De todos los argumentos dados por la Comisión Europea en su Reglamento Delegado (UE) de 22 junio 2023 por el que se autoriza a los Estados miembros a aplicar medidas excepcionales para reequilibrar el mercado del vino, el que me parece más demoledor de todos es el segundo considerando según en el que (cito textualmente): “La reducción aparente del consumo de vino para la campaña de comercialización en curso se estima en un 7% en Italia, un 10% en España, un 15% en Francia, un 22% en Alemania y un 34% en Portugal en comparación con la situación del mercado previa a la pandemia de Covid”.

Los elevados costes de la vida, el aumento del coste de los insumos, como fertilizantes, energía y botellas entre el treinta y el cuarenta por ciento en algunos Estados miembros; unido a una inflación mundial y sus efectos sobre el poder adquisitivo de los consumidores, ha llevado a que la demanda interna haya disminuido en torno al 5’3% en España y Francia, con algunas regiones que llegan a superar el 25% y 35%. Mientras que las exportaciones lo hayan hecho un 8’5% con respecto al 2022.

Lo que amenaza con provocar un desequilibrio generalizado con la llegada de la nueva vendimia, provocando problemas de capacidad de almacenamiento y caída de los precios.

Con perturbaciones muy dispares dada la gran fragmentación existente según regiones: Extremadura en España, Lisboa y Alentejo en Portugal, Languedoc–Roussillon en Francia; y segmentación por producto en tintos y rosados.

Lo que hace necesaria, en esos lugares, una acción inmediata que permita la eliminación de esa parte de su producción para, mediante una destilación de crisis y la flexibilización permitiendo la destrucción total o de los racimos inmaduros en parte de una explotación, siempre y cuando se trata de parcelas enteras, en la cosecha en verde; corregir el desequilibrio del mercado.

Aunque, para todo ello consideren que no se requiera de una financiación adicional, dejando libertad a los Estados miembros para que puedan asignar importes superiores, hasta el 50% de la ayuda. Cosa que no piensa hacer España y sí parece haría Francia.

Las naturales dificultades financieras y de tesorería que genera esta situación también recomienda la reorientación de los recursos asignados en los Planes Nacionales de Apoyo, Por un lado, permitiendo la ejecución parcial de los planes presentados. Y, por otro, aumentando en diez puntos (del 50% al 60%) la cofinanciación de las medidas.

Lo que nos lleva a un escenario bastante sencillo de definir, o al menos así me lo parece a mí. Tenemos un problema de consumo que está generando excedentes. Y, con los mismos fondos hay que financiar nuevas medidas (destilación de crisis y cosecha en verde) y mejorar las aplicables (reconversión, promoción e inversión).

Lo que, llevándolo a la práctica, nos deja con un menor número de beneficiarios de las ayudas, aunque con una mejor financiación.

Delicada situación que, según vayan avanzando los acontecimientos, veremos si no tenemos que cuestionarnos, como lo hemos hecho con las medidas adoptadas ante el Covid-19.

Desde el sector vitivinícola español sabemos muy bien que nuestro principal problema pasa por la valorización del producto. Que contamos con condiciones naturales idílicas para su cultivo y que nuestra tecnología y personal se encuentran al máximo nivel mundial. Somos conscientes de que el cambio climático es una amenaza que acabará trastocando nuestro sector, desplazando el viñedo hacia zonas más altas y dando entrada a sistemas de cultivo, variedades y prácticas enológicas hasta ahora testimoniales.

Y, aunque parece que contamos con un sentimiento de colectividad mayor, incluso cierto orgullo de pertenencia, somos perfectamente conscientes de la asignatura pendiente que tenemos en la parte comercial.

Es evidente que no todos podemos ser líderes, y que, para que una organización funcione, tan necesarios son los directivos que marcan los objetivos y estrategias a seguir, como los equipos intermedios que las desarrollan y las bases que las ejecutan. Tener una carrera profesional en esa estructura es fundamental y contar con los incentivos y medios necesarios para desarrollarla uno de los principales objetivos que cualquier buen gerente debe asegurar.

Aspirar en el sector vitivinícola español a desarrollar esas aptitudes, mejorando nuestro posicionamiento en la estructura que es el comercio mundial del vino no sólo no es nada reprochable, sino que debiera ser algo aspiracional para cualquiera que estuviera relacionado con él.

Sólo de esta manera será posible desarrollar valores tan intrínsecos al sector como la fijación de población, respecto al medioambiente, economía circular, sostenibilidad, equidad y un largo etcétera que lo hacen único.

La escasez de algunos recursos como el agua, el exceso de otros como el sol, lejos de ser un problema son un extraordinario aliciente sobre el que desarrollar la investigación y la resiliencia.

Ponerlos en valor debe ser nuestro principal objetivo y para ello resulta vital darlos a conocer. Hay una máxima en marketing que dice que lo que no se comunica no existe. Quizá haya llegado el momento de centrarnos más en poner en valor estas diferencias que en aspirar a mejorar unos céntimos en el precio de unos vinos cuya calidad cada día es más homogénea a nivel mundial.

Entender que la calidad se ha convertido en un requisito y no en un valor nos ayudaría a afrontarlo mejor.

Será porque el sector productor de las diferentes zonas afectadas ha hecho bien su trabajo. Será porque se aproxima un periodo electoral de gran relevancia, con especial atención a los resultados obtenidos en las anteriores. Será porque los procedimientos burocráticos que exige la aplicación de estas medidas por la Unión Europea son lentos y, al fin, han obtenido su beneplácito. Porque las últimas lluvias han supuesto un alivio considerable sobre las previsiones de cosecha que hasta hace un mes se manejaban… O, sencillamente, por un poco de todas estas razones, y alguna otra que ahora mismo se nos escapa. El caso es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hasta ahora dirige Luis Planas, ha presentado una propuesta de destilación de crisis.

Según la propuesta, expuesta por el Ministerio, la medida se activaría en las CC.AA. de Extremadura y Cataluña; aunque el sector confía en que su alcance se extienda a La Rioja.

Una medida que, recordemos, ha pasado por todas las opciones posibles, que han ido desde la máxima disponibilidad a hacerlo mostrándose dispuesto a apoyar la solicitud que presentase algún Estado Miembro (se hablaba de que fuese Francia quien lo hiciese) en la Comisión Europea, para adherirse a ella posteriormente. Negarse a aplicarla, ante las malas expectativas de cosecha que se manejaban. Trasladar a los gobiernos regionales de responsabilidad de que “con sus fondos” hicieran lo que considerasen mejor para sus operadores…

Eso sí, dejando bien claro, desde el principio, que nunca se haría con fondos nacionales. A diferencia de las propuestas publicadas por Francia, donde se planteaba una cofinanciación con el 15% máximo de los Fondos de los Planes Nacionales que pueden destinarse a medidas extraordinarias, como sería esta, y una aportación nacional del otro cincuenta por ciento.

La resolución presentada está abierta a consultas una semana (hasta 22 de junio) y en ella se determina que los fondos procederán del PASVE 23 para Cataluña y del ISV 24 para Extremadura.

Según la propuesta ministerial, la dotación financiera máxima será de 1.000.000 euros para Cataluña y de 1.299.990 euros para la región de Extremadura.

El volumen fijado es de 43.333 hectolitros de vino a destilar en Extremadura y 16.666,67 hl para Cataluña. Volúmenes a los que, de concretarse también la medida en La Rioja, habría que añadir otros 62.050 hl.

Cifras que se aproximan mucho a lo que venía demandándose por el sector de estas CC.AA. desde el primer momento. Lo que resultan importes muy diferentes por Comunidades, pero es que la ayuda no podrá ser superior al 80% del pecio medio mensual más bajo registrado en la campaña 2022/23 para los vinos tintos y rosados a los que irá destinada la medida.

Entre tormentas, granizos, inundaciones, gotas frías fuera de la época del año en la que eran habituales… y un sinfín de efectos meteorológicos que están haciendo complicado (y mucho), poder definir en estos tiempos lo que es “normal” y lo que no; el sector vitivinícola anda perdido entre noticias de cierto calado que corren el riesgo de acabar pasando desapercibidas.

Escuchar que, en la zona productora más relevante de España, se solicite una medida de intervención, como es la destilación para 60 millones de litros, con la que deshacerse de los excedentes que la pandemia generó y que el mercado no ha sido capaz de absorber; desató cierto revuelo, al que le dio alas el hecho de que se tratara de una propuesta más preventiva que quirúrgica, que no se explicó lo suficiente.

Aunque no fuera esta región la única que solicitaba la puesta en marcha de la medida, el hecho de ser “Rioja”, por lo que de valor y prestigio lleva detrás el nombre, hizo que la misma propuesta reclamada por regiones como Extremadura o incluso la propia Galicia, pasara casi desaperciba. A lo que contribuyó, de manera relevante, la celebración de unas elecciones municipales y regionales, en las que los partidos se dedicaron a lanzar proclamas a favor de llevarlas a cabo, sin más convencimiento que granjearse la confianza de unos viticultores y bodegueros a cambio de sus votos. Y que el presidente del Gobierno fagocitó por completo con la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio y la disolución de las Cámaras.

Solicitudes que parecen una trivialidad ante el reciente acuerdo alcanzado por el Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos (CIVB) y el Ministerio de Agricultura francés, junto con el gobierno de la región de Nouvelle-Aquitaine, por el que han decidido destinar entre 59 y 67 millones de euros para arrancar entre nueve mil quinientas y diez mil hectáreas de viñedo en Burdeos.

La razón oficial esgrimida para hacerlo: evitar la propagación de la flavescencia dorada en la vid en la Región de Gironda. Una plaga sencilla de controlar en un viñedo activo, pero que se vuelve extraordinariamente peligrosa cuando el viñedo se encuentra abandonado. Situación en la que podría verse abocado casi un diez por ciento del total de la superficie en la región, como consecuencia de la baja actividad comercial y los volúmenes que han alcanzado los excedentes de vino en la zona.

Hablar de Burdeos no es hacerlo sólo de los Premier Cru, detrás de estos grandes châteaux hay mucho más. Como cuando lo hacemos de Rioja hay muchas más bodegas que las que acaparan los grandes reconocimientos internacionales; o de Galicia de la situación de exposición desmesurada que está viviendo Rías Baixas. Detrás de todas estas grandes bodegas hay pequeños y grandes productores que no consiguen vender sus vinos y para los que una intervención del mercado está resultando vital.

Hasta ahora, en España, no se ha escuchado ninguna voz pidiendo el arranque del viñedo. El patrimonio vitícola parece estar a salvo de las tensiones de precios. Pero no perdamos de vista lo que podrían estar evidenciando todas estas situaciones. Un descenso del consumo mundial y un desequilibrio estructural. Si esto fuera así, tendríamos un problema mucho mayor del que ahora estamos imaginando.

Si contemplamos los datos del consumo en España, nos encontramos en niveles apenas setecientos mil hectolitros menores a los de los peores tiempos de la reciente pandemia. Cuando, recordemos, el canal hostelería, tan importante para este sector, se encontraba cerrado y nosotros confinados.

Sin duda, un mal dato, al que algunos consiguen verle el lado bueno en el hecho de que, en los últimos cinco meses (desde noviembre de 2022), éste se ha estabilizado en el entorno de los 9’6 millones de hectolitros. Lo que parece estar siendo el “suelo del consumo de vino” en nuestro país.

Recientemente la Interprofesional del Vino ha recuperado parte de esa actividad que tan vivamente desarrolló hasta la pandemia y que parecía ir dando sus primeros resultados, con la recuperación de alrededor de un millón de hectolitros en el año 2019. Pero sus efectos no están siendo muy visibles y lo único que parecemos estar consiguiendo es contener la hemorragia, pero seguimos presentando un hematocrito bajo.

Si el dato es malo, porque no tenemos un suficiente número de glóbulos rojos, lo que en este símil nos llevaría a seguir destinando una cantidad importante de los fondos que se recaudan para llegar al consumidor y que se inicie o aumente el consumo de vino. O si, por el contrario, lo que nos está mostrando es la presencia de un trastorno mucho más grave y serio (que sería tanto como asumir que el consumo de vino está herido de muerte y su recuperación va a resultar larga, costosa y con un índice de éxito bajo). Depende de quién exprese su opinión.

Yo prefiero pensar que estamos hablando de una “anemia” que tiene su origen en numerosas circunstancias extraordinarias que pasarán en un corto plazo de tiempo. La normalidad no tardaría mucho en recuperarse y todas las medidas que desde el sector deban ser aplicadas lo sean de carácter temporal, como cosechas en verde o destilaciones.

Pero hay que entender que los haya que ya empiecen a plantearse la necesidad de ir barajando escenarios menos optimistas, en los que tengan que tomarse medidas mucho más traumáticas y relacionadas con aspectos estructurales como el propio potencial de producción que representa la superficie vitícola.

Haciendo bueno el refrán que dice “cuando marzo mayea, mayo marcea”, las lluvias han llegado con fuerza a la práctica totalidad de la geografía española. Un hecho que, si bien no ha sido todo lo positivo que debiera, al haberlo hecho acompañado de episodios de granizo y fuertes trombas que generaban inundaciones de cierta importancia en algunas localidades; sus efectos deben ser valorados muy positivamente, no ya sólo para una agricultura que ya daba por perdidas las producciones de muchos cultivos, como pudiera ser el viñedo; sino incluso para aquellos otros en los que, habiendo llegado tarde, dotarán a la tierra de unos recursos hídricos imprescindibles de cara a nuevas cosechas.

Si bien, hay que destacar que, siguiendo con las tradiciones, nunca llueve a gusto de todos, y para muchos viticultores la llegada de estas lluvias ha tenido efectos limitados sobre su cosecha. Pues han hecho acto de presencia cuando la planta ya se encontraba totalmente brotada, con muestras muy desiguales dentro de la misma parcela y sarmientos de escaso tamaño. Ahora habrá que confiar en que esta agua iguale la vid y le permita un desarrollo normal.

Efectos en los que no todos confían y, no sé si poniendo la venda antes de hacerse la herida, ya han comenzado a vaticinar cosechas muy reducidas y fijado bandas de precios en las que debieran situarse los precios de las uvas en la próxima vendimia.

Reclamación que, de una forma más o menos contenida, no han pasado por alto algunos grupos bodegueros que se han apresurado a anunciar su intención de reducir, de manera considerable, el número de operaciones de contratación de uva. Llegando incluso a declarar que no pueden garantizar el cumplimiento de los contratos plurianuales que pudieran tener firmados.

Cuánto hay de realidad detrás de estas declaraciones, de unos y de otros, y cuánto de sobreactuación en aras de contar con el escenario más conveniente para la defensa de sus intereses, es algo que sólo allá por el mes de octubre sabremos. Pero que, de cualquier forma, sea cual sea el resultado, sigue diciendo muy poco de nuestro sector y de sus posibilidades de desarrollo hacia un mejor posicionamiento en nuestros vinos y mayor valorización.

No entender que en el barco que nos conduce al puerto de una mejor imagen y precio de nuestros vinos vamos todos, es no querer entender que la viabilidad de nuestros viñedos y bodegas pasa por la valorización de sus productos.

Ni las ayudas a la reestructuración van a hacer que el cultivo sea lo suficientemente rentable como para atraer a nuevas generaciones al sector y evitar la despoblación de nuestro campo. Ni ser los que vendemos el vino más barato del mundo nos garantizará la colocación de la producción en los mercados.

Producir más requiere de eficiencia en la gestión de los recursos, siendo el agua el más importante. Ceder la producción con un margen que roza el cero, para que sean otros los que lo hagan llegar al consumidor; aceptar la posibilidad de que llegue otro que sea capaz de hacerlo más barato que nosotros. Algo de lo que, teniendo en cuenta los efectos climáticos a los que deberemos amoldarnos y los costes de insumos y mano de obra; no estamos lejos.

No se puede decir que el mercado haya reaccionado, al menos no de forma generalizada y para todos los vinos. Pero sí se nota cierto cambio en el ambiente. La total ausencia de interés, poco apoco va dando paso a tímidas consultas que pudieran acabaran cristalizando en pequeñas operaciones.

Desde luego, no es suficiente para poder decir que el mercado se va normalizando. Pero, lo que sí es, es mucho más de lo que sucedía apenas hace un par de semanas.

¿Las razones que justificarían este cambio? Pues variadas, pero seguro que tienen mucho que ver la pertinaz sequía, la brotación de la viña, la escasez de las lluvias que han caído, la solicitud firme de Extremadura de una destilación de crisis, los pasos dados adelante por el Gobierno de La Rioja… y alguna más que ahora mismo se puede estar escapando pero que, sin duda existe.

Problema, que no parecen suficientes para frenar los anuncios que algunas bodegas están aprovechando para hacer con respecto al cumplimiento de los contratos plurianuales de adquisición de uva que tenían firmados. O las demandas de las organizaciones agrarias a la autoridad competente, para que esté vigilante sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena de valor.

Tampoco es que las exportaciones hayan variado mucho el rumbo que vienen manteniendo en los últimos meses. La pérdida de volumen sigue siendo la tónica habitual, nada menos que un 9’4% en tasa interanual con respecto a febrero del 2022 si hablamos de vinos y del 13’3% si incluimos el resto de productos vitivinícolas. Con los vinos tranquilos a granel dejándose un 12’0% y los envasados un 9’5%.

Siendo de resaltar que son los vinos con indicación de calidad los que están sufriendo especialmente. Lo que vendría, si no a cuestionar, porque está claro que una parte muy importante de nuestras exportaciones lo son a granel sin indicación de calidad y son comercializados, en la inmensa mayoría, sin indicación de procedencia española; sí a reflexionar sobre el trabajo que habría que hacer por parte de todos, especialmente los Consejos Reguladores, pero también el Ministerio, ICEX, gobiernos regionales, incluso la misma Interprofesional, en los mercados exteriores en apoyo esta categoría de vinos que es la que lleva la marca España.

Las dos comunidades que más beligerantes se vienen mostrando con respecto a las existencias de sus bodegas, han dado un paso al frente y, siguiendo las indicaciones del Ministerio; han puesto en marcha el mecanismo para poder realizar una destilación de crisis.

La Junta de Extremadura solicitaba, la semana pasada, al Ministerio de Agricultura para que éste diera curso a la Comisión Europea, organismo competente en el asunto, la apertura de una destilación de 4’3 millones de litros tinto no amparado por ninguna indicación de calidad. Para ello anunciaba la dotación de 1’3 millones de euros provenientes de sus fondos PASVE ejercicio 2022-23.

El Gobierno vasco, por su parte, activaba una destilación con una dotación de 7’86 millones de euros de fondos propios de los Presupuestos Generales del País Vasco para aquellas bodegas que, perteneciendo a la D.O.Ca. Rioja, lo solicitasen desde la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y hasta el agotamiento de los fondos. Estimándose el volumen global de vino que pudiera verse afectado en el entorno de los ocho millones de litros. Fijando los precios de la ayuda en función del volumen de producción declarada en 2022. Así, las que menos cobrarán serán aquellas con un volumen de producción superior al medio millón de litros, y lo harán a razón de 0’9 €/litro, las que estén entre los 250.000 litros y el medio millón, el precio será de un euro y las de menos de ese cuarto de millón, a 1’1 euro el litro. Limitando el importante máximo a ofertar en el diez, quince y veinte por ciento respectivamente.

La Rioja, región donde mayor parece ser el problema, atendiendo al volumen que se maneja, 60 millones de litros, divididos en dos campañas 2023 y 2024; de momento, lo único que ha habilitado ha sido un registro en el que las bodegas debieron comunicar antes del 9 de mayo, su excedente. Para, a partir del día 10, comprometerse el Gobierno regional en concretar las medidas y dotación presupuestaria a aplicar. Lentitud aprovechada por algunas formaciones políticas que, ante la proximidad de las elecciones, se han apresurado en especificar y anunciar su aplicación inmediata, para el caso de resultar ganadoras.

Del resto de comunidades autónomas, nada o negativa es la posición que mantienen con respecto a la aplicación de esta medida. Fiando el equilibrio futuro del mercado a una lluvia que está siendo muy escasa, con previsiblemente fuertes consecuencias sobre la próxima cosecha y la recuperación del mercado exterior que está viéndose fuertemente afectado por altas tasas de inflación, que deberán moderarse en los próximos meses; y consecuencias de una guerra que todos confían en su finalización más pronto que tarde.

Tampoco febrero ha sido un buen mes para nuestro comercio exterior. O no, al menos, considerando lo que ha sucedido con la cantidad de productos vitivinícolas. Perder el 13’3% del volumen que habíamos conseguido exportar comparándolo en tasa interanual (TAM) es una pésima noticia. Contar con poco más de cuatro millones (4’127) de hectolitros más, un problema al que todavía está por encontrársele una solución.

Diferentes organizaciones agrarias, profesionales y cooperativas han expresado, en diferentes momentos, sus fundados temores de que esta situación acabe trasladándose a los precios y haciendo irreversible una coyuntura que ya califican de preocupante. Temiendo importantes implicaciones sobre los propios precios de la uva en la próxima vendimia.

Temores que han sido desoídos a nivel nacional (Ministerio de Agricultura), que ha trasladado la responsabilidad hacia las comunidades autónomas para que sean ellas, con sus propios fondos, las que lleven a cabo medidas más allá de la vendimia en verde.

Lo que, dejando a un lado el nada despreciable detalle de que su procedencia no podrá ser de los fondos del PASVE, en tanto en cuanto no exista una autorización por parte de la Comisión Europea (que para ello es el Estado Miembro, y no ningún gobierno regional, el que deberá solicitarlo); puede volver a generar un trato discriminatorio entre unas comunidades autónomas y otras, según sea su capacidad económica.

Cabe la posibilidad de pensar que el tiempo todo lo cura. Y nunca mejor dicho lo del tiempo, en su doble vertiente cronológica y meteorológica, pero dejar las cosas a la buenaventura implica muchos riesgos. Tantos como que cuando quieran tomarse medidas la situación se haya degradado tanto que las acciones deban ser mucho más quirúrgicas.

De momento, todavía es posible pensar que el sector se encuentra más o menos equilibrado. Que el potencial de producción, entre cuarenta y cinco y cuarenta y ocho millones de hectolitros, es posible asumirlo con las necesidades en exportación (veintiocho), consumo interno (once), destilación y derivados (cuatro), mostos (cinco). Pero, si seguimos perdiendo exportación, sin recuperar el consumo interno y entrando en competencia en el mundo de los zumos con otros países productores mundiales…

Si entramos en pormenores, como pudieran ser las categorías, nos encontraríamos con una pérdida de los vinos tranquilos de 2’234 en vinos tranquilos y 1’988 en mostos. Las diferencias en espumosos, de licor, aguja y BiB, resultan irrelevantes, aunque éstas últimas dos coticen en positivo. Siendo de destacar lo sucedido con los vinos tranquilos con D.O.P., que pierden 0’447 Mhl envasados y 0’011 a granel. Los de mesa se dejan 1’445 Mhl en los graneles y 0’254 en envasados. Datos agregados que no nos permiten conocer las indicaciones de calidad que más están sufriendo. Bien podrían servir para entender las propuestas que están surgiendo desde algún gobierno regional y los planteamientos con los que acuden a las próximas elecciones autonómicas algunas formaciones políticas.

Hasta el momento, no parece que debamos preocuparnos por un mal endémico en nuestras exportaciones. Aunque bien haríamos en empezar a diseñar estrategias colectivas que nos ayudasen a afrontarlo. Por si acaso.