Si hay alguien que piense que los 198,08 millones de litros de vino que le llevamos enviando a Francia entre enero y abril, de los que 144,66 lo son sin D.O.P. y a granel. O los más de 643,92 con los que cerramos el 2017, con una clara mayoría de esa categoría de vinos sin D.O.P. y a granel (451,51), lo eran para ser embotellados en destino como vino español permitiendo que los consumidores identificaran claramente que se trata de vino envasado en Francia pero de origen español; o es que no conoce muy bien el funcionamiento de los mercados, o que su ingenuidad no tiene límite.
Como en el tema de los negocios la ingenuidad no existe y el buenismo acaba donde está en juego el primer céntimo. Los 0,42 €/litro del 2017 o los 0,59 de este primer cuatrimestre del 2018 no dejan mucho lugar a la duda sobre qué es lo que hacen con él y a qué lugares de venta van destinados principalmente.
Dicho esto, nada justifica que no se cumpla la ley. Y si la legislación europea obliga a que el vino envasado como “Vino de …” se trate de vino producido y envasado en ese país, y para aquellos vinos mezclados con los importados exista la leyenda de “Vino de la Comunidad Europea”; cualquier actividad que no cumpla con estas obligaciones es un fraude y un delito que debe perseguirse.
Y así lo han reclamado los sindicatos franceses que ven en nuestros vinos una preocupante amenaza, especialmente para aquellos productos de entrada de gama. Pero también las autoridades francesas que llevan realizando severos controles contra el “afrancesamiento” de los vinos importados, así como las españolas para las que supone una competencia desleal a nuestras bodegas que se ven gravemente perjudicadas en sus posibilidades de hacerse con un mercado para los que cuentan con el producto indicado.
Así pues, que nadie se engañe, pues todo lo sucedido con la comercialización de vinos rosados españoles como franceses no es más que el fraude de una bodega gala a la que habrá que sancionar con todo el peso de la Ley. Y que nuestros vinos, con estas prácticas, no son otra cosa que uno más, junto con los consumidores y distribuidores, de los engañados y perjudicados.