Unas estimaciones claramente a la baja en toda la Unión Europa, con muchas posibilidades de que nos enfrentemos a una de las campañas más reducidas de su historia, están permitiendo recuperar la ilusión en el sector y la esperanza de que sus cotizaciones superen ese penoso umbral de rentabilidad que marca el ingreso con el que cubrir los costes de producción.

Hasta el momento, precios de uva y mostos marcan una tendencia claramente positiva de la que se están contagiando los vinos viejos y poniendo en evidencia, una vez más, el gran problema de estabilidad que tiene este sector y lo difícil que, bajo estas circunstancias, se hace contar con un verdadero plan estratégico y las políticas necesarias que lleven a nuestro sector a la posición que, por todos deseada, es escasamente perseguida.

Unos años por otros, bien porque la cosecha es corta y los precios altos o, porque hay mucha producción y los precios bajan. El caso es que no hay forma de poder acudir a la distribución con la estabilidad que necesita en los precios de sus productos finales. Lo que no solo dificulta mucho la operatividad de nuestras bodegas, sino que también impide una gestión efectiva y eficiente de los medios de producción, especialmente del cultivo de la viña.

Ya puede haber leyes y organismos encargados de vigilar la libre competencia del mercado que nada de todo eso será, en sí mismo, suficiente para que el sector vitivinícola consiga ser un sector próspero. Está claro que no acabamos de entender que esa prosperidad solo es posible si resulta colectiva, que crecer a costa de otro no tiene futuro y solo genera enfrentamientos que minan las escasas posibilidades que presenta un mercado maduro y altamente competitivo. Y, aunque los viticultores tienen todo su derecho a reclamar que no sea cuando las condiciones les son favorables cuando deban realizarse los esfuerzos en pro de la colectividad; igualmente cierto es que en algún momento hay que hacerlo.

Disponer de contratos homologados es un gran primer paso que no hace sino poner en evidencia la gran precariedad y el enorme retraso que presenta nuestro sector cuando nos referimos a él como actividad empresarial. Pero resulta totalmente insuficiente. Son necesarios acuerdos plurianuales que vayan más allá de precios fijos y reconozcan que, tanto en lo bueno, como en lo malo, viticultores e industria, van de la mano, haciendo realidad esa corresponsabilidad a la que tan acostumbrados nos han dejado las ayudas del PASVE y que tan incapaces somos de asumir en algo más básico y sencillo como son las relaciones entre sus operadores.

Evidentemente no será esta campaña, en la que la actividad ya es una realidad, cuando se pueda aspirar a disfrutar de esa complejidad. Pero sería interesante (y necesario), bajo estas circunstancias, recapacitar sobre el asunto.

Llega a su fin el mes de agosto y con él los remolques cargados de uva invaden nuestras carreteras y devuelven al sector a una realidad repleta de retos y objetivos con los que hacer frente a una nueva campaña, en la que la vuelta a la “normalidad” podría ser la mejor definición posible.

Retorno a una normalidad marcada por la climatología, con tormentas de verano, algún episodio de granizo y noches que comienzan a refrescar; permitiendo un correcto desarrollo del fruto en su trabajo por alcanzar los valores óptimos de maduración que hagan posible la obtención de excelentes productos con los que acudir al mercado.

Un mercado en el que la superación, todavía con grandes trabas en los hábitos de consumo impuestos por el Covid, muestra su lado más amable y devuelve la esperanza a unos bodegueros que confían en una rápida consolidación de la reactivación del consumo en la hostelería producida en los lugares de veraneo y que esperan trasladar a los grandes núcleos urbanos. Con la esperanza, nunca lo suficientemente valiente, de apuntalar lo que de bueno han traído estos más de dieciocho meses de sufrimiento, como es la potenciación del comercio online y el aumento en los momentos de consumo e ingesta de vino en los hogares.

Deseos que por más que estimaciones a la baja de producciones cercanas al quince por ciento en el conjunto nacional, con algunas regiones de gran valor en el panorama vitivinícola como Castilla-La Mancha donde podamos estar hablando de un veinticinco, o incluso superior en la segunda comunidad productora como es Extremadura; no han acabado por trasladarse al mercado. Donde los precios de sus uvas, mostos y vinos mantienen una tímida tendencia alcista que dista mucho de alcanzar niveles prepandémicos y satisfacer a unos viticultores que siguen siendo la parte más débil de esa cadena de valor y que les lleva a denunciar de manera reiterada que, ni Ley de la Cadena, ni el control de la AICA están sirviendo para que los contratos homologados que firman consigan evitar la venta a pérdidas y obtener una renta digna con la que asegurar el futuro de su explotación.

Cosechas ciertamente inferiores a las del año pasado en todos los grandes productores europeos, con descensos que llegan a superar el veinticinco por ciento en Francia o el diez en Italia. Recuperación del consumo, sostenimiento de las exportaciones, tendencia clara al alza de precios en mostos y vinos y unas existencias que, con ser superiores a las de otros años, tampoco es que sean inasumibles en un panorama optimista. Deberían haber generado un ambiente positivo, distendido, alegre y esperanzador. Situación claramente distante de una realidad marcada por denuncias constantes y acusaciones de abuso de posición dominante que hacen muy difícil la generación de ese ambiente de entendimiento y cordialidad necesario en cualquier proyecto que aspire a romper una endiablada espiral de bajos precios y ausencia de rentabilidad.

¿Qué tiene que suceder para que esto cambie?

Pues lo bien cierto es que resulta bastante complicado responder (o al menos para mí lo es) porque las circunstancias bajo las que desarrollar la actividad vitivinícola en España difícilmente pueden pensarse más favorables. Y, aun así, las partes vuelven a mostrar su incapacidad para alcanzar acuerdos que les ayuden a afrontar el futuro con unas mínimas garantías de éxito.

¿Cuántas oportunidades de estas nos quedan?

Con la entrada en bodega de los primeros racimos de la vendimia 2021/22, adquieren protagonismo las estimaciones de producción y los posibles precios de uva que puedan marcar mostos y vinos en los primeros compases de campaña. Tema que, nos guste o no, se está viendo fuertemente influenciado por un asunto nada menor, como es el Covid-19, y sobre el que bien poco, o nada, puede hacerse desde el sector vitivinícola salvo soportar, como se puede, las nefastas consecuencias que está teniendo.

Aspirar a que el mercado de la alimentación, o el impulso dado al comercio electrónico, asuma el quebranto ocasionado por el cierre total, durante muchos meses, de la hostelería; y las fuertes limitaciones de otros muchos, no solo es en sí mismo una entelequia, sino que nos conduce a escenarios sencillamente inalcanzables y distorsionadores de una realidad, que requiere de mucho tiempo en sus cambios.

Si a esto le añadimos que no es el sector vitivinícola un colectivo que se caracterice, precisamente por actuar unido y por afrontar los problemas de manera colegiada; es fácil entender que, a las presiones naturales del inicio de todas las campañas, nos estemos encontrando con numerosas acusaciones de las organizaciones agrarias de incumplimientos por parte de la industria.

Nada que en otras campañas no sucediera y que entra dentro de la pura lógica con la que actúa el mercado, pero que, en este año, se ve agravado por un ejercicio con fuertes problemas en los precios, existencias todavía más numerosas de lo que sería normal en las bodegas y unas perspectivas de cosecha que, aunque claramente inferior a la del pasado año y ante un escenario europeo igualmente inferior; no tiene muchos visos de ser mucho mejor que el anterior.

Si a eso le añadimos una Ley de la cadena de valor que obliga a vigilar el cumplimiento de no vender a pérdidas y la publicación de varios estudios de costes de producción de la uva que no hacen sino situar, a todas las variedades y en prácticamente todas las regiones españolas, los precios de sus uvas por debajo de estos umbrales. Tenemos el caldo de cultivo perfecto para los enfrentamientos, manifestaciones y denuncias que hagan más complicado afrontar la difícil situación sectorial.

Sobre el papel no hay nadie que pueda defender precios por debajo de los costes de producción, ni los que lo producen porque no sería posible subsistir, ni los que compran, porque de ellos depende disponer de materia prima con la que elaborar sus vinos que luego comercializan.

Luego el problema lo tenemos superado ese primer punto de partida descriptivo de la situación ya que, todas las posibles soluciones que se plantean, lo son a un medio y largo plazo.

Afortunadamente las exportaciones, donde colocamos más de la mitad de la producción y más de dos veces y media lo que vedemos en el mercado interior, están funcionando muy bien en los últimos meses, con fuertes crecimientos tanto en envasados como en graneles, pero a costa de una pérdida de valor, reduciendo los precios medios en prácticamente todas las categorías.

¿Es posible aspirar a aumentar los costes de producción en estas circunstancias?

Deseable y necesario lo es, sin ninguna duda, ¿pero posible?

Y, sobre todo, ¿sin hacerse un planteamiento sectorial a medio y largo plazo con objetivos muy marcados y cuantificables?

Llegan tiempos de vendimia y las tensiones en el mercado resurgen cual ave fénix, dispuestas a reclamar el protagonismo que merecen. El alivio de la situación sanitaria, a pesar de que el número de contagios está disparado, especialmente en nuestro país, no parece contar con la fuerza que ha demostrado en las anteriores olas. Quién sabe si por el hecho de tener más de veinticinco millones de personas con la pauta de vacunación completa, o por puro hartazgo de una sociedad que no termina de entender muy bien las consecuencias de tanto sacrificio. Con un claro sector, el hostelero, señalado como culpable de todos nuestros males.

Sea como fuere, el caso es que, dentro de apenas un par de semanas, estarán entrando los primeros racimos de uva en los lagares y la fijación del precio de las uvas y la formalización, obligatoria, del contrato entre las partes con el requisito de que este cubra los costes de producción; recuperan protagonismo. Volvemos a escuchar denuncias de las organizaciones agrarias reclamando que se cumpla la Ley de la Cadena de Valor, exigiendo de Competencia una diligente vigilancia para que no se produzcan acuerdos sobre precios que distorsionen la libre concurrencia en el mercado. Así como a unos viticultores que se declararán víctimas de un modelo productivo en el que son el último eslabón de una cadena que les condena a la ruina y borra toda posibilidad de relevo generacional en sus viñedos, ante la falta de rentabilidad.

Poniendo en evidencia a un sector que se ha mostrado totalmente incapacitado para mejorar los precios de sus productos y trasladar a los viticultores esa riqueza mínima que permita garantizar calidad y continuidad.

Y, a pesar de ello (o igual como consecuencia), los viticultores se muestran dispuestos a apostar por el futuro del sector y aspiran a hacerse con alguna de las 945 hectáreas que el Gobierno de España fijó como límite (0,1% de la superficie plantada) de nuevas plantaciones. Quedarse el 87,8% de las 3.349 hectáreas solicitadas fuera del reparto podría ser considerado como una prueba irrefutable de la confianza en el futuro del sector. O, como aseguran otros, precisamente, una consecuencia de la falta de rentabilidad que obliga a los viticultores a contar con importantes extensiones de viñedo en las que sea posible obtener unas economías de escala, sin las cuales no es posible la actividad rentable. Y, algo de esto debe haber, cuando ha sido Castilla-La Mancha, una de las Comunidades Autónomas con más bajos precios de las uvas, la que más hectáreas ha solicitado con 1.713 ha (el 51,37%).

Ni hay que ser muy listo, ni estar muy al día de lo que pasa en el mundo, para saber que las relaciones Unión Europea-Rusia no pasan por los mejores momentos. Encuentros (más bien desencuentros) diplomáticos al más alto nivel en los que parecieron disfrutar poniendo en una situación incómoda al representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, despejaban cualquier duda sobre la posición que la Administración Putin iba a tener con la Unión Europea. Y, como antes ya sucediera con China y las placas solares alemanas, o posteriormente con Estados Unidos y el enfrentamiento con las ayudas recibidas por Airbus, el sector vitivinícola (en concreto el vino espumoso en esta ocasión) vuelve a ser tomado como rehén en su política gesticular.

Los efectos que tendrá este nuevo episodio sobre el conjunto del sector vitivinícola europeo muy posiblemente no superen la barrera de lo anecdótico, como ya lo demuestra la estrategia comercial adoptada por alguna de los mayores operadores de Champagne en ese país. Pero el impacto social, el buscado por las autoridades rusas, lo superará ampliamente siendo objeto de atención en el mundo entero. Teniendo el eco mediático buscado en estos casos.

Defender este ultraje no parece, viendo la experiencia de los dos casos más recientes, fácil. Nos consta que desde la propia Unión Europea ya se han tomado cartas en el asunto, así como en la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), pero los resultados tardarán en llegar.

Mientras tanto, el sector deberá afrontar una nueva vendimia bajo las condiciones de un mercado marcado por los confinamientos y limitaciones en el tránsito de personas, pero que podría tener unos efectos muy positivos en las exportaciones. Especialmente en Estados Unidos gracias a la derogación de la traba arancelaria impuesta por la Administración Trump a la que hacíamos referencia anteriormente. Así, el informe de verano de la Unión Europea sobre las Perspectivas de los Mercados Agrarios de la UE vaticina un crecimiento del 4,4% a las exportaciones de la campaña 20/21. Lo que permitirá iniciar la próxima campaña con unas existencias prácticamente tan solo un 2,9% superiores a la media de las últimas cinco.

Sobre una vendimia a la que le restan muchas cosas por decir hasta que sea una realidad, pero que apunta en una dirección de cierta estabilidad en cuanto al volumen global y una calidad mucho más que aceptable. Con las naturales tensiones en los precios de las uvas que se están viendo, especialmente en nuestro caso, acrecentadas por un mercado vinícola estabilizado en precios, pero en la parte inferior de su horquilla. Lo que, unido a que no se trata de una excepción y que afecta a la práctica totalidad de las producciones agrícolas y ganaderas, ha llevado a las organizaciones agrarias a anunciar que retomarán las protestas que mantenían en la calle cuando se decretó la pandemia y que abandonaron por responsabilidad.

Alcanzar un acuerdo del trílogo: Comisión Europea, Parlamento y Consejo sobre la reforma de la PAC, sin ningún género de dudas es un paso muy importante, ya que de su aplicación depende la posibilidad de seguir contando con nuestros Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola, de los que tanto nos hemos beneficiado y sin los cuáles la revolución que ha vivido el sector, especialmente en el ámbito enológico y vitícola, no hubiese sido posible. Lo que no quiere decir que no tengamos grandes retos por delante que, bien pueden suponer un balón de oxígeno en nuestra conquista de los mercados, o convertirse en un pesado lastre que nos hunda en el fondo de un mar turbulento de precios bajos y calidades mediocres.

La apuesta por una política agraria más sostenible ambiental y económicamente, verde, social e igualitaria; que ponga en valor la agricultura dignificando su trabajo y permitiendo obtener una renta digna a sus agricultores supone un mensaje que ni es nuevo, ni está exento de importantes desafíos.

El primero (aunque seguramente no el más sustancial) lo podríamos encontrar en la necesidad de que todavía está pendiente el desarrollo de los reglamentos básicos que concreten temas tan importantes como la figura de agricultor activo, el régimen de pequeños productores, los eco-esquemas, la condicionalidad reforzada, la convergencia interna de derechos, los pagos redistributivos, ayudas a jóvenes agricultores, reserva de crisis o medidas de gestión de riesgos.

El segundo, en la necesidad de que cada Estado miembro debe realizar un Plan Estratégico, marco sobre el que pintar los objetivos, medios y plazos; el cual deberá estar finalizado antes de que finalice el año. Que, en el caso de España, según declaraciones del propio ministro Planas estará supeditado a su distribución competencial autonómica, lo que podría suponer diferentes sensibilidades hacia el sector vitivinícola.

La tercera cuestión, en no caer en la tentación de querer enfrentar modelos productivos “sostenibles” versus “industriales”. Filosofía que ya se lleva varios años apuntando y que cada vez va adquiriendo un cariz peligroso de enfrentamiento, como si estuviéramos hablando de dos modelos enfrentados. Hacer un uso razonable de los recursos hídricos, utilizar fitosanitarios o fertilizantes de manera localizada y eficiente no tiene por qué estar necesariamente reñido con la sostenibilidad y es que olvidamos con cierta facilidad que para que algo sea sostenible debe serlo en tres aspectos: ecológico, social y económico.

Relegamos con frecuencia que los recursos tecnológicos y conocimientos con los que ahora contamos nada tienen que ver con los de hace unas décadas, y que renunciar a utilizarlos en aras de una mayor rentabilidad que haga posible cumplir con la sostenibilidad económica, no tiene por qué estar enfrentado con la ecológica y puede resultar imprescindible para alcanzar la social.

Recientemente, con motivo del grave problemas de excedentes que ha generado en el sector el cierre de la hostelería, hemos tenido ocasión de comprobar cómo gastar decenas de millones de euros en retirar producto del mercado, temporal o definitivamente, no es sinónimo de solución y que no considerar en la asignación de ayudas aquellos aspectos referidos al mantenimiento de viñedo viejo cuya producción es mucho más baja, tampoco es que haya ayudado en nuestro desarrollo.

Pagar por no producir puede ser necesario. Hacerlo por producir calidad y desarrollar un papel social de fijación de población y relevo generacional, además de mantener una cubierta vegetal, es fundamental.

Con la ratificación el pasado viernes entre el Consejo y el Parlamento Europeo y el visto bueno del Consejo de Ministros de Agricultura del lunes, la Unión Europea da un paso de gigante en la reforma de su política más importante, la Agrícola; a la que los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola están íntimamente ligados.

Con el mantenimiento de una ficha financiera para la PAC española de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, podríamos concluir que hemos salvado el primer envite, al tratarse de una cifra similar a la del periodo anterior, en un marco verdaderamente desfavorable. No solo por la cantidad de recursos que habrá que destinar a hacer frente a los efectos del Covid-19, sino también por la reducción del 15% que provocó la salida del Reino Unido, o el mismo cambio en las prioridades políticas. Alteraciones que afectan a una orientación más social, abordando el relevo generacional, igualdad de género, equidad y convergencia, programas sectoriales como el que afecta directamente al Vino, Desarrollo Rural, y Organización Común de los Mercados. Amén de aquellas relacionadas con una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad medioambiental, con la introducción de los eco-esquemas.

Con este acuerdo se garantiza, al menos hasta el 2027 el mantenimiento de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola, así como una ficha financiera que apenas ha disminuido un 5% sobre la anterior. Suponiendo la incorporación de figuras como el agricultor activo, el régimen de pequeños productores, los eco-esquemas, la condicionalidad reforzada, la convergencia interna de derechos, los pagos redistributivos, ayudas a jóvenes agricultores, reserva de crisis y medidas de gestión de riesgos. Así como aquellas otras derivadas de la misma OCM y que afectan al régimen de autorizaciones, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2045; ayuda a los viticultores que reduzcan su producción para hacer frente a desequilibrios graves del mercado; el propio etiquetado del vino que deberá incluir el valor energético y un enlace a la lista de ingredientes; la posibilidad de que las Interprofesionales puedan proporcionar indicadores orientativos de precios de uva para la elaboración de vinos con D.O.P./I.G.P.; o la inclusión de los vinos sin alcohol.

Panorama favorable para un sector que tiene en su misma concepción el respeto al medioambiente, pero que requiere de ayudas que lo fortalezcan, permitan su digitalización para hacerlo más competitivo, así como otras que complementen una rentabilidad que no siempre encuentran en el mercado, pero que llevan aparejadas tareas tan importantes como la fijación de la población en el medio rural.

No sé si es por una cuestión de necesidad o de concienciación, el caso es que el Covid ha traído al sector un cierto sentido de colectividad y toma de conciencia sobre la necesidad de defender juntos principios y los intereses más básicos. Como lo fue la defensa ante la Comisión Europea de la dotación de fondos extraordinarios con los que hacer frente a los efectos de la pandemia en el consumo o, ahora, la defensa de una prórroga hasta el año 2022 de las autorizaciones de plantación que no pudieron ejecutarse en 2020.

La primera cuestión, ya sabemos que no tuvo eco en la Comisión, sin que se dotaran más fondos que los ya establecidos por los propios presupuestos de los Programas de Apoyo nacionales. La segunda, todavía está por ver. Pero sea cual sea el resultado, ya es positivo.

Conseguir que, por cuarta vez, los tres principales países productores de la Unión Europea (Italia, Francia y España), que concentran el 85% de la cosecha vinícola comunitaria, se hayan sentado en la misma mesa (virtual), para analizar la situación del mercado y sus expectativas, los posibles efectos que tendrá la futura PAC o aquellos aspectos relacionados con la salud o la promoción es ya un éxito y representa un gran paso en la notoriedad de nuestro sector y los tiempos tan complicados que nos vienen.

Pensar en vino, para cualquiera de nosotros, es sinónimo de desarrollo, futuro para nuestros pueblos, esperanza para luchar contra la despoblación o desertificación, motivo de orgullo e imagen de país. Pero, lamentablemente, no es así para todos. Los hay que ven en su consumo una droga a perseguir, un alcohol que prohibir y al que hay que ponerle todas las barreras posibles en su acceso a la población. Contar con una estrategia bien definida en esta lucha contra los que no ven en su ingesta una posibilidad hacia un consumo responsable, cultural e inteligente de alcohol, resulta fundamental en una batalla que, lleva muchos años abierta y a la que, de momento, hemos conseguido hacerle frente, pero que acabará afectándonos de una forma u otra en un periodo de tiempo no muy lejano.

Necesitamos contar con un marco en el que sea posible mantener unas relaciones fluidas entre el sector y las administraciones. Generar un clima de diálogo y confianza mutua que permita establecer posiciones comunes sobre cuestiones básicas, tales como la política promocional por un consumo responsable del vino, que hemos mencionado anteriormente; y también sobre aquellas otras de índole económico, relacionadas con el comercio internacional; y, aunque la eliminación de aranceles en Estados Unidos es un buen ejemplo, todavía hay muchos otros asuntos de gran importancia.

Otro aspecto a destacar de este Comité Mixto sectorial es la puesta a disposición de los Estados (Francia, España e Italia) de unos boletines trimestrales en los que se presentan estadísticas referidas a la evolución de la campaña, una información que viene a sumarse a la ya existente del Infovi español y que, sin duda, ayuda a tomar conciencia a nuestro Ministerio de cuál es la situación actual por la que atraviesa el sector.

Por otro lado, superar las setenta mil hectáreas como superficie siniestrada por heladas y pedrisco, a fecha de final de mayo, es una cantidad importante, según datos facilitados por Agroseguro que tendrá su reflejo en la cosecha. Llegar a considerar estos efectos como relevantes, sobre un volumen que se vaticinaba como de gran producción, es otra cuestión que dista bastante de la realidad y sobre la que habrá que estar atentos cuando, dentro de pocas semanas, comiencen a publicarse las primeras estimaciones de cosecha y cuyos efectos, al menos así se pretenda, quieran verse reflejados en los precios de las uvas.

Tal y como era de esperar, las reacciones al anuncio del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, para poner fin (durante 5 años) al conflicto comercial que supuso la imposición de aranceles adicionales al vino español, entre otros, no se han hecho esperar. Todas las organizaciones se muestran satisfechas e inciden en el cambio de talante que supone la nueva Administración Biden frente la proteccionista, y casi antieuropea, de Trump. Cuyos efectos cuantificó la Federación Española del Vino en una caída del 9% en valor y 4,5% en volumen de nuestra exportación a este país, obligando a las bodegas a absorber una parte muy importante de ese arancel en su precio de venta, que cayó un 5% en ese mercado.

Buenas perspectivas se vislumbran también para otro de nuestros grandes destinos, el del Reino Unido, en el que, según Euromonitor, durante el 2022 habremos recuperado todo el valor pre-Covid en el canal doméstico, aunque no lo hagamos en el Horeca hasta el 2024. Eso sí, gracias a una mejora en el precio medio, ya que para el volumen se prevé un descenso gradual. Con una clara apuesta de los consumidores por los productos sostenibles y en el que nuestros vinos son líderes mundiales.

Dos excelentes noticias, sin duda, que no restan ni un ápice de preocupación sobre el otro gran asunto que inquieta al sector y que no es otro que la próxima vendimia. No parece que ni granizo, ni focos de enfermedades criptogámicas, por más severos que sean sus efectos en localidades muy concretas, vayan a ser capaces de frenar una cosecha 2021 que sigue presentando serias credenciales de convertirse en voluminosa.

¿Hasta cuánto? Pues, esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Ya que las existencias en bodega son cuantiosas y que, por bien que vayan las cosas y poco a poco vayamos recobrando el ritmo de vida, y consumo pre-Covid, es seguro que tardaremos algo más de tres meses (que son los que nos faltan para disponer de los primeros vinos de la cosecha 2021) en hacerlo.

Consecuencia de todo ello: tendremos una vendimia complicada, con fuertes tensiones en precios y cruzadas acusaciones de falta de cumplimientos en los contratos. Y es que, si algo nos caracteriza es la falta de estabilidad, con dientes de sierra en las cotizaciones y condiciones de los contratos que apenas soportan un pequeño envite. Circunstancias sobre las que edificar un proyecto a medio y largo plazo se hace muy difícil.

Hasta ahora, los importantes daños causados en los viñedos de franceses e italianos por las heladas nos están salvando estos últimos meses de campaña, con un cierto repunte en los volúmenes expedidos y una reactivación en las cotizaciones que se han visto reflejadas, también, en el mercado interior. Lo que, sin duda, está genial y forma parte de las reglas del juego de cualquier actividad agrícola expuesta a la climatología, pero que está muy lejos de dotar de futuro a un sector que sigue queriendo crecer a costa del otro, en lugar de hacerlo de manera colegiada.

Posiblemente esté cometiendo el peor de los errores en los que puede caer un medio de comunicación, que no es otro que la falta de imparcialidad en el tratamiento de la información. Pero, hecha la advertencia, permítanme la licencia de echar la imaginación a volar y en esta editorial compartir con todos ustedes la esperanza de que, este año largo que llevamos de restricciones esté llegando a su fin y, con él, la vuelta a cifras de consumo de vino parecidas a las que teníamos por el mes de marzo del 2020, cuando aquel día 13 cambiaron nuestras vidas de manera insospechada.

Es muy probable que esta vuelta a la situación anterior requiera de una transición ordenada y cautelosa y que debamos esperar un buen tiempo hasta superar las numerosas secuelas que, en los diferentes aspectos de nuestras vidas: social, familiar, económico, laboral…, nos ha dejado la pandemia. Pero, desde el más profundo de los convencimientos, lo conseguiremos y nuestro consumo de vino, se recuperará, superando los 11,09 millones de hectolitros que alcanzamos en febrero del 2020. Hoy, con los datos del Infovi correspondientes al mes de abril podemos decir que estamos en un consumo aparente de 9,14 Mhl, con un crecimiento de 56.516 hectolitros sobre el del mes de marzo y es el segundo mes con tasa positiva. Tendencia que, salvo catástrofe, se mantendrá, acelerándose con los meses de vacaciones y la recuperación de un turismo que, hoy, todavía es muy residual.

La recuperación de momentos de consumo en los hogares que se habían perdido, o simplemente resultaban residuales, la facilidad de acceso a los vinos que ha supuesto la digitalización de muchas de nuestras bodegas, el desarrollo de las plataformas online y la propia incorporación de pequeños núcleos de consumidores, auparán el consumo y acelerarán su recuperación.

¿Suficiente para considerarlo aceptable en un país con una producción potencial que supera los cincuenta millones de hectolitros? Tajantemente NO. Pero tampoco vamos a esperar que en unos pocos meses solucionemos un problema que llevamos arrastrando décadas y que requeriría de un Plan Estratégico Sectorial para los próximos diez años, en el que se abordasen, con profundidad, honestidad y seriedad, los potenciales de producción por zonas y tipos de productos, las diferentes utilizaciones, las distintas alternativas que se presentan en la comunicación y el marketing del vino, donde englobaríamos el desarrollo de los diferentes canales de comercialización. Así como el peso de cuestiones paralelas, pero de gran influencia, como pudieran ser todas las relacionados con la ecología y el medio ambiente, hábitos de consumo, la proliferación de consumidores veganos o vegetarianos, así como las diferentes nomenclaturas autorizadas para la designación y presentación de los vinos. Sin olvidarnos de que estamos hablando de empresas que no solo tienen que jugar un papel principal en esta recuperación del sector vitivinícola español, sino que, además, tienen que ser rentables para resultar sostenibles en todas sus fases de formación de una cadena de valor que, desde el conocimiento pormenorizado de la realidad, debiera abordar el futuro con valentía y ajeno a cualquier condicionante impuesto por cuestiones políticas.

Definir bien todas estas cuestiones y contar con ese Plan Estratégico cuyo concurso ha convocado la Interprofesional del Vino de España (OIVE) debiera permitirnos afrontar con criterio el debate, actualmente abierto, sobre si la situación que estamos viviendo es una cuestión circunstancial o coyuntural. Estéril y que no está haciendo más que generar enfrentamientos en colectivos de mucho peso en España.

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