Sin entrar en muchas disquisiciones sobre las verdaderas razones que explicarían la situación de parálisis que está viviendo el sector vitivinícola. O en análisis de lo que pudiera suceder en las próximas semanas, meses, con los mercados. Incluso sin entrar a valorar si lo que hay detrás de todo esto son más razones macroeconómicas, provocadas por acontecimientos (de gran relevancia) que nada tienen que ver con el vino y mucho con las bombas. Lo únicamente cierto es que nos enfrentamos a un inicio de campaña nunca antes (hablo por mí) conocido.

El caso es que las estimaciones de cosecha de todos los países productores se encuentran contenidas en niveles que podríamos calificar, sin ningún tipo de ambages, de bajos respecto a lo que han venido produciendo en los últimos cinco años.

Los precios de las uvas, a pesar del gran incremento de los costes de producción y los numerosos estudios publicados sobre cuáles son los valores medios por zonas y sistemas de cultivo, se sitúan en niveles muy por debajo de los que al inicio de la campaña reclamaban las organizaciones agrarias. Sin que ello haya provocado más revueltas que las estrictamente limitadas a la denuncia pública en los medios de comunicación y el recordatorio de que la Ley obliga a las bodegas a pagar “siempre” por encima de esos costes de producción. Lo que la firma del contrato entre viticultor y bodeguero reconoce.

Las cotizaciones de mostos y vinos permanecen en un limbo de incertidumbre sin que apenas se muevan y ajusten a la realidad de una nueva campaña.

Las grandes cadenas de distribución son acusadas de subir precios y señaladas como las grandes responsables del encarecimiento de una cesta de la compra que se ha disparado por encima del quince por ciento, según datos estadísticos, pero que resulta fácilmente constatable por todos que ha estado muy por encima comparando lo que gastábamos hace un año y lo que supone ahora para nuestros bolsillos.

Pero, en cambio, las bodegas se encuentran con la realidad de tener que soportar constantes subidas en los costes de todos sus insumos y con un margen muy reducido en su capacidad de repercutirlas sobre el precio final de la botella.

Y, como si todo esto no fuera bastante sorprendente, porque aquí parece que todos perdemos; el consumo aparente en nuestro país presenta un engañoso crecimiento del 11’9%, según datos del Infovi de julio, consecuencia de la comparación con momentos de pandemia, cuando la realidad es que, desde febrero, su línea de tendencia es negativa.

Algo parecido a lo que sucede, refiriéndonos al mismo mes, con las exportaciones, cuyo precio medio del vino en tasa interanual (TAM) sube un 9’5% hasta situarse en los 1’37 €/litro, con especial relevancia en los graneles que lo hacen un 13’4% (0’43 €/litro). Pero lo hace gracias a aumentar el valor un 5’0%, 9’6% para el caso de los graneles. Pero perdiendo el 3’3% del volumen de vinos sin envasar y el 4’1% del total de vinos.

Una producción similar a la del año pasado en la UE-27, que supondría estar por debajo de lo que sería la cosecha media de los últimos cinco años. Una previsión para España, aun considerando las lluvias de los últimos días, que difícilmente alcanzará los treinta y ocho millones de hectolitros (esa es nuestra estimación actual, que no parece estar muy alejada de lo que piensan otras organizaciones). Unas existencias a inicio de campaña de 37.782.470 hl, (-3’29% sobre las de la campaña anterior) de los que 36.349.367 hl lo eran de vino (-2’69%) y de 1.433.103 de mosto (-16’47%). Son datos que no parece que justifiquen la fuerte paralización que presenta el mercado o la escasa revalorización que están teniendo las uvas, mostos y vinos.

Cuestiones macroeconómicas, mucho más relacionadas con tasas de inflación, tensiones bélicas, subidas de tipos de interés, devaluación del euro, endurecimiento del crédito… o las derivadas sociales de estas que podrían suceder en el otoño escapan al propio sector vitivinícola y hacen muy complicado cualquier análisis que vaya más allá de la pura especulación.

Lo cierto es que las cotizaciones no reaccionan, los italianos, esos operadores que tradicionalmente llegaban a nuestro país en estas fechas para marcar el ritmo de nuestros precios con la firma de operaciones con fecha de retirada y pago a seis meses o más; no han venido, generando un cierto desánimo en todos los eslabones de una cadena que está viendo cómo su reducidísima rentabilidad va cayendo y llega a hacer imposible alcanzar los propios costes de producción.

Y, como si todo esto no fuera lo suficientemente grave, a algunos de nuestros ministros no se les ocurre mejor idea para hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra que obligar a las grandes distribuidoras a topar los precios de algunos alimentos. ¡Como si ese límite en el precio no fueran a trasladarlo hacia la cadena de valor, pero en el sentido contrario del que debería construirse!

Son momentos difíciles, de grandes incertidumbres que están muy por encima de cualquier decisión o iniciativa que pueda adoptar el sector vitivinícola y tendrán, con total seguridad, consecuencias sobre el consumo de vino y el mercado.

Derivaciones que requerirán de medidas que van mucho más allá de protestas por la actitud mantenida por unos de los operadores frente a otros: los viticultores sobre los bodegueros, estos sobre la distribución, para acabar llegando al consumidor.

Son necesarias medidas europeas, o cuanto menos nacionales. Provenientes de los Presupuestos Generales del Estado o de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola. Pero los viticultores no pueden seguir soportando ver cómo crece el precio de los fertilizantes o fitosanitarios. Las bodegas, los de los insumos, materias secas o costes logísticos; o los distribuidores los de un producto ante el que sus clientes han visto reducida drásticamente su capacidad de compra.

En este sentido, asociaciones vitivinícolas de los tres principales países productores de la UE: Francia, Italia y España, celebraron una reunión del denominado Grupo de Contacto, del que demandan a sus respectivos Gobiernos y a la Comisión Europea la adopción de medidas para afrontar una difícil situación de este sector, en el que “la geopolítica, la inflación y una nueva ola de prohibicionismo ponen en peligro la sostenibilidad social, económica y medioambiental” del mismo.

Sorpresa, lo que se dice sorpresa, no ha sido el conocer las existencias con las que ha finalizado la campaña 2021/22. Que entre el vino que hay en las bodegas, almacenistas y productores de más de mil hectolitros, haya en España a 31 de julio, fecha en la que finaliza la campaña, treinta y siete millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta (37.782.470) hectolitros de vinos y mostos no puede asombrar a nadie.

Especialmente cuando venimos de una cosecha corta, porque treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete (35.471.467) hectolitros de vino y cuatro millones cincuenta y tres mil cincuenta de mosto, son pocos para un país con cerca de un millón de hectáreas de viñedo.

Aun así, hay que reconocer que se nos han atragantado un poco. O eso al menos es lo que parece si vemos la evolución que han tenido, a lo largo de la campaña, las cotizaciones de los vinos. Que empezaron cotizando la primera semana de agosto de 2021 a 25’89 euros/hectolitro los blancos y 36’02 los tintos; y han acabado, en la última semana de julio, a 37’80 y 42’00, respectivamente. Una revalorización que, considerando cosechas, exportaciones, salida de situaciones restrictivas de consumo con motivo de la pandemia… pero, especialmente, teniendo en cuenta la evolución de los precios y el incremento en los costes de producción, insumos, costes logísticos y energéticos; teniendo en cuenta las previsiones de cosecha que se manejan para esta campaña en España, pero no solo, también el resto del mundo, especialmente en los países europeos, no parecen que haya sido suficiente.

Y, así al menos, parecen estar reflejándolo las cotizaciones a las que están firmándose los contratos de compraventa de uva en las diferentes regiones españolas. Todas con incrementos que no alcanzan a cubrir lo que han subido los costes de producción y tan solo con la excepción de una variedad y zona concreta, como es el Albariño y la Denominación de Origen Rías Baixas, donde el incremento en el precio del kilo de uva ha sido espectacular, llegando a alcanzar los tres euros, evidenciando el buen momento que vive esta denominación, su bodegas y viticultores.

Con una estimación de cosecha nacional en torno ya a los treinta y ocho millones de hectolitros, cifra sobre la que prácticamente todas las previsiones pivotan (dos millones arriba o abajo). Nos enfrentaríamos a unas disponibilidades de setenta y seis millones de hectolitros, dos menos que el año pasado y, aún con todo y con ello, los precios no acaban de reaccionar con alegría.

Y es que hay mucho miedo a lo que pueda pasar con el consumo. Las repercusiones que tenga la disparada inflación, la inestabilidad que se genere en el empleo, las posibles restricciones, el corte del crédito… Son muchos los frentes abiertos para un producto de lujo, como es el vino.

Mucho más allá de lo que puede representar para el sector que el consumo de vino en los hogares españoles sea uno u otro, hay que reconocer que en él se asienta una buena parte del futuro de nuestra industria.

Es posible elaborar un producto, en este caso estamos hablando de vino, pero podríamos hacerlo de cualquier otro, con la intención de venderlo todo, o la mayoría, fuera de nuestras fronteras. Especialmente si se encuentra dentro de los denominados “no básicos”. Pero eso tiene muchos inconvenientes, quizá el primero de todos es lo que supone de internacionalización de nuestras bodegas, aspecto para el que el tamaño sí importa y que no es el más adecuado.

Que cerca del noventa por ciento de nuestras bodegas tengan alguna operación de exportación a lo largo del año, no significa que estén capacitadas para ello y mucho menos que lo hagan en las condiciones requeridas de valor añadido, creación de marca y sostenibilidad en el tiempo. Y, es que, como ya hemos comentado en alguna ocasión, no es lo mismo vender que te compren.

Ahora mismo, y por muchos años, aspirar a que, al menos la mitad de lo que producimos se consuma en España es una utopía que ninguna campaña va a tornar en posible. Pero no por ello hay que renunciar a conseguirlo y definir claramente los objetivos a medio y largo plazo que nos conduzcan en esa dirección.

Pasar de diez millones de hectolitros a veinte, representa duplicar el volumen consumido y aspirar a hacerlo manteniendo un consumo esporádico y festivo se antoja muy complicado. Actualmente consumimos medio litro a la semana por persona, lo que viene a ser cuatro copas que, distribuidas en el fin de semana, momento en el que se concentra el consumo, vienen a ser dos copas por cada sábado y domingo. Pasar a consumir una copa al día, aunque fuera cuando acaba la jornada de trabajo y mientras estamos esmerados en la cena o durante ella no parece tan complicado y nos llevaría a situarnos por encima de ese objetivo de los veinte millones de hectolitros.

Pero ello supondría devolver al vino a la cotidianidad de nuestras vidas, supondría que la presencia de una botella en los hogares donde hay niños no fuera considerado como una incitación al consumo de alcohol. Y eso no parece que esté en la mente de ningún político.

Unos porque se declaran abiertamente contrarios al vino y enarbolan la bandera de la lucha por reducir su consumo, aspirando, incluso, a su prohibición o la utilización de mensajes que alerten de los efectos perjudiciales que tiene un consumo moderado, aunque este no exista.

Otros porque en su defensa se quedan agazapados ante la posibilidad de ser acusados de incitar al alcoholismo, sin tener la valentía de defender un consumo moderado, racional, inteligente y con conocimiento, como pregona el propio sector.

Y, bajo este panorama, nos sorprendemos, los políticos los primeros, de que seamos, de entre los principales países elaboradores, el que menos consumo per cápita tiene, que seamos los que más barato vendemos el vino o que la uva se pague a precios ruinosos que ponen en serias dificultades el relevo generacional que tanto necesita el sector para su perduración y profesionalización.

A pesar de que apenas ninguno de los grandes acontecimientos que nos esperan en esta nueva campaña tiene nada ver con el sector vitivinícola, su relevancia es tal que sus consecuencias deberán ser de una importancia sublime en la industria del vino.

Pensar que la situación económica que estamos viviendo, con tasas de inflación en máximos históricos, depreciación del euro frente al dólar, aumento vertical de los referentes de préstamos, especialmente el Euribor… no nos va afectar sería una ilusión que no nos deberíamos permitir. La restricción del crédito acabará perjudicando a nuestras empresas, bodegueros y viticultores, que lo tendrán mucho más complicado para acceder a la financiación necesaria para desarrollar su día a día, pero también para llevar a cabo sus proyectos de inversión. La disminución de la renta disponible restará capacidad de gasto a los consumidores y los productos que más se verán afectados serán aquellos que no son ya básicos, entre los que se encuentra el Vino.

Pensar que ello vaya a modificar sustancialmente el volumen de consumo aparente de nuestro país, actualmente situado en 10’461 millones de hectolitros, todavía lejos de los 11’088 que alcanzábamos en el mes de febrero de 2020, justo antes de la declaración de la pandemia de marzo y que ponía freno a un crecimiento sostenido iniciado en diciembre del 2018 con los primeros resultados de las campañas puestas en marcha por la Interprofesional del Vino con el objetivo de recuperar el consumo en España, sería un escenario demasiado catastrófico que no me planteo.

El problema lo tenemos cuando proyectamos cuáles pueden ser los efectos que tenga sobre nuestras exportaciones la crisis en la que estamos envueltos a nivel mundial, o mucho más claramente, europeo. Nuestro Top 5 lo integran: Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido, entre todos ellos acaparan, prácticamente, dos tercios de nuestras exportaciones (61%) con cifras a junio’22. Y todos ellos han disminuido el volumen de sus importaciones, Alemania, Italia y Portugal a razón de dos dígitos, como también lo ha hecho Estados Unidos que ocupa el sexto puesto.

Las cosechas van ser cortas, las existencias sostenidas con un volumen de 39’309 Mhl frente los 41’745 del año anterior (-5’8%). Y, en cambio, en las cotizaciones que se van conociendo de los precios a los que están cerrándose los contratos por las uvas parece estar pensado más toda la situación global, que la estrictamente relacionada con el sector vitivinícola.

¿Será así en las próximas semanas y acabarán viéndose afectadas las exportaciones?

Entre playas y chiringuitos pasan los días y el tórrido verano va dando lugar a unas vendimias que han tenido que tomar el protagonismo quince días antes de lo que hubiese sido esperable.

No sabemos muy bien (o sí, pero no seré yo quien ose afirmarlo con rotundidad) si como consecuencia del cambio climático, o por vicisitudes de la campaña. El caso es que el adelanto, entre 10 y 15 días de las primeras labores de corte de uva, se ha convertido en la tónica habitual de todas nuestras comarcas. Llegándose incluso a superar el mes en algunas de ellas.

Un buen comportamiento de la climatología, con lluvias suficientes en la primera mitad de la primavera, para dar paso a una segunda parte y a una estación estival en las que las precipitaciones han permanecido ausentes, con intensas olas de calor, que nos llevaban a superar los cuarenta grados en amplias zonas de nuestra geografía; sitúan nuestras reservas hídricas por debajo del 37,9% y a un buen número de comunidades autónomas con pueblos donde se han tenido que aplicar restricciones al consumo de agua. Estas circunstancias se han convertido en argumentos recurrentes a la hora de explicar un adelanto en las vendimias que venimos soportando y que bien podríamos empezar a plantearnos ya como habituales.

Lo que ya no sabemos es si, a ese cambio en las fechas “normales” de vendimia, también deberíamos comenzar a valorar su aplicación cuando nos refiramos a las producciones. Hablar de “normalidad” cuando llevamos un número de cosechas tan importante en el que no se dan esas circunstancias que nos permitían hablar de la generalidad o más habitual es algo que nos debería llevar a buscar algún otro referente más claro, preciso y ajustado a la realidad tan cambiante que estamos viviendo. Pues, si bien es cierto que aquellos países con producciones históricas mucho más estables que nosotros comienzan a sufrirlas también; somos, con diferencia, de entre los principales países productores, el que más volatilidad presenta en sus cosechas.

Hablar de fechas “habituales”, como de cosechas “normales”, con un cambio climático tan evidente y caracterizado por una radicalización de los episodios de lluvias, con frecuentes DANAS (Depresión Aislada en Niveles Altos, antigua gota fría) con ocasión de las elevadas temperaturas a las que se encuentra el agua del mar, o de reventones convectivos (vientos de alta velocidad que se dirigen hacia abajo y hacia afuera del punto de aterrizaje de la superficie) y otros fenómenos, es complicado.

Episodios cada vez más extremos y frecuentes que están generando un efecto notable sobre las cosechas, también la de la uva de vinificación y, dado que esto no parece que sea flor de un día, sino el anuncio de una nueva etapa climática, hacen muy difícil la elaboración de cualquier plan estratégico por parte de las bodegas, restando eficiencia a unas medidas de apoyo al sector que igual deben hacer frente una campaña a incentivar la retirada del mercado de una parte de producción, como al año siguiente se cuestiona la disponibilidad suficiente con la hacer frente a sus necesidades. Por no hablar de lo complicado que resulta la realización de cualquier pronóstico de producción, aunque sea grosso modo, cuando en la fase I (agraz) las expectativas son de una gran cosecha y en la de traslúcido o maduración las expectativas han cambiado radicalmente.

A diferencia de lo que sucedía a finales del mes de mayo, apenas unas semanas han bastado para dar al traste con una parte importante de las excelentes previsiones que se barajaban. Entendiéndose que una mayor cosecha siempre es una buena cosecha, con independencia de cuál sea la situación del mercado y el peso que sobre las cotizaciones puedan estar teniendo las existencias.

Si por aquel entonces (parece que estemos hablando de la prehistoria), los había que, con todas las reservas naturales en este tipo de estimaciones, situaban la cosecha 2022 en el entorno de los cincuenta millones de hectolitros. Ocho semanas después y tras un carrusel de olas de calor y ausencia de lluvias, ya nadie piensa que esos niveles pudieran darse y prácticamente ninguno se atreve a vaticinar con una cosecha mayor a los 40’048 millones del año pasado.

Una de las vendimias más cortas de nuestro pasado reciente, solo empeorada por la del 19/20 en la que se cosecharon 37’728 millones de hectolitros, o los 35’467 de la 17/18. Devolviéndonos a las campañas 11/12 y 12/13, en las que tuvimos que hacer frente a dos campañas cortas consecutivas, 38’860 y 35’596 Mhl, respectivamente.

Parece que, ni la profesionalización del sector, ni el aumento de regadío o el control de plagas y enfermedades son herramientas suficientes con las que enfrentarnos a las consecuencias de un cambio climático, que evoluciona a marchas forzadas y nos muestra sus peores efectos con una antelación de más de una década sobre las estimaciones más favorables.

El que no parece conseguir mantener el ritmo de crecimiento iniciado en enero del 2021, tras un año de fuertes caídas, es el consumo en nuestro país. Estimado en 10’44 millones de hectolitros en a mayo’22, un +11’1% en tasa interanual (TAM), pero que se sitúa por debajo de los 10’63 alcanzados en el mes de febrero de este año.

Otros de los cambios que parece estar confirmándose es el de la recuperación del consumo en el canal Hostelería, cuyo crecimiento, según datos de Nielsen IQ ha sido del 40’8% en TAM abril-mayo 2022, frente un canal de Alimentación que muestra señas de agotamiento cayendo un 6’6%

Datos que vienen a confirmarse si atendemos al parámetro del valor, pues si en cifras absolutas los reembolsos crecen un 13% frente el 4’9% que lo ha hecho el volumen. Descontado el efecto inflación los precios caen ligeramente.

Sea como fuere, el caso es que, ni estos datos, ni las perspectivas que se tienen de lo que podría suceder en los meses de julio y agosto hacen pensar en escenarios más negativos. La evolución de las reservas, la llegada de turistas y la disposición a gastar demostrada por los consumidores, dejando a un lado lo que pudiera depararnos el nuevo curso, hacen prever más caídas que las estrictamente técnicas derivadas de un aumento de precios que, en el caso de los vinos, será imposible de repercutir en toda su extensión, aumentando menos de lo que lo haga la media nacional.

Si esto mismo será lo que acabe sucediendo con los precios de las uvas es la gran pregunta que todos nos hacemos y a la que nadie parece encontrarle respuesta en estos momentos.

De todas las estadísticas vitivinícolas posibles, no hay ninguna que alcance la importancia de la relacionada con la estimación de producción. La que más interesa a sus operadores y, por extensión, a todo el sector. De ella no solo penden los precios de las uvas, también lo hacen las planificaciones comerciales y, con ellas, las necesidades de productos enológicos, materias secas, insumos, etc. Contar con una buena estimación de producción resulta imprescindible si queremos ser un sector profesionalizado y con alguna posibilidad de mirar al futuro con esperanza de mejorar su valor añadido.

No en vano es esta relevancia, junto con su carácter predictor, lo que la hace más proclive a interpretaciones que no siempre disfrutan de la objetividad e imparcialidad que sería deseable. De ahí la importancia de conocer la fuente de quien la emita y el prestigio que se haya granjeado a través de los años de historia en los que haya publicado, así como la desviación sobre las cifras finales que acabase presentando.

Contar con una estimación sectorial seria, e imparcial, es un objetivo común perseguible al que, lamentablemente, al menos hasta ahora no se le ha conseguido alcanzar. Actualmente sabemos que hay algunos proyectos, al menos dos, de organismos independientes de gran reputación, que están en ello. El resultado, confiemos en que dentro de unas seis u ocho semanas, para finales de septiembre, podamos conocerlo. Hasta entonces, lo mejor es seguir poniendo en valor lo que tenemos, como el que nosotros mismos elaboramos y hacernos eco de aquellas previsiones realizadas por los diferentes colectivos.

Este ejercicio no es un buen año para salir airosos de estos envites, el otoño seco que hemos tenido en buena parte de la geografía española a la que le han sucedido profundas olas de calor en primavera y las semanas de verano que llevamos transcurridas hacen que, de las primeras estimaciones que se manejaban, a las actuales haya diferencias que vayan mucho más allá de lo asumible. Pasar de cosechas cercanas a los cincuenta millones de hectolitros a cálculos que llegan a situarla en el entorno de los treinta y siete millones, es una horquilla demasiado grande como para poder considerarla seria.

Todos, en mayor o menor media, organizaciones agrarias y cooperativas, coinciden en señalar que del comportamiento que tenga la climatología en las próximas semanas pende entre un 20 y un 25% de la cosecha y, aunque los hay que le dan muy pocas probabilidades a la posibilidad de obtener una buena vendimia, argumentando que la viña no “hizo madera” que es como se conoce que lloviese adecuadamente en otoño cuando la cepa está en reposo, reconocen que, todavía es posible pensar en una cosecha por encima de los cuarenta millones del año anterior.

Los hay que incluso se atreven con el color y vaticinan para los tintos una mala producción.

En lo que todos parecen coincidir es que, una cosa son los episodios de pedrisco, que no acaban marcando una cosecha (los hielos que sí pueden hacer un daño importante en zonas de cierta amplitud geográfica), pero lo que puede acabar marcando una cosecha nacional es la sequía, y si viene acompañada de olas de calor continuadas, la catástrofe está asegurada.

De momento, lo único que nos queda es esperar, seguir pendientes de cómo va evolucionando la viña y confiar en que, haya lo que haya, los precios remonten y los costes de producción se puedan cubrir.

Con la vendimia, proliferan las informaciones relacionadas con producciones y precios. Y si bien lo que está sucediendo este año no difiere mucho de lo que aconteció en campañas anteriores, hay que reconocer que la publicación de los costes de producción de la uva, vienen a darle una especial notoriedad, al menos mediática.

Pues, aunque estos estudios publicados, la gran mayoría realizados con un más que aceptable rigor científico, no acaban de ser más que orientativos, careciendo de cualquier capacidad normativa y, en consecuencia, de una utilidad práctica que vaya más allá de la denuncia de que, en término medio, una buena parte de los viticultores están entregando la uva a un precio inferior al de sus costes de producción.

Lo que, pese a estar prohibido, hay que recordar que cada viticultor firma (o legalmente debería hacerlo, con la entrega de la producción, un contrato en el que figura el precio al que le será pagada, así como que este está por encima de sus costes de producción. Haciendo realidad esa paradoja estadística de explicar que “yo me como dos filetes y tú ninguno, y nos hemos comido uno cada uno”.

La verdad es que, estadísticas aparte, es un tema muy importante y en el que se sustenta una buena parte de los graves problemas de este sector. Para el que, por cierto, su Organización Interprofesional presentó el Plan Estratégico que, está muy bien y es una herramienta necesaria, pero que, si no ponemos en valor la producción vitícola con precios que hagan rentable el cultivo de la vid, nuestro sector carece de futuro. Conseguiremos que algunas bodegas vendan unas pocas botellas a un buen precio, pero haremos más difícil el mantenimiento de la superficie vitícola y deberemos enfrentarnos a problemas de desertificación y despoblamiento ante la ausencia de relevo generacional.

El futuro del sector pasa, necesariamente, por su profesionalización y eso exige precios de la uva más altos. ¿Cómo conseguirlos? Eso es harina de otro costal. En algunos casos será con unas uvas de más calidad, en otros con producciones más altas que las hagan rentables…

El pasado 11 de julio se reunía la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para aprobar el reparto de las otras dos de las grandes medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE): inversiones y reestructuración y reconversión que, junto con la ya aprobada en la reunión del pasado mes de mayo de promoción en terceros países, acuerda la distribución territorial para el año 2023 de los fondos. Fuera de este reparto queda la destinada a la destilación de subproductos pues su asignación no está asignada a un criterio territorial, sino de producción.

Ciento siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve (107.442.759) euros de los que la medida de reestructuración se lleva 69’709 millones de euros y la de inversiones 37’733; que se unen a los 51’717 de la de promoción. Un total de 159.160.433 euros con un reparto muy diferente por comunidades, según se trata de cada una de las medidas.

Así, mientras Castilla-La Mancha es la que más fondos recibirá 45’654 M€ (28’68%), la gran mayoría de ellos tendrá como destino la reestructuración y reconversión del viñedo (33’132 M€), mientras que para inversiones tan solo recibirá 9’662 y para promoción 2’859. Todo lo contrario que el País Vasco que con 13’944 M€ de dotación total (8’7%) de las ayudas, será el que más emplee en la promoción 10’763 (20’81%), 2’473 en inversiones y tan solo 0’708 en reestructuración y reconversión.

Algo más igualitario resulta el reparto de Castilla y León, que con sus 5’8 M€ (8’32%) en reestructuración, 7’519 (19’93%) en Inversiones y 7’687 M€ (14’86%) para promoción; se sitúa como la segunda Comunidad Autónoma por importe de ayuda total 21’006 (13’2%).

Más curioso resulta el caso de Cataluña y Extremadura, segunda y tercera en orden de producción. Pues si las ayudas destinadas a Cataluña serán el 10’35%, lo que supondrá poco menos de dieciséis millones y medio de euros; la medida a la que más fondos dedicarán será la de promoción, con prácticamente la mitad de sus fondos. Mientras que, en el caso de Extremadura, sucede todo lo contrario, pues los 7’7 millones (4’84%) van destinados prácticamente en su totalidad 6’416 M€ (83’32%) a la reestructuración.

Como puede verse, realidades muy diferentes de un sector que, lejos de poder pensar que evoluciona a un solo ritmo, presenta retos y posibilidades muy diversas.