Más pronto que tarde deberemos abordar el tema de la ordenación del sector de una forma seria, responsable y siendo conscientes de la importancia que ello representa para el futuro de nuestros viticultores y bodegueros. Mantener precios que no permiten obtener una renta digna, es inasumible por un sector que quiera tener una cierta proyección. Solo cuando la viticultura se desarrolla como actividad secundaria a la que se obtiene la renta vital es posible enfrentarnos a esta situación, pero ni es factible desarrollar un sector basándonos en esta estructura productiva, ni imaginable que el relevo generacional no lleve parejo una profesionalización del sector que acabe con estas aberraciones comerciales.

Para cuando esta situación se haya dado la vuelta, será imposible mantener los actuales precios de las uvas en una parte muy importante de nuestra producción, los vinos deberán ser exportados a precios muy encima de lo que lo estamos haciendo, viéndose mermada de manera muy importante nuestra competitividad, y la producción tendrá que ser ajustada de manera imperativa.

Esta reconversión industrial, para la que hemos gastado insultantes cantidades de fondos en la reestructuración y reconversión de nuestro viñedo, inversiones en bodegas y desarrollo de mercados; expulsará del mercado a la gente que no haya sido capaz de ajustarse y cuando esto llegue las protestas de las organizaciones agrarias clamarán por la intervención de las administraciones que hagan menos dolorosa la situación.

Y yo me pregunto: ¿y si este proceso ya estuviéramos viviéndolo?

Sin querer hacer comparaciones, siempre odiosas y poco acertadas, hace unos años cuando hablábamos de los peligros del cambio climático y sus posibles efectos sobre la agricultura concluíamos que la viticultura encontraría la forma de adaptarse a estos cambios y amoldarse a los nuevos episodios de calor y ausencia de agua. Pero olvidábamos, o pasábamos por alto, que estos efectos no son inmediatos, y que vendrían acompañados de alteraciones en los periodos de lluvias y ciclos de temperaturas.

Este año hemos vuelto a las fechas en las que “tradicionalmente” tenían lugar las vendimias. Lo que en un principio no debería sorprendernos, pero las características del fruto no están resultando las mismas con las que vendimiábamos en aquellos años. Haciéndonos recordar aquellos vaticinios que auguraban episodios de sequía más largos y lluvias torrenciales, llevándonos a situaciones cada vez más extremas.

La verdad es que me declaro totalmente incapacitado para ni siquiera imaginar a lo que nos estamos enfrentando y si se trata de episodios aislados o es algo más transcendente y son las consecuencias de un cambio al que deberemos acostumbrarnos haciéndole frente.

Pero de una manera muy similar, me pregunto si no deberíamos utilizar esta alerta del clima e ir un poco más deprisa en este otro tema de la ordenación del sector.

Esta campaña tiene pinta de que va a ser muy complicada. Los incrementos en la producción se sitúan en porcentajes muy superiores a los que se han pactado de bajada en las cotizaciones de las uvas. Los mostos están reflejando esta disonancia y están cerrándose operaciones con importantes caídas en sus precios, no sabiéndose muy bien dónde se encuentra el suelo de las mismas. Y, de la misma manera que los vinos exportados de bajo precio a granel fueron los que más beneficiados salieron de una situación internacional de baja cosecha, es previsible que en esta campaña sean los que peor parte se lleven, devolviéndonos a cotizaciones que creíamos superadas.

Quizá, lo sucedido con las lluvias torrenciales de esta semana en Mallorca, Cataluña o la Costa del Sol no sean más que episodios extraordinarios. Quizá la cosecha y la caída de los precios, también lo sea. Pero igual deberíamos plantearnos qué hacer.

El mercado es libre y sus operadores, desde el viticultor hasta el distribuidor, pasando por la bodega, tienen derecho a actuar de la mejor manera que consideren para defender sus intereses. Esa al menos es la teoría que todos exigimos. Aunque llegado el momento de ser la parte que sufre las consecuencias ya no estemos tan de acuerdo con esta libertad y lleguemos a exigir cierto grado de intervencionismo.

De esta manera, cada parte busca lo mejor para ella, alcanzando un punto de equilibrio en el que los intereses del conjunto pueden operar. Esa es la teoría del libre mercado y la forma en la se desarrollan económicamente las sociedades capitalistas.

Lo que provoca que no siempre valor y precio coincidan, generando distorsiones en su sintonía, que pueden llegar a resultar chirriantes e incluso inasumibles, poniendo en peligro la propia supervivencia de aquellas empresas que no alcanzan el nivel de competencia exigido.

En el sector vitivinícola sabemos bastante de esto. Nuestros viticultores se quejan de que los precios a los que son adquiridas sus uvas no permiten obtener una renta digna. Las bodegas, de que los precios a los que pueden vender sus elaborados no les dejan margen para incrementar sus costes de elaboración. Y los distribuidores, de que el consumidor no está dispuesto a pagar un mayor precio por unos productos que tiene catalogados como de “calidad muy aceptable y bajo precio”.

La forma de romper este círculo vicioso, yo la desconozco. A pesar de lo cual, y si me lo permiten, lo que sí creo es saber la forma en la que no se soluciona. Y es bajando y bajando los precios.

Muy posiblemente, como nos dicen los que “de verdad saben de esto”, necesitemos más bodegas que vendan vinos caros, más vinos de alto precio y mayores separaciones de productos, generando barreras muy claras y marcadas entre lo que serían las diferentes categorías de vinos. Contamos con ayudas para hacerlo, e incluso con bodegas que están empeñadas en llevarlo a cabo; hasta con administraciones involucradas que se suman a la idea de “ordenar por ley el sector”. Pero nada de todo esto es ni eficaz en el corto plazo, ni fácil. Requiere de una conciencia colectiva, de un plan estratégico y de unos actores líderes. Pero lo más importante, y lo que no parece que tengamos tanto, es consciencia de que si quiero que algo cambie, no puedo seguir haciendo lo mismo.

Campañas como la que iniciábamos el pasado uno de agosto con grandes ilusiones por la recuperación de la cosecha, tras años nefastos, pudieran ser un buen momento para hacerlo. O para agravar más la situación.

¿Qué queremos que sea? Y lo que todavía es mucho más importante, ¿qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo?

Exigimos y reclamamos que el mercado sea libre, que la libre circulación de mercancías sea una realidad y que la libertad de competencia impere. Todo en aras de disfrutar de mejores condiciones sobre las que desarrollar nuestra actividad económica, con la esperanza de que el mercado reconozca la calidad y sea recompensada en su valor.

Y un buen ejemplo de que esta política comercial funciona podría ser lo sucedido con Canadá, país norteamericano con el que la Unión Europea, firmó hace un año, un Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), conocido coloquialmente por sus siglas inglesas (CETA) y cuyos primeros resultados no pueden ser más esperanzadores. Nuestras exportaciones crecieron un 17,4% en volumen, alcanzado los treinta y siete millones de litros; y su valor lo hizo por encima del once por ciento superando los cien millones de euros.

La misma libertad y competencia que exigen las bodegas a la hora de fijar los precios a los que firman sus contratos con los viticultores para la compra de sus uvas y que es cuestionada por las organizaciones agrarias ante la gran similitud que existe entre las publicadas por los más importantes operadores. Pero que, al mismo tiempo, es esgrimida por estos sindicatos agrarios, para reclamar el cumplimiento de la normativa para la mejora de la cadena alimentaria que les obliga a conocer, antes de entregar su cosecha, el precio y vencimiento al que será pagada.

Exigencias que se han tornado en denuncias por parte de las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha y Extremadura ante el organismo competente (la Agencia de la Información y Control Alimentario) por la supuesta ausencia del contrato. Llevando al citado organismo a anunciar la puesta en marcha de su programa anual de control e inspecciones.

Un sector que después del de frutas y hortalizas (1.321) y lácteo (712) ha sido el más inspeccionado (699) en lo que tiene de vida (desde enero 2014) el organismo; con veintiuna denuncias, de las que dos estaban relacionadas con la prohibición de “venta a pérdidas”; frente el centenar que acumula el lácteo, cuarenta y nueve de frutas y hortalizas y treinta y una de aceite y aceituna de mesa. El incumplimiento de los plazos de pago, la ausencia de contratos, no cumplir con el contenido mínimo, no contestar a los requerimientos, y las modificaciones unilaterales de los contratos son los motivos por los que se han incoado la mayor parte de los expedientes sancionadores. Recayendo la mitad de ellos en la distribución y el 43% en la industria alimentaria.

Datos de los que podría concluirse que está lejos de poder ser considerado un sector que incumple con sus obligaciones y al que hubiese que vigilar de cerca en aras de un mayor respeto por las normas existentes.

Lo que para nada quiere decir que haya que relajar su vigilancia y control sobre los contratos y su cumplimiento. Precios bajos y mercados excesivamente condicionados por las cotizaciones hacen que los contratos con los suministradores de la materia prima resulten especialmente sensibles a engaños motivados por posiciones dominantes que imponen condiciones de entrega contrarias a la ley. Perseguir estas prácticas, a quienes pudieran realizarlas y sancionar ejemplarmente es un acto de justicia. Tanto como no extender la creencia y propagar el bulo de que es una práctica habitual entre sus operadores. Ya que lejos de traernos efectos beneficiosos, su difusión solo hace que cuestionar nuestra honradez y seriedad en el trabajo. Además de ser mentira, como así lo demuestran los datos hechos públicos por la AICA desde su constitución.

A la hora de redactar estas líneas, mediodía del miércoles, solo podemos decir que las votaciones para Director General de la OIV siguen como si nada hubiese pasado desde el mes de julio en el que tuvieron lugar, y debieron ser aplazadas ante el bloqueo existente. En el que el candidato español, Pau Roca, alcanzaba mayoría sobresaliente tanto en el número de votos 84,1 como de países 25, pero insuficiente para alcanzar la requerida de 92,1 y 24 respectivamente.

Como ya hemos denunciado en alguna ocasión, no se trata de un tema estrictamente personal, sobre cuál es el candidato, ni tan siquiera el país al que representa. Es un tema que va mucho más allá de estas cuestiones, un asunto que está poniendo en cuestión la primacía de los países tradicionalmente productores ante el modelo impuesto en los del Nuevo Mundo.

Y como sea cual sea el que acabe siendo el resultado, la vida seguirá y deberemos enfrentarnos a una nueva campaña, con una nueva cosecha y unos nuevos precios. Casi mejor va a ser dejar este asunto para cuando esté resuelto y ocuparnos de cuestiones mucho más cercanas a nuestras preocupaciones más inmediatas. Aunque estas puedan resultar mucho menos transcendentales para el sector, pero que nos preocupan mucho más en estos momentos.

De todo lo que ha sucedido esta semana con la publicación de las tablillas por parte de las principales bodegas manchegas, así como de los contratos transcendidos entre viticultores y bodegueros de otras zonas de España es muy posible que la primera conclusión que podamos sacar es que tampoco en este tema el tiempo transcurrido en la pasada campaña haya servido de mucho. La recuperación estimada de la cosecha a nivel europeo, no ha hecho sino devolvernos a cotizaciones en las uvas similares a las de la campaña 2016, y las de los mostos y vinos, tienen pinta de seguir el mismo camino.

Todas aquellas esperanzas de aprovechar las circunstancias de la pasada campaña para abrirnos un hueco en el mercado y aproximar el precio de nuestro elaborados a su valor, se han visto frustradas. Al menos en el corto plazo, pues yo creo que en fondo sí ha servido de algo y ha sido una buena base para seguir trabajando en ello. Aunque sea con la esperanza de verlo reflejado en las cotizaciones y tipología de vinos en un futuro a medio y largo plazo.

Con las vendimias como una realidad palpable ya en muchas regiones españolas, adquieren especial relevancias todos los asuntos relacionados con la “colocación” de la producción.

Somos el primer país del mundo por extensión de viñedo de uva de vinificación, hecho que nos conduce de manera irremediable a escalar posiciones en la producción de vino, mostos y derivados. Y nuestros datos de consumo mejoran tan lentamente y en unas circunstancias tan hostiles que la simple imaginación de alcanzar incrementos sustanciales resulta totalmente utópica.

Y aunque las exportaciones nos han ido solucionando el problema de los saldos generados entre producciones y utilizaciones, todo parece indicar que estamos cerca de nuestro techo en el exterior y que cada año será más complicado mantener los volúmenes exportados si queremos aumentar el valor.

¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución?

Sabemos que no existe una respuesta fácil a ninguna de estas dos preguntas y que cada bodega busca la forma de hacerlo que mejor se adapte a sus posibilidades y circunstancias. Pero esto no es suficiente para el conjunto del sector. Adoptar pues, medidas de índole regulador que permitan ordenar la producción en aras de una mejor competitividad se presenta cada vez más como una opción a tener en cuenta.

Castilla-La Mancha es consciente de que concentrando la mitad de toda la producción y viñedo de España es el “problema” del sector, pero que también puede ser la “solución” y en ello llevan trabajando sus administraciones. Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en su Plan Estratégico del Vino, actualmente en periodo de alegaciones y en el que se contemplan diferentes medidas reguladoras, todas ellas encaminadas a mejorar el valor medio de la producción y la rentabilidad de todas las partes que la hacen posible: viticultores, bodegueros/cooperativas y comercializadores. Para ello la reducción de los excedentes desviando parte de la producción hacia otros productos que no sean estrictamente vino resulta una medida a tener en consideración seriamente.

Iniciamos el mes de septiembre y la atención del sector vitivinícola debe ir dirigida, obligatoriamente, hacia las vendimias. Asunto capital del que dependerá no solo la evolución de sus cotizaciones, tanto las referidas a las uvas, como mostos y vinos; sino la misma política empresarial que deberán desarrollar sus operadores de cara a establecer la estrategia de sus operaciones comerciales.

Y aunque ya llevamos, todos, muchas vendimias encima como para saber que cualquier previsión de la evolución del mercado no es más que ejercicios de imaginación, cuyo grado está mucho más cercano a los de los juegos de azar que la ciencia, nada de ello nos anima a no seguir haciéndolas y, jugando a las adivinanzas, intentar adelantarnos a lo que va a suceder.

Sabemos con un alto grado de certeza que el volumen de la cosecha va a ser muy superior a la anterior, prácticamente garantizado un veinte por ciento. Casi con la misma seguridad podríamos afirmar que los precios “sufrirán”, aunque en este sentido no podamos ser mucho más concretos, de momento, dado que no se han fijado prácticamente en ninguna bodega. E incluso podemos imaginar que la comercialización va a resultar mucho más complicada de lo que lo ha sido el pasado año como consecuencia de nuestra mayor oferta y la recuperación en las producciones de nuestros principales clientes: Francia e Italia.

Hasta la estabilidad que han demostrado las cotizaciones en origen de las escasas existencias podría resultarnos una pista válida para adivinar la horquilla posible sobre la que oscilarán las primeras partidas de mosto que se cierren. Pero todo esto no serían más especulaciones, que mejor dejar para la imaginación de cada uno.

Lo que sí sabemos es que nuestra producción está muy lejos de su potencial real. La fuerte reestructuración de nuestro viñedo hacia rendimientos que en muchos casos llegan a doblar los que tenían las parcelas que ocupan y la necesidad de obtener una rentabilidad que no somos capaces de alcanzar con los precios, nos obligan a plantearnos un escenario que va mucho más allá de los cuarenta y tres millones de hectolitros que estuviésemos manejando para este año.

Las grandes dificultades a las que nos enfrentamos de cara a la recuperación del consumo o la incorporación de nuevos consumidores, a pesar de los notables esfuerzos que se están realizando, dado lo complicado del asunto y lo lento que resulta obtener el resultado de esos esfuerzos; junto con la reducida capacidad del sector en contar con los recursos que serían necesarios para emprender campañas o las discrepancias que están mostrando algunas bodegas en los mecanismos establecidos hasta ahora con los que recabar esos fondos con los que poder llevarlas a cabo; es otro problema añadido a tener muy en consideración a la hora de intentar calibrar las posibles consecuencias que vayan a tener sobre el mercado las cifras de producción.

Y aunque excepciones las habrá, como no puede ser de otra manera, al menos la calidad podríamos decir que no solo no está en duda, sino que todo apunta a que resultará de unos niveles muy por encima de lo que podríamos definir como mínimo exigible.

Luego, si la producción estará por debajo de nuestro potencial, la calidad lo estará por encima de lo exigible y los precios no experimentarán cambios sustanciales, ¿de qué preocuparnos?

De momento vamos a contestarnos que de nada. Vamos a asumir que todo va a ir sobre lo previsto y según se vayan desarrollando los acontecimientos actualizando nuestra estrategia comercial y negociando con las grandes cadenas de distribución los acuerdos que nos hagan posible la colocación de la producción a precios más cercanos a su valor.

Posiblemente sea consecuencia de las vacaciones, periodo en el que mi mente debe haber quedado más ociosa que de costumbre, pero releyendo el magnífico extraordinario de estadísticas que publicamos antes de emprender este tiempo de descanso, no consigo evitar ponerme de los nervios ante tal falta de sensibilidad por parte del Ministerio de Agricultura en el trato que le da a este asunto. No es, ni tan siquiera, una cuestión de que resulten más o menos exactas, o que aborden asuntos de cierto calado, es que sencillamente no las publican o las que lo hacen son incompletas.

El mejor ejemplo de esta falta de interés por dotar al sector de una información adecuada (y para ello debe de cumplir con dos condiciones que son básicas: veracidad y actualidad); son las estadísticas que hacen referencia al consumo de vino en España.

En campañas como a la que nos enfrentamos, donde las previsiones apuntan hacia volúmenes muy superiores a los del año pasado y vaticinan serios problemas en la exportación; conocer los datos de consumo en nuestro mercado interno supone una información vital. Si además esa información fuera capaz de concretarnos lo que corresponde a hogar, horeca, venta directa y on line; y permitiera conocer cuánto de ese volumen lo han adquirido los millones y millones de turistas que nos visitan, a los que, dicho sea de paso, da gusto verlos en las terrazas de nuestros pueblos y ciudades con una botella de vino en la mesa disfrutando de la gastronomía, o simplemente del sol; ya sería perfecto.

Pero qué va. No solo esa información no está disponible, sino que la que lo está es tan imprecisa como inútil. Atreverse a publicar que en España apenas consumimos 4,847 millones de hectolitros de los 35,467 de vino y mosto elaborados según los avances, o los 31,835 de las declaraciones a treinta y uno de marzo en su “informe del consumo de alimentación en España 2017” (asumiendo que es un dato totalmente inexacto que se justifica por una “cuestión metodológica” al no incluirse el consumo de los turistas), es una muestra palpable de la falta de sensibilidad que se tiene con el sector.

Casi la misma que demostraron con las negociaciones imprescindibles que requiere la elección de un español al frente de la Dirección General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

En fin, superado este primer calentón que, sin duda achaco al haber dispuesto de tantos días para poder darle vueltas, confío en que las cosas mejoren y algún día tengamos la oportunidad de conocer cuál ha sido el verdadero efecto de todos los esfuerzos que se están realizando por aumentar el consumo de vino en España.

Tal y como era de esperar, la inauguración de la campaña 2018/19 el pasado día 1 de agosto, ha llegado acompañada de un sinfín de valoraciones de cosecha y estimaciones de volúmenes posibles. Y aunque todas son muy interesantes y merecen ser tomadas en consideración, la primera premisa que hay que tener muy en cuenta a la hora de considerar el peso de la información es su procedencia. La gran importancia que estas cifras pueden tener en los precios que se marquen para las uvas o sus efectos sobre la mayor o menor fluidez en la contratación de mostos; hacen que en muchas ocasiones estén un tanto dirigidas. Siempre dentro de un orden y respetando la orientación de la estimación, pero llevada hasta uno u otro extremo de la horquilla, atendiendo a los intereses de cada uno.

Sabemos con total seguridad que, salvo catástrofe impredecible, nos enfrentamos a una cosecha que se presenta entre diez y veinte días más tarde de lo que lo hizo la anterior; aunque es previsible que en las próximas semanas ese plazo se vaya acortando. Que la sanidad del fruto y su calidad son buenos, a pesar de los numerosos episodios de enfermedades criptogámicas, especialmente mildiu, a los que han tenido que hacer frente los viticultores. Y que el volumen será considerablemente superior, con porcentajes prácticamente garantizados por encima del veinte por ciento con respecto a la del año anterior y, muy posiblemente, por encima de esos valores.

Apreciaciones que podríamos considerarlas como afirmaciones categóricas en la gran mayoría de las regiones vitivinícolas españolas. Aunque, si quisiéramos concretar un poco más, podríamos incluso añadir una pequeña observación y señalar como excepción a aquellas comarcas en las que el año pasado no tuvieron tantos problemas, caso especialmente significativo de Galicia, donde el incremento con respecto a la pasada cosecha no está tan claro. Para el resto, en mayor o menor medida, estas tres características podrían resultar aplicables.

También podríamos asegurar que el nominal de las tablillas con las que se elaborarán los contratos obligatorios, será inferior. Pero aquí sería más fácil que nos encontráramos con excepciones motivadas por las características de las partidas, o el propio acuerdo plurianual firmado por bodegas y viticultores. Así es que tendremos que limitarnos a señalar que, de momento, la aspiración más generalizada por todos es la de mantener la renta y asegurar lo poco que con tanto esfuerzo se ha ido consiguiendo en la valorización de la producción vitícola. Todo lo que sea ir más allá no es más que pura especulación que responde más a “globos sonda” destinados a medir el alcance de la posición, que a situaciones precisas.

Coyuntura que, con las modificaciones naturales de cada mercado y país, podríamos hacer extensivas a Francia, Italia o Portugal, y que devolverán la cosecha de la Unión Europea a los niveles de las cosechas anteriores a la 2017, con cifras claramente por encima de los ciento sesenta y cinco millones de hectolitros, aproximándonos a los 168,522 Mhl que es la cosecha media de los últimos cinco años, 2012/13-2016/17.

Sobre las consecuencias que estos volúmenes pudieran acabar teniendo en los mercados y nuestras exportaciones, visto lo visto este año en el que la reducción de cosecha vaticinaba precios mucho mayores de a los que han acabado vendiéndose nuestros vinos, y oportunidades de negocio que iban mucho más allá de lo que han crecido las exportaciones de graneles; lo mejor será no hacer ninguna previsión. Al menos hasta conocer cuáles son los rangos de precio a los que se abre la vendimia, tanto en uvas como en mostos, y poder tantear el verdadero pulso del sector bodeguero.

A diferencia de lo sucedido en campañas anteriores, donde el adelanto sobre las fechas “tradicionales” era la nota más generalizada en la vendimia. Este año parece que volvemos sobre nuestros pasos y recuperamos las fechas que habían venido siendo las habituales. Con una evolución que puede considerarse más que correcta en la inmensa mayoría de las regiones y en las que las estimaciones, hasta ahora formuladas, señalan un claro aumento de la producción.

¿Hasta dónde puede llegar este aumento? Esa es la gran pregunta sobre la que nadie se atreve (o quiere) pronunciarse. El potencial de producción, con la incorporación de las campañas reestructuradas, es incuestionable que ha crecido de manera importante. Los cincuenta millones de hectolitros son una cosecha que está ahí y que en una campaña u otra acabaremos alcanzando sin más excepcionalidad que la propia de la naturaleza. Ahora bien, si será esta en la que nos tengamos que enfrentar a superar la barrera de los cincuenta o tendremos que esperar algún otro año es una cuestión sobre la que, de momento, no podemos concretar.

Los constantes episodios de lluvias, así como las continuadas granizadas, tampoco parecen que vayan a acabar teniendo un efecto muy importante en la cosecha. Ya que la calidad del fruto es muy buena y las hectáreas afectadas por la piedra, reducidas.

Y bajo este panorama, las bodegas van cerrando por vacaciones unos días y preparando sus instalaciones para días frenéticos y previsiblemente cargados de tensión, por un tema que sigue siendo una de las más importantes asignaturas que viticultores y productores tiene por resolver. Y que no es otra que la de dotarle de una cierta continuidad a la política de precios que asegure la estabilidad exigida por el consumidor, las fluctuaciones muy estrechas que impone la distribución y la subsistencia que demandan los viticultores.

Una proyección que, en cierto modo, tiene mucho que ver con el peso de nuestro país en el ámbito internacional vitivinícola y del que hemos tenido ocasión de comprobar su escaso nivel en los días pasados con varios episodios de naturaleza bien distinta.

El primero y más noticiado podría ser lo sucedido con Francia y nuestro rosado, asunto ante el que hemos tenido que salir a defendernos ¡como si fuéramos nosotros los acusados!, cuando en realidad lo que somos es las víctimas, al utilizarnos (nuestro vino) para beneficiarse otros engañando al consumidor.

Pero en mi opinión no ha sido el episodio más importante. Pues aunque mediáticamente es mucho menos relevante y así ha sido tratado por la prensa, en general, pero también la especializada. Lo sucedido en la OIV merece un comentario aparte. Ya que si bien las cifras de superficie, producción e incluso contribución a este organismo internacional, evidencian que España es una gran potencia mundial vitivinícola, su peso en esta organización podríamos calificarlo históricamente de “mediocre”, pero actualmente de “inadmisible”.

Actualmente contamos con un solo representante, Vicente Sotés, como vicepresidente, a menos de un año de ser relevado. Y los nombramientos que se están produciendo de cara al próximo mandato amenazan con dejarnos fuera de su estructura. Lo sucedido en las elecciones que tuvieron lugar a principios de este mes para elegir el nuevo director general, con Pau Roca, nuestro representante, es algo que resulta totalmente inaceptable. Y que va mucho más allá de personas, suponiendo un claro menosprecio a nuestra nación como país relevante en el ámbito vitivinícola. Tenemos hasta el 19 de septiembre. Fecha en la que se intentará desbloquear la situación actual en la que ninguno de los dos candidatos (España y Nueva Zelanda) hayan alcanzado los 2/3 de votos necesarios. Confiemos en nuestros Ministerios sepan ver la importancia del asunto y trabajen en ello como merecemos.