Tienen entre sus manos uno de los mayores recopilatorios (sino el mayor) estadístico sectorial que existe en España. Fruto de un minucioso trabajo elaborado con datos procedentes de fuentes de gran diversidad que lo enriquecen. Muy posiblemente, en él encontrarán el dato que necesitan, pero si no fuera así, esta información la podrán ampliar en nuestra web de una forma todavía un poco más sencilla.

Y digo esto, porque son estas fechas, finales de julio, en el momento en que la vendimia comienza a llamar a las puertas de nuestras bodegas, cuando se hacen más necesarios que nunca los datos fundamentados. Son muchas y variadas las decisiones que hay que tomar en estos días y que van, desde la misma planificación de las instalaciones y los medios técnicos disponibles en bodega, hasta la programación de los productos enológicos a emplear, la misma estructura de producción por tipología de vinos y derivados (mostos, vinagres, alcoholes…). Sin olvidarnos de la más importante, o al menos trascendental de todas y que no es otra que la fijación del precio de la uva y que marcará el devenir de toda la campaña.

Desafortunadamente, y afirmo categóricamente lo de por desgracia, los precios de las uvas en nuestro país nunca han sido como para poder hacerse rico. La falta de valorización del papel del viticultor y la ausencia de una conciencia clara de que no será posible alcanzar la tan cacareada puesta en valor de nuestra producción en tanto en cuanto no seamos capaces de extender esa revalorización a todos los que integran la cadena de valor del producto; hace que, vendimia tras vendimia, nos enfrentemos a fuertes tensiones entre viticultores y bodegueros por este tema.

La creación de la Interprofesional, con el lado, quizás menos conocido de sus objetivos, pero más importante, que era el de intentar hacer que esas dos líneas fueran convergiendo hasta conseguir ir de la mano; no podemos decir que lo haya conseguido. La promulgación de leyes que prohíben vender a pérdidas, el imperativo legal de que deba existir un contrato en el que se especifique el precio al que es vendida la uva, el establecimiento de un plazo máximo de pago; hasta la confección de numerosos estudios encaminados a aproximarnos a conocer el coste medio de producción de un kilo de uva, han ordenado, considerablemente, el sector, pero no han servido para conseguir que viticultores y bodegueros vayan conjuntamente y al unísono.

Todavía hoy es frecuente escuchar lamentos de unos contra otros, acusándolos de mantener posturas de presión que les obligan a aceptar precios ruinosos que impiden la obtención de una renta digna. Quejas sobre la enorme capacidad de financiación que exige el plazo de pago de la uva cuando todavía casi no le ha dado tiempo a transformarse en un producto capaz de ser vendido… Por no hablar de la discriminación con las cooperativas, a las que esta obligación no afecta.

Y es que, cuando desde los propios centros de gobernanza, ministerios y consejerías, abordan asuntos tan transcendentales como la inflación, especialmente la subyacente; poco o nada importa cómo se contengan los precios con tal de que el índice del mes siguiente mejore. Si ello supone que la cadena de valor se comporta de forma inversa y la contención al consumo es trasladada a los eslabones inferiores, ¡ya se abordará ese asunto!, Ahora “no es prioritario”, y así, una campaña más.

Hay asuntos que merecen ser discutidos y otros en los que, sencillamente, es mejor no entrar, pues, o bien pertenecen a la categoría de los viscerales o, simplemente, no existen datos objetivos sobre los que argumentar las posiciones.

A la primera categoría pertenecerían los relacionados con la política, tan de moda en España en estos últimos meses, en los que nos hemos pasado las semanas escuchando improperios de unos contra otros, en lugar de recibir soluciones reales y aplicables a nuestros problemas cotidianos. O los religiosos, otro de los grandes temas sobre los que mejor no entrar en discusión nunca.

Pero, como decía, hay otra categoría, mucho menos explicable y mucho más preocupante, que es a la que pertenecen aquellos asuntos sobre los que la falta de información objetiva impide poder argumentar más allá de hipótesis más o menos asumibles.

Y aquí es donde podemos situar el consumo de vino en España; también en otros países, cierto, pero es este el que más me interesa.

Parece absurdo, ¿verdad? que algo cuantificable no pueda ser determinado con un cierto grado de fiabilidad. Pero es así. La ausencia de un panel de consumo ajustado y actualizado que lo mida, los diferentes canales por los que se accede al consumo incluso, porque no asumirlo, los muchos reparos que muestran algunos colectivos en facilitar las cifras; nos lleva a que, en pleno siglo XXI y con una Inteligencia Artificial que llama a la puerta amenazante para unos, esperanzadora para otros, pero sin duda alguna, como un hito que cambiará nuestras vidas y la misma forma de relacionarnos; no seamos capaces de aproximarnos a este dato más que de una forma orientativa, estimativa o presumible.

Mediante el cruce de la información obtenida en algunas de las muchas declaraciones a las que están sujetos los operadores, caso del Infovi y del que podríamos concluir que sería extrapolable el dato más fiable. Pero también sería posible hacerlo con la información facilitadas por otras actividades, como podría ser el vidrio recuperado y perfectamente controlado su origen por la empresa encargada de ello. Incluso por las cifras de venta de algunos elementos tan intrínsecos al vino como podrían ser botellas, cápsulas o cierres.

Y luego está la tasa de variación, tan subjetiva como datos posibles sobre las que poder compararla: el del mes anterior, la anual acumulada, la interanual, sobre el del año pasado.

Un sinfín de posibilidades que hacen imposible conocer con el rigor necesario cuál es el consumo real de vino en nuestro país. Aunque, teniendo la certeza, como tenemos, que se ha derrumbado en la última mitad de siglo de una manera alarmante y que el horizonte de las bebidas alcohólicas presenta negros nubarrones por esos mismos políticos de los que hablábamos antes y que eran incapaces de aportar soluciones a nuestros problemas.

Mejor no perdamos esa pequeña parte de manipulación que todavía nos queda.

Si insuficientes, en mi opinión lógicamente, resultaban las medidas aprobadas por Bruselas para conseguir retornar al equilibrio del mercado y permitir recuperar sus cotizaciones. Si incomprensible resultaba la postura mantenida por nuestro ministro de Agricultura, que parece estar más “en funciones” que nunca, habiendo limitado su responsabilidad en todo este asunto a la más estricta “tramitación” de las ayudas del Plan de Apoyo Nacional (PASVE), sin más gestión o compromiso que su distribución territorial (con el consabido malestar entre las bodegas de las diferentes comunidades autónomas que se han visto relegadas, sintiéndose ciudadanos segunda).

Si las medidas adoptadas, incluso la misma cosecha en verde, parecen ir mucho más dirigidas hacia la parte elaboradora (bodegas) que productora (viticultores), con el consiguiente enfado de las organizaciones agrarias, que apenas han necesitado una semana para comprobar como su mero anuncio (no ha dado tiempo todavía a ponerlas en marcha) sólo ha servido para que las bodegas anuncien precios a la baja para las uvas de la próxima vendimia.

Mucho más preocupante, por incoherente, se antoja la posición adoptada por la Comisión Europea con la publicación de su estudio sobre la evaluación del impacto que tendría en el sector la propuesta de reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios en la UE. En un entorno fuertemente afectado por el Cambio Climático y cuyas consecuencias en los tratamientos que pudieran ser necesarios para hacer frente a sus derivaciones sobre las cosechas resultan difícilmente cuantificables actualmente.

Primero porque, una vez más, nosotros mismos vamos a situarnos en inferioridad de condiciones a la hora de competir en un mercado totalmente globalizado como el del vino, altamente sensible al precio en determinados productos vitivinícolas en los que España es líder mundial y sobre el que se sustenta la misma existencia del sector vitivinícola español.

Segundo, porque, al igual que sucediera en su exposición de motivos con los que justificar la aplicación de las medidas excepcionales, como la destilación de crisis; el papel que parece estar llamado a desempeñar por el sector vitivinícola a nivel comunitario, queda seriamente cuestionado. Pareciendo haber olvidado el alto valor sostenible (económico, social y medioambiental) que tiene en muchas regiones europeas, en las que la actividad sería inexistente sin el viñedo. Y, de las que España, cuenta con un buen puñado de ellas.

Los innumerables trabajos realizados en innovación e investigación para la eliminación de algunos productos fitosanitarios, no han alcanzado su nivel mínimo necesario para poder ser eficaces. De hecho, el estudio que complementa la evaluación del impacto que tendría su aplicación, señala que la producción podría llegar a reducirse directamente por esta imposibilidad de tratar, hasta el 28% en Francia, el 20% en Italia y el 18% en España.

Y aquí es donde viene lo peor de todo y que explicaría bastante bien lo que está sucediendo en la Comisión; argumentando que eso “no plantea un problema importante pues la uva (origen del vino), no es un cultivo esencial para la seguridad esencial alimentaria europea”.

De todos los argumentos dados por la Comisión Europea en su Reglamento Delegado (UE) de 22 junio 2023 por el que se autoriza a los Estados miembros a aplicar medidas excepcionales para reequilibrar el mercado del vino, el que me parece más demoledor de todos es el segundo considerando según en el que (cito textualmente): “La reducción aparente del consumo de vino para la campaña de comercialización en curso se estima en un 7% en Italia, un 10% en España, un 15% en Francia, un 22% en Alemania y un 34% en Portugal en comparación con la situación del mercado previa a la pandemia de Covid”.

Los elevados costes de la vida, el aumento del coste de los insumos, como fertilizantes, energía y botellas entre el treinta y el cuarenta por ciento en algunos Estados miembros; unido a una inflación mundial y sus efectos sobre el poder adquisitivo de los consumidores, ha llevado a que la demanda interna haya disminuido en torno al 5’3% en España y Francia, con algunas regiones que llegan a superar el 25% y 35%. Mientras que las exportaciones lo hayan hecho un 8’5% con respecto al 2022.

Lo que amenaza con provocar un desequilibrio generalizado con la llegada de la nueva vendimia, provocando problemas de capacidad de almacenamiento y caída de los precios.

Con perturbaciones muy dispares dada la gran fragmentación existente según regiones: Extremadura en España, Lisboa y Alentejo en Portugal, Languedoc–Roussillon en Francia; y segmentación por producto en tintos y rosados.

Lo que hace necesaria, en esos lugares, una acción inmediata que permita la eliminación de esa parte de su producción para, mediante una destilación de crisis y la flexibilización permitiendo la destrucción total o de los racimos inmaduros en parte de una explotación, siempre y cuando se trata de parcelas enteras, en la cosecha en verde; corregir el desequilibrio del mercado.

Aunque, para todo ello consideren que no se requiera de una financiación adicional, dejando libertad a los Estados miembros para que puedan asignar importes superiores, hasta el 50% de la ayuda. Cosa que no piensa hacer España y sí parece haría Francia.

Las naturales dificultades financieras y de tesorería que genera esta situación también recomienda la reorientación de los recursos asignados en los Planes Nacionales de Apoyo, Por un lado, permitiendo la ejecución parcial de los planes presentados. Y, por otro, aumentando en diez puntos (del 50% al 60%) la cofinanciación de las medidas.

Lo que nos lleva a un escenario bastante sencillo de definir, o al menos así me lo parece a mí. Tenemos un problema de consumo que está generando excedentes. Y, con los mismos fondos hay que financiar nuevas medidas (destilación de crisis y cosecha en verde) y mejorar las aplicables (reconversión, promoción e inversión).

Lo que, llevándolo a la práctica, nos deja con un menor número de beneficiarios de las ayudas, aunque con una mejor financiación.

Delicada situación que, según vayan avanzando los acontecimientos, veremos si no tenemos que cuestionarnos, como lo hemos hecho con las medidas adoptadas ante el Covid-19.

Desde el sector vitivinícola español sabemos muy bien que nuestro principal problema pasa por la valorización del producto. Que contamos con condiciones naturales idílicas para su cultivo y que nuestra tecnología y personal se encuentran al máximo nivel mundial. Somos conscientes de que el cambio climático es una amenaza que acabará trastocando nuestro sector, desplazando el viñedo hacia zonas más altas y dando entrada a sistemas de cultivo, variedades y prácticas enológicas hasta ahora testimoniales.

Y, aunque parece que contamos con un sentimiento de colectividad mayor, incluso cierto orgullo de pertenencia, somos perfectamente conscientes de la asignatura pendiente que tenemos en la parte comercial.

Es evidente que no todos podemos ser líderes, y que, para que una organización funcione, tan necesarios son los directivos que marcan los objetivos y estrategias a seguir, como los equipos intermedios que las desarrollan y las bases que las ejecutan. Tener una carrera profesional en esa estructura es fundamental y contar con los incentivos y medios necesarios para desarrollarla uno de los principales objetivos que cualquier buen gerente debe asegurar.

Aspirar en el sector vitivinícola español a desarrollar esas aptitudes, mejorando nuestro posicionamiento en la estructura que es el comercio mundial del vino no sólo no es nada reprochable, sino que debiera ser algo aspiracional para cualquiera que estuviera relacionado con él.

Sólo de esta manera será posible desarrollar valores tan intrínsecos al sector como la fijación de población, respecto al medioambiente, economía circular, sostenibilidad, equidad y un largo etcétera que lo hacen único.

La escasez de algunos recursos como el agua, el exceso de otros como el sol, lejos de ser un problema son un extraordinario aliciente sobre el que desarrollar la investigación y la resiliencia.

Ponerlos en valor debe ser nuestro principal objetivo y para ello resulta vital darlos a conocer. Hay una máxima en marketing que dice que lo que no se comunica no existe. Quizá haya llegado el momento de centrarnos más en poner en valor estas diferencias que en aspirar a mejorar unos céntimos en el precio de unos vinos cuya calidad cada día es más homogénea a nivel mundial.

Entender que la calidad se ha convertido en un requisito y no en un valor nos ayudaría a afrontarlo mejor.

Será porque el sector productor de las diferentes zonas afectadas ha hecho bien su trabajo. Será porque se aproxima un periodo electoral de gran relevancia, con especial atención a los resultados obtenidos en las anteriores. Será porque los procedimientos burocráticos que exige la aplicación de estas medidas por la Unión Europea son lentos y, al fin, han obtenido su beneplácito. Porque las últimas lluvias han supuesto un alivio considerable sobre las previsiones de cosecha que hasta hace un mes se manejaban… O, sencillamente, por un poco de todas estas razones, y alguna otra que ahora mismo se nos escapa. El caso es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hasta ahora dirige Luis Planas, ha presentado una propuesta de destilación de crisis.

Según la propuesta, expuesta por el Ministerio, la medida se activaría en las CC.AA. de Extremadura y Cataluña; aunque el sector confía en que su alcance se extienda a La Rioja.

Una medida que, recordemos, ha pasado por todas las opciones posibles, que han ido desde la máxima disponibilidad a hacerlo mostrándose dispuesto a apoyar la solicitud que presentase algún Estado Miembro (se hablaba de que fuese Francia quien lo hiciese) en la Comisión Europea, para adherirse a ella posteriormente. Negarse a aplicarla, ante las malas expectativas de cosecha que se manejaban. Trasladar a los gobiernos regionales de responsabilidad de que “con sus fondos” hicieran lo que considerasen mejor para sus operadores…

Eso sí, dejando bien claro, desde el principio, que nunca se haría con fondos nacionales. A diferencia de las propuestas publicadas por Francia, donde se planteaba una cofinanciación con el 15% máximo de los Fondos de los Planes Nacionales que pueden destinarse a medidas extraordinarias, como sería esta, y una aportación nacional del otro cincuenta por ciento.

La resolución presentada está abierta a consultas una semana (hasta 22 de junio) y en ella se determina que los fondos procederán del PASVE 23 para Cataluña y del ISV 24 para Extremadura.

Según la propuesta ministerial, la dotación financiera máxima será de 1.000.000 euros para Cataluña y de 1.299.990 euros para la región de Extremadura.

El volumen fijado es de 43.333 hectolitros de vino a destilar en Extremadura y 16.666,67 hl para Cataluña. Volúmenes a los que, de concretarse también la medida en La Rioja, habría que añadir otros 62.050 hl.

Cifras que se aproximan mucho a lo que venía demandándose por el sector de estas CC.AA. desde el primer momento. Lo que resultan importes muy diferentes por Comunidades, pero es que la ayuda no podrá ser superior al 80% del pecio medio mensual más bajo registrado en la campaña 2022/23 para los vinos tintos y rosados a los que irá destinada la medida.

Entre tormentas, granizos, inundaciones, gotas frías fuera de la época del año en la que eran habituales… y un sinfín de efectos meteorológicos que están haciendo complicado (y mucho), poder definir en estos tiempos lo que es “normal” y lo que no; el sector vitivinícola anda perdido entre noticias de cierto calado que corren el riesgo de acabar pasando desapercibidas.

Escuchar que, en la zona productora más relevante de España, se solicite una medida de intervención, como es la destilación para 60 millones de litros, con la que deshacerse de los excedentes que la pandemia generó y que el mercado no ha sido capaz de absorber; desató cierto revuelo, al que le dio alas el hecho de que se tratara de una propuesta más preventiva que quirúrgica, que no se explicó lo suficiente.

Aunque no fuera esta región la única que solicitaba la puesta en marcha de la medida, el hecho de ser “Rioja”, por lo que de valor y prestigio lleva detrás el nombre, hizo que la misma propuesta reclamada por regiones como Extremadura o incluso la propia Galicia, pasara casi desaperciba. A lo que contribuyó, de manera relevante, la celebración de unas elecciones municipales y regionales, en las que los partidos se dedicaron a lanzar proclamas a favor de llevarlas a cabo, sin más convencimiento que granjearse la confianza de unos viticultores y bodegueros a cambio de sus votos. Y que el presidente del Gobierno fagocitó por completo con la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio y la disolución de las Cámaras.

Solicitudes que parecen una trivialidad ante el reciente acuerdo alcanzado por el Consejo Interprofesional del Vino de Burdeos (CIVB) y el Ministerio de Agricultura francés, junto con el gobierno de la región de Nouvelle-Aquitaine, por el que han decidido destinar entre 59 y 67 millones de euros para arrancar entre nueve mil quinientas y diez mil hectáreas de viñedo en Burdeos.

La razón oficial esgrimida para hacerlo: evitar la propagación de la flavescencia dorada en la vid en la Región de Gironda. Una plaga sencilla de controlar en un viñedo activo, pero que se vuelve extraordinariamente peligrosa cuando el viñedo se encuentra abandonado. Situación en la que podría verse abocado casi un diez por ciento del total de la superficie en la región, como consecuencia de la baja actividad comercial y los volúmenes que han alcanzado los excedentes de vino en la zona.

Hablar de Burdeos no es hacerlo sólo de los Premier Cru, detrás de estos grandes châteaux hay mucho más. Como cuando lo hacemos de Rioja hay muchas más bodegas que las que acaparan los grandes reconocimientos internacionales; o de Galicia de la situación de exposición desmesurada que está viviendo Rías Baixas. Detrás de todas estas grandes bodegas hay pequeños y grandes productores que no consiguen vender sus vinos y para los que una intervención del mercado está resultando vital.

Hasta ahora, en España, no se ha escuchado ninguna voz pidiendo el arranque del viñedo. El patrimonio vitícola parece estar a salvo de las tensiones de precios. Pero no perdamos de vista lo que podrían estar evidenciando todas estas situaciones. Un descenso del consumo mundial y un desequilibrio estructural. Si esto fuera así, tendríamos un problema mucho mayor del que ahora estamos imaginando.

Si contemplamos los datos del consumo en España, nos encontramos en niveles apenas setecientos mil hectolitros menores a los de los peores tiempos de la reciente pandemia. Cuando, recordemos, el canal hostelería, tan importante para este sector, se encontraba cerrado y nosotros confinados.

Sin duda, un mal dato, al que algunos consiguen verle el lado bueno en el hecho de que, en los últimos cinco meses (desde noviembre de 2022), éste se ha estabilizado en el entorno de los 9’6 millones de hectolitros. Lo que parece estar siendo el “suelo del consumo de vino” en nuestro país.

Recientemente la Interprofesional del Vino ha recuperado parte de esa actividad que tan vivamente desarrolló hasta la pandemia y que parecía ir dando sus primeros resultados, con la recuperación de alrededor de un millón de hectolitros en el año 2019. Pero sus efectos no están siendo muy visibles y lo único que parecemos estar consiguiendo es contener la hemorragia, pero seguimos presentando un hematocrito bajo.

Si el dato es malo, porque no tenemos un suficiente número de glóbulos rojos, lo que en este símil nos llevaría a seguir destinando una cantidad importante de los fondos que se recaudan para llegar al consumidor y que se inicie o aumente el consumo de vino. O si, por el contrario, lo que nos está mostrando es la presencia de un trastorno mucho más grave y serio (que sería tanto como asumir que el consumo de vino está herido de muerte y su recuperación va a resultar larga, costosa y con un índice de éxito bajo). Depende de quién exprese su opinión.

Yo prefiero pensar que estamos hablando de una “anemia” que tiene su origen en numerosas circunstancias extraordinarias que pasarán en un corto plazo de tiempo. La normalidad no tardaría mucho en recuperarse y todas las medidas que desde el sector deban ser aplicadas lo sean de carácter temporal, como cosechas en verde o destilaciones.

Pero hay que entender que los haya que ya empiecen a plantearse la necesidad de ir barajando escenarios menos optimistas, en los que tengan que tomarse medidas mucho más traumáticas y relacionadas con aspectos estructurales como el propio potencial de producción que representa la superficie vitícola.

Haciendo bueno el refrán que dice “cuando marzo mayea, mayo marcea”, las lluvias han llegado con fuerza a la práctica totalidad de la geografía española. Un hecho que, si bien no ha sido todo lo positivo que debiera, al haberlo hecho acompañado de episodios de granizo y fuertes trombas que generaban inundaciones de cierta importancia en algunas localidades; sus efectos deben ser valorados muy positivamente, no ya sólo para una agricultura que ya daba por perdidas las producciones de muchos cultivos, como pudiera ser el viñedo; sino incluso para aquellos otros en los que, habiendo llegado tarde, dotarán a la tierra de unos recursos hídricos imprescindibles de cara a nuevas cosechas.

Si bien, hay que destacar que, siguiendo con las tradiciones, nunca llueve a gusto de todos, y para muchos viticultores la llegada de estas lluvias ha tenido efectos limitados sobre su cosecha. Pues han hecho acto de presencia cuando la planta ya se encontraba totalmente brotada, con muestras muy desiguales dentro de la misma parcela y sarmientos de escaso tamaño. Ahora habrá que confiar en que esta agua iguale la vid y le permita un desarrollo normal.

Efectos en los que no todos confían y, no sé si poniendo la venda antes de hacerse la herida, ya han comenzado a vaticinar cosechas muy reducidas y fijado bandas de precios en las que debieran situarse los precios de las uvas en la próxima vendimia.

Reclamación que, de una forma más o menos contenida, no han pasado por alto algunos grupos bodegueros que se han apresurado a anunciar su intención de reducir, de manera considerable, el número de operaciones de contratación de uva. Llegando incluso a declarar que no pueden garantizar el cumplimiento de los contratos plurianuales que pudieran tener firmados.

Cuánto hay de realidad detrás de estas declaraciones, de unos y de otros, y cuánto de sobreactuación en aras de contar con el escenario más conveniente para la defensa de sus intereses, es algo que sólo allá por el mes de octubre sabremos. Pero que, de cualquier forma, sea cual sea el resultado, sigue diciendo muy poco de nuestro sector y de sus posibilidades de desarrollo hacia un mejor posicionamiento en nuestros vinos y mayor valorización.

No entender que en el barco que nos conduce al puerto de una mejor imagen y precio de nuestros vinos vamos todos, es no querer entender que la viabilidad de nuestros viñedos y bodegas pasa por la valorización de sus productos.

Ni las ayudas a la reestructuración van a hacer que el cultivo sea lo suficientemente rentable como para atraer a nuevas generaciones al sector y evitar la despoblación de nuestro campo. Ni ser los que vendemos el vino más barato del mundo nos garantizará la colocación de la producción en los mercados.

Producir más requiere de eficiencia en la gestión de los recursos, siendo el agua el más importante. Ceder la producción con un margen que roza el cero, para que sean otros los que lo hagan llegar al consumidor; aceptar la posibilidad de que llegue otro que sea capaz de hacerlo más barato que nosotros. Algo de lo que, teniendo en cuenta los efectos climáticos a los que deberemos amoldarnos y los costes de insumos y mano de obra; no estamos lejos.