su condición empresarial y asumen un panorama para los próximos años de importantes cambios en todo lo referido a ayudas y subvenciones. El mercado va imponiéndose y sus leyes, aplastando voluntades políticas que no viven sus mejores momentos.

Conocemos lo que queremos ser de mayores. Sabemos que las aspiraciones colectivas no siempre tienen por qué coincidir con las individuales y hemos determinado nítidamente esas líneas rojas que no pueden traspasarse y en las que todos coinciden. Tenemos potencial y contamos con medios para ir tomando decisiones que nos dirijan por el camino adecuado.

¿Será el 2016? Es posible. Cuando menos deseable.

Lo que sí parece bastante claro es que la transformación de nuestro sector hacia la adaptación a los nuevos mercados, consumidores y hábitos de consumo es un camino sin retorno, y solo la voluntad de recorrerlo de manera individual o colectiva será la que marque la diferencia en lo que tardemos en transitarlo.

Feliz 2016.

Todo parece indicar que las exportaciones españolas vitivinícolas se encaraman hacia un nuevo récord histórico en este año que toca a su fin. Los tres mil millones se antojan una cifra alcanzable. Tres mil millones de euros, por tres mil millones de litros. Cantidad nada despreciable para un sector que apenas alcanza los mil millones de litros en su consumo interno.

No obstante hay que ser prudente con estas estimaciones, ya que el comportamiento en estos dos últimos meses (los datos más actualizados están referidos a septiembre) no ha sido tan bueno como cabía esperar. Mayores producciones (+13%) en Italia, el tercer país más importante por volumen; y una cosecha más o menos similar en Francia, el país al que más vino vendemos, son un serio inconveniente para que se cumpla este alentador vaticinio. Como así lo están poniendo de manifiesto las escasas operaciones comerciales, muy por debajo de las cerradas en las últimas campañas, a tenor de lo manifestado por los operadores. Situación que está conteniendo unas cotizaciones que la producción califica de insuficientes para cubrir los costes de elaboración y los compradores de poco atractivas para abordar los mercados internacionales de granel.

Lo que nos llevaría de nuevo a la repetida conclusión de que tenemos que ser capaces de ir dotando de valor a nuestros vinos si queremos disfrutar de un mercado más estable, además de rentable.

Los últimos datos de producción hechos públicos por la Dirección General Agri y que están fechados el pasado día 9 de diciembre elevan la producción de la Unión Europea un 2,9% hasta cifrarla en 171,1 millones de hectolitros. Lo que no parece que fuera mucho incremento, si no fuera porque se da la circunstancia de que los dos principales países productores (Italia 50,34 y Francia 47,7 Mhl) son al mismo tiempo, nuestros principales clientes.

Pero no debemos preocuparnos en exceso. El consumo interno en España está dando claras muestras de recuperación. Las ventas navideñas presentan incrementos cercanos al ocho por ciento en la mayoría de productos, y aunque no disponemos de cifras referidas a la venta de vinos y cavas, todo parece indicar que no será muy diferente de los manejados por los fabricantes de turrones y polvorones, jugueteros o asociaciones de comerciantes y gran distribución. Beberemos más vino, mejoraremos su imagen y recuperaremos la presencia en las mesas y celebraciones en estos días.

El sector, por su parte, ha tomado consciencia de la necesidad de apostar seriamente por el mercado interior, acercándose a los consumidores y haciéndoles partícipes de los grandes cambios entre estos vinos y los de hace unas décadas. Presentaciones, tipologías, envases y etiquetas, incluso tamaños y cierres; ponen de manifiesto que el vino de nuestros padres tiene muy poco en común con el que beben, o por el que se interesan nuestros hijos.

Lamentablemente, todavía nos queda mucho por hacer. No acabamos de encontrar la forma de llegar hasta ellos y nos resistimos a adaptarnos a sus exigencias. Pero tenemos lo más importante: su interés, su curiosidad, su predisposición a escuchar…

Afrontamos un nuevo año 2016 lleno de cambios y proyectos encaminados a adaptarnos mejor a una sociedad del siglo XXI que nos exige más y a menor precio. La profesionalidad se va apoderando de nuestro sector a pasos agigantados, las subvenciones van dejando paso a la eficiencia y competitividad y los políticos, ¡ay los políticos!, estos y los que vengan tomando consciencia de que su trabajo está en facilitar la labor de las empresas, no en convertirse en ellas, ni en ponerles obstáculos para que se desarrollen y creen empleo.

¿Se les ocurre mejor deseo para el nuevo año?

Feliz 2016

La lógica parece indicar que cualquier solución que quiera adoptarse a la hora de abordar el problema de excedentes que presenta el sector vitivinícola español debe ser analizada con la mirada puesta en Castilla-La Mancha. La alta concentración de superficie, de casi el cuarenta y siete por ciento del total del viñedo plantado, o el más del cincuenta y cinco por ciento que supone su producción; así lo hacen presumir.

Los precios a los que son pagados sus uvas, mostos y vinos, tampoco es que parezcan quitarle la razón a aquellos que ante cualquier análisis señalan a la región castellanomanchega como la “responsable de todos sus males”.

Claro que si consideramos que la profesionalización del sector es la mejor vía para hacer un sector competitivo y acoplado al mercado; y que esta llegada de profesionales lleva aparejada la existencia de un capital económico que sea gestionado con el principal objetivo de maximizar los beneficios, podría hacernos cambiar la perspectiva del problema y llegar a cuestionarnos algunas premisas bajo las que parecen pivotar la mayoría de los análisis que sobre el futuro del sector vitivinícola se elaboran.

No es discutible que ante la pregunta de qué queremos, la respuesta sea unánime: vender más y mejor. Y solo cuando entramos a definir qué, cómo, dónde y a quién, nacen las discrepancias. Complicando sobremanera la posibilidad de ponernos de acuerdo en la elaboración de un Plan Estratégico que nos conduzca hasta tan anhelado objetivo.

Vender más y mejor es hacerlo envasado y con indicación geográfica protegida, nos indican profesionales de reputado prestigio. Y es verdad, pero eso no significa que todo deba ser elaborado y vendido así, y que una buena parte de nuestra producción no podamos seguir vendiéndola a granel y sin I.G.P.

En precios unitarios, son los vinos con D.O.P. y envasados los que más caros vendemos, y los graneles de mesa (permítanme utilizar esta nomenclatura aunque ya no esté en uso) los más baratos. Pero ¿están seguros de que son las bodegas que más ganan las que venden los primeros vinos y las que venden el segundo tipo de vino las que más pierden?

Pretender tener un modelo único es algo más propio de economías dirigidas y países con un bajo nivel de libertad. Definir oportunidades y profundizar en el conocimiento de nuestro potencial productivo y los mercados parecen herramientas más acordes a la sociedad actual.

Valorizar el vino es fundamental, sea cual sea y lo vendamos en el formato en el que lo vendamos. Pero eso pasa por hacerlo nosotros mismos. Por conseguir que la población española lo considere un producto de calidad y por el que esté dispuesto a pagar un mayor precio. Somos el país del mundo en el que más barato se vende el vino, y en cambio somos de los que presentamos un consumo per cápita más reducido. Luego nuestro problema podría no estar tanto en el precio y sí mucho más en la educación y conocimiento de la población. Invertir en formación, educar en un consumo responsable, pueden ser dos de los ejes sobre los que deban desarrollarse nuestras estrategias de desarrollo.

En las siguientes páginas podrán encontrar gran detalle datos de superficie, producción, consumo, y exportaciones. Y todos ellos, analizados con algo más de miras que las de querer hacer grandes brindis al sol, vienen a demostrar que el sector vitivinícola español tiene un gran potencial, como así lo demuestran las grandes inversiones que importantes grupos financieros están haciendo. Que tenemos una deuda histórica con nuestros jóvenes a la hora de formarlos como enófilos. O que son precisamente las bodegas de las zonas más “deprimidas” las que más aumentan sus beneficios, donde más crece la superficie o más mejoran sus rendimientos.

La velocidad con la que aprovechemos estas oportunidades dependerá de nuestra capacidad de trabajar juntos.

Si no fuese porque es un tema demasiado serio como para poder pensar que se trata de una tomadura de pelo, diría que lo que está sucediendo con el nuevo sistema de declaraciones obligatorias mensuales que debe poner en marcha la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es totalmente incomprensible e inadmisible.

Que algunas Comunidades Autónomas no hayan volcado todavía los datos de los operadores en el REOVI es una flagrante falta de autoridad del Ministerio, organismo que debiera velar por el cumplimiento de las normas y permitir que los operadores españoles, pertenezcan a la Comunidad que pertenezcan, se sientan iguales ante la Ley.

Parece lógico y natural que la puesta en marcha de un nuevo sistema de declaraciones presente complicaciones en su puesta en marcha: rodaje de la aplicación informática, dudas, cuestiones no contempladas, matices que concretar… ¡Pero que quienes están obligados a cumplir la Ley no lo hagan! Eso lo único que demuestra es la ausencia de autoridad.

No es un problema de que las declaraciones se vayan a realizar cuatro meses más tarde, hasta el 31 de diciembre, de lo que estaba previsto. Y que el sector, consecuencia de esto, deba operar un año más sin más información para fijar sus estrategias comerciales que las estimaciones realizadas por diferentes organismos y asociaciones más o menos cualificadas. Al fin y al cabo es como llevan haciéndolo toda la vida (deben pensar). El problema es que ese mismo principio de autoridad podría hacer plantearse el cumplimiento de otras cuestiones. Como la obligatoriedad de que cualquier entrega de uva en la pasada vendimia vaya acompañada de su correspondiente contrato en el que figure el precio y compromiso de pago a los treinta días.

Afortunadamente el sector es bastante más serio que sus responsables políticos, y aunque no disponemos de datos concretos, parece que solo una pequeña parte de los viticultores, no más de un diez o quince por ciento, entregaron las uvas sin contrato escrito. Lo que hace presumir que tampoco haya sido mucha la incidencia que pudiera haberse producido en el pago de los mismos. Cuestión ante la que las bodegas se opusieron frontalmente y que, una vez cerrado el asunto con firmeza por el Magrama considerando la uva como un producto fresco perecedero, han cumplido sin rechistar.

Sabemos que el principal objetivo de cualquier empresa es maximizar el beneficio. O eso al menos era lo que nos explicaban en clase de Economía. También sabemos que la agricultura es una actividad cuyas reglas no siempre responden a criterios económicos, donde aspectos sociales, medioambientales y sentimentales permiten actividades que bajo aspectos estrictamente empresariales serían del todo impensables. Consecuencia de los cual se producen distorsiones en el mercado, que condicionan la evolución de su conjunto.

Así se explica que vendamos la uva por debajo de sus propios costes de producción, nuestros vinos como los más baratos del mundo y nuestras exportaciones vayan encaminadas a llenar las botellas de aquellos a quienes aspiramos a sustituir en los mercados internacionales.

Pero tampoco hay que perder de vista la evolución que el sector ha tenido en las últimas décadas, donde la tecnificación en los viñedos, en buena parte gracias a las ayudas europeas con los planes de reconversión y reestructuración, ha hecho posible el milagro de los panes y los peces. Es decir, perder un treinta por ciento de la superficie y aumentar la producción en unos porcentajes similares. Lástima que ese milagro no haya tenido su traslación a los precios, cuyos valores unitarios apenas han disfrutado de algún pequeño incremento, motivado por los vaivenes de las cosechas (por otra parte cada vez más homogéneas).

Producir más parece que ha sido la única opción que les quedaba a nuestros viticultores para mantener sus cultivos. ¿A base de qué? Pues sin duda, a costa de una actividad secundaria, que permite situaciones que un mercado no admitiría. O de incrementar los rendimientos de las parcelas hasta niveles inimaginables, con las consiguientes consecuencias agronómicas sobre el suelo y el fruto.

Es fácil señalar a las bodegas como las culpables de esta situación. Acusarlas de que abusan del “pobre” viticultor y señalarlas como las “sanguijuelas” de un sector que tiene basado su negocio en la producción y venta de mucho vino barato. Y es muy posible que así sea, y que la política de algunas bodegas debiera ser revisada y adecuada a una corresponsabilidad acorde a la demanda de una sociedad que busca mayores cuotas de cooperación y correlación. ¿Pero solo de ellas? ¿El viticultor que está dispuesto a vender el fruto de su trabajo a semejantes precios no tiene ninguna responsabilidad?

No hay duda de que la tecnificación en nuestras bodegas las ha situado en los niveles más altos, comprables con las avanzadas del mundo. Como tampoco de que España dispone de unas condiciones naturales idóneas para el cultivo de la viña. Pero nuestro sector sigue sin abordar el problema de la comunicación como un reto, como un objetivo al que dedicar sus inversiones, como un fin prioritario con el que posicionar y valorizar sus producciones.

Dentro de unos pocos meses, si todo sale como está previsto, la Organización Interprofesional del Vino Española (OIVE) comenzará a recaudar fondos, pondrá en marcha campañas destinadas a recuperar el consumo de vino en el mercado interno y a intentar llegar a los jóvenes. ¿Pero qué harán las bodegas? ¿Pagar los céntimos que les correspondan? Mal.

Si queremos cambiar algo en el sector necesitamos mucho más que campañas, necesitamos concienciación sobre lo que es el vino actualmente, lo que representa para nuestros consumidores y la forma en la que estamos llegando a ellos. Las acciones colectivas son imprescindibles. Pero no más que las de cada una de las bodegas y cooperativas por adecuarse a las nuevas circunstancias del mercado y demandas de los consumidores. Y si queremos tener alguna mínima posibilidad de éxito en esas políticas, subir el precio al que están pagándose las uvas debe ser prioritario.

Dado que la aportación a la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) es obligatoria para para cualquier operador, ya sea a granel o envasado, ya se trate de vino de esta campaña o de anteriores, ya tenga su origen en España o fuera de ella… parece bastante natural que deba existir una transparencia total y absoluta con el destino al que van a destinarse los fondos que logre a través de su extensión de norma. Cumpliendo con esta exigencia, el Magrama ha publicado en el BOE la Memoria Económica en la que se cuantifica unos ingresos previstos: entre 5,5 y 5,7 millones de euros y el destino.

El grueso de este importe, hasta el noventa por ciento, está previsto se destine a la promoción del consumo moderado de vino, haciendo realidad las palabras del secretario de Estado, Carlos Cabanas, quien, en su intervención en el reciente Congreso Internacional de la Monastrell, se declaraba “avergonzado” y “comprometido” con la recuperación del consumo de vino en España, especialmente en los jóvenes.

Hasta otro diez por ciento irá destinado al control, seguimiento, coordinación, puesta en marcha y propia gestión de la extensión de norma. Así como a la información y desarrollo de programas de investigación e innovación, así como la realización de estudios de mercado. Actualmente soportados, básicamente, por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), con la aportación de sus socios y donde la participación institucional del Magrama ha quedado reducida a pequeños convenios de colaboración simbólicos. Lo que impide que el conjunto del sector disponga de la valiosa información que genera.

Aunque de momento no es posible conocer con más detalle ni la finalidad de los fondos, de las acciones concretas que se van a desarrollar y entre las que se incluyen las de fomento entre los operadores de buenas prácticas de comunicación comercial; convendría que alguien nos explicara cómo y de qué forma serán publicados los datos de recaudación, convocatorias de proyectos, asignaciones, seguimiento, resultados, publicación, etc. Porque, imagino, que si es el “sector” el que sufraga la extensión de norma, serán “todos” los integrantes del sector los que puedan beneficiarse de los resultados obtenidos, que van mucho más allá de campañas publicitarias o acciones comerciales.