Las alertas sanitarias siempre suponen un importante problema, sea cual sea su presentación o su mensaje. No en vano, son precisamente eso “una alerta” que nos avisa de los riesgos que tiene para nuestra salud el consumo de un determinado alimento o producto. E insisto en lo de “tiene”, ya que la alerta asevera sobre los efectos negativos. Hasta el momento podemos decir que es una batalla que el Vino lleva ganada, haciéndole frente a todos los ataques que desde la Dirección de Sanidad y Consumo ha recibido. Pero, ¿hasta cuándo podremos resistir?
A finales de este mes, entre el 27 y 30 de abril, el pleno de la Eurocámara someterá a votación una resolución sobre una nueva estrategia para el alcohol en la UE que afectaría no solo a la política de salud, sino a todas y a cada una de las políticas comunitarias de la Unión, como las dirigidas a la agricultura, consumidores, economía…; además de buscar alinearse con la Estrategia global de la Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU) y supondría la obligatoriedad de incluir en el etiquetado de los vinos alertas sanitarias sobre su consumo, así como su exclusión de cualquier fondo para la promoción para un consumo moderado.
Sin duda, un torpedo en toda la línea de flotación de un sector que ha hecho gala de una especial sensibilización frente al consumo abusivo de alcohol, que ha desarrollado campañas de formación e información dirigida defender y divulgar un consumo moderado y que ha aplicado reglas estrictas de autorregulación que deberían servir de ejemplo.
Otro de los grandes temas a debate en estos días es la transformación de los derechos de plantación en concesiones administrativas que entrarán en vigor a partir del próximo día 1 de enero, con una duración prevista hasta el 31 de diciembre de 2030 y cuyos Reglamento de ejecución 2015/561 y Delegado 2015/560 acaban de ser publicados, previéndose para junio-julio la aprobación por parte del Magrama del correspondiente Real Decreto en el que establezca las condiciones concretas de su aplicación. Entre ellas, el mecanismo que ofrecerá a autonomías y Consejos Reguladores para desarrollar esa ampliación de la superficie de viñedo dentro de los límites del 1% máximo anual fijado.
Un sistema flexible que deberá permitir al sector ampliar gradualmente su producción y adaptarse a la eliminación del sistema de cuotas como le ha sucedido a la leche y le sucederá en el 2017 al azúcar.