El hecho de que las repercusiones que pueda llegar a tener el tema del coronavirus en nuestro sector, especialmente en su vertiente exportadora, estén a años luz de lo que vaya a significar este virus para la economía mundial, o los múltiples efectos que sobre la población y su salud pueda llegar a tener; no significa que no vayamos a padecerlas y que sus consecuencias resulten preocupantes e, incluso, alarmantes para el sector vitivinícola.

Es pronto para saber cuál será el impacto que la confinación de los italianos pueda llegar a tener sobre el comercio y las posibles alternativas que busquen los países receptores a los vinos procedentes del país transalpino. Pero también está por ver cuál será el efecto que en el consumo de un bien, que no es de primera necesidad, tenga este virus Covid-19.

Aun así, es fácil predecir que nada bueno.

La puesta en marcha de una “economía de guerra” en la que las bolsas de todo el mundo se desploman, ante las graves consecuencias que va a tener esta crisis, no puede resultar positivo para nadie. Como así lo corroboran los primeros datos del país donde se originó la enfermedad. Las exportaciones a China durante el año pasado fueron altamente negativas, y no ya tanto porque descendieran un cinco por ciento en el volumen, hasta llegar a 77,7 millones de litros y un 11,8% en valor, cifrándolas en 138 millones de euros; sino porque veníamos de un año, en el que la caída del valor había sido del 17,8%, pero la del volumen de un 46,8%, lo que nos situaban en un escenario que nos obligaba a presentar cifras positivas que marcaran una tendencia de recuperación.

Los motivos que explicarían esta ralentización de nuestras exportaciones al gigante asiático las podríamos encontrar en la falta de definición de nuestro vino en ese mercado, según apunta la Ofecomes de España en Shanghái y que concreta en insuficientes labores de promoción, que tienen como consecuencia el desconocimiento de nuestras regiones u otras cuestiones, mucho más difíciles de solucionar, como son los propios nombres de nuestras variedades y las grandes dificultades que tienen los consumidores chinos para pronunciarlas y recordarlas. Pero confiar en que vayan a quedarse ahí los efectos que sobre este y el resto de países del mundo vaya a tener el Covid-19 durante este año, se aleja mucho de lo que sería predecible. Por lo que no estaría de más ir trabajando sobre un escenario de excedentes y la definición de posibles medidas que nos ayuden a paliar sus efectos.

Con los datos de exportación de 2019 en la mano, ya podemos aseverar que no ha sido un buen año para nuestro comercio exterior en lo referente al sector vitivinícola. Perder un 8% del valor con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 2.690,64 M€ en el total de vinos, o un 8,8% si tenemos en cuenta mostos, vinagres y aromatizados, en cuyo caso el total del valor alcanza los 3.014,71 M€; es una pésima noticia, si tenemos en cuenta que nuestro volumen aumentaba un 6,5% y 6,2% respectivamente, hasta situar en 21,242 Mhl los vinos y 27,099 Mhl el total de productos vinícolas.

El porqué de lo sucedido es bastante fácil de imaginar, máxime cuando llevamos muchas campañas evidenciando que cualquier modificación en el volumen de exportación tiene una repercusión, muy similar, pero con signo contrario en el valor. Consecuencia de ello, una fuerte alteración en los precios unitarios que, con un descenso del 13,6% nos devuelve a valores muy parecidos a los del 2017, con un precio medio entonces de 1,24 €/litro frente al 1,27 de este año, o los 1,12 €/litro Vs. 1,11 para el conjunto de productos.

Con estas cifras, no parece muy arriesgado afirmar que nuestro vino, en términos generales, se comporta como una especie de commodity, fuertemente sujeto a los vaivenes de la producción y con un escaso valor añadido que le permita disfrutar de la necesaria estabilidad en los precios para generar verdadero valor añadido.

Cierto es que no todos los productos que componen nuestra cesta de exportación han tenido el mismo comportamiento en sus precios; y que, frente al descenso del 28,6% que han soportado los vinos a granel, tenemos apenas una caída del 3,6% en los envasados. Siendo los tintos con D.O.P. y envasados los únicos que presentan crecimiento (del 2,8%), con un precio unitario en 3,9 €/litro. Dándose la paradoja de ser el mayor precio al que vendemos y con un crecimiento constante en la última década. Luego, podemos concluir que no es el precio lo que justifica la alta variabilidad de nuestras exportaciones.

Otro buen ejemplo lo podríamos tener en los BiB, pues si, como decía anteriormente, los graneles presentan cifras de caída muy notables, si entramos en el detalle de esta categoría, mientras los vinos con indicación de variedad crecen, nada menos que un 36,4%, los que exportamos a granel sin mención de variedad, ni origen (los antiguamente conocidos como vinos de mesa) pierden el 32%.

Lo que no sería muy importante si no fuera porque es precisamente en este tipo de vino, de mesa, en el que concentramos el 54,72% del volumen, mientras que el BiB apenas representa el 1,67% y los vinos con D.O.P. envasados el 15,16%.

Con estos números, que tampoco es que difieran mucho de las de otros años, es relativamente sencillo concluir que debemos cambiar el mix de producto si queremos otorgarle el valor añadido necesario para disfrutar de mayor estabilidad y rentabilidad en todas las fases que componen la cadena de valor.

El problema lo tenemos en concretar: conocer cuál puede ser un objetivo real a corto y largo plazo y establecer una estrategia con medidas concretas con las que alcanzarlos. Lo que a nivel particular de cada una de las bodegas puede resultar complicado, pero no les quiero contar si a la complejidad innata de los mercados le añadimos la heterogeneidad del sector, con elaborados y condiciones de producción que no soportan la más mínima comparación.

Intentar seguir lo hecho por otros países puede resultar necesario para plantearnos qué queremos hacer, pero resulta totalmente insuficiente para saber lo que tenemos que hacer. Las condiciones de mercado, los consumidores, la distribución, momentos de consumo, logística… nada tienen que ver con los de hace una década, ya no les digo con los de hace dos o tres.

Pero, aun así, hay algo que resulta totalmente incuestionable, y es que no podemos permanecer quietos. Solo nosotros tenemos la solución y solo de nosotros depende su éxito.

Han tenido que salir a la calle agricultores y ganaderos con sus tractores y pancartas reclamando un trato justo para sus productos para que el Gobierno se haya puesto manos a la obra y adoptado una serie de medidas encaminadas a evitar la venta a pérdidas y garantizar la existencia y cumplimiento de los contratos.

La tan cacareada cadena de valor, con la formación teórica de los precios, desde el origen hasta el consumidor, se sabe, desde el primer momento de su puesta en marcha, que no era más que una falacia. Una aspiración con la que los diferentes gobiernos han querido justificar su inoperancia en el camino a la ruina de nuestros agricultores y ganaderos y el consecuente vaciado de nuestra España rural.

Ahora, “aseguran” que con esta reforma no se realizará venta alguna en origen que no vaya acompañada de su correspondiente contrato en el que, figure, entre otras, el precio al que es adquirido el producto por el comprador; cosa que, por otro lado, ya era obligatorio en nuestro sector. Y que este no podrá ser inferior a los costes propios de producción. Sin concretar muy bien cuál será la fórmula para fijar esos costes, ya que todos sabemos, y aquí sí que ya me estoy refiriendo solo al sector vitivinícola, que no son los mismos, ni en todas las regiones españolas, ni para todas las variedades, ni para todos los tamaños y grado de mecanización. Establecer un mínimo puede llegar a suponer un importante agravio comparativo entre diferentes explotaciones.

Preocupado y ocupado como está el sector por este asunto, ya en los principios fundacionales de la Interprofesional figuraba la obligación de realizar un estudio independiente que aportara cifras concretas que permitieran fijar ese umbral de rentabilidad. El estudio está hecho y presentado. En él se fijan diferentes precios en función de zona, sistema de cultivo y disponibilidad de agua para riego. Confiemos en que sea un primer paso al que sumar la nueva iniciativa legislativa en este tortuoso camino de la dignificación del campo. Pero, cuidado con las expectativas que nos formemos, porque una de las interprofesionales que “mejor” ha funcionado y más años viene existiendo es la del aceite de oliva; y han sido, precisamente, los olivicultores los que han protagonizado las principales protestas que nos han traído hasta aquí.

Ni es la primera vez, ni seguramente será la última, que los agricultores y ganaderos españoles toman la decisión de salir a la calle para mostrar su hartazgo por una situación de precios que califican de insostenible y ante la que exigen soluciones que van mucho más allá de ayudas y subvenciones. Dotar de contenido a la cadena de valor más allá de discursos bonitos con los que defender su supervivencia, pero carentes de contenido ante la evidencia del empobrecimiento de la parte más débil de la cadena, parece haber llegado a un punto de no retorno.

Aprovechar el momento político actual y valerse de la gran preocupación social que la actual coyuntura rural está teniendo sobre el abandono de muchos de nuestros pueblos entre la ciudadanía; hace que las posibilidades de que en esta ocasión consigan algo más concreto que vagas promesas y discursos grandilocuentes con los que acudir a los mítines pidiendo el voto se multipliquen, hasta poder rozar el sueño de hacerlo realidad, rompiendo la barrera de la demagogia.

Hace unas semanas, hacía referencia, precisamente en estas mismas páginas, a la necesidad imperiosa de que el sector vitivinícola alcanzara acuerdos con los que afrontar de manera conjunta y solidaria los grandes retos que el nuevo mercado exige y ante los que nuestra gran competitividad podría tornarlos en una enorme oportunidad. Pero, para conseguirlo, es necesaria una corresponsabilidad que, hasta ahora, apenas ha traspasado la barrera de lo teórico para acabar chocando con el muro de una realidad en la que cada una de las partes que integran esa cadena de valor con la que deben formarse los precios intenta conseguir sus metas a costa de las otras. La idea de que solo es posible crecer a costa de alguien y que solo cuando alguien pierde yo gano es una realidad ante la que nadie está en poder de señalar a los otros. Solo las circunstancias de cada momento hacen que sean unos u otros los que acaben imponiendo sus condiciones.

Ir de la mano es posible. Hacerlo sin señalar a un colectivo al que convertir en chivo expiatorio, cuya dilapidación pública solucione un problema estructural sectorial, básico. La unión nos hace fuertes. La sensibilidad entre los consumidores nos pone en una situación apropiada y la capacidad de nuestros dirigentes es sobrada. Ya solo falta que los intereses colectivos se impongan a los particulares y no permitamos que quienes son parte del problema no den un paso atrás y eviten erigirse como los grandes salvadores.

Para poder tomar alguna decisión sectorial que ponga fin a esta diabólica espiral es necesario conocer en profundidad los costes de producción de la uva, transformación, comercialización y distribución. Afortunadamente, entre los objetivos de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) figuraba precisamente la redacción de un estudio independiente que permitiera conocer los costes de producción de un kilo de uva. Por lo que sabemos, esto ya es mucho más que una intención, el estudio está hecho y en su planteamiento se han analizado diferentes sistemas de cultivo: secano en vaso, secano en espaldera, espaldera en riego…, así como diferentes zonas de producción.

Confiemos en que esta información podamos conocerla y poner fin, de una vez por todas (con cifras contrastadas), a las numerosas dudas que surgen cuando las organizaciones agrarias denuncian que están produciendo a pérdidas, pero la situación se repite año tras año sin que nadie le ponga remedio. Con este estudio sabremos a ciencia cierta cuál es el punto de partida desde el que debe comenzar a formarse la cadena de valor que arroje el precio de nuestros vinos. Lo que, por otro lado, tampoco garantiza nada en una economía de libre mercado, en la que cada uno es libre de vender o comprar al precio que acuerden libremente las partes; y siempre y cuando no se produzcan situaciones de dominio. Pero es un paso importante a partir del cual alcanzar esa fuerza necesaria.

Sabemos, porque así nos lo hacen saber las empresas que se dedican a estudiar los hábitos de los consumidores y sus criterios en la elección del producto, que las características técnicas han pasado a un segundo plano de importancia en la elección, en beneficio de aquellas relacionadas con las experiencias y emociones. Ya no es imprescindible saber de vino para comprar una botella y sí, en cambio, tener la certeza de que su degustación me va a proporcionar un momento emocionalmente satisfactorio o que quedará en mi recuerdo como un momento inolvidable.

Esto, que dicho así parece muy fácil y sencillo, ni ha estado exento de dificultades a la hora de elevarlo como conclusión, ni han sido pocos los estudios, colectivos y tipos de consumidores a los que ha sido necesario analizar. Como tampoco lo está siendo para las bodegas y organizaciones que las agrupan ser capaces de trasladarlo a hechos y mensajes concretos.

Pero no se han quedado aquí los cambios a los que las bodegas han tenido que amoldarse en los últimos años. La proliferación de canales de comunicación que poco o nada tienen que ver con los tradicionales, los lenguajes a utilizar, el peso de la imagen, incluso una cierta resistencia a admitir que me digan lo que debo hacer… Han hecho que la comunicación en el vino haya sufrido una transformación brutal, imponiéndose mensajes subliminales o recomendaciones de compra.

Encontrar elementos atractivos que transformen las amenazas en oportunidades se ha convertido en el objetivo prioritario de cualquier sector relacionado con el consumo de bienes y servicios. Y el vino no ha sido ajeno a esta circunstancia.

De entre los valores que más peso han adquirido entre los consumidores en sus decisiones de compra está la sensibilidad por las cuestiones relacionadas con el medioambiente y la salud. Dos valores en los que el sector vitivinícola lleva mucho tiempo invirtiendo, al considerarlos una parte intrínseca de su razón de ser, tanto por sus efectos ecológicos en el cultivo o fijación de la población rural, como por los posibles beneficios de un consumo moderado.

Y aquí es donde entra con fuerza la figura de lo que conocemos como Dieta Mediterránea, no tanto como concepto de una pauta nutricional, como en su acepción mucho más amplia y que está relacionada con un estilo de vida más equilibrado en el que se combinan recetas, formas de cocinar, productos, costumbres… incluso actividades diversas como el ejercicio.

Consciente de ello, el sector lleva años apoyándose en la Fundación que lleva su nombre para realizar actividades encaminadas a acercar al consumidor a esa realidad. La última: el Foro que, de la mano de la D.O.P. Cava organizó en el marco de la Barcelona Wine Week y en el que reunieron en dos mesas a lo más representativo del sector. Excelente iniciativa a la que hay que darle continuidad.

Uno de los mantras a los que el sector del vino se enfrenta constantemente es el de la “Cultura del Vino”. Parece (o eso al menos se nos hace pensar desde los organismos que desarrollan estudios al respecto) que, si alguna vez conseguimos recuperar una parte del consumo del vino que nos hemos dejado con las dos últimas generaciones, esto vendrá de la mano de un mayor conocimiento global del alimento. O dicho de una manera mucho más coloquial: de mano de la Cultura del Vino.

Su complejidad y las barreras de acceso a su consumo que presenta lo erigen como un producto de complicado acceso, regido por múltiples paradigmas y variables sujetos al estilo de vida y tendencias de consumo.

Lo que contrasta directamente con algunas de las cuestiones planteadas por el estudio “Global trends in wine”, publicado por la consultora Wine Intelligence y en el que se concluye que “los consumidores, muy probablemente, tienen una menor necesidad de retener información sobre el vino, a causa de una mayor accesibilidad de la información inmediata y a mano a través de los dispositivos inteligentes”. Induciendo a pensar que los consumidores “pueden ser más aventureros sin tanta investigación previa”.

Lo que no debería ser necesariamente negativo para nuestros intereses, sino fuera por la escasa inversión realizada por el sector en las nuevas tecnologías y que, según exponía el vicepresidente de Ogilvy España, Jordi Urbea, recientemente en la 2ª Conferencia Catalana de la Comunicación del Vino, nuestras bodegas tienen pendiente “sacarle todo el jugo posible al Big Data con el que poder hacer comunicaciones específicas dirigidas a cada usuario”. Provocando que la elección de los vinos procedentes de países tradicionales como el nuestro, pueda ser percibido de manera negativa por unos consumidores que ni entienden, ni a los que les interesa el pasado más allá de cuestiones muy concretas y solo las experiencias y emociones que aspiran a obtener con cada botella de vino les motivan.

También podría resultar contraproducente para nuestros elaborados el hecho de cómo es percibido el vino por parte de los jóvenes, ya que lo encuadran como una bebida propia de gente mayor, donde la tradición podría no ser siempre un valor positivo y que podría ser una explicación al porqué de la gran evolución, especialmente de las etiquetas, pero también en todo lo que tiene que ver con el packaging.

Claro que, si consideramos otro de los grandes dogmas bajo los que se ha desarrollado la comunicación del vino en estos últimos lustros y que no es otro que el de la sencillez en los mensajes bajo el slogan “me gusta o no me gusta” a la hora de valorar los conocimientos y prejuicios con los que debe enfrentarse un consumidor a la elección de un vino; que los consumidores sepan cada vez menos de vino debería satisfacernos si, como afirma el estudio aludido, en cambio, se interesan más por él.

La conclusión de todo esto parece bastante sencilla y sería algo así como preguntarnos qué queremos desde el sector vitivinícola español: ¿Qué los consumidores cada vez sepan más de nuestros vinos, regiones, denominaciones, marcas o bodegas; o que se beba más y se vendan mejor nuestros vinos?

Como todo en esta vida, no creo que la respuesta sea tan sencilla como a simple vista parece. Está claro que todos queremos vender más y mejor, pero tampoco podemos olvidar que, sin un argumento de elección en el producto escogido que vaya más allá del precio o la novedad, es muy difícil generar la fidelidad suficiente con la que construir la masa crítica necesaria con la que hacer sostenible un negocio.

Muy posiblemente la solución esté en la combinación de estas dos visiones: conocimiento e interés. Definir qué, cómo, cuándo, dónde y quién es lo más difícil, pero hacerlo de una forma solidaria, con un objetivo claro y una estrategia de la que participen y se beneficien todos los integrantes de la cadena de valor es una necesidad cada vez más acuciante.

Hablar de los mercados y sus cotizaciones, de su operatividad y las argucias empleadas por cada uno de los operadores en la defensa de sus intereses, está mucho más allá de mis atribuciones y completamente alejado de mis intenciones, que se limitan a informar de lo que sucede y, en todo caso, intentar explicar alguna de las razones que lo justifican. Así es que, lamentablemente, me debo declarar completamente incapacitado para valorar la denuncia que públicamente ha hecho la organización agraria Asaja CLM en la que critica “la especulación de operadores e industriales para bajar los precios del vino y mosto en la región”.

En ella, se acusa a los operadores de “bajar los precios generando incertidumbre y comprando vino a cuentagotas…” y denuncian que “no se corresponden los precios tan bajos que se están pagando ahora por el vino con los precios que los principales compradores de la región pagaron por la uva durante la vendimia”. Llegando incluso a acusar a las grandes industrias agroalimentarias de hundir el sector primario con sus prácticas de competencia desleal.

No encuentro en este comunicado ni una sola denuncia concreta, ni tan siquiera el anuncio de la apertura de ningún expediente por parte de la Agencia para la Información y Control Alimentarios (AICA) o Competencia al respecto. O acusación a las grandes cadenas de distribución sobre las políticas comerciales que les están imponiendo a sus proveedores. Tampoco reclamación alguna hacia el Ministerio por mostrarse más proactivo en la recuperación de una pequeña parte de la gran cantidad de consumo que hemos perdido con las dos últimas generaciones.

Sin la más mínima intención de enjuiciar lo que cada uno hace y las acciones que en la defensa de sus objetivos emprenda; no parece que acusar a los demás de lo que me está sucediendo sea la mejor forma de pretender solucionar problemas que, necesariamente, pasan por el acuerdo de las partes. Defender la rentabilidad de sus representados no sé por qué tiene que tener más importancia que la defensa de buscar el aumento de sus beneficios a la industria. Si acaso esa reclamación debería hacérsela a las Administraciones que son las únicas que tienen la obligación de defender los intereses de “todos” y, en aras de esa defensa, establecer políticas que lleven al desarrollo de leyes con las que hacerlo. Pretender que bajo el cumplimiento estricto de la legalidad los intereses de unos estén por encima de los otros es algo más propio de otro tipo de sociedades y regímenes.

Los cambios se suceden a una velocidad vertiginosa, el comercio se desarrolla bajo condiciones que poco o nada tienen que ver con las de hace apenas cinco o diez años, la sociedad busca en el consumo de vino cosas que están muy alejadas de sus características intrínsecas. Acusar al de enfrente de intentar hacerlo y señalarle como culpable de que yo no lo haga, no ayuda a buscar la única forma de superarlo que no es otra que hacerlo de manera conjunta.

En respuesta a las medidas adoptadas por la Administración norteamericana de aplicar un arancel adicional del 25% a vinos procedentes de España, Francia, Alemania y Reino Unido; el Comité de Gestión para la OCM de cuestiones horizontales ha aprobado dos propuestas legislativas destinadas a flexibilizar la medida de promoción del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), consistentes en aumentar del cincuenta al sesenta por ciento el porcentaje de financiación durante un año, así como posibilitar la opción de cambio de destino y ampliación a más de cinco años de estos programas.

Medidas que, sin duda, no compensarán el grave daño que están sufriendo muchas de nuestras bodegas, como así mismo lo reconoce el propio Ministerio que solicita a la Comisión un seguimiento detallado de los mercados a fin de que, si fuera necesario, ponga en marcha otros mecanismos. Pero, al menos, vendrán a paliar los graves efectos que según la encuesta realizada por la Federación Española del Vino (FEV) entre sus asociados, se han dado en la pérdida de facturación del mes de noviembre y que estiman pudieran llegar a representar entre un 35 y un 50 por ciento en seis meses.

Ya en un terreno mucho más doméstico, pero, sin duda, mucho más trascendental para la marcha de los mercados, está la publicación del Infovi correspondiente al mes de noviembre, cuya extracción corresponde a día 8 de enero y que cifra la producción de vino y mosto de la cosecha 2019-20 en 37.116.987 hectolitros, de los que 33,489 millones lo han sido de vino y 3,628 de mosto. Por color, la producción de tintos y rosados sigue siendo la más importante con 17,799 Mhl, mientras que la de blancos alcanza los 15,691Mhl. En cuanto a categoría, los amparados a alguna Denominación de Origen (D.O.P.) son 14,452 Mhl (8,766 de tintos y 5,686 blancos), con Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) 2,671 Mhl de tintos y 1,724 millones de blancos; varietales 6,332 millones, de los que 3,991 Mhl lo son de blancos y 2,341 Mhl de tintos y, por último, la producción de vinos sin indicación geográfica (antiguos vinos de mesa): 4,289 Mhl de blancos y 4,020 Mhl de tintos.

En el primer cuatrimestre (de 1 de agosto a 30 de noviembre) de la actual campaña 2019/20 salieron al mercado un total de 20,88 millones de hectolitros, de esa cifra, un 65,6% y casi 13,7 millones fueron a atender la demanda interior, y el 34,4% restante y casi 7,2 millones al mercado exterior.

Datos de los que se desprende que el consumo aparente con datos interanuales asciende a 10,992 Mhl, un 8,2% superior al del mismo período del año anterior y un 6,8% más si lo comparamos con los cuatro meses que llevamos de campaña 2019/20. Con lo que podríamos afirmar que el consumo de vino en España se recupera y el esfuerzo que está haciendo el sector está viéndose recompensado.

Por su parte, las salidas de vino hacia destilería en ese mismo mes fueron un 24,8% y 62.000 hl inferiores a las del año anterior, mientras que en el acumulado del cuatrimestre de la campaña actual se elevaron a 595.000 hl, estando en niveles similares que entonces y subiendo un ligero 2,4% y en 14.000 hectolitros de vino. En cambio, hacia vinagrería fueron unos 23.830 hl de vino, casi un 85% y 11.000 hl más que en ese mes de la campaña anterior, mientras que, entre agosto y noviembre, este destino acumuló 88.000 hectolitros, casi un 24% y 17.000 hl más que en el mismo periodo de 2018/19.

En comparativa, las ventas de vino al exterior habrían descendido en volumen un 9,75% y en 188.000 hl, mientras que en el primer cuatrimestre fueron 9,3% y 604.000 hl más elevadas en la actual campaña 2019/20 que en el mismo periodo de la campaña anterior (6,5 Mhl).

Concluir con el dato de las existencias de vino y mosto que sumaban a finales de noviembre un total de 62,67 Mhl. De este volumen, casi un 92,1% y 57,7 Mhl eran de vino y el 7,9% y casi 4,97 Mhl de mosto sin concentrar.

Acabamos de conocer un adelanto de los datos del Infovi correspondiente del mes de noviembre y en él tenemos una información completa de producciones, utilizaciones y existencias que detallaremos en los próximos días. Información toda ella de gran transcendencia para un sector que, con la asignatura pendiente de valorizar sus productos, debe lidiar con un consumo interno sobre el que existen pocos datos y muchos bulos, algunos de ellos a los que ya nos hemos referido en estas mismas páginas.

Aunque la información disponible no difiere nada de la de hace unos meses, diferentes organizaciones han mostrado su sensibilidad ante el asunto y han ido publicando notas o informaciones que han permitido concretar bastante bien, si no el consumo (porque informes concretos no se elaboran), sí al menos una horquilla bastante concreta con la que cifrarlo. El MAPA, en el avance de datos del Infovi, sitúa el consumo aparente en 11 millones de hectolitros al año, con un aumento del 8,2%.

El gran esfuerzo que está haciendo el sector, a través de su Interprofesional, por aumentar el consumo de vino en España está teniendo su efecto; muy posiblemente más lento de lo deseado, pero efecto, al fin y al cabo. Y contar con un dato, como el que proporcionan el Infovi y el MAPA, permite contrastarlo.

Ahora que ya contamos con un nuevo Ejecutivo, sería bueno que el Ministerio de Agricultura se pusiera manos al asunto y abordara el tema de los datos de consumo más allá del canal alimentación. Pero como esto mucho me temo que no va a suceder, al menos utilicemos la valiosa herramienta de información que supone el Infovi y trabajemos con esa cifra orientativa del vino consumido en España.

Aunque, si importante es el consumo interno, más lo es, el mercado exterior. Hablar de exportaciones supone casi hacerlo de la misma supervivencia de las bodegas, ya que a él se destinan nada menos que veintisiete millones de hectolitros, último dato disponible referido al mes de octubre.

Y dentro de este mercado mundial, adquiere especial relevancia Estados Unidos, no tanto por el volumen que representa (3,3%) de los litros; y sí mucho más por el valor donde alcanza el 10,8% del total gracias a un precio medio de 3,54 €/litro, solo superado por Suiza.

Conocer los efectos que la última vuelta de tuerca dada por su presidente, Donald Trump, tomando al vino español como rehén de una batalla comercial que nada tenía que ver con él y mucho con las ayudas recibidas por fabricantes de aviones, ha tenido para las bodegas españoles resulta de gran interés. Y así lo ha entendido la Federación Española del Vino (FEV), quien, gracias a la encuesta realizada entre sus asociados, puede afirmar que “todas las bodegas han manifestado pérdidas en su facturación del mes de noviembre de 2019 en comparación con el mismo mes del año anterior y coinciden en que, de mantenerse esta medida durante seis meses (hasta abril de 2020), sufrirían una pérdida en las ventas que podría oscilar entre un 35% y un 50%”.

Confiemos que la traslación de esta situación a los Ministerios implicados, Agricultura y Comercio, tenga sus efectos en el antiguo comisario de Agricultura y actualmente responsable de comercio, Phil Hogan.

El sector parece haberse tomando en serio el tema de equilibrar el mercado. Para ello, la Interprofesional del Vino, máximo representante del sector y responsable de establecer aquellas herramientas que considere apropiadas con las que hacerlo, presentaba en el mes de noviembre una “hoja de ruta” al Ministerio de Agricultura por la que adoptar medidas tendentes a la estabilidad y mejora de la calidad del vino mediante la regulación de la oferta. En ella se contemplaba la intensificación de los controles en la destilación de subproductos, el establecimiento de unos rendimientos máximos a partir de los cuales su utilización deberá ser obligatoriamente un destino distinto al vino (mostos, vinagres, alcoholes…) o la recuperación de los contratos de almacenamiento a largo plazo, por los que se retiraba voluntaria y temporalmente un volumen del mercado.

Este documento cuya entrada en vigor mediante un Real Decreto está prevista para el 1 de agosto de 2020, ha comenzado su tramitación con la elevación a consulta pública, cuyo plazo finaliza el próximo 31 de enero, de un RD que regule la norma de comercialización del vino sin I.G. Superado este primer escollo, la futura normativa limitaría los rendimientos por hectárea de uva sin Indicación de Calidad (vinos de mesa y varietales fundamentalmente) a 20.000 kilos para las variedades tintas y 25.000 para las blancas.

Para la medida de retirada temporal (contratos de almacenamiento a largo plazo), su activación deberá realizarse a más tardar el 31 de enero de la campaña mediante una resolución de la DG de Producciones y Mercados, en la que se determinará la fecha de puesta en marcha, duración, comunidades autónomas a las que afecta, así como el volumen en cada una de ellas. Para que las CC.AA., antes del 28 de febrero, establezcan el volumen afecto por productor en base a sus producciones históricas, así como un plan de controles que permita confirmar que se cumple la obligación establecida.

Para el caso de que el productor no esté dispuesto a realizar el almacenamiento indicado, estará obligado a destilarlo o enviarlo a vinagrería y justificar debidamente su retirada definitiva del mercado.

La aplicación de estas medidas tendrá lugar en aquellas campañas en las que las disponibilidades de uva y vino sean elevadas con relación a la demanda prevista según un estudio econométrico que analice la necesidad de esa campaña.

A tenor de la experiencia obtenida y la derogación por parte de la Unión Europea de este modelo de regulación del mercado en la actual Organización Común de Mercado del sector vitivinícola (OCM), es posible que muchos productores esgriman el criterio de libertad de mercado y producción para mostrarse contrarios a su aplicación. Pero esa misma experiencia nos ha demostrado que la aplicación nacional de los fondos mediante los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) no han hecho sino favorecer la pérdida de potencial vitícola, tanto en número de hectáreas como en la calidad de las mismas, habiéndose perdido muchas de las parcelas históricas con bajos rendimientos y de variedades minoritarias. Así como aumentar descontroladamente rendimientos que hicieran posible la sostenibilidad económica de una actividad agraria ruinosa ante los bajos precios pagados por sus producciones.

Claro que ni este Real Decreto, ni ningún otro solucionará los problemas del sector, básicamente centrados en el desequilibrio entre producción y demanda. Pero de alguna manera habrá que intentar cortar el círculo vicioso en el que parece haber entrado. La valentía mostrada por la Interprofesional (OIVE), exigiendo al Ministerio su aprobación es digna de ser resaltada. Confiemos en que la corresponsabilidad de sus bodegas y viticultores esté a la altura y podamos acabar el año que recién comenzamos con excelentes noticias de haber encontrado el rumbo para valorizar nuestros productos.