De todas las cosas que ha traído consigo este maldito virus llamado Covid-19, la mayoría de ellas han sido malas. ¡Que digo malas!, horrorosas. Nos ha costado una ingente cantidad de dinero y hemos perdido derechos que nunca antes nos hubiéramos siquiera planteado la posibilidad de que se vieran recortados. Pero ha sucedido y, con más o menos resignación, podríamos decir que lo hemos superado.

Todavía es pronto para hablar en pretérito de esta situación y, muy posiblemente seguirá siéndolo todavía un tiempo, en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no acaben declarándolo como una enfermedad endémica y asumiendo que, del mismo modo que otro coronavirus, el de la gripe, causó estragos en la población en el siglo XIX, este los ha causado en el XXI, pasando a formar parte de nuestras vidas. Pero esto llegará, muy posiblemente dentro de no muchos meses y, ahora, tenemos la obligación, entre todos, de aprovechar lo que nos pueda dejar de bueno.

Los cambios sociales han sido brutales, acelerándose de manera exponencial acontecimientos que preveíamos en el horizonte de una década. Se ha demostrado el valor de la cohesión y la importancia que ha tenido la Unión Europea en la gestión de la situación, a pesar de todos los borrones que presenta su hoja de ruta. Se han establecido mecanismos y dotado fondos que, por nosotros mismos, hubiese sido imposible abordar. Y, por si esto fuese poco, la misma naturaleza se ha encargado de regular la producción y ofrecernos una de las cosechas más cortas y con ello facilitarnos la salida de los excedentes y recuperación de las cotizaciones.

En nuestro caso, incluso han sido las exportaciones las que, una vez más, han venido en nuestro auxilio y, lejos de lo que hubiese sido previsible en un ambiente de caída del consumo, nuestras bodegas han aumentado sus ventas y reducido sus existencias a un volumen de fin de campaña más que aceptable.

El comercio electrónico se ha multiplicado, el consumo de vino en los hogares aumentado su frecuencia y el precio medio del vino consumido también ha crecido. Hemos asumido que el vino forma parte de nuestra forma de vivir y hemos querido seguir teniéndolo a nuestro lado. No podemos permitirnos perder lo conseguido.

Aun así, como nunca nada es perfecto, nos encontramos inmersos en una verdadera “tormenta perfecta” en lo relacionado con el movimiento de mercancías y precio de las materias primas energéticas. Reino Unido no es capaz de hacer llegar a las gasolineras el carburante por falta de transportistas, los fletes navieros se han multiplicado por cuatro, igual que el precio del gas. De la electricidad no vamos a hablar, ya es imposible empezar un día sin un nuevo récord en el precio del kilovatio y el petróleo roza los ochenta euros por barril y crece más del cincuenta por ciento. Consecuencia de todo ello: el IPC disparado y con grandes amenazas de acabar con la estabilidad de la última década, lo que, nos generará grandes tensiones sociales.

Por si todo esto fuera poco, los fondos de la UE están sujetos a reformas socioeconómicas tan importantes como las políticas de empleo o las pensiones.

El sector tiene grandes oportunidades que debe aprovechar, esperemos que los árboles no nos impidan ver el bosque.

Según las últimas estimaciones realizadas por el COPA-Cogeca, la producción comunitaria de la campaña 2021/22 se situará en el entorno de los 140-145 millones de hectolitros, lo que supondrá una de las campañas más cortas de la historia. Francia con un descenso estimado del 29% y una cosecha que no superaría los 33,3 millones de hectolitros encabeza este triste ránking, seguida de España, cuyas estimaciones sitúan su vendimia en los 39,5 millones de hectolitros (-15%) e Italia, cuya pérdida no será tan escandalosa como en un primer momento se pensaba y quedaría reducida a un 9% de merma, entre 43,7 y 45 millones de hectolitros. Mucho más lejos quedan los vaticinios del resto de países productores, entre los que destaca por su importancia Alemania, para la que las estimaciones sitúan su cosecha en el entorno de los nueve millones, seis millones y medio para Portugal y entre dos y medio y tres para Hungría.

Esta notable reducción y la reapertura del canal Horeca, junto con la eliminación de los aranceles por parte de Estados Unidos, le permite mirar al horizonte próximo con cierto optimismo a Luca Rigotti, su presidente. Confiando en recuperar precios y demandando de las autoridades comunitarias una reforma que dote al sector de instrumentos de gestión adecuados con los que hacer frente a estas perturbaciones del mercado.

La reciente propuesta sobre la modificación de la normativa que regula el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) para adaptarla a las flexibilidades que permite la Comisión Europea, aunque importantes, se consideran totalmente insuficientes para hacer frente a las consecuencias que el Covid-19 ha tenido sobre el sector y sus precios.

El pago de las ayudas, la exención de determinadas penalizaciones o la modificación de los plazos, en la aplicación de las medidas de reestructuración y reconversión, inversiones, cosecha en verde y promoción en terceros países. Está muy bien y son bien recibidas por el sector, pero se han demostrado totalmente ineficientes para recuperar el precio de la uva. Que, sorprendentemente, presente cifras muy similares a las del año pasado en muchas variedades y regiones de nuestra geografía, sin que parezca tener ninguna consecuencia esta fuerte caída de la producción, generalizada en la Unión Europea y las buenas expectativas que se barajan y que vienen avaladas por el buen comportamiento de nuestras exportaciones en los meses precedentes.

En función de la actitud adoptada, parece bien claro que las bodegas han optado por no elaborar más de lo estrictamente necesario, trasladar a las cooperativas, obligadas a ello con la producción de sus socios, a su transformación y pagar precios más altos por los mostos e incluso vinos viejos, pero hacerlo solo con aquellas partidas que consideran estratégicas para su política de venta y por las que están pagando hasta un cincuenta por ciento más de lo que lo hicieron el año pasado. Caso de los mostos de Chardonnay, por ejemplo, cuyo precio actual roza, en algunas plazas los ocho euros hectogrado, cuando el año pasado cotizaba alrededor de los cinco setenta y cinco.

O lo que sucede con las uvas destinadas a la elaboración de cava, cuyas cotizaciones oscilan entre los veinticuatro y los veintiocho céntimos de euro por kilo, con apenas cinco céntimos sobre las del pasado año, mientras que los mostos presentan aumentos mucho mayores.

Sea como fuere, el caso es que el sector anda temeroso. Después de una situación tan extraña como la que hemos vivido estos últimos dieciocho meses, ya nadie se atreve a vaticinar lo que puede suceder con el consumo o las exportaciones. Y, ante eso, lo mejor es esperar.

Conocidos los datos del Infovi correspondientes al mes de julio, ya podemos afirmar, con total rotundidad, que las cosas no nos han ido tan mal como las circunstancias nos hacían suponer. Aumentar nuestras existencias a final de campaña 2’469 millones de hectolitros (7’0%), hasta alcanzar los 37’651 frente los 35’182 Mhl del pasado año, no está nada mal. Que de esos stocks 35’936 Mhl lo sean de vino y 1’715 de mostos versus 33’135 y 2’047 respectivamente del año pasado, tampoco es mala cosa. Y si eso lo comparamos con lo sucedido con la producción que pasó de 33’676 millones de hectolitros a 40’949 de vino y 3’628 a 5’076 de mosto de una campaña a otra respectivamente, podemos sentirnos muy satisfechos y sacar pecho por el excelente trabajo realizado durante la campaña.

Y, aunque el mérito vuelven a tenerlo nuestras exportaciones, con un volumen de 23’357 Mhl vs. 20’640; el vino destinado a la destilación (3’043 frente los 2’949 del año pasado) o los 0’414 Mhl que elaboramos de vinagre sobre los 0’311 del año anterior, tampoco han estado nada mal. Incluso lo sucedido con el consumo aparente, que baja de los 10’221 del año anterior a los 9’218 de este, podrían considerarse buenos datos teniendo en cuenta que la hostelería ha permanecido cerrada un buen número de meses y con fuertes restricciones cuando les han permitido abrir.

Hablando de futuro, las perspectivas tampoco son nada negativas, con una estimación de cosecha que rondaría, según nuestra valoración, los treinta y ocho millones y medio de hectolitros, contar con unas disponibilidades que se situarían en 76,147 millones de hectolitros cuando el año pasado fueron 81’675 Mhl, es una sustancial reducción que debiera permitirnos disfrutar de una campaña 2021/22 con no demasiados problemas y unos precios en recuperación.

Situación que, considerando las expectativas de los otros países productores europeos nos permitirían albergar la esperanza de mejorar, también, el precio medio de nuestros productos vitivinícolas, excesivamente bajos y que hacen muy complicado contar con una rentabilidad suficiente que haga interesante el relevo generacional, especialmente en la viticultura.

Y es que, si buenas son las expectativas para esta campaña para el vino, no lo están siendo tanto en lo que se refiere al precio de la uva. En muchos casos similares a los pagados el año anterior y otros, los menos, con ligeros incrementos que distan mucho de compensar la pérdida de cosecha, incidiendo sobre la nula rentabilidad de su actividad.

Hablar de sensibilidad o compromiso podría resultar un tanto frívolo para un sector que está acostumbrado a hacer la guerra cada uno por su cuenta y en el que se aspira a crecer a costa del otro. No obstante, voluntariamente o de una forma impuesta, la realidad nos está llevando hacia unas condiciones de producción que nos resultan muy favorables. Con una clara implicación con la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la valoración del origen como sumo elemento representativo de todos estos valores.

La recién aprobada reforma de la PAC con sus nuevos requisitos para el acceso a ayudas o el papel principal que debe desarrollar el consumidor, nos obligará a hacer cambios, a plantearnos el futuro sectorial de una forma diferente a la que lo hemos hecho hasta ahora. Aumentando el cultivo acogido a la certificación ecológica, elaborando más vinos sin sulfuroso y disminuyendo el nivel en todos los demás, recuperando variedades ancestrales, adquiriendo notoriedad en conceptos como biodiversidad… pero, por encima de todo, mejorando la certificación de cara al consumidor sobre el producto que consume, potenciando la seguridad alimentaria.

Y todo esto, justo al contrario de lo que podría parecer, requiere de un gran esfuerzo tecnológico, inversor y de conocimiento. Pilares sobre los que habrá que construir el futuro de nuestro sector. Aspirar a que todo esto se pueda hacer de una manera colegiada, comprometida y correspondida por todos podría sonar a quimera, pero me atrevo a decir que resulta imprescindible en el mensaje ético que debemos hacer llegar al consumidor.

De igual forma que somos conscientes del peligro que representa un consumo excesivo de alcohol y que el vino contiene un porcentaje considerable, y luchamos todos los días por transmitir que es el propio conocimiento del vino el que te conduce hacia su cultura como mejor herramienta con la que luchar contra el alcoholismo. Tenemos que ser capaces de transmitir el resto de valores de los que somos garantes.

No es posible obtener buenos vinos sin un respeto al medioambiente, sin estar cerca de la tierra, sin mantener las tradicionales o velar por la trazabilidad del producto Y solo desde esa atalaya de valores es posible plantearse la rentabilidad de sus operadores.

Nuestra sociedad ha cambiado, la especialización se impone y convierte la profesionalización en el elemento básico sobre el que poder desarrollarla, en detrimento de la concepción de la agricultura como actividad secundaria. Lo que exige recursos y una gestión de la que hasta ahora, en muchos casos, hemos carecido.

De la misma forma que la calidad pasó de ser un hecho diferenciador a convertirse en un requisito sobre el que construir los mensajes que le dan valor al resto de intangibles; tenemos que ser capaces de entender que la excelencia es el único camino que nos queda para satisfacer a los consumidores.

El mercado es universal, sus posibilidades casi infinitas, la diversidad de consumidores, hábitos, canales de venta y destinos, convierten sus posibles combinaciones en interminables. Abanderar esas exigencias y valorar el papel que cada uno de los integrantes de la cadena de valor tiene, siendo capaces de construirla verdaderamente desde abajo, puede sonar como un brindis al sol, pero no nos olvidemos que, queramos o no, los controles han venido para quedarse, que cada día contaremos con mejores herramientas y la honestidad no dejará resquicio por el que escapar.

Unas estimaciones claramente a la baja en toda la Unión Europa, con muchas posibilidades de que nos enfrentemos a una de las campañas más reducidas de su historia, están permitiendo recuperar la ilusión en el sector y la esperanza de que sus cotizaciones superen ese penoso umbral de rentabilidad que marca el ingreso con el que cubrir los costes de producción.

Hasta el momento, precios de uva y mostos marcan una tendencia claramente positiva de la que se están contagiando los vinos viejos y poniendo en evidencia, una vez más, el gran problema de estabilidad que tiene este sector y lo difícil que, bajo estas circunstancias, se hace contar con un verdadero plan estratégico y las políticas necesarias que lleven a nuestro sector a la posición que, por todos deseada, es escasamente perseguida.

Unos años por otros, bien porque la cosecha es corta y los precios altos o, porque hay mucha producción y los precios bajan. El caso es que no hay forma de poder acudir a la distribución con la estabilidad que necesita en los precios de sus productos finales. Lo que no solo dificulta mucho la operatividad de nuestras bodegas, sino que también impide una gestión efectiva y eficiente de los medios de producción, especialmente del cultivo de la viña.

Ya puede haber leyes y organismos encargados de vigilar la libre competencia del mercado que nada de todo eso será, en sí mismo, suficiente para que el sector vitivinícola consiga ser un sector próspero. Está claro que no acabamos de entender que esa prosperidad solo es posible si resulta colectiva, que crecer a costa de otro no tiene futuro y solo genera enfrentamientos que minan las escasas posibilidades que presenta un mercado maduro y altamente competitivo. Y, aunque los viticultores tienen todo su derecho a reclamar que no sea cuando las condiciones les son favorables cuando deban realizarse los esfuerzos en pro de la colectividad; igualmente cierto es que en algún momento hay que hacerlo.

Disponer de contratos homologados es un gran primer paso que no hace sino poner en evidencia la gran precariedad y el enorme retraso que presenta nuestro sector cuando nos referimos a él como actividad empresarial. Pero resulta totalmente insuficiente. Son necesarios acuerdos plurianuales que vayan más allá de precios fijos y reconozcan que, tanto en lo bueno, como en lo malo, viticultores e industria, van de la mano, haciendo realidad esa corresponsabilidad a la que tan acostumbrados nos han dejado las ayudas del PASVE y que tan incapaces somos de asumir en algo más básico y sencillo como son las relaciones entre sus operadores.

Evidentemente no será esta campaña, en la que la actividad ya es una realidad, cuando se pueda aspirar a disfrutar de esa complejidad. Pero sería interesante (y necesario), bajo estas circunstancias, recapacitar sobre el asunto.

Llega a su fin el mes de agosto y con él los remolques cargados de uva invaden nuestras carreteras y devuelven al sector a una realidad repleta de retos y objetivos con los que hacer frente a una nueva campaña, en la que la vuelta a la “normalidad” podría ser la mejor definición posible.

Retorno a una normalidad marcada por la climatología, con tormentas de verano, algún episodio de granizo y noches que comienzan a refrescar; permitiendo un correcto desarrollo del fruto en su trabajo por alcanzar los valores óptimos de maduración que hagan posible la obtención de excelentes productos con los que acudir al mercado.

Un mercado en el que la superación, todavía con grandes trabas en los hábitos de consumo impuestos por el Covid, muestra su lado más amable y devuelve la esperanza a unos bodegueros que confían en una rápida consolidación de la reactivación del consumo en la hostelería producida en los lugares de veraneo y que esperan trasladar a los grandes núcleos urbanos. Con la esperanza, nunca lo suficientemente valiente, de apuntalar lo que de bueno han traído estos más de dieciocho meses de sufrimiento, como es la potenciación del comercio online y el aumento en los momentos de consumo e ingesta de vino en los hogares.

Deseos que por más que estimaciones a la baja de producciones cercanas al quince por ciento en el conjunto nacional, con algunas regiones de gran valor en el panorama vitivinícola como Castilla-La Mancha donde podamos estar hablando de un veinticinco, o incluso superior en la segunda comunidad productora como es Extremadura; no han acabado por trasladarse al mercado. Donde los precios de sus uvas, mostos y vinos mantienen una tímida tendencia alcista que dista mucho de alcanzar niveles prepandémicos y satisfacer a unos viticultores que siguen siendo la parte más débil de esa cadena de valor y que les lleva a denunciar de manera reiterada que, ni Ley de la Cadena, ni el control de la AICA están sirviendo para que los contratos homologados que firman consigan evitar la venta a pérdidas y obtener una renta digna con la que asegurar el futuro de su explotación.

Cosechas ciertamente inferiores a las del año pasado en todos los grandes productores europeos, con descensos que llegan a superar el veinticinco por ciento en Francia o el diez en Italia. Recuperación del consumo, sostenimiento de las exportaciones, tendencia clara al alza de precios en mostos y vinos y unas existencias que, con ser superiores a las de otros años, tampoco es que sean inasumibles en un panorama optimista. Deberían haber generado un ambiente positivo, distendido, alegre y esperanzador. Situación claramente distante de una realidad marcada por denuncias constantes y acusaciones de abuso de posición dominante que hacen muy difícil la generación de ese ambiente de entendimiento y cordialidad necesario en cualquier proyecto que aspire a romper una endiablada espiral de bajos precios y ausencia de rentabilidad.

¿Qué tiene que suceder para que esto cambie?

Pues lo bien cierto es que resulta bastante complicado responder (o al menos para mí lo es) porque las circunstancias bajo las que desarrollar la actividad vitivinícola en España difícilmente pueden pensarse más favorables. Y, aun así, las partes vuelven a mostrar su incapacidad para alcanzar acuerdos que les ayuden a afrontar el futuro con unas mínimas garantías de éxito.

¿Cuántas oportunidades de estas nos quedan?

Con la entrada en bodega de los primeros racimos de la vendimia 2021/22, adquieren protagonismo las estimaciones de producción y los posibles precios de uva que puedan marcar mostos y vinos en los primeros compases de campaña. Tema que, nos guste o no, se está viendo fuertemente influenciado por un asunto nada menor, como es el Covid-19, y sobre el que bien poco, o nada, puede hacerse desde el sector vitivinícola salvo soportar, como se puede, las nefastas consecuencias que está teniendo.

Aspirar a que el mercado de la alimentación, o el impulso dado al comercio electrónico, asuma el quebranto ocasionado por el cierre total, durante muchos meses, de la hostelería; y las fuertes limitaciones de otros muchos, no solo es en sí mismo una entelequia, sino que nos conduce a escenarios sencillamente inalcanzables y distorsionadores de una realidad, que requiere de mucho tiempo en sus cambios.

Si a esto le añadimos que no es el sector vitivinícola un colectivo que se caracterice, precisamente por actuar unido y por afrontar los problemas de manera colegiada; es fácil entender que, a las presiones naturales del inicio de todas las campañas, nos estemos encontrando con numerosas acusaciones de las organizaciones agrarias de incumplimientos por parte de la industria.

Nada que en otras campañas no sucediera y que entra dentro de la pura lógica con la que actúa el mercado, pero que, en este año, se ve agravado por un ejercicio con fuertes problemas en los precios, existencias todavía más numerosas de lo que sería normal en las bodegas y unas perspectivas de cosecha que, aunque claramente inferior a la del pasado año y ante un escenario europeo igualmente inferior; no tiene muchos visos de ser mucho mejor que el anterior.

Si a eso le añadimos una Ley de la cadena de valor que obliga a vigilar el cumplimiento de no vender a pérdidas y la publicación de varios estudios de costes de producción de la uva que no hacen sino situar, a todas las variedades y en prácticamente todas las regiones españolas, los precios de sus uvas por debajo de estos umbrales. Tenemos el caldo de cultivo perfecto para los enfrentamientos, manifestaciones y denuncias que hagan más complicado afrontar la difícil situación sectorial.

Sobre el papel no hay nadie que pueda defender precios por debajo de los costes de producción, ni los que lo producen porque no sería posible subsistir, ni los que compran, porque de ellos depende disponer de materia prima con la que elaborar sus vinos que luego comercializan.

Luego el problema lo tenemos superado ese primer punto de partida descriptivo de la situación ya que, todas las posibles soluciones que se plantean, lo son a un medio y largo plazo.

Afortunadamente las exportaciones, donde colocamos más de la mitad de la producción y más de dos veces y media lo que vedemos en el mercado interior, están funcionando muy bien en los últimos meses, con fuertes crecimientos tanto en envasados como en graneles, pero a costa de una pérdida de valor, reduciendo los precios medios en prácticamente todas las categorías.

¿Es posible aspirar a aumentar los costes de producción en estas circunstancias?

Deseable y necesario lo es, sin ninguna duda, ¿pero posible?

Y, sobre todo, ¿sin hacerse un planteamiento sectorial a medio y largo plazo con objetivos muy marcados y cuantificables?

Llegan tiempos de vendimia y las tensiones en el mercado resurgen cual ave fénix, dispuestas a reclamar el protagonismo que merecen. El alivio de la situación sanitaria, a pesar de que el número de contagios está disparado, especialmente en nuestro país, no parece contar con la fuerza que ha demostrado en las anteriores olas. Quién sabe si por el hecho de tener más de veinticinco millones de personas con la pauta de vacunación completa, o por puro hartazgo de una sociedad que no termina de entender muy bien las consecuencias de tanto sacrificio. Con un claro sector, el hostelero, señalado como culpable de todos nuestros males.

Sea como fuere, el caso es que, dentro de apenas un par de semanas, estarán entrando los primeros racimos de uva en los lagares y la fijación del precio de las uvas y la formalización, obligatoria, del contrato entre las partes con el requisito de que este cubra los costes de producción; recuperan protagonismo. Volvemos a escuchar denuncias de las organizaciones agrarias reclamando que se cumpla la Ley de la Cadena de Valor, exigiendo de Competencia una diligente vigilancia para que no se produzcan acuerdos sobre precios que distorsionen la libre concurrencia en el mercado. Así como a unos viticultores que se declararán víctimas de un modelo productivo en el que son el último eslabón de una cadena que les condena a la ruina y borra toda posibilidad de relevo generacional en sus viñedos, ante la falta de rentabilidad.

Poniendo en evidencia a un sector que se ha mostrado totalmente incapacitado para mejorar los precios de sus productos y trasladar a los viticultores esa riqueza mínima que permita garantizar calidad y continuidad.

Y, a pesar de ello (o igual como consecuencia), los viticultores se muestran dispuestos a apostar por el futuro del sector y aspiran a hacerse con alguna de las 945 hectáreas que el Gobierno de España fijó como límite (0,1% de la superficie plantada) de nuevas plantaciones. Quedarse el 87,8% de las 3.349 hectáreas solicitadas fuera del reparto podría ser considerado como una prueba irrefutable de la confianza en el futuro del sector. O, como aseguran otros, precisamente, una consecuencia de la falta de rentabilidad que obliga a los viticultores a contar con importantes extensiones de viñedo en las que sea posible obtener unas economías de escala, sin las cuales no es posible la actividad rentable. Y, algo de esto debe haber, cuando ha sido Castilla-La Mancha, una de las Comunidades Autónomas con más bajos precios de las uvas, la que más hectáreas ha solicitado con 1.713 ha (el 51,37%).

Ni hay que ser muy listo, ni estar muy al día de lo que pasa en el mundo, para saber que las relaciones Unión Europea-Rusia no pasan por los mejores momentos. Encuentros (más bien desencuentros) diplomáticos al más alto nivel en los que parecieron disfrutar poniendo en una situación incómoda al representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, despejaban cualquier duda sobre la posición que la Administración Putin iba a tener con la Unión Europea. Y, como antes ya sucediera con China y las placas solares alemanas, o posteriormente con Estados Unidos y el enfrentamiento con las ayudas recibidas por Airbus, el sector vitivinícola (en concreto el vino espumoso en esta ocasión) vuelve a ser tomado como rehén en su política gesticular.

Los efectos que tendrá este nuevo episodio sobre el conjunto del sector vitivinícola europeo muy posiblemente no superen la barrera de lo anecdótico, como ya lo demuestra la estrategia comercial adoptada por alguna de los mayores operadores de Champagne en ese país. Pero el impacto social, el buscado por las autoridades rusas, lo superará ampliamente siendo objeto de atención en el mundo entero. Teniendo el eco mediático buscado en estos casos.

Defender este ultraje no parece, viendo la experiencia de los dos casos más recientes, fácil. Nos consta que desde la propia Unión Europea ya se han tomado cartas en el asunto, así como en la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), pero los resultados tardarán en llegar.

Mientras tanto, el sector deberá afrontar una nueva vendimia bajo las condiciones de un mercado marcado por los confinamientos y limitaciones en el tránsito de personas, pero que podría tener unos efectos muy positivos en las exportaciones. Especialmente en Estados Unidos gracias a la derogación de la traba arancelaria impuesta por la Administración Trump a la que hacíamos referencia anteriormente. Así, el informe de verano de la Unión Europea sobre las Perspectivas de los Mercados Agrarios de la UE vaticina un crecimiento del 4,4% a las exportaciones de la campaña 20/21. Lo que permitirá iniciar la próxima campaña con unas existencias prácticamente tan solo un 2,9% superiores a la media de las últimas cinco.

Sobre una vendimia a la que le restan muchas cosas por decir hasta que sea una realidad, pero que apunta en una dirección de cierta estabilidad en cuanto al volumen global y una calidad mucho más que aceptable. Con las naturales tensiones en los precios de las uvas que se están viendo, especialmente en nuestro caso, acrecentadas por un mercado vinícola estabilizado en precios, pero en la parte inferior de su horquilla. Lo que, unido a que no se trata de una excepción y que afecta a la práctica totalidad de las producciones agrícolas y ganaderas, ha llevado a las organizaciones agrarias a anunciar que retomarán las protestas que mantenían en la calle cuando se decretó la pandemia y que abandonaron por responsabilidad.

Alcanzar un acuerdo del trílogo: Comisión Europea, Parlamento y Consejo sobre la reforma de la PAC, sin ningún género de dudas es un paso muy importante, ya que de su aplicación depende la posibilidad de seguir contando con nuestros Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola, de los que tanto nos hemos beneficiado y sin los cuáles la revolución que ha vivido el sector, especialmente en el ámbito enológico y vitícola, no hubiese sido posible. Lo que no quiere decir que no tengamos grandes retos por delante que, bien pueden suponer un balón de oxígeno en nuestra conquista de los mercados, o convertirse en un pesado lastre que nos hunda en el fondo de un mar turbulento de precios bajos y calidades mediocres.

La apuesta por una política agraria más sostenible ambiental y económicamente, verde, social e igualitaria; que ponga en valor la agricultura dignificando su trabajo y permitiendo obtener una renta digna a sus agricultores supone un mensaje que ni es nuevo, ni está exento de importantes desafíos.

El primero (aunque seguramente no el más sustancial) lo podríamos encontrar en la necesidad de que todavía está pendiente el desarrollo de los reglamentos básicos que concreten temas tan importantes como la figura de agricultor activo, el régimen de pequeños productores, los eco-esquemas, la condicionalidad reforzada, la convergencia interna de derechos, los pagos redistributivos, ayudas a jóvenes agricultores, reserva de crisis o medidas de gestión de riesgos.

El segundo, en la necesidad de que cada Estado miembro debe realizar un Plan Estratégico, marco sobre el que pintar los objetivos, medios y plazos; el cual deberá estar finalizado antes de que finalice el año. Que, en el caso de España, según declaraciones del propio ministro Planas estará supeditado a su distribución competencial autonómica, lo que podría suponer diferentes sensibilidades hacia el sector vitivinícola.

La tercera cuestión, en no caer en la tentación de querer enfrentar modelos productivos “sostenibles” versus “industriales”. Filosofía que ya se lleva varios años apuntando y que cada vez va adquiriendo un cariz peligroso de enfrentamiento, como si estuviéramos hablando de dos modelos enfrentados. Hacer un uso razonable de los recursos hídricos, utilizar fitosanitarios o fertilizantes de manera localizada y eficiente no tiene por qué estar necesariamente reñido con la sostenibilidad y es que olvidamos con cierta facilidad que para que algo sea sostenible debe serlo en tres aspectos: ecológico, social y económico.

Relegamos con frecuencia que los recursos tecnológicos y conocimientos con los que ahora contamos nada tienen que ver con los de hace unas décadas, y que renunciar a utilizarlos en aras de una mayor rentabilidad que haga posible cumplir con la sostenibilidad económica, no tiene por qué estar enfrentado con la ecológica y puede resultar imprescindible para alcanzar la social.

Recientemente, con motivo del grave problemas de excedentes que ha generado en el sector el cierre de la hostelería, hemos tenido ocasión de comprobar cómo gastar decenas de millones de euros en retirar producto del mercado, temporal o definitivamente, no es sinónimo de solución y que no considerar en la asignación de ayudas aquellos aspectos referidos al mantenimiento de viñedo viejo cuya producción es mucho más baja, tampoco es que haya ayudado en nuestro desarrollo.

Pagar por no producir puede ser necesario. Hacerlo por producir calidad y desarrollar un papel social de fijación de población y relevo generacional, además de mantener una cubierta vegetal, es fundamental.