Puesto que sabemos que no es, ni tan siquiera, imaginable que, a corto plazo, el grado de fiabilidad de las estimaciones de cosecha que se publican en nuestro país mejore sustancialmente y que en ellas siempre existirá un factor subjetivo importante; lo mejor seguirá siendo hacerse eco del máximo número posible de ellas y recomendar encarecidamente, una y otra vez, tomarlas con la máxima prudencia y no olvidar que se tratan de vaticinios basados en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo.

Aun con ello, convendría no olvidar que sea cual sea el volumen que estimemos, tenemos una importante situación de desequilibrio entre lo que producimos y lo que utilizamos y que en la puesta en marcha de medidas que tiendan a buscar el acercamiento entre ambas cantidades se encuentra una buena parte de cuál será el futuro de nuestro sector.

Muy posiblemente, dentro de unos años nuestro mix de producto en la exportación haya cambiado y nuestro consumo interno aumentado. Pero, ni tan siquiera esa alentadora esperanza impide que sea necesario dotarnos de medidas que nos permitan disfrutar de una gráfica de precios lineal con una ligera tasa de crecimiento, que nos acerque a cotizaciones que hagan rentable el cultivo del viñedo e interesante la inversión en bodegas.

No podemos pedirle a los viticultores que renuncien a las posibilidades de mejorar la rentabilidad de sus cultivos, cuando se les ofrecen ayudas para hacerlo, como son los planes de restructuración y reconversión del viñedo y cuando los precios a los que se les están pagando las uvas exigen quintuplicar la producción histórica para alcanzar el punto de equilibrio en muchas zonas de España. Pero tampoco a las bodegas por trabajar en mantener esos precios unitarios tan bajos cuando no consiguen mejorar el posicionamiento de sus vinos en los mercados internacionales o aumentar el consumo en el interior.

Pero en este constante desacuerdo, en el que se vayan alternando las posiciones de dominio y nuestro desarrollo consista en el sometimiento de los otros no está la solución.

Primero, porque las posibilidades de seguir aumentando nuestras exportaciones son muy limitadas, Segundo, porque por más que consigamos atraer a nuevos consumidores (y que los actuales aumenten su dosis), el crecimiento que pudiera representar será claramente insuficiente para alcanzar ese punto de equilibrio. Y tercero, porque agronómicamente nos encontramos en un país árido, donde el agua es un bien escaso y preciado del que no podemos abusar como requieren esos altos rendimientos.

Luego parece que una ordenación de la producción sea la opción más viable para alcanzar un crecimiento sostenido y equitativo.

¿Qué? (What?) Medidas de regulación de la producción

¿Dónde? (Where?) En todo nuestro país.

¿Quién? (Who?) Está bien claro. Todos, sin personalismos.

¿Cuándo? (When?) Ya. El tiempo juega en nuestra contra.

¿Por qué? (Why?) Por ajustarnos a las necesidades de cada momento.

¿Cómo? (How?) Con medidas precisas y aplicables.

¿Cuánto? (How much?) La necesidad requerida en cada momento.

Que queremos entenderlo y somos capaces de ponernos de acuerdo; perfecto. Que no; pues no pasa nada, nos dejaremos en el camino a un buen número de parcelas abandonadas, de bodegas que cierren sus puertas e importantes extensiones de terreno desérticas. Eso sí, con unas altas dosis de cinismo que nos permitan eludir nuestras propias responsabilidades y trasladar a los “otros” su falta de visión y capacidad para afrontar el problema.

Pero que nadie se engañe, el sector seguirá existiendo y mejorando su rentabilidad y posicionamiento internacional.

Esa es una verdad que podemos aseverar.

A pesar de los continuos crecimientos en los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura en su estimación de cosecha, siendo la última publicada la correspondiente al 31 de marzo en su “Avance de superficies y producciones agrícolas” que cifra la producción nacional de vinos y mostos de la campaña 2018/19 en 50.355.364 hectolitros; 14.887.917 hl más que la anterior y un cuarenta y dos por ciento. Sería un tanto exagerado achacar a este dato la responsabilidad de la escasa actividad comercial que se desarrolla en nuestro país en estas últimas semanas.

Sabemos que las cifras tienen un lado psicológico que va más allá de lo estrictamente numérico y racional, y que superar barreras de decenas de millones de hectolitros, en este caso, pasando de los cuarenta y nueve a los cincuenta, provoca un efecto que no tendría ninguna justificación en los escasos 418.764 hectolitros que se ha incrementado con respecto a la estimación de diciembre que cifraba la producción de vino y mosto para nuestro país en 49.936.600 hl.

Aun así, la realidad es que la paralización de la actividad comercial comienza a ser preocupante. Restan apenas dos meses para que finalice la campaña y las existencias en poder de las bodegas mantienen en vilo a los gerentes, que temen unos depósitos llenos con los que recibir la nueva cosecha. Sin importar tanto cuál sea el volumen, como el hecho de que debamos ir dándole entrada a los mostos de una nueva vendimia, sin haber sido capaces de encontrarle acomodo a las anteriores.

Con más o menos convencimiento, todos los operadores parecen haber tomado conciencia de que los cincuenta millones de hectolitros han venido para quedarse. Que esta cifra no es fruto de una campaña excepcional y sí de una reestructuración de viñedo que ha elevado nuestros rendimientos muy por encima de los anteriores. Cuyas verdaderas consecuencias todavía están por conocerse dado que cien mil hectáreas se encuentran o recién entradas en producción o a punto de hacerlo.

Ante este panorama no es de extrañar que las cooperativas y principales organizaciones agrarias se hayan animado a proponer públicamente lo que ya llevaban unos cuantos meses barruntando y que no es otra cosa que la necesidad de autorregular la producción, ya sea mediante la retirada parcial de una parte de la producción, lo que antes de la reforma de la OCM eran los contratos de almacenamiento a largo plazo; o el destino obligatorio a la elaboración de otro producto que no sea vino.

Lo que en términos generales, y sin entrar en detalles nada baladís, supone un gran avance en un sector reacio a la autorregulación y acostumbrado a que sean las administraciones las que acabasen actuando. Tomar conciencia de la necesidad de ser él mismo el que debe establecer las normas bajo las que quiere operar es un gran paso que, confiemos, suponga el primero de un fructífero camino.

Dejando a un lado cuestiones concretas de operatividad o pareceres sobre aquellos aspectos y su orden de actuación en los que debiera centrarse, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional ratificando la legalidad de la “extensión de norma” de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) supone un verdadero espaldarazo al sector vitivinícola español.

Es importante entender que el sector se enfrenta a una situación muy delicada de desequilibrio entre lo producido y lo consumido. Que esta brecha está llamada a hacerse más grande en los próximos años, con la entrada en producción de nuevas y viejas hectáreas reestructuradas, con rendimientos que triplican, en el mejor de los casos, los históricos. A toda esa producción, que bien podría situarnos en niveles medios de cosecha por encima de los cincuenta y cinco millones y medio de hectolitros, con apenas poco más de diez de consumo, habrá que encontrarle acomodo. Y hacerlo en un entorno donde importantes países en los que hasta ahora el cultivo vitícola suponía una superficie anecdótica y a los que mirábamos con gran interés como mercados destino interesantes en los que colocar una parte de esa producción que no nos queda otra que exportar; países como Rusia o China; parecen haber tomado conciencia de sus posibilidades apostando por la viticultura y la elaboración. Producción que en un mercado globalizado, donde el consumo se mantiene estabilizado o con una ligerísima tendencia positiva, nos podría poner las cosas muy difíciles para un segmento muy importante de nuestras exportaciones, especialmente aquellas donde el precio es, prácticamente, el único factor diferenciador.

Contar con organizaciones que recauden pero que, también, gestionen adecuadamente esos recursos puede ser la única alternativa que nos quede como sector para alcanzar ese cambio que debe producirse en nuestra comercialización y mix de producto.

Sin adelantarnos a lo que vaya a suceder, parece que será irremediable que los mercados cambien en un periodo breve de tiempo, los canales de comercialización pondrán en valor aquellas herramientas que los hacen universales, los consumidores como individuos adquirirán más notoriedad y requerirán mayor protagonismo. Las producciones solo podrán orientarse atendiendo a criterios de eficiencia, bien por gran competitividad en los costes de producción que permitan ofrecer precios muy interesantes, bien por hechos diferenciadores que granjeen la atención de los consumidores.

Pretender afrontar esta revolución a la que nos enfrentamos desde un sector tradicional, altamente resistente a los cambios, con fuertes raíces en el origen y una profesionalización y estructura empresarial con escasos recursos, de manera individual; se asemeja bastante a lo que sería un suicidio colectivo, en el que solo los líderes salen airosos a costa de la gran masa que fenece anónimamente.

De la misma manera que necesitamos de grandes viticultores que pongan en valor la producción de uva dotándola de la rentabilidad necesaria que haga del cultivo de la viña una actividad empresarial. De bodegas capaces de realizar aquellas acciones comerciales con las que llegar a los consumidores con sus vinos y darles a conocer aquellos valores que los diferencian y engrandecen. Necesitamos de organizaciones con fuerza (recursos), locomotoras que marquen el camino por el que ir y permitan desarrollar a los consejos reguladores, bodegas y viticultores aquellas estrategias individualizadas acopladas a un mensaje y objetivo común en las que aprovechar sinergias.

El lado malo de esto es que hay que pagarlo. Y ya se sabe que cuando esto sucede, como con los impuestos, nunca llueve a gusto de todos y cada uno recaudaría y gastaría con una receta diferente. Pero, de momento, la que tenemos y debemos apoyar, es esta.

Dicen los “viejos del lugar” que hasta San Isidro (15 de mayo) las heladas son un accidente meteorológico a considerar. El problema de este año es que su presencia podría generar un mayor daño del que sería “normal” dado el adelanto presentado por algunas viñas como consecuencia del calor. Como así parece haber sido en la provincia de Álava y La Rioja Alta, así como en Nájera y Entrena de la zona sureste, lugares en los que, según datos facilitados por Agroseguro, la madrugada del 6 de mayo se produjeron episodios que rondaron los -2’5ºC, viéndose afectadas unas cuatro mil hectáreas de viñedo. De esta cantidad cerca de la mitad ya habían presentado el día 10 sus correspondientes declaraciones de siniestro.

No obstante, es importante recordar que estos episodios ya tuvieron lugar durante las campañas 2017 y 2018 en las que se vieron afectadas cerca de veinticuatro mil hectáreas que dieron lugar a indemnizaciones cercanas a los 24 millones de euros en el 2017 y diez millones en la pasada 2018.

Volumen que como puede comprobarse no puede considerarse como representativo de un sector que abarca más de novecientas cincuenta mil hectáreas y produce cerca de siete millones de kilos de uva. Lo que no es óbice para que diferentes organizaciones agrarias denuncien las subidas de prima pretendidas para para la próxima contratación (diciembre 2019) por Agroseguro y que podría suponer hasta un cuarenta por ciento de aumento. Esgrimiendo como justificación, precisamente, la alta siniestralidad de los últimos años de Castilla y León, La Rioja y El País Vasco.

Uvas con las que elaboran vinos de perfiles muy diferentes y que intentan acoplarse lo máximo posible a las tendencias de los mercados. En los que actualmente una acidez bien marcada, como identificativo de frescura, domina claramente las preferencias. Característica que según recientes estudios de mercado no concuerda mucho con el perfil-patrón de la mayoría de los vinos españoles.

Con el fin de encontrar soluciones tecnológicas y promover el desarrollo de nuevos conocimientos, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial está desarrollando el proyecto “FreshWines” que se basará en estrategias vitícolas ecológicas en el viñedo y biotecnológicas en bodega que ayuden a mejorar la maduración de la uva y desarrollar nuevos vinos con perfiles acordes a la actual demanda internacional.

Confiemos en que entre unas cosas y otras, nuestros viticultores tengan la posibilidad de hacer rentable su actividad y permitan desarrollar una verdadera cadena de valor que permita aumentar el mix de nuestros productos.

Escuchadas las palabras del ministro Planas en la inauguración de la Feria Nacional del Vino (Fenavin) que se celebra estos días en Ciudad Real, podríamos concluir que sector y Administración van de la mano en la consecución de objetivos claros y concretos: calidad, organización y la mejora de la internacionalización.

Para alcanzar dichos objetivos ha señalado el importante papel que deben jugar las cooperativas, a las que ha definido como “ejemplos muy significativos de esa implicación”, poniendo en valor las figuras de calidad diferenciada; el papel que debe jugar la Interprofesional del Vino en conseguir “vender a buen precio” en los mercados, especialmente los internacionales, deseando un incremento de la presencia de nuestros vinos en los mercados nacionales, de la UE y, muy especialmente, emergentes de Asia, Oceanía y América Latina.

Una declaración de intenciones que, sin duda, suscriben todos los que conforman el sector aunque en sus palabras no se hayan mencionado los precios a los que los viticultores están cobrando la uva y las escasa rentabilidad que obtiene la gran mayoría de ellos. Tema que, nos consta, preocupa mucho a su Ministerio, y que solo ha sido abordado de una manera lateral a través de las cooperativas, las que, en su doble papel de productor y comercializador, han de ser las que hagan posible esa traslación de riqueza al sector primario. Dejando en el aire el importante papel que deberían jugar unos precios dignos de la uva en la solución al despoblamiento que están sufriendo nuestros pueblos.

Tampoco parece que los últimos datos publicados por el OEMV, referentes a las exportaciones al mes de febrero, en los que el precio medio del producto vitivinícola español en el acumulado en  los dos primeros meses de este año se sitúa en 1,05 €/litro frente el 1,21 €/litro de hace un año (-13’22%); con gran estabilidad en los envasados, que apenas crecen un 0,6% en valor y 5% en volumen, con un precio medio de 2,22 €/litro frente a los 2,37 €/l del interanual; y de los Bag in Box que crecen espectacularmente en valor (+45,7%), volumen (+38,6%) y precio medio 1,39 €/litro frente a los 1,36 €/litro del interanual, pero cuyo peso en el conjunto apenas representa un uno con setenta y nueve por ciento en valor y uno con treinta y seis en volumen. Siendo la categoría de mayor peso, la del granel “puro”, la que más sufre en el precio con un aumento del 17,2% de su volumen pero una caída del 18,3% en el valor, dejando el precio medio en 0,42 €/litro frente los 0,55 €/litro del dato interanual.

Aunque viendo la evolución de los vinos con indicación de variedad y añada lo de poner en valor las figuras de calidad diferenciada podría merecer alguna consideración más profunda.

Superada la primera tanda de elecciones, parece que las dudas sobre quiénes nos gobernarán los próximos cuatro años (o los que acaben resultando, porque lo de cumplir con la legislatura parece cosa del pasado) parecen haberse aclarado un poco más respecto a hace unas semanas.

Claro que, dado el escaso interés que han demostrado todos los partidos políticos y sus cabezas de lista por los asuntos agrarios, especialmente los relacionados con el sector vitivinícola, da casi lo mismo quién lo haga.

Entre que la mayoría de las competencias las tiene la Unión Europea, a la que por cierto, hay elecciones el 26 de mayo y donde visto lo que está sucediendo en los diferentes comicios con el triunfo de partidos antieuropeístas nos jugamos mucho más de lo que podamos imaginar con la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el “Brexit” y la contribución de cada Estado miembro al presupuesto comunitario.

Que la cruzada contra el consumo de alcohol parece haberse convertido en bandera de todas las formaciones políticas, con pequeños detalles que apenas marcan diferencias.

O que aspirar a que se mime al sector vitivinícola y se apueste por la recuperación del consumo, soñando con un consumo moderado en el que la educación en el consumo del alcohol de nuestros jóvenes juegue un papel principal, como lo hacen con la sexualidad en las escuelas, es una entelequia.

Eso por no hablar de la despoblación de nuestro ámbito rural y la cantidad de soflamas que hemos tenido que aguantar en estas semanas de personajes que lo más cerca que han estado de una viña ha sido cuando se han bebido una copa de vino. Absolutamente ignorantes de cuál es el ridículo precio que perciben la mayoría de los viticultores por sus cosechas y dispuestos a seguir lanzando balones fuera, trasladando sus competencias a un sector que carece de medios con los que hacerlo con esa famosa frase de “haremos lo que el sector nos pida”.

No quiero un Estado intervencionista, ni que me impongan precios o me digan lo que tengo que pensar. Pero me gustaría que nuestros políticos tuviesen opinión sobre los temas que nos ocupan, en los que nos jugamos nuestro futuro. Acordarse de nosotros para recaudar impuestos con los que redistribuir la riqueza está genial. Pero ocuparse de saber cómo generamos esa riqueza y facilitar los medios con los que mejorar la competitividad y productividad, una obligación que parecen haber olvidado.

Podemos seguir apostando por aumentar nuestros rendimientos hasta límites insospechados, con el consumo de un bien tan escaso como necesario como es el agua. O podemos ser un poco más imaginativos y trabajar por un mayor valor de la producción que no obligue a nuestros viticultores a cuadruplicar la producción para que le sea rentable.

Para ello necesitamos políticas de Estado. No es posible hacerlo desde una bodega, ni desde una denominación de origen o región por potente que esta sea. Aquí estamos hablando de un problema sectorial que debe ser solucionado de una forma colectiva como país.

Muy posiblemente, y más después de haber pasado el examen que supone cualquier elección, estos temas pasarán al fondo de un cajón, de eso que “no le interesa a nadie”, hasta dentro de cuatro años en el que volvamos a reclamar de quienes ocupen la cabeza de lista en esos momentos, lo mismo que estamos haciendo ahora. Como sucedió hace cuatro, veinte o sesenta años. Porque por extraño que esto pueda parecernos desde que en el año ochenta y cuatro el Ministerio de Sanidad se opusiera a la realización de una campaña publicitaria sobre vinos, esto no ha ido más que de mal en peor, con profundos enfrentamientos entre sanidad, consumo y agricultura por utilizar el contenido alcohólico del vino como justificación campañas negativas para su consumo.

Según publicaba el Ministerio de Agricultura en su “Avance de superficies y producciones agrícolas” a 28 de febrero, la producción nacional de vino y mosto de la cosecha 2018 asciende a 50.244.900 hectolitros, lo que supone un 41,7% de aumento con respecto a la anterior, rompiendo la barrera psicológica de los cincuenta millones de hectolitros que ninguna declaración mensual del Infovi había hecho.

Producción que es consecuencia de la transformación de 6.297.700 toneladas de uva, lo que supone un aumento del 32% en cuanto a kilos con respecto al año anterior y un rendimiento del 79,78% en vinificación, con un aumento del 7,34%.

Estas cifras a mediados del mes de abril, a tres meses y medio de la nueva campaña, resultan, cuando menos, sorprendentes. Se hace necesaria una revisión de los procedimientos con los que trabaja el área de estadística del Ministerio. Ya que debería ser esta estimación la primera con la que comenzara a trabajar el sector antes de conocer los datos oficiales y concretos del Infovi, y no los últimos cuando ya se han realizado todas las declaraciones por parte de los viticultores.

Quizá si asumiésemos que para poder trabajar es necesario disponer de información actualizada y que los recursos del Ministerio deberían servirnos para ello, nos irían mejor las cosas. O quizá no, pero no sería porque los operadores no dispusieran de elementos que les ayudaran en su toma de decisiones.

Eso sí, al menos este retraso tiene una ventaja y es que nadie podrá señalar al Ministerio como responsable de haber generado una alarma en el comercio, ni ser responsable de descalabros en los precios o pérdidas de actividad comercial.

En otro orden de cosas, destacar que el MAPA ha elevado a consulta pública para alegaciones y sugerencias un proyecto de Real Decreto con el que modificar el RD 1363/2018 mediante “ajustes técnicos” para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo 2019-23 al Sector Vitivinícola con el que intenta evitar que se dejen sin ejecutar los fondos previstos. Durante el ejercicio FEAGA 2018 se dejaron sin gastar cerca de 50 M€, lo que representa un 14% de los asignados a nuestro país. Lo que es calificado por todos los colectivos implicados como “aberrante” y “totalmente inadmisible”. Además de suponer un alto riesgo de que Bruselas propusiera recortarlos en caso de que se repitiese esta situación.

Con ellos se pretende dotar a la normativa de una mayor flexibilidad, planteando modificaciones en aquellos artículos relacionados con la medida de promoción en mercados de terceros países de tal forma que se facilite su comprensión y verificación. Medida de reestructuración y reconversión ajustando los fondos asignados a las operaciones aprobadas y fondos ejecutados. Cosecha en verde y destilación de subproductos. Así como en las de inversión en las que incluir diversas precisiones para facilitar la utilización de aquellos fondos que se van liberando a lo largo del procedimiento.

Además de incidir sobre la ejecución proporcional de la garantía en el caso de que el beneficiario no ejecute todas las acciones que cubría la solicitud de ayuda. Así como suprimir el criterio de priorización de solicitantes vinculado al cumplimiento del Decálogo para la sostenibilidad integral.

También tiene previsto la ampliación del plazo hasta el 15 de mayo de para la presentación de las necesidades de financiación del ejercicio 2020 para la aplicación de las medidas del PASVE 2019-23.

Por otro lado, destacar la declaración conjunta China-UE en la que se incluye el lanzamiento de un estudio de viabilidad conjunta sobre el fortalecimiento de la cooperación en el sector de los vinos y espirituosos.

Tal y como era de esperar tras el tiempo primaveral del que hemos disfrutado en los meses de invierno, las heladas, nieves y granizos han hecho acto de presencia en la práctica totalidad de nuestro país, con especial incidencia en el tercio norte de la península. Hasta el momento y a tenor de la información de la que disponemos, no parece que hayan tenido consecuencias más allá de las puntuales para cada viticultor, pudiéndose concluir que, en términos generales, sus efectos han resultado beneficiosos para la viña. No obstante, todavía es mucho lo que falta por llover para que la cepa reciba la cantidad mínima necesaria para su desarrollo. Aunque tiempo y momentos en los que debería hacerlo quedan muchos.

En lo que se refiere al mercado podemos decir que la climatología tan adversa que hemos sufrido estos meses atrás, y que podía haber cuestionado llevar a buen término el potencial de producción de nuestro viñedo, no parece haber tenido su reflejo en la actividad mercantil. Donde a la caída de las cotizaciones publicadas en nuestra revista desde que se iniciara la vendimia, podríamos completarla con los datos facilitados por el Infovi referidos al mes de febrero en los que se refleja un aumento de las existencias en manos de la producción hasta los 51,6 millones de hectolitros a final del citado mes. Lo que dicho así pudiera no ser muy ilustrativo pero que puede resultar alarmante si lo comparamos con los 42,1 Mhl que se almacenaban a la misma fecha del pasado año.

Es verdad que resta mucho de campaña y, por lo consiguiente, la reversión de esta situación es posible, y si no, al menos paliarla. Aunque las elevadas cosechas de nuestros principales compradores lo hagan muy difícil.

Tampoco del consumo podemos esperar grandes cambios, ya que si bien no disponemos de información estadística concreta, la impresión de las diferentes partes que integran el sector es de un total estancamiento, con ligerísimas variaciones que resultan totalmente insignificantes en el conjunto del volumen. Hablar de consumir diez millones o diez millones y medio de hectolitros sobre una producción del 2018 de 44,1 Mhl de vino resulta, a todas luces, irrelevante.

Antaño eran los partidos políticos los que, con sus líderes al frente, acudían a los pueblos a pedir el voto, a escuchar la demanda de sus gentes y asegurarles que desarrollarían políticas que los tuvieran en cuenta. El incumplimiento de esas promesas, elecciones tras elecciones, la fragmentación del voto, la aparición de nuevos partidos políticos, etc., es lo que ha acabado por llevar a esos pueblos que conforman la España despoblada, abandonada, ignorada a tomar la palabra y manifestarse por las calles de Madrid, donde se concentran los Ministerios, el Parlamento y todas las sedes de los partidos políticos, exigiéndoles que sean tenidas en cuenta sus necesidades y pongan fin a un despoblamiento que lleva camino de convertirse en un problema sin solución.

Muy posiblemente, porque así ha venido sucediendo, superadas las elecciones todo ese interés por conocer los problemas de nuestros agricultores, ganaderos y habitantes de nuestros pueblos, no sea más que un grato recuerdo de una infancia idealizada. La realidad de los despachos y la cuadratura de los presupuestos haga olvidar que existen extensas zonas de nuestra geografía cuyo sustento es la mejor herramienta de fijación de la población. Pero una parte de ese pueblo en el que reside la soberanía nacional se ha cansado de que le prometan y prometan hasta votar, y una vez votado no haya nada de lo prometido. Han tomado la iniciativa demandándoles soluciones a problemas concretos de educación, sanidad o herramientas básicas para el desarrollo de cualquier actividad empresarial como puedan ser carreteras o comunicaciones.

Desde el sector vitivinícola sabemos que necesitamos rentas dignas que hagan de nuestros viticultores verdaderos profesionales. Para ello hay que dotarles de medios y ayudas que les permitan vivir de sus viñedos, asegurándoles un futuro para sus hijos. Pagar la uva a los precios a los que se hace en la mayoría de nuestras comarcas no hace sino propiciar la actividad secundaria, basada en criterios sentimentales que permiten vender sus producciones a precios que si se tratara de una actividad principal y profesionalizada serían totalmente insostenibles.

Podemos entrar en discusiones bizantinas sobre si es imposible pagar la uva más cara siendo los precios a los que vendemos nuestros vinos los que son. Cuestionar si no venderíamos lo mismo subiéndolos veinte céntimos con los que generar esa riqueza en nuestro sector primario, siendo nosotros mismos los que nos estamos haciendo la competencia y generando una parte importante de ese problema de escaso valor de nuestra producción. Hasta plantearnos si deben ser nuestras administraciones, o el propio sector, quiénes con sus competencias, actuales o modificadas, dirijan ese cambio y diseñen la estrategia adecuada. Hasta confiar en que sea la naturaleza la que vaya poniendo solución a los problemas, con largos periodos de ausencia de lluvia como los que hemos vivido hasta hade apenas unos días y que han permitido la reactivación de la actividad comercial sin más futuro que el que lleve pareja la próxima cosecha.

En mi opinión, manifestaciones como las del pasado día 31 de marzo son convenientes y necesarias, pero sirven de muy poco si no vienen acompañadas de propuestas concretas sectoriales. Estoy cansado de escuchar esa lapidaria frase: “nosotros haremos lo que el sector quiera”. Faltaría más.      Deben ser viticultores, bodegueros, distribuidores y exportadores… los que ordenen el sector. No es cuestión de decirle a cada uno lo que debe hacer o no, sino definir las reglas bajo las que deberá hacerlo cada uno y establecer medidas que ayuden a regular los mercados con acciones temporales o definitivas.

Queremos mejorar los precios de nuestros vinos para que nuestros viticultores tengan una renta que permita desarrollar una actividad profesional. Pero nos olvidamos de que corremos el peligro de que para entonces hayamos perdido un gran patrimonio vitícola.

Por definición, la agricultura está sujeta a la climatología y su producción oscila en función de ella cosecha tras cosecha. Una evidencia que el hombre ha intentado corregir desde el inicio de los tiempos mediante el control del agua. Obviedad que adquiere especial relevancia en campañas como esta, en las que el déficit hídrico se sitúa en cifras récord y los temores sobre cuáles pudieran ser sus consecuencias de cara a la cosecha comienzan a preocupar.

Todavía queda tiempo y son muchos los accidentes meteorológicos a los que deberán enfrentarse los viticultores antes de entrar la uva en la bodega. Pero dos más, amén de la pertinaz sequía asustan: heladas y granizo. Las altas temperaturas, con oscilaciones térmicas de más de veinte grados en algunos días y lugares, pero del orden de los quince en la práctica totalidad de nuestra geografía y durante varios días, han tenido consecuencias en el desarrollo de un viñedo que presenta un cierto adelanto sobre sus fechas habituales. Nada que no pueda verse compensado, o que por si solo sea malo, pero que haciendo caso del refranero español tiene a todo el sector con las orejas tiesas por si se cumple eso de que “cuando marzo mayea, mayo marcea”. Los efectos que una helada tiene en la planta y sus consecuencias de cara a su producción, esta y las siguientes, no son las mismas sea cual sea el estado de desarrollo de sus brotes. Soportar temperaturas por debajo de cero en las últimas semanas de abril o principio de mayo podría ser desastroso para la cosecha.

Pero seamos positivos y no aventuremos problemas donde no los hay. De momento nuestros viticultores siguen apostando por la implantación del riego en aquellas parcelas en las que es posible para luchar contra los episodios de sequía y poder darle a la planta los recursos que demanda en cada momento. Lo que sin duda nos da una notable estabilidad en la producción. Aún así, según los últimos datos del Esyrce referidos a 2018 de las 960.758 de viñedo de transformación que tenía España, solo el 39,35% estaba en regadío, mayoritariamente (96,5%) localizado. Siendo Baleares y Navarra las regiones que mayor porcentaje de su viñedo lo tienen en riego, 76,8% y 61% respectivamente, pero destacando de manera importante, por el peso que en la producción nacional tiene, Castilla-La Mancha con un 49% situándose en tercer lugar.

Significa eso que…

Ese ejercicio lo dejo para cada uno.