Los profundos cambios sociales nos llevan a cuestionarnos el relevo generacional. Los climatológicos, la idoneidad de seguir cultivando donde hasta ahora se ha hecho. Los económicos, a encontrar un reparto justo de la riqueza que asegure la rentabilidad de los todos los que conforman la cadena de valor. Los nutricionales, a considerar seriamente el peso que debe jugar el alcohol. Los políticos se han visto afectados en los acuerdos de libre comercio o en la capacidad de alcanzar ese equilibrio entre lo que debe ser una medida que ayude en su labor medioambiental, social y económica de una zona; y lo que sería una ayuda directa que distorsionase la libre competencia. Y así podríamos seguir un buen rato.

Pero, lo bien cierto es que hace poco más de una semana, el sector, en general, pero me voy a referir al español particularmente, estaba pidiendo una destilación porque la demanda estaba ahogando el mercado. Y ahora nos estamos cuestionando lo que sucederá con la cosecha y su producción.

Los meteorólogos nos anuncian para esta semana un episodio de calor extremo que nos llevará a temperaturas propias de la primera semana del mes de julio, en una situación de sequía extrema en la que tan solo dos (Tajo, 107 y Norte y Noroeste, 101) de las doce cuencas hidrográficas en la que se distribuye la península presentan una precipitación acumulada desde el 1º de septiembre superior a la media 1991-2020. Otras dos, Duero (97) y Vertiente atlántica (90) superan la media peninsular (82) y las ocho restantes sufren una situación muy preocupante, especialmente, Segura (45), Sur (46) y Pirineo Oriental (48).

Y, como imagino que se estarán preguntando cuánta de la producción vitivinícola que obtenemos en España puede verse afectada por este episodio extremo de sequía al estar cultivada en secano; les contaré que, a 31 de diciembre de 2022, España, según datos de Superficies y Producciones del Ministerio de Agricultura, contaba con 849.559 hectáreas de viñedo en producción para vinificación, de las que el 69’2% (587.633) estaban cultivadas en secano y 261.926 (30’8%) en regadío. ¿Hasta dónde está garantizada la producción de las hectáreas en regadío y cuál puede ser la producción que acaben obteniendo nuestros viticultores de las de secano? Los hay que opinan que los 33-35 millones de hectolitros estarían garantizados y el resto, hasta los 48-50 Mhl, dependería del cielo y la ausencia de enfermedades. Pero eso se lo dejo a cada uno de ustedes.

Llamo la atención, eso sí, sobre el hecho de que, según esos mismos datos de superficie publicados por el MAPA, nuestra superficie de uva de vinificación se ha visto reducida al haberse arrancado 18.201 y plantado 10.752 hectáreas en 2022. ¿Esto es un indicador del momento que vive el sector y sus perspectivas de futuro? También lo dejo en el aire.

Con más o menos acierto, eso sólo lo sabremos con el paso del tiempo, el Ministerio de Agricultura ha aclarado cualquier duda sobre la posibilidad de abrir una destilación de crisis.

Las razones expuestas para negarse a poner en marcha el mecanismo solicitado por las Cooperativas vitivinícolas españolas son dos. Un volumen de existencias que califica como dentro de lo “normal” y una pertinaz sequía que está poniendo en peligro la próxima cosecha.

Sobre la sequía. Es incuestionable que estamos viviendo un momento muy delicado. Pues si bien en algunas cuencas como las del norte, la situación se aproxima bastante a lo que sería su pluviometría habitual. A nivel nacional son pocos los milímetros cúbicos que han caído en lo que llevamos de campaña, dándose por perdidas cosechas enteras de cereales y poniéndose en serio peligro la de cultivos leñosos, entre los que se encuentra la viña.

Algo más complicado resulta justificar si el volumen de las existencias con el que actualmente está enfrentándose el sector es o no preocupante y debiera ser objeto de una medida dirigida a ajustarlo a las necesidades del mercado.

Primero, porque su adecuación dependerá de las necesidades que tenga el mercado, o, dicho de otra manera, del volumen que seamos capaces de exportar y consumir en el mercado nacional. Un futurible que, si bien todos los expertos coinciden en calificar de pesimista ante la guerra en Ucrania y las fuertes tensiones inflacionistas con sus numerosas derivas de subida de precios de los bienes básicos, la reducción de la renta disponible, el aumento de tipos, las restricciones en el crédito… sus efectos sobre otros indicadores de gasto relacionados con bienes no básicos como pudieran ser viajes o presupuestos para vacaciones, no sólo no están viéndose afectados sino que prácticamente se han recuperado a niveles prepandémicos.

Que en febrero los stocks hayan bajado un 5’58% (3,18 Mhl) y su volumen sea de 54’16 Mhl dice muy poco o nada. De hecho, ni uno sólo de los últimos doce meses de los que disponemos de información, febrero 2023 a marzo 2022, hay un volumen mayor que el mismo del año anterior.

Solo La Rioja y Galicia presentan volúmenes de vino superiores a los de hace un año durante estos últimos doce meses. Si bien es verdad que Extremadura es la que registra mayores aumentos (por encima del 30%) en todos los meses desde que se contase con los nuevos vinos de la campaña 22/23, allá por el mes de septiembre.

¿Motivo suficiente para abrir una destilación de crisis a nivel nacional? Parece que, de momento, no.

Algo parecido a lo que está sucediendo con el consumo en el mercado interior, cuyo único indicador disponible, el consumo aparente, parece haber tocado fondo en los nueve millones y medio de hectolitros. Con muy escaso recorrido hasta el más bajo de la serie histórica, alcanzado en febrero del 2021, cuando se rozaron los nueve millones (8’8).

Saber lo que sucederá con las exportaciones resulta mucho más complicado, pues no sólo es una cuestión de cuál sea el precio al que queremos vender, sino también la evolución del consumo mundial y el papel de commodity que desempeñan nuestros vinos en ese contexto.

Qué duda cabe que la cuestión que más ocupa, y preocupa, en estos momentos, es lo que pueda suceder con la destilación de crisis.

Los mensajes, si se quiere, un poco contradictorios entre la demanda de las diferentes organizaciones agrarias y cooperativas, y los objetivos del ministro, Luis Planas; no han hecho sino generar más confusión sobre un asunto ya de por sí lo suficiente extraordinario como para que su propia puesta en funcionamiento no resulte sencilla. Y lo sobradamente importante para un volumen muy relevante de la producción, y específica: los vinos tintos, que, tradicionalmente, no se han visto afectados por estas situaciones.

Cierto es que no es la primera vez que se aplicaría esta medida extraordinaria en nuestro país, los efectos del cierre del canal Horeca en los principales países productores durante la crisis pandémica, obligó a adoptarla. Como también lo es que la demanda de los vinos tintos esté sufriendo y sus cotizaciones llegando a situarse por debajo de los blancos.

Asimismo, conocemos cuál sería el mecanismo de su puesta en marcha y los fondos con los que podría dotarse, así como su origen. Y, si bien es perfectamente compatible con ayudas de índole nacional o autonómico, las primeras se dan por descartadas y las segundas, a priori también; pero no podemos olvidarnos de las fechas en las que nos encontramos y la cercanía de unas elecciones autonómicas en un horizonte de mes y medio.

Argumentos para ponerla en marcha, como pudieran ser las existencias que tienen algunas comunidades autónomas de esta clase de vino. El descalabro de sus cotizaciones desde que prácticamente se iniciara la campaña. La mala evolución del consumo nacional, con caídas constantes desde hace más de un año. El batacazo de las exportaciones, donde se alcanzan cifras récord de facturación con pérdidas muy significativas en el volumen de prácticamente todas las categorías de producto. Son las más evidentes. Pero no las únicas.

Los bajos niveles pluviométricos en la generalidad del viñedo. Las temperaturas anómalamente altas con picos que nos llevan a días propios de verano y el posible agotamiento de una planta que lleva varios años teniendo que enfrentarse a condiciones muy duras de producción jugarían en contra de esta decisión de retirar vino, artificialmente, con fondos pensados para otras medidas.

Pero también es importante atajar el problema de los precios antes de que sus consecuencias sean calamitosas. Llegar a niveles excesivamente bajos lastraría los precios de la uva y situaría a bodegas y viticultores en una encrucijada muy complicada: seguir produciendo a pérdidas o abandonar el cultivo.

Como siempre suele suceder en este tipo de situaciones, el aspecto que más valor tiene en los momentos de incertidumbre (la seguridad); es el más escaso. Quizás porque cada una de las partes implicadas intenta tomar posición sobre las diferentes oportunidades que estiman para la resolución del problema. Quizás porque hay que partir de extremos muy distantes para poder acabar llegando a un punto intermedio en el que ninguna de las partes se sienta vencedora, pero tampoco perdedora.

El caso es que, si hasta ahora la postura que se entendía mantenía el Ministerio de Agricultura era la de apoyar la solicitud de Francia ante la Comisión Europea para llevar a cabo una medida extraordinaria, como es una destilación de crisis; sumándose a ella. Ahora su titular, Luis Planas, ante la solicitud (no sé si formalmente) pero adoptada y publicada, por parte de Cooperativas y algunas organizaciones agrarias, trasladaba a las Comunidades Autónomas la pelota y declaraba que su Ministerio “no tenía previsto, en estos momentos, ninguna medida en esta dirección”. Poniendo en valor la medida ya adoptada y puesta en marcha por su Ministerio de la cosecha en verde.

¿Habrá entonces, o no habrá, destilación de crisis?

Esa es la pregunta que ahora mismo todo el sector se formula y en la que todos coinciden en destacar que, si bien no es posible dar una respuesta tajante al respecto; el origen de dónde provendrían los fondos con los que poder llevarla a cabo no parece presentar muchas dudas. Ya que el Ministerio no estaría dispuesto a aportar cantidad alguna para esta medida y, consecuentemente, la totalidad de los fondos deberían provenir del quince por ciento de los fondos anuales de nuestro Plan de Apoyo al Sector (PASVE). De ahí la importancia de la propuesta realizada por Cooperativas, de separar la medida en dos partes de millón y medio de hectolitros. De esta manera unos tendrían la dotación de treinta millones de euros procedentes de la campaña 22/23 y el otro millón y medio de hectolitros de los de la 23/24.

Fondos que, no olvidemos, deberían ser restados de aquellas medidas a las que inicialmente fueron asignados: reestructuración 69’709 M€, Inversiones 53’821 M€, promoción en terceros países 48’054 M€ y destilación de subproductos 30’563 M€.

Lo que sí podemos intuir, con cierto grado de fiabilidad es que, bajo el mantra de “haremos lo que quiera el sector”; si el sector de forma unánime lo solicita, previsiblemente, a través de su Organización Interprofesional (OIVE), el Ministerio no se negaría ni a solicitar en Bruselas la autorización para ponerla en marcha; ni a redistribuir ese quince por ciento de las ayudas previsto para estas medidas extraordinarias. Como es igualmente probable que esos sean todos los fondos que, a nivel nacional (otra cosa es lo que cada comunidad autónoma pudiere hacer en su territorio) con los que cuente la destilación de crisis.

Otra medida que, para el caso de que la sequía no resultase tan dañina como en estos momentos se estima podría resultar sobre la próxima cosecha; podría adoptarse es el aumento de la prestación vínica del 10 al 15% de contenido mínimo alcohólico. Acción que genera gran controversia sobre quiénes son los que se ven más beneficiados por ella: los productores o los destiladores.

Que tenemos un problema de comercialización, especialmente marcado en tintos, es un hecho que una ligera mirada hacia las cotizaciones y la operatividad del mercado de estos últimos meses evidencia.

Que algunas denominaciones de origen de gran prestigio han hecho públicos sus preocupantes existencias y alertado al sector con el anuncio de unas medidas profilácticas por lo que pudiera depararles el futuro. Que han generado bastante revuelo en el sector.

Que los fondos de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) provenientes de Europa, no contemplan entre sus medidas una destilación de crisis, con independencia de que fuera de carácter voluntario u obligatorio; y, consecuentemente, su aplicación requiera de la autorización de la Comisión Europea y su dotación de los Fondos del PASVE estaría limitada al 15% (30 millones de euros aproximadamente), es conocido por todos: organizaciones sectoriales y políticos.

Que estamos a menos de dos meses de celebrarse elecciones a ayuntamientos y la mayoría de comunidades autónomas; nos lo recuerdan constantemente nuestros políticos.

Que en la Unión Europea tenemos problemas, no sé si más importantes (porque para cada uno el más importante es el suyo) a los que dedicar unos fondos que se antojan insuficientes para hacer frente a planes de resiliencia, guerras, crisis bancarias, tensiones nacionales, inflación incontrolada…

Que el hecho de que una bebida alcohólica (lo que es sólo el vino para muchos de los que tienen la posibilidad de aprobar estas medidas) tenga dificultades por haberse reducido su comercialización y lo que ello supone, la caída de su consumo; es más motivo de satisfacción para algunos (aunque no lo digan) que de preocupación.

Que la pertinaz y contundente sequía vivida en España hace muy complicada, aunque no imposible, que la próxima cosecha pueda estar en niveles superiores a las de las dos últimas, que bien podrían calificarse de “contenidas”.

Que las existencias, por preocupantes que resulten en algunas comunidades autónomas, a nivel nacional están en cantidades muy similares a las de otras campañas en las que, ni tan siquiera, se ha planteado la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias.

Que este problema no es exclusivo de nuestro país, afectando a todos los países productores. Con Francia tomando la iniciativa con su anuncio de solicitar a Bruselas la autorización para una destilación de crisis, que todavía no ha efectuado.

Que todo esto genera un marco extraordinariamente complicado en el que urge tomar medidas.

Explica la decisión que han adoptado las cooperativas españolas de solicitarle al Ministerio una destilación de 3 millones de hectolitros. Divididos en dos momentos, uno de 1’5 Mhl lo antes posible y el otro millón y medio para cuando haya dado comienzo la próxima campaña.

Llevamos ya un cierto tiempo en el que el sector, a través de sus diferentes agentes, viene reclamando la adopción de medidas que vengan a poner freno a la situación de desequilibrio del mercado. La que califican de profunda y de la que consideran que es imposible salir, sin implementar acciones extraordinarias.

Y algo así debe pensar nuestro Ministro de Agricultura, Luis Planas, a juzgar por las declaraciones efectuadas el pasado 16 de marzo a ‘Canal Extremadura’ en las que recomendaba que el sector vitivinícola español “no debe entrar en pánico por la situación que atraviesa”. Justificándola al considerar que el “desajuste entre la oferta y la demanda y el descenso de los precios (entre un 5 y un 7%) no se debe a una gran crisis”, aunque sí reconozca un horizonte de preocupación.

Sin duda, valoraciones fundamentadas y tranquilizadoras, como deben ser todas las que emanan de quienes tienen, entre sus muchas funciones, evitar que pueda cundir el pánico. Pero que fueron acompañadas de un total apoyo a la solicitud de una destilación de crisis (medida extraordinaria) presentada por Francia ante Bruselas y que, como ya hemos comentado en estas mismas páginas, estaría dotada de un presupuesto de 160 M€ cofinanciada con fondos de su Plan de Apoyo Nacional y el Ministerio de Agricultura. Toda una declaración de intenciones sobre la conveniencia de buscar alguna forma de acelerar la resolución de un problema que el tiempo no acaba de resolver.

Aunque hay que reconocer que, en temas relacionados con su Ministerio, hay un factor que lo puede cambiar todo de manera repentina. Un componente que ya fue utilizado la semana pasada por el Gabinete al que pertenece Luis Planas para justificar la subida de los precios y el mantenimiento de la inflación subyacentes. Me estoy refiriendo a la climatología.

Pocas lluvias, temperaturas inusualmente altas y unos antecedentes de cosecha corta y “poca madera” en la viña, permiten albergar la esperanza de que la ecuación del mercado encuentre su equilibrio por la parte de la oferta con una cosecha 2023 corta, más corta que los dos precedentes.

Aunque, mucho me temo que la solución al desequilibrio que presenta el sector vitivinícola español no esté, ni en la posible destilación de crisis que autorizase Bruselas, ni en una cosecha reducida. Efectivamente, ambos factores, junto a otras medidas como la cosecha verde, ayudarán a solucionar la falta de operatividad, mucho más pronunciada en tintos que blancos, del mercado; a recuperar sus precios y mirar al horizonte con algo menos de preocupación de la que conflictos bélicos, quiebras bancarias, barreras arancelarias, pandemias y un largo etcétera de acontecimientos históricos nos permiten.

Pero seguirían sin servir de nada si a lo que nos estuviésemos enfrentando se tratase de un problema estructural, con origen en una reducción del consumo y un desplazamiento de la producción y reducción de la competitividad de los vinos europeos y, en la franja baja del producto y más sensibles a los cambios, los españoles.

Los datos de existencias de enero no parecen indicar niveles preocupantes y mucho menos para la paralización que estamos sufriendo. Sólo confío en que el Ministro no se equivoque y no nos estemos enfrentando a una gran crisis.

Sin entrar en una discusión profunda sobre el futuro de la intervención del sector y las posibles consecuencias que, ante los nuevos retos se le presentan a la Unión Europea pudiera tener sobre la política vitivinícola. Lo que difícilmente aguanta una discusión es que, la mayoría de medidas aplicadas en el sector para “adaptarnos al mercado” han servido a duras penas al propósito (aunque es cierto que siempre nos quedará la duda de qué hubiese sucedido de no aplicarse).

Hemos perdido superficie de viñedo, sin que ello haya afectado a la producción. La ingente cantidad de dinero destinada a la reestructuración y reconversión del viñedo ha permitido aumentar los rendimientos y sostener, aunque de manera muy irregular, nuestras producciones.

La mejora de la calidad de los vinos, pudiera ser calificada de notable. Si bien ello apenas ha tenido traslación al mercado. Donde nuestras exportaciones consiguen alcanzar en años recientes cifras récord de volumen, pero manteniendo precios medios claramente insuficientes para garantizar la rentabilidad de muchas de nuestras explotaciones.

El mercado interior, evidenciando la categorización del producto como un bien de lujo (que no es otro que aquel producto o servicio para el cual aumenta la demanda a medida que se incrementa el nivel de ingresos del consumidor); está pasando por un verdadero calvario en estos últimos ejercicios, con pérdidas prácticamente constantes en el último año.

Y, mientras tanto seguimos padeciendo el relevo generacional, el arranque de viñedos viejos, la desertización de muchas comarcas donde el viñedo suponía la única masa vegetal existente, el abandono de la población o la ineficacia de la concentración como elemento vertebrador que asegurase el porvenir. Somos el país que más superficie de viñedo de transformación tenemos. También el que más perdemos. El que más ha exportado y el que más barato lo ha hecho. El que más ha reestructurado y el que menos competitivo se muestra. El más atomizado y el que menos inversiones de grandes compañías mundiales recibe.

Son muchas cuestiones para que sean fruto del azar o cuestión sólo de unos pocos. Algo estamos haciendo mal como colectivo. Nos falta planificación, conciencia sectorial, humildad que evite personalismos y orgullo de marca nacional.

Las crisis son, por pura definición, momentos de grandes oportunidades. Llevamos inmersos, por unas cosas u otras, quince años en una continua crisis y no conseguimos mejorar. Algo no estamos haciendo bien.

Qué duda cabe que no corren buenos tiempos para el sector.

Ya no es una cuestión de que las producciones hayan sido unas u otras. Que la calidad de los vinos sea la que es y su capacidad para la elaboración de vinos con gran longevidad se encuentre más o menos mermada. Que las cosechas en Francia e Italia se hayan situado en volúmenes que podríamos cuantificar como “normales” y las previsiones de vendimia 2023 en Argentina, (especialmente), pero también Chile o Uruguay prevean mermas importantes.

Ni tan si quiera que la lluvia de millones que nos llegan de Bruselas, con los llamados fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables y otros 70.000 millones de euros más a los que se podría acceder mediante préstamos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que potencialmente pueden movilizarse hasta 2026… Más los más de 12.400 millones de euros de REACT-EU, los más de 35.000 millones de euros de los fondos estructurales, FEDER y Fondo Social Europeo+ (FSE+) previstos en el marco financiero plurianual 2021-2027, o programas comunitarios como Horizonte Europa, en el que las empresas españolas tienen un buen retorno, así como los 47.700 millones de euros de la Política Agrícola Común para el mismo periodo…

“Volumen de inversión superior al de cualquier otro momento de nuestra historia, y que puede suponer un salto cuantitativo y cualitativo similar al que condujeron los fondos estructurales en los años ochenta y noventa”, según cita el propio Gobierno de España; pasen como una exhalación por el sector vitivinícola, sin más fondos que los directamente provenientes de su Plan de Apoyo (PASVE) para hacer frente a los graves desequilibrios que presenta entre oferta y demanda.

Es que, además, hay una guerra a las puertas de la Unión Europea. Un conflicto en el que el hecho de que no estemos presentes con soldados, o se bombardeen nuestras ciudades, no significa que no le debamos dedicar una buena parte de recursos económicos y esté generando graves crisis energéticas, que han elevado los costes de elaboración, disparado la inflación; subida del precio del dinero que resta capacidad crediticia para empresas y ciudadanos y afecta directamente a nuestra renta disponible.

Un panorama horribilis que está teniendo una grave incidencia en nuestro sector.

El comercio exterior, vital para nuestra supervivencia alcanza cifra récord de facturación en productos vitivinícolas 3.422’83 (+3’5%) millones de euros, pero a costa de dejarse el 11’9% en volumen (2.744’10 millones de litros). El consumo interno mantiene la “caída libre” iniciada en el mes de febrero y ya está en los 959 millones de litros, y con perspectivas nada halagüeñas para los datos que deberán ser publicados en estos días correspondientes a enero’23.

¿Qué más tiene que pasar para que el Ministerio de Agricultura atienda al sector?

Llegan fondos de la UE como nunca en la historia, el consumo cae a cifras cercanas a la pandemia, las exportaciones pierden volumen, las organizaciones agrarias solicitan medidas de intervención, los consejos reguladores anuncian reducción de rendimientos… Y, a pesar de dos citas electorales en este año, no actúan.

En España cada día surgen nuevas voces solicitado la aplicación de una destilación de crisis. ¿Hasta cuándo el Ministerio hará oídos sordos?

Aunque no todos los vinos de calidad llevan el sello de Bordeaux y hay reputadísimos vinos elaborados en otras zonas de Francia y el resto del mundo. Llama la atención la noticia de que hayan surgido voces pidiendo un arranque de una pequeña parte (diez por ciento) de la superficie para devolver el equilibrio a esta zona de referencia.

También hay vida mucho más allá de las afamadas Indicaciones de Calidad Españolas, entre las que, sin ningún género de dudas, ocupa el lugar preponderante, la Denominación de Origen Calificada Rioja. En la que, también, se está demandando, si no un arranque de parte de su superficie, sí una destilación que permita eliminar unos excedentes que están lastrando sus precios y sirviendo de justificación a algunas bodegas para romper acuerdos plurianuales de adquisición de uva, que dotan (o al menos debería) de estabilidad a los operadores de la Denominación de Origen.

Y digo esto, porque, atendiendo a estas noticias y con el consiguiente aderezo de aquellas otras relacionadas con la pérdida de volumen en nuestras exportaciones, la caída del consumo interno, una descontrolada inflación… parecería que nos asomamos al abismo más profundo del sector vitivinícola mundial.

Muy seguramente, todas estas informaciones no sean más que la reacción a cambios, de cierto calado, que se están produciendo en el consumo y comercialización de los productos vitivinícolas. Acontecimientos cíclicos de cualquier actividad económica que sufre sus propios dientes de sierra y que, sí es posible que, en esta ocasión, se vean agravados por las circunstancias extraordinarias de las crisis motivadas por la falta de materias primas, problemas logísticos que permitan una normal circulación de mercancías, crisis energéticas; y lo que ha sido mucho más excepcional: una pandemia mundial que supuso la paralización global de la economía y una guerra en la que el hecho de que no suframos los bombardeos en nuestras ciudades, no significa que no estemos involucrados y nos afecten, de lleno, los “bombardeos” económicos.

A diferencia de otros momentos en los que desde la Unión Europea se ha intentado soslayar esta situación con medidas drásticas, como fuera la de arranques masivos. En esta ocasión, Bruselas ha preferido que sean sus Estados Miembros los que, utilizando sus fondos del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola, busquen la solución más apropiada a sus circunstancias.

Hacer rentable el cultivo del viñedo puede que sea la piedra angular del futuro de nuestra vitivinicultura. Constantemente nos estamos lamentando de que no se produce el relevo generacional con la suficiente fuerza, que cada vez son más las hectáreas de viñedo que se abandonan para dedicarlas a otro cultivo, aunque este sea uno tan curioso como el de las placas solares. Pero, nos olvidamos fácilmente de que, detrás de estas decisiones, pesan cuestiones que nada tienen que ver con las que se imponían en las anteriores generaciones.

El sentimiento de orgullo y pertenencia a una zona. La satisfacción de seguir manteniendo la tierra que sus ancestros, con tanto esfuerzo, consiguieron. Incluso el mismo compromiso con el cuidado del planeta y la mayor sensibilidad hacia los temas medioambientales, pasan a un segundo plano cuando llega la hora de hacer números y buscar la rentabilidad económica de un cultivo que, siendo enorme en su generación de satisfacción emocional, está muy alejado de alcanzar la necesaria para su supervivencia: la económica.

Vender a precios que aseguren la rentabilidad económica de un viñedo debiera ser el primer objetivo a alcanzar por cualquiera. Incluso también las administraciones. Pero eso encuentra grandes dificultades que lo hacen muy arduo.

La globalización del comercio, indiscutible, se ha demostrado tremendamente perjudicial en situaciones tan excepcionales como la generada por la paralización mundial provocada por la pandemia o la guerra en Ucrania. O la alta dependencia de algunos países adonde se deslocalizó la producción de productos básicos (como los cereales en el país báltico, o los microprocesadores en China; por no hablar de la alta dependencia de materias primas y fuentes de energía); nos debieran hacer reflexionar sobre la urgencia de, sin un mínimo ápice de políticas proteccionistas y restrictivas, proteger nuestra independencia.

La traslación de la superficie de viñedo y la producción hacia fuera de la Unión Europea es un hecho que llevamos observando desde hace décadas, sin que hayamos puesto en marcha ni la más mínima medida para solucionarlo. Y si seguimos siendo la zona del mundo donde se concentran tres cuartas partes de la superficie y producción vitivinícola no será por lo que nosotros estamos haciendo por defender ese estatus.

Los recientes datos publicados del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SigPac) ponen de manifiesto que seguimos perdiendo viñedo, 7.535 ha. Y, aunque es Castilla-La Mancha la que acapara más del 61% de esa superficie, solo Castilla y León, Galicia y Baleares consiguen aumentarla. Interesante resultaría determinar la correlación entre este dato y el precio al que son vendidas las uvas en estas comunidades autónomas.