En un momento en el que la calles arden y los ministros de agricultura de la Unión Europea deben hacer frente en sus diferentes países a una fuerte demanda de los agricultores por un mayor control en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que ponga fin a la venta a pérdidas a la que, según los representantes de estos grupos de manifestantes, se les somete por parte de la industria. Adquieren mayor relevancia los datos publicados en el informe de la actividad inspectora y de control de AICA, en el ámbito de la cadena alimentaria.

En él se señala al sector vitivinícola como al que más controles (894 de los 2.371 totales) se le ha sometido. Habiéndosele impuesto 96 sanciones, la inmensa mayoría de ellos concentrados en la industria vitivinícola (83). Sólo superado por el sector de frutas y hortalizas, al que se le impusieron 165 y muy lejos del cárnico y de aceite de oliva, que los fueron con 41 y 40 sanciones respectivamente.

El incumplimiento de los plazos de pago (42) ha sido el motivo que más sanciones concentró, y en la industria vitivinícola en la que más se han producido. Con 83 sanciones: 31 en el incumplimiento de plazo de pago, 24 en no incluir todos los extremos en los contratos, 12 en la ausencia de contratos, los mismos que en las modificaciones unilaterales no pactadas y 4 en no suministrar la información requerida.
Datos que no difieren mucho del histórico acumulado desde que entrara en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria y la inspección de la AICA en 2014. Siendo el sector vitivinícola, con 554 sanciones de las 3.708, el que, detrás del de frutas y hortalizas (1.770), más incumplimientos presenta. La inmensa mayoría de ellas, 501 a la industria; siendo el incumplimiento de los plazos de pago 379 el más infringido. 338 lo fueron a la industria, 25 a los mayoristas, 10 minorista y 6 a productores.

También en el ámbito comercial, cabe destacar el acuerdo al que han llegado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) las delegaciones de China y Australia sobre la disputa que mantenían ambos países por los aranceles que le imponían a las importaciones del vino australiano.

De esta forma se pone fin a unas cargas que han supuesto pasar de concentrar los vinos australianos cerca del 35,5% de las importaciones del país asiático, a ni siquiera aparecer entre los 10 principales países proveedores.

Y, aunque atendiendo al origen del vino importado por el gigante asiático en 2022, debiera ser Francia la que más perjudicada pudiera resultar, al ser la que mayor cuota de estas importaciones presenta, con el 46% y Chile con el 22%. El peso de la marca-país de nuestro vecino galo, o el acuerdo de bajos aranceles con el país sudamericano; nos hacen temer que puedan ser Italia y España los países que, con el nueve y siete por ciento de tasa de importación, se vean más afectados por la “reentrada” de los vinos australianos en China.

Mientras tanto, nuestras exportaciones, en tasa interanual al mes de enero, siguen cayendo tanto en volumen -0,8% y valor -1,5% en productos vitivinícola como en vino que lo hacen y el -1,8 y -2,4% respectivamente. Siendo la categoría de D.O.P. la que más sufre con caídas en volumen y valor, tanto a granel como envasados.

Sin más argumentos que la pura intuición y los datos globales de las cuencas hidrográficas, podemos asegurar que la Semana Santa ha conllevado un gran alivio para nuestro viñedo. Muy probablemente, totalmente insuficiente para solucionar el profundo déficit hídrico que sufren las comarcas que se extiende a lo largo de la costa mediterránea. Ni solventa el problema, ni garantiza la cosecha venidera, pero ha sido un respiro para muchas vides que estaban en verdadero “estado de coma”, con la propia supervivencia de la planta en grave peligro.

Sus repercusiones en el mercado apenas se han dejado notar. Y, aunque aún es pronto para poder sacar conclusiones al respecto, es muy probable que no vayan a hacerlo (como tampoco lo hizo el hecho de cosechar una producción históricamente baja).

Las noticias deben venir del lado de la demanda, que es donde parece estar el problema, con un perceptible descenso en el consumo y unos ciudadanos con rentas disponibles que siguen teniendo otras prioridades que distan mucho de la de disfrutar de una copa de vino.

Con el horizonte mucho más allá de la actualidad inmediata (marcada por el mercado o las lluvias de esta última semana), tenemos que hacernos eco de un artículo publicado en la revista ‘Nature’ sobre “Los impactos del Cambio Climático y las adaptaciones de la producción de vino”, elaborado por el profesor Cornelis van Leeuwen de la Universidad de Burdeos, del que encontrarán un amplio resumen en nuestras páginas; sus declaraciones publicadas en el diario ‘El País’ han tenido una gran repercusión. Sabemos que el Cambio Climático está trayendo consecuencias sobre el cultivo de la viña y, aunque no es posible concretar mucho, pues éstas dependerán de cuáles sean las variaciones en las temperaturas; suponen un serio peligro para el 90% de las regiones vitícolas ubicadas en las regiones costeras y bajas de España, Italia, Grecia y sur de California.

Según el investigador, la adaptación de las variedades y portainjerto, sistemas de conducción y gestión de viñedos, pueden mitigar el problema, pero tendrán una importante repercusión sobre la producción y rentabilidad del cultivo. Así como una fuerte dependencia del riego y su disponibilidad.

Concluyendo que, a niveles de calentamiento globales inferiores a 2ºC, puede considerarse que estas actuaciones servirían para para más de la mitad de los viñedos tradicionales.

Si bien, básicamente, no dice nada que no supiésemos y sobre lo que muchos de nuestros viticultores llevan ya tiempo trabajando; hay que reconocer que su concreción debería ser un incentivo en el camino de la excelencia y valor añadido de nuestra producción.

La práctica totalidad de los informes elaborados sobre el sector vitivinícola mundial y sus perspectivas en el corto y medio plazo apuntan hacia un estancamiento en el comercio; acentuado por el descenso en el consumo y atenuado por unas bajas producciones.
Cuánto de esto ha venido para quedarse y cuánto tiene su origen en las tensiones inflacionistas, pérdidas de poder adquisitivo y temor ante la escalada de conflictos internacionales son variables que pueden hacer cambiar radicalmente el pronóstico o enfatizarlo de manera preocupante.

Escenario que, previsiblemente, nos ha de conducir a una reorganización sectorial a nivel mundial. Pero que, no obstante, presenta grandes oportunidades para el vino español. Aunque ello pudiera resultar tremendamente complicado por la atomización que sufre, pero, especialmente, por la falta de liderazgo de una entidad (administración) que lo coordinase.

Sabemos, porque nos lo han repetido hasta la saciedad, que somos el primer país del mundo en superficie vitícola de uva de transformación, así como en cultivo ecológico. El que más volumen exporta, aunque esa posición pueda variar según el año con Italia (o una parte muy importante de este vino vaya a ser luego reexportado). También, el que más barato lo hace, con una gran diferencia sobre los demás.

Somos conscientes de que los recursos hídricos son nuestro gran talón de Aquiles en la producción y la profesionalización, especialmente, pero no sólo, en la comercialización, nuestra gran asignatura pendiente.

Sabemos que tenemos a las puertas de nuestras explotaciones vitícolas y vinícolas, un relevo general con criterios mucho menos románticos y mucho más economicistas; donde la dedicación debe ser retribuida.

Contamos con planes de apoyo de la Unión Europea para financiar la gran mayoría de medidas que habría que abordar, aunque ello pueda resultar muchas veces farragoso.

Pero nos falta creérnoslo. Y, de forma muy especial, que nuestras administraciones así lo vean.

Cuestionar el carácter alimenticio del vino en la sociedad actual puede tener sentido. Señalarlo de forma acusadora por su contenido alcohólico como fuente de un problema de alcoholismo, bajo el que justificar su desprecio y la ausencia de apoyo a su desarrollo, ignorando lo que supone de cara a la fijación de la población, el mantenimiento medioambiental y su contribución a la generación de riqueza donde se cultiva y elabora, una actitud torticera e interesada.

El futuro de nuestro sector pasa, de manera irremediable, por una valorización de nuestros vinos. Lo que no necesariamente significa que sólo tengamos que elaborar vinos premium. Pero sí generar el suficiente valor para que la cadena de valor se forma de una forma natural y no inversamente, como sucede ahora.

Los cambios acabarán produciéndose de manera inexorable y tendrán consecuencias sobre nuestra estructura productiva: superficie y bodegas. Decidir si lo hacemos de una forma ordenada y planificada, o caótica y traumática sólo depende de nosotros. Aunque, mucho me temo que, para poder hacerlo de esa forma ordenada, es necesario contar con una coordinación de la que no sé muy bien si disponemos.

Las existencias de vino y mosto se encuentran en mínimos históricos: 50.181.484 hectolitros. Los operadores se las ven y se las desean para encontrar vinos blancos, no hablemos de los mostos para los que apenas ya hay mercado. Los vinagreros se lamentan de que se apliquen medidas de destrucción de producto cuando los precios suben haciéndoles cada día más difícil encontrar materia prima con la que elaborar sus productos. Los políticos aseguran que llegarán a la próxima vendimia con las bodegas vacías. Y para animar la situación, las administraciones ponen en marcha medidas encaminadas a restar producción con la aplicación de la vendimia en verde en algunas regiones. Y así podríamos seguir con un buen número de indicadores, todos ellos en la misma dirección.

La sensación es que el sector se encuentra inmerso en una grave crisis de consecuencias imprevisibles. Acercándose mucho a una reducción notable del potencial productivo de la Unión Europea. Y ya sabemos esto lo que quiere decir: menos producción igual a muchas menos hectáreas y más pueblos despoblados.

Me resultaría mucho más sencillo, para intentar explicar lo que sucede, sumarme a la opinión más generalizada y que señala a la reducción mundial del consumo de vino como causante de todos nuestros males. Podría incluso intentar consolarles diciéndoles que se trata de una situación generalizada que también les pasa a franceses, italianos, portugueses… pero también asiáticos y americanos, en sus dos hemisferios.

Pero nada de todo esto respondería a la pregunta más importante: ¿estamos frente al suelo de un diente de sierra propio de cualquier mercado o la situación es mucho más preocupante y tenemos que estar hablando de un cambio de ciclo con un consumo de vino mucho menor?

A mí me gustaría pensar que estamos hablando de un diente de sierra normal de cualquier ciclo económico. Agravado, es verdad, por una situación económica y geopolítica complicada. Donde la reducción de la capacidad de gasto de los consumidores ha traído como consecuencia la renuncia al consumo de bienes que resultan prescindibles. Y el vino es uno de ellos.

Y, en cuanto a por qué afecta más a tintos que a blancos y rosados. Pues, siguiendo con mis elucubraciones, discutidas y, probablemente, equivocadas, por varias razones, entre las que destacan: la sencillez del producto, como lo es que los tintos que más se demandan son los menos concentrados; pero de manera muy especial, por su menor precio.

Tomando como fuente las exportaciones, el precio del litro del blanco con D.O.P. envasado ha sido en 2023 de 4’13 vs. 5’22 del tinto /rosado. Si nos referimos a envasados sin D.O.P. 1’13 vs. 1’49. En varietales envasados 1’62 vs. 1’80 y con IGP envasado 0’81 frente 1’36. No habiendo ninguna categoría, ni envasado, ni BiB, ni granel en que esta circunstancia no se repita. A pesar de que el mercado de blancos esté sobre un cuarenta por encima del de los tintos.

Es cierto que no vivimos momentos fáciles en el sector, tampoco en la agricultura en general. Basta echar un vistazo a la calle para escuchar los gritos de protestas de unos ciudadanos que se declaran totalmente incapacitados para seguir adelante con su actividad agraria y que sólo reclaman un poco de respeto a su trabajo.

Respeto que pasa, necesariamente, por una rentabilidad que les haga posible vivir con dignidad de su trabajo, permitiéndoles defender su producción en condiciones de igualdad y competitividad.

También es verdad que, poco a poco (casos mucho más relevantes informativamente hablando, al margen), el cansancio empieza a hacer mella en sus ánimos y, cada día, son más sordas sus proclamas y menos notorias sus protestas.

Pero, lamentablemente, los problemas siguen siendo los mismos, salvo pequeños detalles que todavía tendremos que ver plasmados en un documento para saber qué hay detrás exactamente de esas promesas de reforma.

¿Conseguirán los políticos, los nuestros y los de la Unión Europea, pasar de soslayo por esta oleada de protestas y conformar un nuevo Parlamento Europeo sin haber afrontado el relevo generacional y despoblación que hay detrás de esta situación?

Confío en que no. Pero, si he de ser sincero, me temo que sí que pudiera ser. Pues, como en toda protesta, el tiempo juega en su contra y éste está siendo muy bien gestionado por quienes tienen el poder de tomar decisiones y aplicar medidas.

Si lo prefieren, podemos centrarnos en los problemas actuales del mercado: hablar del consumo interno, del volumen de nuestras existencias, la marcha de las exportaciones o el esfuerzo comercializador de nuestras bodega y cooperativas.

Pero, nada de todo esto tiene verdadera importancia si lo comparamos con las consecuencias que pudiera tener sobre el sector vitivinícola, especialmente el español (pero está en juego el propio europeo). Si no somos capaces de entender que las reglas de juego en el mercado mundial han cambiado. También lo han hecho los consumidores con sus gustos, momentos de consumo y cantidades.

Y que todo ello requiere poner la luz larga y mirar al futuro con mucha más ambición y criterio que lo que conlleva la mera toma de medidas inmediatas que solucionen un problema puntual, pero dejan sin orientar hacia dónde debe ir el sector vitivinícola.

Sostenibilidad, economía circular, cadena de valor, burocracia, libre competencia, cláusulas espejo, valorización… Son grandes conceptos que todos coincidiremos en señalar como objetivos prioritarios. Pero ninguno de todos ellos se alcanza porque sí. Todos requieren de una transición.

Que esta evolución sea de forma ordenada o salvaje. Pautada, con una hoja de ruta consensuada por todo el sector, o impuesta por el mercado. Que permita la ordenación del potencial vitícola y la producción, o conlleve el abandono de viñedo, desaparición de bodegas y cooperativas y despoblación de amplias zonas rurales; aún depende de nosotros.

No dejemos pasar un tren que tiene escasas estaciones por alcanzar hasta su fin de trayecto.

Si por algo se caracteriza el sector agrícola es, precisamente, por la oscilación de sus producciones. Sujetas a factores climáticos, ajenos a la intervención humana, hacen que sus curvas de precios presenten dientes de sierra de cierta profundidad. Vaivenes que, si bien son asumidos por los viticultores como naturales, presentan una preocupante tendencia negativa que cuestiona seriamente el futuro del sector tal y como lo entendemos en la actualidad.

Aplicar medidas puntuales (como destilaciones de crisis o vendimias en verde) para problemas circunstanciales resulta muy conveniente. Incluso cuando estamos hablando de situaciones tan especiales como fuera la declaración de una pandemia mundial en 2020 que supuso el confinamiento de la población por primera vez en la historia. Pero resultan totalmente inútiles ante aquellos problemas estructurales relacionados con un cambio en los hábitos de vida, consumo, alimentación y preocupación por cuestiones medioambientales o relacionadas con los efectos que sobre la salud pudiera tener la ingesta de alcohol.

Son muchos los estudios, de los que desde este medio nos hemos venido haciendo eco y difundiendo, que nos avisan de que el consumo de vino disminuirá, que ello irá acompañado de una reducción de la producción y un abandono de viñedo.

Para el supuesto de que estas proyecciones no estuviesen erradas y acabara sucediendo lo que se prevé, yo me pregunto: ¿cuál sería el país o el tipo de producto que más se vería perjudicado, ¿el de un alto valor añadido ganado a base prestigio y representatividad social, o el de bajo precio y perfectamente sustituible por otras alternativas?

Y, aunque tengo mi opinión, no creo que importe mucho. Casi mejor, sean cada uno de ustedes los que contesten a esta pregunta, Eso sí, por favor, no lo hagan sólo con un éste o aquél. Intenten ir poco más allá en sus reflexiones y busquen cuál sería la mejor forma de hacer que ese escenario no sucediese y, si fuera ineludible, cómo llegar a él de la forma más ordenada y coherente posible para que saliésemos victoriosos de esta situación.

Y, si no es abusar demasiado, si es posible, hacerlo de forma individual o, mucho mejor, colectivamente.

Las protestas que invaden nuestras ciudades y dificultan nuestra cómoda vida, que están llevando a cabo los viticultores, pasarán. La Comisión Europea, con más o menos celeridad y acierto, flexibilizará los trámites burocráticos y condiciones de aplicación de las medidas contempladas en el paquete de Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV)…

Pero nada de todo esto solucionará nuestro problema de fondo

Resulta muy complicado saber en qué concretamente van a acabar las protestas de los ganaderos y agricultores comunitarios. Pero, casi podríamos asegurar que tendrán consecuencias sobre la Política Agraria Común (PAC), los mercados y la competitividad de nuestros productos.

Cuándo veremos concretadas estas consecuencias y plasmadas en un reglamento, no resulta tan sencillo de discernir. Aunque, también podríamos asegurar que no será muy tarde.

Tratarse de un asunto que afecta a un sector “fundacional” de la Unión Europea. El hecho de que haya unas elecciones a la vuelta de la esquina (junio de este año). Las presiones a las que algunos de los “pesos pesados” han sometido a la Comisión, con las declaraciones realizadas por su presidenta, Úrsula von der Leyen. Y, lo que en mi opinión es todavía más importante, que las competencias en este asunto estén cedidas a la Unión Europea y estemos hablando de un mercado común, con apenas pequeños matices en los 27 países, más fruto de justificar presiones que de verdaderas diferencias. Son argumentos que juegan a favor de pensar en un el corto plazo.

Los principales cambios parece que irán por una simplificación de la burocracia; una relajación de la política medioambiental en apoyo de la económica y social con la modificación del Pacto Verde Europeo; un mayor control en la aplicación de la legislación que protege a los productores frente la comercialización; y la implantación de las “clausulas espejo” en los acuerdos comerciales con otros países, principalmente.

Y en el sector vitivinícola, ¿cuál será su efecto?

En el ámbito medioambiental, una relajación en la política de uso de determinadas materias activas o prácticas agrarias. En el burocrático, la unificación de declaraciones y una cierta relajación administrativa en la gestión de las ayudas.

Aunque, será en el ámbito económico donde más relevantes podrían acabar resultando los efectos de esta rebelión emprendida por un sector que no se está jugando una mayor o menor rentabilidad, sino su propia supervivencia.

Son muchos los casos, en prácticamente todas las regiones españolas, en los que, con los precios que se están pagando las uvas, resulta insostenible mantener la actividad. Formar correctamente la cadena de valor, naciendo del viñedo hasta llegar al consumidor, requiere de una aplicación correcta de la Ley de la Cadena Alimentaria, tanto en los plazos de pago, como en la prohibición de venta por debajo de los costes de producción.

Pero, para ello, es imprescindible que no se produzcan fraudes con falsas declaraciones, como las que denuncian a las que son sometidos por la gran distribución.

Estrechar la vigilancia de su cumplimiento muy posiblemente lleve su tiempo, pero es posible y fundamental si queremos seguir teniendo viticultores. Posiblemente, esto nos lleve a los consumidores a tener que pagar un poco más por una botella de vino. Como a mermar la competitividad de nuestros vinos en los mercados internacionales.

Pero es que la alternativa a esto es el abandono del cultivo, la desertificación y extender la España vaciada.

Si podemos soportar tensiones inflacionistas por cuestiones que nada tienen que ver con el sector, creo que podemos (pero, especialmente, debemos) hacerlo ahora por la supervivencia de nuestros viticultores.

¿Es posible una transición ecológica como la planteada por la Política Agraria Común?

Muy posiblemente, ésta sea la pregunta que todos debamos hacernos en estos momentos en los que las organizaciones agrarias y pesqueras, a las que pretendían unirse, sin éxito, los transportistas; están manifestando a las claras su descontento y malestar.

La respuesta por parte de los colectivos, parece clara: Un no rotundo.

La de la Comisión Europea, como siempre, tibia. Como la del resto Administraciones españolas involucradas que responden en función de cuáles sean sus competencias. En aquellos temas que escapan directamente a su capacidad de negociación: apoyo incuestionable a las demandas de los colectivos reclamantes. En aquellas otras cuestiones en las que tienen capacidad de hacer algo: sólo buenas palabras y toda la predisposición a realizar cambios en su ámbito competencial.

La realidad, mucho más terca que las palabras, viene a poner de manifiesto que una política sostenible medioambientalmente cuesta mucho dinero. Mucho más que el que puede poner la Comisión Europea en estos momentos de graves conflictos políticos de defensa y de evidencias sobre los efectos que la política de traslación de la producción allende el territorio comunitario ha tenido sobre nuestro tejido primario.

Que las condiciones de producción de los 27 Estados Miembros difieren mucho unas de otras, con climas variopintos que modifican mucho el uso de fitosanitarios o fertilizantes, pero que condicionan claramente los costes de producción, poniendo en entredicho la famosa cadena de valor. Situándonos en una clara posición de desventaja competitiva frente otros países con los que debemos establecer convenios de colaboración en aras a intereses que van más allá de los estrictamente agrícolas, ganaderos o pesqueros. Es una certeza que no pasa desapercibida para nadie, pero que nadie, tampoco, quiere asumir.

El sector primario necesita del medioambiente para su subsistencia. Los productores agroalimentarios son, por consiguiente, los primeros interesados en cuidarlo. Pero en condiciones de competitividad que les permita la rentabilidad económica mínimamente exigible.

Apostamos por un futuro con productos más revalorizados, reparto equilibrado en toda la cadena de valor y mayor competitividad en los mercados. Y destinamos importantes recursos (aunque resulten claramente insuficientes) a ello. Pero, para alcanzar el objetivo de sostenibilidad que impera en la PAC, aumentamos los requisitos a cumplir por los agricultores para acceder a las ayudas. Sin embargo, no implantamos medidas voluntarias, asumibles económicamente y desacopladas que tengan un objetivo estrictamente medioambiental.

Después de la confusión (o perplejidad) que pudiese haber generado la publicación del avance de producción del Ministerio de Agricultura de vino y mosto del mes de noviembre, retirada de su web pocos días después (seguramente por alguna cuestión informática). Los datos del Infovi del mes de diciembre confirman una producción de 28.271.709 hl de vino y 3.678.229 de mosto. Un total de 31.949.938 que supone un 21,2% menos que la ya paupérrima cosecha 2022 que fuera de 40.555.007 Mhl. Con especial incidencia en los vinos tintos que disminuyen un 24’8% frente el 17’7% en el que lo hacen los blancos, o 22’8% de los mostos.

También se mantiene estabilizado el consumo aparente interanual que se sitúa en los 9.637.147 hl, un 0’5% superior a los 9.590.017 del registramos hace un año, pero (ojo) 66.341 hl menos del que tuvimos en el interanual del mes de noviembre. Así como nuestras exportaciones que, en dato, también interanual, pierden apenas doscientos mil hectolitros con respecto al del año anterior y se mantienen en el entorno de los veintiún millones, con una ligera recuperación +1’4% de nuestro principal mercado, la Unión Europea; y unos terceros países (-7’3%) que no acaban de recuperar consumo.

Quizá sea esta fragilidad con la que se está comportando el consumo, en todas sus vertientes (interno, UE y terceros países), junto con los graves problemas de producción a los que nos estamos enfrentando, en algunas zonas, como consecuencia de la profunda sequía. O los bajos precios y una producción con apenas margen; vender por debajo de coste sería ilegal y, por lo tanto, no debería producirse. Aunque no faltan voces que denuncian presiones por parte de algunos bodegueros (sin citar) que les obligan a firmar unos costes inferiores a los que realmente han soportado; y que, lógicamente tendremos que poner en duda ante lo grave que sería. Pero que vendría a incidir sobre la cuestión de actualidad que se refiere a las protestas que están llevándose a cabo durante estos días y que empezaron en Francia, pero rápidamente fueron extendiéndose a toda Europa, también en España y que no sólo cuestionan la enorme burocracia a la que son sometidos los productores, sino también la incapacidad de vender sus productos a unos precios que garanticen una rentabilidad mínima de su actividad y su relevo generacional.

Luego, si quieren, entramos al detalle y analizamos si la denuncia de competencia desleal, niveles de exigencia desiguales en la Unión Europea, o los actos vandálicos de vaciado de cisternas que han acompañado las protestas son de recibo o fruto de la sobreactuación que toda manifestación de este tipo requiere.

Pero lo bien cierto es que el sector agrícola y ganadero lleva mucho tiempo denunciando que su viabilidad hace aguas por todos los lados y que la Unión Europea con su Política Agraria Común, pero también la comercial o de exteriores… les deja en una posición de futuro muy delicada.

Bajo este lúgubre panorama, agravado por una extensión de la caída del consumo a nivel mundial, no es de extrañar que la propia Confederación de Cooperativas Agro-alimentarias de España y las principales organizaciones agrarias hayan solicitado al Ministerio una mayor flexibilidad a la hora de aplicar las ayudas del ISV. E, incluso, algunas asociaciones, como las Bodegas Familiares de Rioja, hayan ido un paso más allá, proponiendo un arranque primado para el viñedo de la D.O.Ca. Rioja.

Cuando ya parecía una realidad incuestionable que la cosecha 2023 de vino y mosto en España iba a situarse en el entorno de treinta y dos millones de hectolitros, muy por detrás de los treinta y nueve (39’645 Mhl) inicialmente previstos por el Ministerio en su avance del mes de junio. Sensación que venía avalada por las constantes rebajas que reflejan los diferentes avances del propio Ministerio y acorde a los realizados por otras organizaciones de productores en los meses siguientes; hasta llegar a las declaraciones ampliadas del Infovi correspondientes al mes de noviembre (que concretaba la cosecha en 31’915 Mhl, de vino en 28’237 millones de hectolitros mientras que la de mosto la dejaba en 3’678). El MAPA cambia ahora la tendencia y eleva su avance de producción de 30 de noviembre hasta los 4’746 millones de kilos y una producción total de vino, mosto fresco y mosto concentrado (convertido a hl) de 35.293.458 hl.

Diferencia considerable la que se aprecia entre las declaraciones de los productores reflejadas por el Infovi y la de los servicios técnicos del Ministerio a través de su avance de producción.

En lo que no parecen existir tantas discrepancias, es en valorar la situación que atraviesa nuestra viticultura y los efectos que sobre ella está teniendo la climatología y sus perspectivas de futuro como actividad empresarial rentable.

Si en la pasada edición acudíamos a los datos provisionales del Esyrce 2023 para poner en relieve la evolución del viñedo y su distribución en secano y regadío. Ahora es el informe “Suelo Agrario en España 2023”, elaborado por el servicio de Estudios de TINSA, empresa dedicada a la tasación inmobiliaria, el que, en sus páginas revela el mantenimiento del valor de la superficie cultivada en la mitad norte peninsular y reducciones, de distinta intensidad, en la mitad sur, con Castilla-La Mancha en tendencia ligeramente decreciente; Extremadura y Comunidad Valenciana, con tendencia a la baja y Castilla y León con fuertes incrementos del 10% desde 2015.

Otro de los temas sobre los que habrá que permanecer atentos es la intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de sacar adelante una Ley sobre el consumo de alcohol por menores de edad. Una iniciativa que ya fuera anunciada hace más de veinte años, en 2001, y que los diferentes Gobiernos no han conseguido hacer. Habrá que ver adónde lleva al sector vitivinícola ese objetivo de la nueva titular del Ministerio de “contribuir a un cambio cultural que modifique la percepción de riesgo del consumo de alcohol por menores de edad, a fin de reducirlo”. Siempre presa fácil en este tema y tan poco tenido en cuenta para iniciativas conjuntas que ayuden a alcanzar esa meta.