Ni sabemos lo que nos deparará la próxima cosecha, ni eso debe ser obstáculo alguno para solucionar (o al menos intentarlo) el problema que ahora mismo tenemos en el mercado, fuertemente condicionado por las escasas operaciones y precios debilitados ante la gran presión vendedora existente.

Apretar al Ministerio para que dote al sector de fondos que vayan más allá de los propios del Plan de Ayuda, o que él, a su vez, lo haga en Bruselas, de la mano ya de otros 14 países productores, es lo menos importante. Lo verdaderamente relevante es que esos fondos lleguen al sector y se puedan poner en marcha medidas que ayuden a retirar del mercado siete millones de hectolitros, como cifra orientativa que ya manejan algunos operadores.

Aspirar a hacerlo con fondos nacionales se antoja, a priori, más una entelequia que una posibilidad. Pues a la negativa reiterada del Ministerio a hacerlo, se añade el difícil momento de nuestra economía y los numerosos frentes abiertos a los que deben atender nuestros gestores. Y no es que el nuestro no urgente, pero no parece que sea considerado como tal por ellos.

Y si no, cómo explicarse que, de los 11.000 M€ del Plan del Gobierno aprobados para medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, el sector vitivinícola solo vaya a poder optar a aquellos de la partida destinada a la reestructuración de la deuda, dotada con 3.000 M€ o los 1.000 M€ de la recapitalización de las empresas. Habiendo dejado fuera de las ayudas directas (7.000 M€, de los que dos mil van destinados exclusivamente a Canarias y Baleares) a las empresas elaboradoras de vino (CNAE 1102).

Pero, como la esperanza es lo último que se pierde y el sector tiene gente muy cualificada para seguir luchando por una modificación del Real Decreto y la inclusión de ese Código Nacional de Actividad Empresarial que recoge a las bodegas, vamos a albergar la esperanza de que así sea y la discriminación actual frente a otras empresas, como son las de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas o el sector de la elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas, sí incluidas, se enmiende.

Así como reprocharle al Gobierno que no puede servirle de excusa para excluir al sector bodeguero de estas ayudas directas el hecho de que una recuperación de la actividad del canal de la hostelería y restauración llevará pareja una reactivación, que acabará llegando a las bodegas. Como así pareció dejar entender la ministra de Industria, Turismo y Comercio. Reyes Maroto, en la clausura de la Asamblea de la Federación Española del Vino (FEV) el pasado 17 de marzo.

Inadmisible ese planteamiento por muchas razones, pero fundamental dos: la primera, porque esa traslación de la recuperación del canal Horeca al sector no se produciría hasta dentro de unos meses. Segundo, porque, aun produciéndose, no es de esperar ni que el turismo llegue en bandada, ni que el consumo de los españoles vaya a crecer exponencialmente, como así necesitaríamos, para recuperar todo lo que llevamos perdido. Pues lo que no nos hemos comido o bebido hasta ahora, no nos lo vamos a comer ni beber luego. Ese consumo se ha perdido de manera irremediable y, es más, bien haríamos en empezar a asumir que la recuperación no está a la vuelta de la esquina, sino que, cuando se produzca, lo hará de una manera progresiva y lenta. Con una cosecha ya entrada en bodegas o en ciernes de hacerlo.

Plantearnos posibles medidas que paliasen los catastróficos efectos que sobre el mercado pudiera tener otra cosecha normal, como la del 2020, podría ser una línea de trabajo sobre la que ir pensando ya.

Por más que pueda parecer un tema recurrente, agotado y totalmente superado por la Comisión, que mantiene un postura clara y concisa sobre el asunto dese el primero momento; el sector no ceja en su empeño de hacerle entender al Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que sus bodegas necesitan de un presupuesto extraordinario con el que hacer frente a la grave situación de excedentes que presentan. Las últimas en insistir han sido las cooperativas que, de forma colectiva y representando más de la mitad de todo lo que se elabora en la UE, le han hecho partícipe desde España, Francia, Italia y Portugal de la grave situación por la que atraviesan.
El descenso ocasionado en el consumo por el confinamiento y restricciones ha provocado que una parte importante de los vinos y mostos se hayan visto estocados, con escasos visos de ser comercializados. Generando serios problemas financieros, pero también de espacio, en unas bodegas que ven caer las hojas del calendario sin más cambio en la postura de la Comisión que la de flexibilizar las medidas de aplicación de los Planes de Apoyo nacionales.
Situación que, en el caso de España, podemos cifrar con gran exactitud gracias a los datos mensuales del Sistema de Información del Mercado del Vino (Infovi) del Ministerio y en el que, en su último informe, extractado a 26 de febrero y referidos a final de enero, se cuantifican las existencias en 56’536 millones de hectolitros de vino y 5’739 de mosto, frente a los 50’076 y 4’254 Mhl del mismo mes del año pasado (+7’945 Mhl) y que representa un aumento del 12’9% en vino del 34’9 en mosto.
Sin la más mínima intención de restarle ni un ápice de la importancia que esta situación está teniendo en el sector, y, con el fin de tener una visión más amplia de la realidad, habría que considerar lo sucedido con la cosecha y que, según el mismo informe, pasó de unos paupérrimos 37’206 Mhl en el 2020 a unas más razonables cifras, dentro de los parámetros de nuestro potencial, de 45’835 de enero de 2021. Con un aumento de 8’629 millones de hectolitros y un crecimiento del 23’19%.
Si a eso le añadimos que nuestro consumo interno se desploma sin control, habiendo perdido, en tan solo un año, casi dos millones de hectolitros (1’931) y nuestras exportaciones, lejos de encontrarle acomodo a esa mayor producción, a lo que deben enfrentarse es a una situación similar, de pérdida de consumo, en nuestros principales países de destino. Tendríamos una explicación (aunque muy simplificada) bastante aclaratoria de las razones que nos han llevado hasta esta coyuntura y que deberían ayudarnos a identificar con mayor claridad cuál es el origen del problema de nuestros excedentes y aquellas cuestiones sobre las que deberíamos incidir de cara a encontrar una solución.

Habían depositadas muchas esperanzas en que un cambio en la administración de los Estados Unidos, relajara las fuertes tensiones comerciales con Europa y fueran eliminados los aranceles adicionales del 25% “ad valorem” que estaban vigentes desde el 18 de octubre de 2019 y que afectaban a todos los vinos procedentes de España con una graduación igual o inferior al 14%. Y aunque las primeras noticias anunciaban que era un tema no prioritario y que, en consecuencia, debería esperar un tiempo para ser revisado. El pasado viernes, tras una conversación telefónica entre el presidente Biden y la presidenta de la Comisión von de Leyen, se anunciaba la suspensión, por cuatro meses, período que se dan las partes para estudiar una solución definitiva.
Una noticia de gran trascendencia para la Unión Europa pues el impuesto afectaba a Alemania, Francia, Gran Bretaña y España, cuyas bodegas destinaron una importante cantidad de recursos en los últimos años y al que durante 2020 exportaron 85’66 Millones de litros por un valor de 294’88 millones de euros (OeMV). Pero de gran relevancia para el comercio con la primera potencia comercial del mundo ya que supone un cambio radical sobre la política mantenida por la administración Trump que no considera socio preferente a la UE.
Las reacciones no se hicieron esperar y tanto el Ministerio de Agricultura, como el de Comercio, pasando por el sector bodegueros y organizaciones agrarias o cooperativas, o consejos reguladores; así como, prácticamente todas, las administraciones regionales, se han mostrado muy satisfechos y confiados en que los cuatros meses que se han dado las dos administraciones no sea más que la fijación de un plazo en el que dar por solucionado de manera definitiva un conflicto comercial que relegaba a la Unión Europea de su posición destacada en la política comercial de Estados Unidos.
En menor medida pero, no exenta de gran relevancia para el sector, ha sido la entrada en vigor, el pasado uno de marzo del acuerdo del acuerdo alcanzado por la UE y China para proteger del fraude, la imitación y la usurpación comercial cerca de 200 indicaciones geográficas que afectan 8 IGP vinícolas españolas: Rioja, Cava, Cataluña, La Mancha, Valdepeñas, Jerez-Xérès-Sherry, Navarra y Valencia, así como la de Brandy de Jerez.
La gran importancia que tiene en la economía mundial el gigante asiático, llamado a ocupar el primer puesto en los próximos años, como su enorme potencial de clientes, hace que sea un mercado altamente codiciado por las bodegas europeas y, si bien el peso de nuestro país sigue siendo muy bajo puesto que tan solo fuimos capaces de venderles 63’3 millones de litros por un valor de 100’9 millones de euros de los 16.300 millones de euros que representaron el total de productos agroalimentarios vendidos por la Unión Europea hasta noviembre 2020. La autenticidad y calidad que para sus consumidores suponen los productos agroalimentarios, es un valor altamente codiciado.
Dos excelentes noticias para un sector que tiene su mirada puesta en el mercado exterior como única vía de sostenibilidad y valorización de su producción y que ayudarán en la superación de la mala situación por la que atraviesan como consecuencia del cierre del canal de la hostelería y restauración en el mercado nacional. Situación que el ministro, Luis Planas, se ha comprometido públicamente a reclamar de la Unión Europea la dotación de fondos extraordinarios que vayan más allá de los específicos del Programa de Apoyo al sector, reclamando que el sector “debe asumir el protagonismo de su propio destino” para evitar la alta volatilidad de sus precios.

Si hace apenas un año nos hubieran dicho que íbamos a acabar 2020 con unas existencias de 65,107 Mhl, nada menos que un 13,2% más que el año anterior, sin que haya categoría o tipo de vino que se libre de presentar fuertes crecimientos en los stocks, que van desde el 8,5% de los vinos envasados hasta el 34,6% de los mostos. Que el consumo aparente iba a caer un 17,3% hasta situarse en poco más de 9,149 millones de hectolitros, perdiendo cerca de dos millones de los que conseguimos recuperar en 2019, cuando las campañas realizadas por la Interprofesional comenzaban a presentar datos positivos en esta batalla por recuperar consumo interno. O que en las exportaciones íbamos a perder un 3,6% del valor del vino y un 5,9% de su volumen. Nos hubiésemos echado las manos a la cabeza y descalificado, sin ningún miramiento, a quien se hubiese atrevido, calificándolo de un despropósito. Sencillamente, era un escenario totalmente inadmisible y carente de la más mínima posibilidad de suceder.
Pero es que, solo unos meses después, recién decretado el confinamiento duro y analizadas sus posibles consecuencias económicas, nos hubiese parecido un excelente contexto para una situación catastrófica que nos llevaba de cabeza hacia una nueva recesión, cuando los efectos de la anterior, la del 2008, todavía no los habíamos superado totalmente.
Una noria de ir y venir que hace muy complicadas las tomas de decisiones en un sector sacudido por la falta de músculo financiero, escasos recursos humanos y alta exposición al riesgo. Pero que, con más orgullo que recursos y asumiendo que a todos nos afectará esta situación y que lo importante es resistir para seguir ahí cuando se vaya recuperando la actividad, vamos sobrellevando y viendo más cerca su superación.
Hoy, salvo vaticinios políticos, más interesados en lanzar mensajes de optimismo que avalen sus gestiones, que en describir verdaderos escenarios en el corto y medio plazo; prácticamente no hay quien se atreva a fijar un horizonte de vuelta a la normalidad. Es más, ni tan siquiera es posible concretar cuál será esa “normalidad” a la que todos aspiramos y muy pocos (o nadie) saben en qué consistirá. Muy posiblemente, a largo plazo, dentro de tres o cuatro años, es posible que todo se parezca bastante a cómo vivíamos en diciembre de 2019. Pero también es muy probable que algunos de los cambios en nuestros hábitos de consumo, formas de comprar o de relacionarnos hayan cambiado ya para siempre. Y esos cambios, apoyados en el respeto al medio ambiente, cultivo ecológico y alimentación más saludable, nos sean beneficiosos y nos ayuden a mejorar la imagen y el valor de nuestros productos vitivinícolas.

El sector reclama ayudas con las que salir del atolladero en el que se encuentra metido desde hace un año. Y todos los que lo integran, desde el más pequeño, hasta el más grande; desde el elaborador de vino de mesa, hasta la más prestigiosa denominación de origen; desde la región más productiva, hasta la menos; coinciden en que es imprescindible dotarlo de medidas extraordinarias con las que hacer frente a un grave problema sobre el que cabe la certeza de que es imposible que se solucione por sí mismo.

Concretar en cifras de euros y volúmenes de hectolitros cada una de las medidas no está resultando fácil. Quizás porque ya el año pasado se tuvieron que aplicar. O quizás, precisamente porque ya durante el ejercicio anterior se aplicaron y los resultados no fueron los esperados.

El caso es que, a las ya de por sí complicaciones que supone contar con unos recursos limitados (aunque para sí los quisieron otros) procedentes de unos fondos pensados para ayudar al sector a ser más competitivo, adecuándose al mercado con instalaciones, viñedos y acciones comerciales que mejoren su posicionamiento en volumen y valor; o a los habituales enfrentamientos regionales, en el reparto del sobre nacional, se han unido, en esta ocasión, la concepción diferente que sobre el modelo de negocio, tiene cada uno.

Y, aunque todos coinciden en que habrá que solucionar esta situación, no todos están por la labor de que la retracción de fondos de otras medidas que supone la aplicación de las extraordinarias deje sin recursos aquellas para las que sí fueron, al menos originalmente, concebidos. Abriéndose un cierto frente entre aquellas voces que apuestan por la retirada definitiva (destilación) y aquellas otras que se decantan por una ayuda que mejore su liquidez mediante una retirada temporal (inmovilización) que no suponga la destrucción de un producto que saldrá al mercado cuando, previsiblemente, esto haya pasado.

Nos hemos pasado doce meses analizando lo que va sucediendo e intentando concretar cuáles de los cambios que se han producido han venido para quedarse y cuáles son una mera consecuencia de la situación excepcional, siendo previsible que desaparezcan cuando recobremos una cierta normalidad. Pero de lo que nadie está hablando y, quizá deberíamos hacerlo, es de lo sucedido con la más importante de las medidas aplicadas, la destinada a la reestructuración y reconversión del viñedo, en la que llevamos gastados 2.352.887.944€ para 438.894 hectáreas, lo que arroja una ayuda media por hectárea de 5.361 euros.

Medida de la que, en diferente medida, todas las regiones se han visto beneficiadas. Unas por ser las que más ayuda por hectárea han percibido, caso de Canarias 14.050 o Galicia 13.544 €/ha. Otras por ser las que mayor porcentaje de su superficie han modificado, caso Extremadura 77,33% o Cataluña 66,57% y Aragón 63,80%. Otras por ser las que mayores hectáreas y ayuda han percibido, caso de Castilla-La Mancha con el 50,35% del total de los fondos y el 48,77 % de las hectáreas.

Lo que sin duda habla muy bien de la medida, lo necesaria que resultaba y lo repartido que ha estado su aplicación. Pero, ¿todo esto para qué?

Porque en todo este tiempo no hemos dejado de perder superficie, pasando de 1.175.085 de 2001 a 944.478 ha de 2020. Los precios de las uvas, lejos de mejorar, han empeorado. Las necesidades del consumo interno están cinco veces por debajo de nuestro potencial de producción y las exportaciones nos sitúan a la cola del precio medio. Eso sí, nuestro rendimiento ha pasado de 28,9 a 48,46 hl/ha.

Como si ya de por sí, el sector no se enfrentará a importantes problemas que están cuestionando la supervivencia de numerosos operadores, ante la drástica reducción de ventas y los bajos precios operados en los mercados. El pasado 3 de febrero se reavivaba un viejo problema relacionado con el contenido alcohólico del vino y los efectos nocivos que sobre la salud tiene, atribuyéndole a su consumo un grave problema sanitario.

Si bien en el Plan Europeo contra el Cáncer no es citado el vino de modo explícito, en él si se señala que Europa tiene uno de los mayores niveles de consumo del mundo como demuestra que, de las diez iniciativas emblemáticas y acciones de apoyo estén relacionadas con el alcohol.

Haciéndose previsibles consecuencias graves para las bebidas alcohólicas como es el vino, que podrían ir desde las relacionadas con los impuestos a los que se ve sujeto el alcohol o las compras on-line trasfronterizas, a aquellas otras relacionadas con el etiquetado y mensajes de sensibilización sobre los efectos negativos de su consumo, al estilo de lo ya existente con el tabaco. Afectando a la promoción y publicidad, limitándola o incluso fijando medidas que dificulten su accesibilidad.

La aplicación pendiente para antes del 2022, de la indicación obligatoria de ingredientes y la declaración nutricional o las advertencias sanitarias para antes del 2023 podrían intentar aprovecharse por parte de la Comisión para ir en esta dirección y, aliniándose con la medida 3.3 del Plan, intentar reducir el consumo de alcohol en el período 2021-25 revisando la legislación comunitaria.

Un frente del que no se puede decir que es nuevo para el sector, ya que lleva a enfrentándose a él desde hace muchos años, pero que ha cobrado especial relevancia en los últimos años y que podría tener consecuencias muy negativas para su futuro, en un momento en el que la capacidad el sector, está fuertemente mermada.

Por lo que, ante la evidencia, parece que lo más lógico sería mostrarse proactivos en el tema y, dado que tendremos que asumir la situación, al menos hacerlo llevando la iniciativa. Posición que si bien ha sido adoptada por la Federación Española del Vino, la que lleva muchos años defendiendo el tema en Bruselas, se hecha en falta un apoyo unánime del sector, pues a todos nos acabará afectando.

Tomar conciencia de sector y asumir que la formación de la cadena de valor es algo más que la fijación de precios y que solo de una forma conjunta es posible avanzar, con alguna pequeña posibilidad de éxito, en una economía globalizada y fuertemente amenazada. Sería una bonita forma de aprovechar todo lo que nos está pasando.

Como si una extraña maldición nos persiguiera, cada vez que tenemos que mostrarnos más fuertes y unidos, con las ideas más claras y la fuerza que caracteriza históricamente a este sector; más divididos nos encontramos y más peligrosas se antojan las consecuencias que debamos soportar de nuestras propias decisiones en los próximos meses y años.

El mercado ha cambiado y ni vacunas, ni levantamiento de restricciones, van a devolvernos a la situación anterior a la declaración del Covid-19 como pandemia. De nuestra capacidad para aprovechar lo que de bueno haya traído la situación y hacerle frente a lo que de negativo pudiera dejarnos, dependerá que ocupemos el lugar en los mercados internacionales que merecemos, como país tradicionalmente productor, o sigamos teniendo que lamentarnos de la escasa presencia de nuestros vinos, sus bajos precios y la baja rentabilidad que, para viticultores y bodegueros, supone estar siempre con la espada de Damocles sobre sus cabezas de su propia supervivencia.

Hagamos lo que hagamos como colectivo, y pase lo que pase con la economía mundial y los mercados, mañana seguirá habiendo bodegas españolas y viticultores que hagan posible la presencia de nuestros vinos en los mercados internacionales. Que el número y la representatividad de estos sea mayor o menor, dependerá de la capacidad que, como sector, tengamos para abordar nuestro futuro de manera colectiva.

Suponer, o creer aún, que los políticos están para hacernos las cosas más fáciles, o deberían estarlo, poniendo a nuestra disposición las herramientas necesarias que permitan disponer del escenario indicado para poder desarrollar lo que desde el sector se haya diseñado, es una lección que ya deberíamos haber aprendido.

Pretender que el sector no disponga de medidas con las que sobreponerse a una caída del consumo como nunca antes vista, reflejada en un PIB que en 2020 cerró con cifras nunca antes conocidas en nuestro país desde la Guerra Civil, es una insensatez. Sin duda, hay que buscar soluciones a los problemas más acuciantes que se le presentan al sector: bajos precios y gran volumen de existencias. Pero pensar que con estas solucionaremos el problema y que volveremos a ser el primer país exportador del mundo y nuestros precios se recuperarán y saldremos fortalecidos es, sencillamente, no querer afrontar los hechos y ser unos ingenuos.

Necesitamos más que nunca ordenar nuestras ideas, saber lo que queremos para nuestro sector, tanto en el mercado nacional como internacional. Y, para ello es fundamental concretarlo en un Plan Estratégico (o llámenlo como quieran) en el que se concrete qué vamos a vender de cada producto, a quién, a qué precio y en cuánto tiempo. Así como el establecimiento de cuál es la participación que cada uno de los integrantes de esa cadena de valor representa en la formación del precio. Y, claro que serán necesarias destilaciones, podas en verde, inmovilizaciones, reestructuraciones, inversiones y apoyo a los mercados, pero con un horizonte preciso y nítidamente definido que va mucho más allá de una campaña.

Con toda esta situación, hemos tenido la oportunidad de comprobar de primera mano que, a diferencia de nuestros competidores, los fondos con los que contamos solo son los del propio sector y los provenientes del PASVE, los que se verán cada vez más comprometidos por el resto de políticas de la UE.

El tiempo se nos acaba y parece que no queremos darnos cuenta y preferimos pelear entre nosotros, en lugar de hacerlo por un sector más fuerte y con futuro.

Si queremos ser algo más serios en nuestras predicciones sobre la evolución del mercado vitivinícola como consecuencia del Covid-19, tendremos que empezar por despojarnos de un buen número de prejuicios y empezar a hacerle caso a físicos y matemáticos, epidemiólogos y virólogos; y asumir que, a la altura en la que nos encontramos y con las medidas adoptadas hasta el momento, la situación se va a prolongar más allá de lo que tarde en llegar la nueva cosecha.

Tampoco es de esperar que la coyuntura vaya a cambiar como lo hizo el confinamiento, de forma tan abrupta, al pasar del “no pasa nada” a tener que encerrarnos en casa. Y es mucho más previsible que, como sucede en la parte descendente de las olas que hemos vivido, y ya van tres, lo haga de una forma mucho menos pronunciada que la subida.

Así pues, bajo este panorama, no parece muy probable ni que en Semana Santa estemos viajando libremente por nuestro país. Ni que en verano disfrutemos de la inmunidad de grupo que necesitamos para recobrar lo que nos pueda quedar de normalidad en nuestros hábitos sociales. Situándonos en la primavera del 2022 como un horizonte más probable para ello.

Afrontar esta situación con planes de contingencia que hagan frente a las necesidades más inmediatas está muy bien, pero resultan totalmente ineficaces si no van comprendidos en un programa global de estrategia a medio y largo plazo. Aspirar a que, de la noche a la mañana, volvamos a la casilla de salida en la que nos encontrábamos el 1 febrero de 2020, cuando se detectó el primer caso en España, es una gran mentira que debería desacreditar de por vida a quien intentara hacérnoslo creer.

Por otra parte, tampoco son otros los que deberían asumir la responsabilidad de definir aquello que queremos para nuestro sector y la forma de alcanzarlo. Y plantearnos, de una vez por todas, contar con verdaderos profesionales capaces de realizar este trabajo.

Por ingenuidad, dejadez o incapacidad, seguimos planteándonos el futuro sin una visión global, discutiendo sobre si la resolución de nuestro problema debe ser a coste de este o aquel operador, pero escasamente con una visión sectorial conjunta. Abordar desequilibrios de mercado de forma parcial es complicado, plantearnos el futuro sectorial, imposible.

Nos guste o no, esta coyuntura va a provocar cambios en los mercados, en los hábitos sociales y en la forma de llegar a los consumidores. No sé muy bien si llegamos a tiempo o volveremos a afrontar la situación cuando nuestros competidores ya estén aplicando sus estrategias. Pero, lo que sí es seguro, es que, si lo intentamos, nunca lo conseguiremos.

Hay muy pocas explicaciones posibles que puedan justificar que, ante una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo, 47,78 M€ procedentes de la Unión Europea para el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola en la UE puedan perderse por falta de aplicación. Tal es el caso de Italia con 16,23 millones de euros sin gastar, Bulgaria 14,47 M€ o Rumanía 10,17 M€, por citar tan solo a los tres primeros. Mientras que en lado de los que más hemos gastado solo nos encontramos los españoles con 2,36 M€ por encima de lo previsto y Austria con 0,35 M€. Y eso, a pesar de que 299,61 M€ tuvieron que ser destinados a financiar las medidas extraordinarias.

Las razones que justifican esta pérdida, a pesar de la flexibilización de la norma aplicada, son fáciles de imaginar: una crisis comercial con Rusia, la elevación de los aranceles por la Administración Trump y, especialmente, la paralización de los mercados y con ellos la necesidad de las bodegas y viticultores de frenar en seco unos planes de inversión que requieren de una alta cofinanciación, en igual o mayor porcentaje del recibido, que, en la actualidad no tienen.

Destinar prácticamente más de una cuarta parte (28,36%) de los fondos a las medidas extraordinarias es una clara evidencia de la situación que vive el sector. Aunque más elocuente resulta la paralización de su actividad comercial, que está llevando a las cotizaciones a una nominalidad preocupante, ante la ausencia de un horizonte a corto plazo que pueda romper la tendencia negativa de los últimos meses e insuflar ánimos a unos operadores que han visto reducirse drásticamente el consumo de sus clientes.

Consciente de esta situación y de lo imprescindible que resultan para la supervivencia del sector las ayudas extraordinarias, la Comisión Europea se ha comprometido a prorrogarlas hasta octubre de 2021. Elevar la cofinanciación a los Planes Nacionales de tal forma que sea menor el porcentaje que las empresas deben aportar y realizar anticipos de pago a los operadores que se acojan a medidas extraordinarias. Todo ello, sin incrementar el presupuesto, por lo que, de facto, supone disminuir las acciones a las que podrán acogerse y el número de beneficiarios. Reemplazando fondos de las medidas “ordinarias” encaminadas a la modernización y apertura de mercados en favor de aquellas otras destinadas a hacer frente a una situación coyuntural excepcional. Ya que, si algo está completamente claro es que la limitación presupuestaria de la PAC impide cualquier amplificación del presupuesto.

Devolviéndonos a la situación inicial de mayo, cuando desde el sector se le demandaba a nuestro Ministerio ayudas nacionales (como se habían implementado en Francia e Italia). La respuesta, en esta ocasión, tampoco difiere mucho de la dada por entonces. Y es que, según el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, la intención del titular de esta cartera es la de trabajar en los textos reglamentarios que permitan la aplicación de estas medidas y publicar el Real Decreto en breve. Pero nunca destinar fondos cuyo origen difieran de los del PASVE.

Todo ello en un escenario de una cosecha de 45,8 Mhl (+23,1%) y unas existencias de vino y mosto de 68,93 Mhl (13,4%), lo que no hace sino confirmar que las medidas adoptadas el pasado año resultaron insuficientes. Si lo que ha limitado su eficiencia ha sido la evolución impredecible de una situación histórica o la falta de valentía en la fijación de los recursos y volúmenes asignados, será algo que quede para cada uno de nosotros. El tema ahora está en determinar cuál será la cantidad que, de cara a esta nueva aplicación, se aplique y si se mantendrá, como es previsible, la limitación de rendimientos.

Que, desgraciadamente, desde hace algo menos de un año, ya nada nos sorprenda ante los acontecimientos tan impredecibles a los que hemos tenido que hacer frente en todo el mundo no significa que la disposición de una información como la referida a la producción de la cosecha no tenga una gran relevancia, por los importantes efectos que conlleva sobre el mercado y, por ende, la cuenta de resultados de las bodegas.

Sabíamos que la producción de 2020 resultaría muy superior a la del año anterior, tan es así que, en previsión de males mayores, se adoptaron medidas extraordinarias al final de la pasada campaña, con el fin de aliviar los depósitos de las bodegas (destilación) y restar parte la producción (vendimia en verde). También teníamos la certeza de que esas medidas no resolverían el problema de excedentes que la caída del consumo y las exportaciones habían provocado. Pero era imposible (al menos resultaba muy difícil), por aquel entonces, concretar en qué volúmenes nos estábamos moviendo.

Hoy, con el Infovi, podemos hablar de que la producción 2020/21 en España ha sido de 45.772.198 hectolitros, de los que 40.696.156 se han vinificado y 5.076.042 se han declarado como mosto sin concentrar, lo que supone un 23,1% más de cosecha que la obtenida el año anterior. Sin duda, una información preocupante, considerando que el consumo interno en España ha caído 1.747.577 (-15,9%) hasta situarse en 9.244.803 hectolitros (dato interanual a noviembre), que representa un consumo per cápita para España de 19,69 litros. Cantidad muy baja para uno de los países tradicionalmente productores del mundo, pero que pone de manifiesto el gran perjuicio que las limitaciones impuestas a la hostelería han tenido sobre nuestro sector.

Y eso gracias a que el rendimiento medio (l/kg) ha pasado del 75,71% del 2019 al 70,76 de la nueva vendimia. Notable descenso que, sin duda, ha permitido que los 6.469 millones de kilos de uva obtenidos no hayan generado un problema todavía mayor y que, con detenimiento, habrá que estudiar las razones que lo han provocado. Especialmente de cara a las posibles medidas que hubiera que adoptarse, si es que alguien es capaz de hacerlo, para buscar un mayor equilibrio entre producción y utilizaciones.

Está claro, de cara a la actual campaña, que el Ministerio, órgano competente para ello, deberá adoptar medidas que vayan más allá de la vendimia en verde que parece estar dispuesto a poner en marcha. Que los fondos de todas las que acaben aplicándose solo tendrán un origen: el PASVE y, en consecuencia, una pérdida de competitividad al disminuir las ayudas destinadas a reestructuración, inversiones y promoción. O que la contundencia con la que serán aplicadas deberá ser mucho mayor, al tener que asumir lo generado por una mayor producción y unos excedentes sin haberse eliminado todavía de la campaña anterior.

Sin duda, se avecinan tiempos difíciles para encontrar el destino natural a la producción y que no sería otro que el del consumo, interno o en exportación, eso es lo menos importante ahora mismo. Que requerirán del esfuerzo de todos y una gran concienciación de colectividad.