Realizar una estimación de cosecha nunca es fácil. Hacerlo en los primeros compases, cuando poquísimas zonas han comenzado, y lo han hecho con sus variedades minoritarias, lo hace todavía más complicado. Pero, podríamos decir que, junto con las tormentas típicas de verano, olas de calor o episodios de granizo; agentes todos posibles y probables, son condiciones sobre las que se puede comenzar a trabajar en la elaboración de una horquilla en la que situar los millones de hectolitros que elaborarán nuestras bodegas en la vendimia 2020. Cosa bien diferente es la repercusión que sobre la misma vaya a tener la medida de cosecha en verde aprobada por el Ministerio y cuya dotación de diez millones de euros debe servir para restar la producción de casi mil novecientas hectáreas. Circunstancia a la que nadie hace referencia específicamente y, por consiguiente, deberemos asumir que se encuentra ya descontada en la estimación publicada.

Una de las más esperadas, es la de las Cooperativas Agro-alimentarias de España, la cual hacía pública su primera estimación de cosecha el pasado jueves, cifrándola entre los 43 y los 44 millones de hectolitros. Castilla-La Mancha es la que mejores perspectivas presenta gracias a la ausencia de heladas y lluvias al inicio de la brotación con un incremento que podría superar el 25% respecto al año pasado; y las que peor lo han pasado: Cataluña y Extremadura, donde las altas temperaturas y enfermedades criptogámicas como mildiu y oídio pueden provocar una reducción muy marcada sobre lo cosechado en 2019.

Y es que la presencia de estos hongos está llevando a maltraer a nuestros viticultores, pues si, en la mayoría de los años pasan sin pena ni gloria, ya que los fungicidas presentan una buena eficacia para luchar contra ellos. Cada cierto tiempo, se convierten en un verdadero quebradero de cabeza, por su resistencia o los constantes episodios de lluvias, que arrastran los tratamientos anteriores. Lo que, a diferencia de la piedra, cuyo grado de incidencia en el conjunto de la cosecha es apenas relevante, acaba afectando a grandes extensiones de viñedo y su incidencia sobre el volumen de la cosecha y su calidad puede llegar a ser importante.

Circunstancia esta que ha llevado a la organización agraria Unión de Uniones, a solicitar a Agroseguro y Enesa la inclusión de este riego en los asegurables en toda España. Puesto que los viticultores de Galicia, Castilla y León, Cataluña y La Rioja, se ven fuertemente perjudicados en campañas como estas al no tener la posibilidad de asegurarlo.

Pero, como era de esperar, no solo la climatología y la lucha contra las enfermedades y patologías, a las que, a las anteriormente mencionadas, hay que añadir: polilla, o botrytis como más importantes, puede dar al traste con estas previsiones. En esta campaña, hay que añadir un nuevo agente que tiene forma de virus y está dispuesto a cambiarnos la vida y la forma de trabajar.

Como los protocolos que en todas la regiones y ayuntamientos se han impuesto para las condiciones de estancia y trabajo de los miles de temporeros que llegan a nuestro país para la vendimia. A las frecuentes revisiones de la inspección de trabajo, este año se les unirán las propias de las condiciones sanitarias y medidas adoptadas para evitar los focos de rebrote.

Se les exigirán análisis PCR, vigilarán las condiciones de habitabilidad, e incluso se les facilitarán albergues en algunas localidades. Se intentarán minimizar los riesgos de contagio conformando “cuadrillas burbujas” que estén compuestas por pocos miembros, estables y, a ser posible, de la misma unidad de convivencia

Pero todo esto va a tener un coste que, todavía hoy, está por ver quién lo va a soportar. Confiemos que, por el bien de todos, no sea el precio de la uva.

En otro momento, a estas alturas, estaríamos todos con una regla de cálculo en la mano intentando estimar cuál será el volumen de la próxima vendimia y preocupados por los precios que estuvieran comentándose como probables en las diferentes comarcas y para las diferentes variedades. Acusándose unos a otros de querer implantar sus condiciones y denunciando la imposibilidad de mantener una actividad que trabaja a pérdidas para que sus elaborados sean vendidos a los precios más bajos de cualquier otro país productor.

El dichoso Covid-19, también en esto, se ha mostrado dispuesto a cambiarnos la vida y, sin que ello suponga que los temas no sean importantes, o que no representen una asignatura pendiente a la que habrá que buscarle una salida, ya que nuestro futuro (al menos el de una buena parte de nuestro viñedo y bodegas) depende de ello; ha conseguido dejarlos a un lado.

Y no es esto lo más preocupante, o no me lo parece a mí. Sino el hecho de que el motivo por el que han perdido interés estos asuntos sea porque hay otro mucho más transcendental y que está referido a cómo vamos a ser capaces de superar las gravísimas consecuencias que está teniendo sobre nuestras vidas, nuestro tejido productivo, nuestro panorama laboral y hasta nuestros hábitos de consumo. Ya poco importa si la cosecha es de cuarenta, cuarenta y cinco o incluso cincuenta millones de hectolitros. O si las bodegas advierten sobre las graves dificultades que van a tener para poder recepcionar la uva de aquellos proveedores de los que habitualmente lo hacían. Incluso si los precios serán inferiores.

Todo ha pasado a un segundo plano, ante las perspectivas, cada vez más serias de que el consumo tenga muchas dificultades para recuperarse en el corto plazo. Con un gran número de bares, restaurantes y hoteles cerrados ante la imposibilidad de mantener abiertos sus negocios, debido a la ausencia de clientes o la limitación de la subsistencia de los que han optado por la heroicidad de abrir. La absoluta seguridad de enfrentarnos a una campaña perdida parece haberse impuesto tajantemente por los hechos consumados.

Qué duda cabe que el acuerdo adoptado para los fondos de reactivación, en la madrugada del martes por la Unión Europea es una excelente noticia, para todos. Sin ella, sencillamente, sería imposible hacer frente a los efectos que en nuestra economía ha dejado el coronavirus. Ciento cuarenta mil millones de euros, de los que setenta y dos lo sean en subsidios, que es el importe que le corresponde a España de este paquete, es mucho, mucho dinero. Y aunque solo sea por ponerlo en contexto, convendría recordar que la facturación de las bodegas es de 6.500 M€ y el conjunto del sector se estima en doce mil, un uno por ciento del PIB.

Así es que, no hay duda. Una excelente noticia de la que nos beneficiaremos todos. No solo porque nos permitirá disponer de recursos con los que apoyar la recuperación de la economía, sino porque supone un paso adelante de gran transcendencia de cara a la consolidación de la Unión Europea, que apuesta por una verdadera política unitaria al acudir a los mercados de deuda de manera conjunta.

Tampoco convendría olvidar que este acuerdo se encuentra incluido en el marco financiero de la Unión Europea 2021-27, que ha quedado establecido 1,824 billones de Euros de los que 750.000 M€ van destinados a los fondos de reactivación. Tema enquistado desde la salida efectiva de Reino Unido.

Pero como bien me gusta repetirles a mis hijos cuando se lamentan de las consecuencias que tienen algunas acciones o decisiones que toman: “en esta vida no hay nada gratis”.

Y la primera de todas ellas podríamos encontrarla en lo que afecta a la Política Agraria Común (PAC) que ha visto rebajar su presupuesto plurianual de 382.855 M€ a 343.950 (-10,16%). Siendo los fondos destinados al Desarrollo Rural (segundo pilar) los más perjudicados al perder un 11,75%, que se fijan en 85.350 frente los 96.712 M€ del periodo anterior 2014-20. Mientras que los que tienen por objeto sufragar los gastos del primer pilar (ayudas directas) pasan de 286.143 M€ a 258.600 M€ (-9’63%).

Cómo acabará afectando a los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) es una incógnita, aunque se antoja muy complicado pensar que no lo acaben siendo. Cuál o en qué medidas se producirá la rebaja es una incógnita sobre la que resulta imposible, de momento, hacer cualquier conjetura.

Sobre lo que no es muy difícil conjeturar es sobre la importancia que estos fondos tienen para nuestro sector. Y para ello bastaría con recordar que los recursos con los que se van a pagar las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los excedentes que presentan nuestras bodegas consecuencia del Covid-19, provienen exclusivamente de ellos. 91,6 M€ que, retraídos de otras medidas servirán para pagar la destilación de dos millones de hectolitros, el almacenamiento de otros 2,25 Mhl y la puesta en marcha, por primera vez en nuestra historia, de la medida de vendimia en verde.

Así es que, nos quedamos con la botella #siempremediollena, como reza el hashtag que ha diseñado la Interprofesional y ladearemos la opinión que merezca a cada uno, tanto la dotación como el prorrateo que ha sido necesario ante el volumen solicitado en las tres medidas: 3.158.698 hl para destilación y 4.848.821 en inmovilización o las 4.300 hectáreas que han solicitado eliminar su producción. Con ser preocupante su situación, la confianza que el sector tiene en una vuelta a la normalidad en el consumo relativamente rápida, parece ser bastante alta.

No se explicaría de otra manera que sea la medida destinada a la eliminación definitiva del vino, la que de las tres sea la que menor porcentaje se quedará fuera (36,68%), ya que en el almacenamiento se ha quedado fuera el 55,69% y en la vendimia en verde el 57,01%.

Cuando todavía estamos expectantes ante todas las noticias publicadas sobre la aplicación de medidas destinadas a limitar la movilidad de los ciudadanos con las que hacer frente a los rebrotes del Coivd-19 que se están produciendo en toda España, y que vienen a sumar un punto más de desasosiego en el ánimo de los operadores ante una recuperación que no acaba de producirse; la vendimia 2020 llama a la puerta con cierta insistencia, vaticinando volúmenes de cierta importancia y calidades que cubren sobradamente los parámetros mínimos exigibles.
Siendo de destacar los grandes esfuerzos, también económicos, que han tenido, y en muchos casos todavía siguen teniendo que hacer, nuestros viticultores para hacer frente al mildiu. Una enfermedad criptogámica fácilmente controlable y que en este año está resultando especialmente complicada, ante los constantes episodios de lluvia que vienen a limpiar la planta.
Lo que desde un punto de vista particular supone un grave perjuicio, ya que hará muy difícil que los precios a los que se paguen las uvas compensen los gastos ocasionados. Pero que, de cara a equilibrar la producción, no es que sea una mala noticia. Y es que, a la lentitud con la que se va retomando la actividad en el canal Horeca español, motivado de forma muy especial por el escasísimo número de turistas que nos visitan, hace que, se suman unas exportaciones a las que le pesan demasiado las circunstancias similares vividas en la mayoría de países del mundo. Esperemos que ese equilibrio en la producción haga un poco menos complicada la comercialización de una cosecha que, al menos en sus primeros compases, no apunta fácil.
La sumisión que caracteriza al viticultor y la concienciación colectiva de enfrentarnos a una situación excepcional sobre la que no pueden esperarse buenas noticias que estén relacionadas con el aspecto económico, amortiguarán los efectos que pudieran provocar los precios a los que las bodegas anuncien el precio que pagarán por sus uvas. Pero no evitará que, un año más, siga siendo el primer eslabón de la cadena el que acabe sufriendo las consecuencias de manera irremediable. Pues industria y distribución podrán tener que hacerle frente, pero siempre tendrán la posibilidad de una futura recuperación. El viticultor, no.

En circunstancias normales, podríamos asegurar que los fondos con los que cuenta el sector para financiar las medidas extraordinarias, destinadas a eliminar los excedentes provocados por la paralización de la economía, a causa de la pandemia del Covid-19, son los que son. Y que, en consecuencia, el prorrateo será inevitable en las medidas de destilación y almacenamiento.

Pero el caso es que, en todo lo que envuelve al maldito coronavirus, las cosas que están sucediendo son todo menos “normales”. No lo fue que un virus generara una pandemia. No lo ha sido que la población de más de tres cuartas partes del mundo (y el resto no porque resulta imposible hacerlo) se haya confinado. Y tampoco lo fue que la economía mundial se frenara de golpe. Hablar pues, de normalidad en estos momentos es pretender aplicar circunstancias a nuestros comportamientos que se nos escapan.

Por lo tanto, y desde la óptica del posibilismo, cualquier cosa puede suceder en la aplicación de estas medidas. Desde un aumento de los fondos que tengan su origen en las diferentes administraciones, hasta la congelación de los mismos. Hasta una dotación de verdad, no la redistribución de los fondos de los Planes de Apoyo, de la Unión Europea.

Aunque, si queremos ser realistas, habrá que pensar que, llegados a este momento en el que los Estados Miembros afectados: Francia, Italia y España, ya han puesto en marcha las medidas y tan solo les resta cuantificar el prorrateo en el caso de Italia y España o la forma en la que salir del embrollo en el que se metió Francia con el compromiso de aceptar la totalidad de lo ofertado; lo más probable sea que no se tome ninguna medida que altere lo inicialmente aprobado y acabe teniendo que aplicarse un fuerte prorrateo que pudiera llegar al cincuenta o al cuarenta por ciento.

Como también han resultado un baño de realidad los datos del Infovi correspondientes al mes de mayo y que podríamos resumir en que confirman lo que todos nos temíamos y no sería un buen mes para el sector. La salida de 4,06 Mhl en este mes está muy por detrás de los 5,85 Mhl del año anterior y a años luz de los 6,15 del mismo mes de 2017.

Tampoco el consumo aparente ha tenido un comportamiento que difiera de lo esperado. Cuatrocientos mil litros menos que se suman a los trescientos mil de abril y doscientos mil de mayo. Casi un millón de hectolitros menos que han dado al traste con la recuperación que con gran esfuerzo habíamos conseguido.

Esta anómala situación, provocada por un “bichito”, dispuesto a cambiarnos la vida a toda la humanidad; si algo ha puesto de manifiesto (además de la fragilidad del ser humano y lo rápido que la unidad y solidaridad se van por el desagüe) han sido las grandes cualidades financieras de todos nuestros administradores.

Si hace apenas unas semanas de lo que nos lamentábamos era de que nuestro Ministerio de Agricultura limitaba su apoyo al sector vitivinícola a “mover” de un sitio a otro los fondos con los que adoptar medidas extraordinarias con los que paliar los efectos del Covid-19. Ahora es la Comisión Europea la que ha decidido unirse y mover la bolita.

Sin más recursos que los ya existentes pre-pandemia, el Comisario Wojciechowski ha anunciado un aumento del 10% de la cofinanciación comunitaria de medidas como la reestructuración, inversiones, cosecha en verde y promoción en terceros países. Lo que, salvo que asistamos al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, bien se podría traducir en que serán menos los beneficiarios de estas ayudas. Las mismas, conviene recordarlo, de las que provienen los noventa millones de euros con los que se financiará la destilación de crisis, el almacenamiento y la cosecha verde en nuestro país. Vamos que, entre una cosa y otra, los que puedan beneficiarse de estas ayudas van a resultar ser unos escogidos, porque serán menos y recibirán un mayor importe del que hubieren percibido anteriormente.

Pero como si todo esto no fuera ya, por sí mismo, bastante lamentable, por lo que genera de graves perjuicios comparativos, algunas comunidades autónomas han decidido sumarse a la fiesta y aportar recursos propios. Casualidad o no, son las comunidades con un sentimiento más nacionalista: Cataluña, País Vasco y Navarra. ¡Ojo! Que no quisiera que se me malinterpretase. Que me parce genial esto de que las administraciones regionales hagan lo que no ha hecho la central y es apoyar al sector, más allá de limitarse a mover los fondos asignados a unas medidas para financiar otras diferentes. Pero con estas políticas heterogéneas volvemos a romper la igualdad del sector y a situar en condiciones de competencia desiguales a los viticultores y bodegueros de unas regiones y otras de España.

En cuanto a la eficacia que acabarán teniendo todas estas medidas extraordinarias, vistas las solicitudes que se han presentado a las tres, pero especialmente destilación y almacenamiento, podemos confirmar taxativamente que era imperiosa su aplicación y que los fondos van a quedarse muy alejados de los que hubiesen sido necesarios para dar respuesta a todo el volumen ofertado. Hablar de que más de la mitad se quedará fuera de ser convertido en alcohol o esperar tiempos mejores en los que salir al mercado, podría acabar siendo muy optimista. Y lo más interesante es que semejante situación sabemos que se ha producido en Francia e intuimos que habrá sucedido en Italia.

Ahora cabría preguntarse, especialmente después de haber conocido que nuestras exportaciones durante abril cayeron un 12,7% en volumen y un 9,8% en valor, situando el acumulado del año en unas pérdidas muy similares 11,5% y 6,5% respectivamente; si podemos empezar a ver la luz al final del túnel. Considerando que las categorías que mejor han soportado el envite han sido la de BiB con incrementos en volumen y valor entre enero-abril del 11,2% y 3,7% y graneles con indicación varietal. O que las ventas a nuestros principales compradores: Francia, Portugal e Italia han perdido un 16,8%, 13,8% y 17,7%, llegando al 48,5% como es el caso de Rusia. No es previsible que seamos capaces de llegar al momento de la prorrata con una situación saneada en nuestras existencias, por lo que habrá que estar muy atento a los precios de los vinos, pero, especialmente, de mostos y uvas.

Han pasado apenas dos semanas desde que fuera aprobado por el Consejo de Ministros el plazo para la presentación de las solicitudes de entrega a la destilación, inmovilización y cosecha en verde; y ya ha finalizado.

Lo cierto es que, por más digitalizados que estemos, prisa que nos hayamos dado los medios de comunicación en publicarlos e interés que hubiese en el sector por contar con unas medidas extraordinarias que vinieran a paliar los graves efectos que ha tenido en el sector la paralización de la economía como consecuencia del Covid-19, se antojan plazos un tanto precipitados.

Aun así, es previsible que las solicitudes, al menos en las dos primeras y más dotadas presupuestariamente medidas, sobrepasen con mucho los volúmenes establecidos y sea necesaria una prorrata, que no será conocida hasta el 17 de julio, momento a partir del cual se confía en que puedan empezar a notarse sus efectos en el mercado.

Son muchos los temores a un derrumbe de precios, que acabe arrastrando a niveles insostenibles la producción vitícola 2020, por lo que contar con herramientas que ayuden a hacer más llevadera la digestión de un vino que debiera haberse consumido resultan fundamentales. Tanto como los anuncios que algunas bodegas han realizado, comprometiéndose a cumplir con los acuerdos plurianuales que tenían firmados o, incluso, yendo más allá y anunciando la adquisición de la producción que obtengan todos los viticultores a los que tradicionalmente lo habían venido haciendo en las últimas campañas.

No obstante, el temor a que una parte importante de la cosecha tenga difícil encontrar acomodo es una realidad que hace presagiar una “vendimia caliente”.

Ni los viticultores están en disposición de cobrar menos de lo que han venido haciendo por sus uvas, ni las bodegas de mantener los precios en un mercado con importantes excedentes que puedan llegar a suponer un problema físico de almacenamiento.

Equilibrar esta situación va a requerir no solo un alto grado de solidaridad y cooperación sectorial, sino también una concienciación grupal de la que, hasta el momento, no ha hecho gala. Dicen que son los momentos difíciles los que sacan lo mejor de cada uno, aquellos en los que es posible avanzar gracias a la unión de todos.

Por el bien común, confiemos en que sepamos entenderlo y convertir esta amenaza una oportunidad que nos haga más fuertes.

Si bien el Real Decreto que adoptara la puesta en marcha de medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de Covis-19 era una exigencia ampliamente demandada por el sector, la publicación del RD 557/2020 podríamos decir que no ha dejado a nadie totalmente contento.

Unos, porque consideran que los plazos para su propia aplicación son extremadamente cortos. Recordemos que antes del 23 de este mes deberán presentarse las solicitudes en las comunidades autónomas para cualquiera de las medidas. Que su prorrateo, en el más que probable caso de que exista, será dado a conocer por el Ministerio no más allá del 17 de julio. Y el pago de la ayuda deberá haberse producido antes del 15 de octubre.

A otros, porque la ayuda la consideran insuficiente. Para el caso de la destilación es de 0,4 €/litro para el caso de que se trate de vino amparado por alguna denominación de origen y de 0,3 €/l para aquellos que no lo estuvieran, más un suplemento por desplazamiento de 0,005 €/l para el caso de que la distancia entre bodega y destilería sea superior a 150 kilómetros e inferior a 300 y de 0,01 €/l para distancias superiores. De 0,027 €/hl/día para la inmovilización y del sesenta por ciento del precio medio de la uva de las últimas tres campañas para la cosecha en verde.

A la mayoría, porque su volumen (2 Mhl de destilación (0,5 Mhl con D.O.P. y 1,5 para aquellos sin ella), 2,25 Mhl para el almacenamiento de 2 Mhl de vino con D.O.P. y 0,25 con I.G.P) no resuelve el problema de excedentes que esta situación anómala del mercado (y que viene a unirse a las trabas arancelarias de Estados Unidos y las incertidumbres del mercado británico) ha generado entre los operadores.

Y, a la totalidad, porque el origen de los fondos con los que se van a financiar, estimados en 90,5 M€, provienen de los que ya contaba el sector en su Plan de Apoyo para la campaña 20/21. La mayoría (40%) de ellos procedentes de los inicialmente destinados a la reestructuración y reconversión del viñedo, el 30% de las ayudas a la promoción en terceros países y otro 30% de la medida de inversiones.

Tampoco ha contentado mucho a las denominaciones de origen la confusión provocada con el famoso art. 37, por el que sus Consejos Reguladores debían modificar sus normas de campaña, disminuyendo sus rendimientos máximos. Circunstancia que no es exacta, ya que el Real Decreto tan solo aconseja, por corresponsabilidad con la situación, proceder a esta inclusión en sus medidas de campaña, pero no obliga a hacerlo, siempre y cuando ya figuren en sus reglamentos y no excedan de 18.000 kilos en variedades tintas y 20.000 en blancas.

Para el caso de que la disponibilidad a 15 de agosto exceda a la media de las últimas cinco campañas, el contenido alcohólico de los subproductos deberá ser del 15%.

Sumándose a ese sentimiento de insuficiencia, el Consejo de FIAB ha instado a Nadia Calviño a adoptar medidas que fomenten la competitividad de la industria. Entre otras, la Federación pide promover la unidad de mercado y evitar regulaciones que resten competitividad a la industria de alimentación y bebidas.

Asimismo, la FIAB le ha pedido al Gobierno, a través de la vicepresidenta Calviño, que trabaje por la recuperación de la confianza de los ciudadanos para el impulso del consumo, la reapertura de la hostelería en condiciones de seguridad, la atracción del turismo y la promoción de los productos españoles en el extranjero.

Para ello se ha solicitado que desestime la imposición de impuestos al consumo y tenga en cuenta sus propuestas en la toma de decisiones, al tratarse de un sector estratégico.

o por menos anunciadas, las medidas adoptadas por el Gobierno en su último Consejo de Ministros son menos relevantes para un sector al que el horizonte a corto plazo se le presenta, como el tiempo de esta esta semana, con grandes nubarrones.

Han tardado (y mucho) en ver la luz. Aunque imagino que asuntos mucho más importantes tiene el Ejecutivo encima de la mesa como para dedicarle el tiempo al sector vitivinícola. Pero al fin han llegado. Ya conocemos cuál es la asignación presupuestaria, noventa millones de euros, su origen y las medidas a las que irán destinados dichos fondos. Permitiéndonos asegurar, esta vez ya sin ningún riesgo a equivocarnos, que la Europa de dos velocidades es una realidad incuestionable. Al menos en el sector vitivinícola.

Claro que, al contrario de lo que pudiera parecer, el origen de este trato diferenciado entre los vitivinicultores de un país u otro de los que integramos la Unión Europea no viene provocado por la Comisión, sino por la solidaridad que cada uno de los Estados muestra hacia su sector vitivinícola. Los principales productores, sin excepción alguna han tenido que adoptar medidas para minimizar los graves efectos que el cierre del canal Horeca ha provocado en el consumo y, consecuentemente, en la comercialización del vino durante más de tres meses. La diferencia ha estado en que, mientras unos lo hacían con fondos estrictamente originarios de los que la Unión Europea pone a disposición de cada uno de los países en los llamados Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE en el caso de España) para medidas como la restructuración, inversión o comercialización. Otros tiraban de cartera propia e incrementaban estas ayudas, transformando las medidas en una herramienta sectorial que supusiera un respiro para sus paupérrimas arcas y no en una simple posibilidad de eliminar, temporal o definitivamente, una pequeña cantidad de vino de sus bodegas. Haciendo más profunda, en muchos casos, la crisis económica y financiera.

Lo más importante es que, por fin, podrán ofertarse a la destilación dos millones de hectolitros, otros dos a almacenamiento y será posible eliminar uva gracias a la cosecha en verde. Así como reducir rendimientos y elevar el grado exigido en los subproductos de la próxima campaña. Además de aplazar las fechas en las que vencían derechos, autorizaciones, planes de promoción… que, en otro Real Decreto, también han sido modificados.

Parece que el sector bodeguero no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad que esta crisis del Covid-19 le presenta, de regular su producción y evitar la acumulación de unos vinos que le está resultando muy complicado comercializar.

Los graves efectos que la paralización de la economía ha tenido en el sector de la hostelería y restauración han llevado a numerosas bodegas, de prácticamente todas las regiones españolas, a anunciar que, o bien no comprarán uva en la próxima vendimia, o bien reducirán drásticamente el volumen de sus adquisiciones.

La acumulación en sus depósitos de los vinos de esta campaña, una climatología benigna, con lluvias abundantes, temperaturas propicias y ausencia de episodios de heladas. Así como el anuncio de un periodo estival donde el gasto se verá fuertemente afectado por la reducción en la renta que experimentaremos los ciudadanos. Unido a la pérdida de un altísimo porcentaje de los turistas que normalmente nos visitan. Dibujan un panorama de excesos de producción que podría verse fuertemente agravado por una gran cosecha que, si bien en estos momentos resulta completamente imposible vaticinar, bien podría pensarse en que estuviera al más alto nivel de las históricamente elevadas de 2013 y 2018.

Amalgama que vendría a provocar importantes problemas de capacidad de almacenamiento en algunas bodegas, que se verían sin depósitos suficientes en los que dar cabida a todo el vino disponible.

Producción a la que hay que encontrarle una colocación adecuada, más allá de destilaciones o medidas extraordinarias con las que retirar temporalmente de los mercados una pequeña parte de una producción que resulta excedentaria estructuralmente y que circunstancias extraordinarias, como las actuales, no hacen sino agravar sus volúmenes, pero nunca generar un problema que no tuviéramos antes.

El Ministerio de Agricultura, después de casi tres meses de confinamiento y paralización absoluta de la economía mundial; sigue sin hacer público el Real Decreto de medidas extraordinarias por las que se autoriza la destilación de dos millones de hectolitros que deberán ir, obligatoriamente, a usos industriales con una dotación presupuestaria de 65 M€. Otros dos que podrán ser inmovilizados mediante los contratos de almacenamiento por un periodo de 6, 9 o 12 meses (9,9 M€) y una cosecha en verde (4 + 6 M€) que, ante la obligatoriedad de verse afectada el total de la parcela, es muy posible que no logre superar la barrera de lo testimonial.

Los rendimientos máximos autorizados se verán reducidos, como ya han anunciado algunas denominaciones de origen y el propio Ministerio limitaría a los vinos no sujetos a ninguna indicación de calidad a 18.000 kilos por hectárea para variedades tintas y 20.000 para blancas. Medidas que se verían complementadas con la elevación del porcentaje del contenido de alcohol de los subproductos hasta el quince por ciento.

Todo ello con un presupuesto de 78,9 millones de euros que serán retraídos del presupuesto anual del Plan de Apoyo al Sector de este año y 6 M€ del que viene a costa de otras medidas como la inversión (17,63 M€), promoción (16,47 M€) y reestructuración (23,326 M€). Sin haberse conseguido por el sector que, a igual de lo sucedido en Francia o Italia, la Administración nacional viera complementado con ayudas nacionales este presupuesto.

Sin duda, medidas demandas por el sector y necesarias para atajar las graves consecuencias de una economía paralizada y amenazada por una profunda recesión, pero que no pone remedio al grave problema histórico que tenemos en España de desequilibrio entre lo que producimos y lo que utilizamos. Vender fuera está bien y es tan digno como hacerlo dentro, pero aspirar a tener un sector fuerte y competitivo consumiendo una cuarta parte de lo que elaboramos y a un precio medio de 3,26 €/litro en los hogares, según el último informe publicado por la OIVE, requiere medidas que van mucho más allá de destilaciones o inmovilizaciones. Requiere devolver un equilibrio del que ya no tenemos memoria de haber disfrutado alguna vez.