Han pasado apenas dos semanas desde que fuera aprobado por el Consejo de Ministros el plazo para la presentación de las solicitudes de entrega a la destilación, inmovilización y cosecha en verde; y ya ha finalizado.

Lo cierto es que, por más digitalizados que estemos, prisa que nos hayamos dado los medios de comunicación en publicarlos e interés que hubiese en el sector por contar con unas medidas extraordinarias que vinieran a paliar los graves efectos que ha tenido en el sector la paralización de la economía como consecuencia del Covid-19, se antojan plazos un tanto precipitados.

Aun así, es previsible que las solicitudes, al menos en las dos primeras y más dotadas presupuestariamente medidas, sobrepasen con mucho los volúmenes establecidos y sea necesaria una prorrata, que no será conocida hasta el 17 de julio, momento a partir del cual se confía en que puedan empezar a notarse sus efectos en el mercado.

Son muchos los temores a un derrumbe de precios, que acabe arrastrando a niveles insostenibles la producción vitícola 2020, por lo que contar con herramientas que ayuden a hacer más llevadera la digestión de un vino que debiera haberse consumido resultan fundamentales. Tanto como los anuncios que algunas bodegas han realizado, comprometiéndose a cumplir con los acuerdos plurianuales que tenían firmados o, incluso, yendo más allá y anunciando la adquisición de la producción que obtengan todos los viticultores a los que tradicionalmente lo habían venido haciendo en las últimas campañas.

No obstante, el temor a que una parte importante de la cosecha tenga difícil encontrar acomodo es una realidad que hace presagiar una “vendimia caliente”.

Ni los viticultores están en disposición de cobrar menos de lo que han venido haciendo por sus uvas, ni las bodegas de mantener los precios en un mercado con importantes excedentes que puedan llegar a suponer un problema físico de almacenamiento.

Equilibrar esta situación va a requerir no solo un alto grado de solidaridad y cooperación sectorial, sino también una concienciación grupal de la que, hasta el momento, no ha hecho gala. Dicen que son los momentos difíciles los que sacan lo mejor de cada uno, aquellos en los que es posible avanzar gracias a la unión de todos.

Por el bien común, confiemos en que sepamos entenderlo y convertir esta amenaza una oportunidad que nos haga más fuertes.

Si bien el Real Decreto que adoptara la puesta en marcha de medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de Covis-19 era una exigencia ampliamente demandada por el sector, la publicación del RD 557/2020 podríamos decir que no ha dejado a nadie totalmente contento.

Unos, porque consideran que los plazos para su propia aplicación son extremadamente cortos. Recordemos que antes del 23 de este mes deberán presentarse las solicitudes en las comunidades autónomas para cualquiera de las medidas. Que su prorrateo, en el más que probable caso de que exista, será dado a conocer por el Ministerio no más allá del 17 de julio. Y el pago de la ayuda deberá haberse producido antes del 15 de octubre.

A otros, porque la ayuda la consideran insuficiente. Para el caso de la destilación es de 0,4 €/litro para el caso de que se trate de vino amparado por alguna denominación de origen y de 0,3 €/l para aquellos que no lo estuvieran, más un suplemento por desplazamiento de 0,005 €/l para el caso de que la distancia entre bodega y destilería sea superior a 150 kilómetros e inferior a 300 y de 0,01 €/l para distancias superiores. De 0,027 €/hl/día para la inmovilización y del sesenta por ciento del precio medio de la uva de las últimas tres campañas para la cosecha en verde.

A la mayoría, porque su volumen (2 Mhl de destilación (0,5 Mhl con D.O.P. y 1,5 para aquellos sin ella), 2,25 Mhl para el almacenamiento de 2 Mhl de vino con D.O.P. y 0,25 con I.G.P) no resuelve el problema de excedentes que esta situación anómala del mercado (y que viene a unirse a las trabas arancelarias de Estados Unidos y las incertidumbres del mercado británico) ha generado entre los operadores.

Y, a la totalidad, porque el origen de los fondos con los que se van a financiar, estimados en 90,5 M€, provienen de los que ya contaba el sector en su Plan de Apoyo para la campaña 20/21. La mayoría (40%) de ellos procedentes de los inicialmente destinados a la reestructuración y reconversión del viñedo, el 30% de las ayudas a la promoción en terceros países y otro 30% de la medida de inversiones.

Tampoco ha contentado mucho a las denominaciones de origen la confusión provocada con el famoso art. 37, por el que sus Consejos Reguladores debían modificar sus normas de campaña, disminuyendo sus rendimientos máximos. Circunstancia que no es exacta, ya que el Real Decreto tan solo aconseja, por corresponsabilidad con la situación, proceder a esta inclusión en sus medidas de campaña, pero no obliga a hacerlo, siempre y cuando ya figuren en sus reglamentos y no excedan de 18.000 kilos en variedades tintas y 20.000 en blancas.

Para el caso de que la disponibilidad a 15 de agosto exceda a la media de las últimas cinco campañas, el contenido alcohólico de los subproductos deberá ser del 15%.

Sumándose a ese sentimiento de insuficiencia, el Consejo de FIAB ha instado a Nadia Calviño a adoptar medidas que fomenten la competitividad de la industria. Entre otras, la Federación pide promover la unidad de mercado y evitar regulaciones que resten competitividad a la industria de alimentación y bebidas.

Asimismo, la FIAB le ha pedido al Gobierno, a través de la vicepresidenta Calviño, que trabaje por la recuperación de la confianza de los ciudadanos para el impulso del consumo, la reapertura de la hostelería en condiciones de seguridad, la atracción del turismo y la promoción de los productos españoles en el extranjero.

Para ello se ha solicitado que desestime la imposición de impuestos al consumo y tenga en cuenta sus propuestas en la toma de decisiones, al tratarse de un sector estratégico.

o por menos anunciadas, las medidas adoptadas por el Gobierno en su último Consejo de Ministros son menos relevantes para un sector al que el horizonte a corto plazo se le presenta, como el tiempo de esta esta semana, con grandes nubarrones.

Han tardado (y mucho) en ver la luz. Aunque imagino que asuntos mucho más importantes tiene el Ejecutivo encima de la mesa como para dedicarle el tiempo al sector vitivinícola. Pero al fin han llegado. Ya conocemos cuál es la asignación presupuestaria, noventa millones de euros, su origen y las medidas a las que irán destinados dichos fondos. Permitiéndonos asegurar, esta vez ya sin ningún riesgo a equivocarnos, que la Europa de dos velocidades es una realidad incuestionable. Al menos en el sector vitivinícola.

Claro que, al contrario de lo que pudiera parecer, el origen de este trato diferenciado entre los vitivinicultores de un país u otro de los que integramos la Unión Europea no viene provocado por la Comisión, sino por la solidaridad que cada uno de los Estados muestra hacia su sector vitivinícola. Los principales productores, sin excepción alguna han tenido que adoptar medidas para minimizar los graves efectos que el cierre del canal Horeca ha provocado en el consumo y, consecuentemente, en la comercialización del vino durante más de tres meses. La diferencia ha estado en que, mientras unos lo hacían con fondos estrictamente originarios de los que la Unión Europea pone a disposición de cada uno de los países en los llamados Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE en el caso de España) para medidas como la restructuración, inversión o comercialización. Otros tiraban de cartera propia e incrementaban estas ayudas, transformando las medidas en una herramienta sectorial que supusiera un respiro para sus paupérrimas arcas y no en una simple posibilidad de eliminar, temporal o definitivamente, una pequeña cantidad de vino de sus bodegas. Haciendo más profunda, en muchos casos, la crisis económica y financiera.

Lo más importante es que, por fin, podrán ofertarse a la destilación dos millones de hectolitros, otros dos a almacenamiento y será posible eliminar uva gracias a la cosecha en verde. Así como reducir rendimientos y elevar el grado exigido en los subproductos de la próxima campaña. Además de aplazar las fechas en las que vencían derechos, autorizaciones, planes de promoción… que, en otro Real Decreto, también han sido modificados.

Parece que el sector bodeguero no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad que esta crisis del Covid-19 le presenta, de regular su producción y evitar la acumulación de unos vinos que le está resultando muy complicado comercializar.

Los graves efectos que la paralización de la economía ha tenido en el sector de la hostelería y restauración han llevado a numerosas bodegas, de prácticamente todas las regiones españolas, a anunciar que, o bien no comprarán uva en la próxima vendimia, o bien reducirán drásticamente el volumen de sus adquisiciones.

La acumulación en sus depósitos de los vinos de esta campaña, una climatología benigna, con lluvias abundantes, temperaturas propicias y ausencia de episodios de heladas. Así como el anuncio de un periodo estival donde el gasto se verá fuertemente afectado por la reducción en la renta que experimentaremos los ciudadanos. Unido a la pérdida de un altísimo porcentaje de los turistas que normalmente nos visitan. Dibujan un panorama de excesos de producción que podría verse fuertemente agravado por una gran cosecha que, si bien en estos momentos resulta completamente imposible vaticinar, bien podría pensarse en que estuviera al más alto nivel de las históricamente elevadas de 2013 y 2018.

Amalgama que vendría a provocar importantes problemas de capacidad de almacenamiento en algunas bodegas, que se verían sin depósitos suficientes en los que dar cabida a todo el vino disponible.

Producción a la que hay que encontrarle una colocación adecuada, más allá de destilaciones o medidas extraordinarias con las que retirar temporalmente de los mercados una pequeña parte de una producción que resulta excedentaria estructuralmente y que circunstancias extraordinarias, como las actuales, no hacen sino agravar sus volúmenes, pero nunca generar un problema que no tuviéramos antes.

El Ministerio de Agricultura, después de casi tres meses de confinamiento y paralización absoluta de la economía mundial; sigue sin hacer público el Real Decreto de medidas extraordinarias por las que se autoriza la destilación de dos millones de hectolitros que deberán ir, obligatoriamente, a usos industriales con una dotación presupuestaria de 65 M€. Otros dos que podrán ser inmovilizados mediante los contratos de almacenamiento por un periodo de 6, 9 o 12 meses (9,9 M€) y una cosecha en verde (4 + 6 M€) que, ante la obligatoriedad de verse afectada el total de la parcela, es muy posible que no logre superar la barrera de lo testimonial.

Los rendimientos máximos autorizados se verán reducidos, como ya han anunciado algunas denominaciones de origen y el propio Ministerio limitaría a los vinos no sujetos a ninguna indicación de calidad a 18.000 kilos por hectárea para variedades tintas y 20.000 para blancas. Medidas que se verían complementadas con la elevación del porcentaje del contenido de alcohol de los subproductos hasta el quince por ciento.

Todo ello con un presupuesto de 78,9 millones de euros que serán retraídos del presupuesto anual del Plan de Apoyo al Sector de este año y 6 M€ del que viene a costa de otras medidas como la inversión (17,63 M€), promoción (16,47 M€) y reestructuración (23,326 M€). Sin haberse conseguido por el sector que, a igual de lo sucedido en Francia o Italia, la Administración nacional viera complementado con ayudas nacionales este presupuesto.

Sin duda, medidas demandas por el sector y necesarias para atajar las graves consecuencias de una economía paralizada y amenazada por una profunda recesión, pero que no pone remedio al grave problema histórico que tenemos en España de desequilibrio entre lo que producimos y lo que utilizamos. Vender fuera está bien y es tan digno como hacerlo dentro, pero aspirar a tener un sector fuerte y competitivo consumiendo una cuarta parte de lo que elaboramos y a un precio medio de 3,26 €/litro en los hogares, según el último informe publicado por la OIVE, requiere medidas que van mucho más allá de destilaciones o inmovilizaciones. Requiere devolver un equilibrio del que ya no tenemos memoria de haber disfrutado alguna vez.

Que el sector vitivinícola necesita el apoyo de la administración para salir del embrollo en el que este maldito Covid-19 le ha metido es una realidad que apenas requiere más ejercicio que el de imaginar el momento por el que están pasando bares y restaurantes. Calibrar el peso de este consumo en Horeca es un poco más sencillo gracias al estudio de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) sobre el consumo de vino en nuestro país, en el que se le estima un valor de 3.710,8 M€ (54’5%) y un volumen 3.167 Mhl (31,4%) anuales.

Cuánto de esta parte de la tarta hemos perdido irremediablemente y cuánto seremos capaces de recuperar en lo que nos queda de año, es una incógnita cuya repuesta dependerá, especialmente, de si se produce algún rebrote del virus o de cuál acabe siendo la capacidad de gasto que deje en la población la profunda recesión que nos auguran.

En exportación, a las ya de por si grandes dificultades que encuentran nuestras bodegas por hacerse con un hueco en el mercado y mejorar el mix de su producto, los operadores del sector deben enfrentase a una pandemia cuyas primeras consecuencias ya se han puesto de manifiesto en los datos del primer trimestre. Periodo en el que, hablando de vino (sin vino aromatizado, mosto ni vinagre), hemos perdido 34,17 M€, con respecto al primer trimestre del año anterior, alcanzando 603,22 M€ (-5,4%). Cifras mucho mejores que las referidas al volumen, en el que la cantidad perdida asciende a 59,17 millones de litros, al haber pasado a exportar 472,82 Mltr (-11,1%). Datos que, en cualquier otra circunstancia, hubieran hecho saltar todas las alarmas, dada la importancia que en nuestro mapa de utilizaciones tiene el mercado exterior. Y que, en cambio, ha sido asumido por el sector como algo irremediable e incluso menos grave de lo que inicialmente pudiera preverse. Claro que, estamos hablando de que el estado de alarma en España se dictó el 14 de marzo y en el resto de países europeos, cinco días arriba o abajo.

Y como si esto no fuera lo suficientemente importante para tomar medidas urgentes y contundentes que nos ayudaran a devolver el equilibrio al mercado, la climatología, que hasta entonces se había mostrado condescendiente con el sector, con escasas lluvias y temperaturas más elevadas de lo habitual, decidió dar un giro de 180º con precipitaciones muy por encima de los valores medios y una bajada brusca de la temperatura. Otorgándole a la viña un chute de recursos con los que transformar la preocupación por una cosecha corta, en la inquietud por los anuncios de algunas bodegas sobre su decisión de no comprar uva este año, o las de algunas otras mostrándose preocupadas por no saber si dispondrán de depósitos donde fermentar los mostos y almacenar los vinos.

Un panorama en el que convendría no olvidar que, en ningún momento, se está cuestionando la calidad de los vinos, ni de los de esta campaña, ni de los que pudieran surgir de la nueva vendimia. Tratándose de un problema de cantidad circunstancial y del que, ¿quién sabe?, podríamos vernos beneficiados.

La cuestión está en si sabremos aprovechar esta nueva oportunidad.

Hasta el momento, el Ministerio no ha hecho público todavía el RD definitivo con las medidas extraordinarias, jugamos en inferioridad de condiciones con respecto franceses e italianos que ya han anunciado un mayor apoyo de sus gobiernos nacionales. Y aunque las presiones están siendo muchas para que esto cambie; también están muy esquilmadas las arcas públicas como para pensar en ello. Pero habrá que darles el beneficio de la duda.

A pesar de la gravedad del asunto, y de las últimas noticias que van en sentido de imponer mayores restricciones de las indicadas para cada fase de la desescalada en algunas zonas atendiendo a razones de alta movilidad; la “normalidad” va volviendo, poco a poco, a la sociedad, sus empresas y colectivos.

Noticias como la evolución del viñedo, con sus enfermedades y posibles estimaciones de cosecha, van recuperando el protagonismo que merecen, tomando gran importancia todas aquellas noticias relacionadas con las medidas que, desde el Gobierno de España, pudieran tomarse a fin de evitar que, en octubre o noviembre, el sector del vino acabe enfrentándose a un problema mucho mayor.

Podemos, y estamos en nuestro derecho de ello, pensar que para esas fechas el problema del Covid-19 será una situación que hayamos superado con éxito. Pero también podemos (y debemos), ser mucho más realistas y asumir que eso no va a suceder. Que a finales de año es posible que no dispongamos de una vacuna y que nos hayamos tenido que enfrentar a algún rebrote (confiemos que la experiencia haya servido para algo y resulte mucho mejor gestionado). Pero, sobre todo, que las secuelas que en la economía, empleo y hábitos sociales sean profundas y, altamente dañinas. Adoptar medidas que superen la barrera de lo soñado para situarnos en la de la realidad es obligación de quienes, voluntariamente, nos han pedido nuestra confianza.

El espectáculo al que estamos asistiendo en la definición, dotación y aplicación de medidas urgentes con las que hacer frente a un problema que dura ya más de dos meses, resulta totalmente inaceptable.

Somos un sector privilegiado. Contamos con 210,332 M€ de fondos europeos este año, y otros tantos el que viene, y el otro, hasta el 2023 para el desarrollo de un Programa de Apoyo al Sector (PASVE). Sabemos, con total seguridad, que una buena parte de esos recursos, destinados a medidas de promoción, reestructuración o inversiones, no se van a ejecutar. Somos conscientes, porque lo estamos sufriendo en el ámbito sanitario, que las medidas que se adoptan en los primeros momentos de un problema resultan menos traumáticas y mucho más efectivas. Y, a pesar de ello, llevamos más de dos meses y un viñedo que apunta amenazador con su cosecha 2020, sin tomar ninguna decisión. Asistiendo a una bochornosa subasta, que si 57,75, ahora 84,9 M€… para destilar 2 Mhl (0,5 de vinos con D.O.P. y 1,5 sin indicación de calidad), almacenar durante 6, 9 y 12 meses dos millones y poner en práctica una medida que, y esto es una opinión estrictamente personal, debiera estar en marcha desde el principio como es la cosecha en verde, así como la limitación de rendimientos o el mismo aumento de alcohol exigido en los subproductos.

Sería deseable que, en lugar de pensar qué hacemos con lo que no vendemos, pensáramos en cómo recuperar las ventas. Pero, si eso no es posible, al menos que tengamos unas reglas, lo más parecidas posible en toda la Unión Europea.

Superado el primer shock que supuso para todos la pandemia de Covid-19 en el aspecto sanitario, con miles de muertos y servicios hospitalarios desbordados, llega el momento de hacerle frente a las consecuencias que las medidas adoptadas para frenar la pandemia tendrán sobre la sociedad, sus gentes y sus economías.

Todas las previsiones, con una triste unanimidad, coinciden en que nos enfrentamos a consecuencias nunca antes vividas. Lo que hará necesarias soluciones que escapan a la capacidad de un Gobierno, haciendo, más necesaria que nunca, la unión y coordinación en las medidas que cada uno de los Estados vayamos adoptando dentro de la economía mundial, pero, muy especialmente, de una Unión Europea que ha dejado ver una parte muy importante de sus profundas diferencias desde los primeros momentos de esta crisis.

Sin duda alguna, toda esta situación acabará teniendo consecuencias sobre el consumo. También sobre el de un sector tan conservador como es el del vino. Su alcance está por determinar, pero en estos dos primeros meses ya hemos tenido la oportunidad de evidenciar que apuestas decidas por el comercio online (que tanto se resistían) se han convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en una realidad. Algo, sin ninguna duda, muy positivo y cuyas consecuencias sobre el comercio mundial, sus trabas arancelarias y su forma de operar está todavía por ver, pero, que, sin duda, ha venido para quedarse.

Tampoco están muy claras cuáles serán las consecuencias que sobre el consumo mundial acabará teniendo, sus canales de venta, tamaño de los envases, precios de los productos, tiendas de proximidad… muchas cuestiones que, a buen seguro, se van a ver afectadas por esta situación a la que el sector debería estar adaptándose ya, previendo posibles escenarios que representan una excelente oportunidad para nuestras bodegas.

La cruz de esto es que, para poder tomar esta iniciativa, además de la imaginación, son necesarios recursos. Unos medios escasos y fuertemente diezmados que vienen a comprar mucho el futuro de un gran número de nuestras más de cuatro mil bodegas. Pero lo más positivo de todo es que esa oportunidad está ahí, y que deberíamos aprovecharla para conseguir romper, de una vez, con ese penoso mantra de la relación calidad/precio para situarnos en la franja de valor que por calidad nos corresponde.

Aunque la realidad de los hechos nos devuelva a un escenario en el que las decisiones tardan en tomarse, la escasez de los recursos económicos que debieran prevenir del Ministerio acaban dando con ellas al traste y la miseria provocada por los desplomes de los mercados, engullendo ilusiones y minando nuestro futuro.

Es verdad que no son necesarias pandemias mundiales para evidenciar la pesadez con la que se desenvuelve la Unión Europea. Por todos es conocida, aunque, de manera muy especial, por aquellos relacionados con el sector vitivinícola y cuyas competencias emanan, en su gran mayoría, del acervo legislativo comunitario.

Y aunque, ocasiones de gran importancia hemos tenido para poder comprobarlo de primera mano, todo parece indicar que el Covid-19 no va a ser ni una excepción, ni un ejemplo de eficiencia.

En cuatro medidas podríamos concretar lo que está pidiéndole el sector a la Comisión: destilación, retirada temporal de producción, vendimia en verde y flexibilidad en los programas de promoción. Hasta la fecha ninguna de ellas puesta en marcha. Ya que, si bien existen ya los reglamentos por parte de la Comisión, que pueden consultar íntegros en www.sevi.net, su concreción y ejecución están todavía pendiente de ser trasladadas a los Estados miembros. Parece que las consecuencias que está teniendo la situación sobre bodegas y viticultores no están resultando lo suficientemente graves ya, como para tomar medidas de inmediato.

El viñedo evoluciona, inexorablemente y el tiempo para la vendimia en verde pasa, independientemente de protocolos administrativos, haciendo que esta lentitud suponga un retraimiento en su eficacia.

Es entendible que cuestiones sanitarias, sociales y económicas sean mucho más importantes y requieran mayor atención que un pequeño sector como el vitivinícola por parte de la Unión Europea, pero, ¿es tan difícil hacer dos cosas al mismo tiempo?

Nunca antes, una situación había puesto tan de manifiesto la importancia que en la toma de decisiones tiene el tiempo; así como las grandes diferencias que tiene en su grado de efectividad y coste el ser ágil en esa toma de decisiones, como con el Covid-19. Y, aun así, la celeridad con la que son resueltos los asuntos está brillando por su ausencia.

No tengo ni la más mínima duda de que solo unidos seremos capaces de afrontar los retos que nos presenta el siglo XXI, con la deslocalización de la economía hacia otros continentes y el valor residual en el que Europa se ha asumido como un continente de “mayores acomodados”. Creo en la moneda única y la libre circulación de bienes y servicios. Pero mucho me temo que es esta falta de eficiencia lo que más está poniendo en peligro la propia supervivencia de lo que hemos tardado más de sesenta años en construir. Con un notable debilitamiento de países, sectores y ciudadanos.

Dentro de muy poco asistiremos a campañas de todo tipo incentivándonos al consumo, con especial atención hacia los productos locales o regionales. Incluso apelarán a nuestros sentimientos para convencernos de que nuestra colaboración, como consumidores, es fundamental para hacer de esta “uve asimétrica”, en la que se debiera convertir la crisis económica a la que nos enfrentamos y su recuperación, lo más simétrica posible. Es decir, perder muy deprisa y recuperarlo también muy deprisa. Y hasta es muy posible que así tenga que ser, nos guste o no, porque la restricción en la libertad de movimientos de personas nos privará de la llegada de millones y millones de turistas que hacían de nuestras playas y ciudades la primera industria del país.

Pero es, precisamente, esa misma razón la que nos debiera percibir mejor la gran importancia que para nuestro país tiene la apertura de fronteras y la circulación fluida de mercancías. Específicamente en nuestro sector, en el que podemos afirmar, categóricamente, que vivimos de los de fuera. Como así demuestra el hecho de que vendamos dos veces y media más allá de nuestras fronteras lo que consumimos dentro (27,099 Mhl), de los que dos terceras partes lo fueron intra-UE. Recibimos más de ochenta y seis millones de turistas y la industria turística representa más del 12% de nuestro PIB.

Todo el mundo coincide en que de esta saldremos y, aunque los hay que consideran que con valores como el de la solidaridad y la familia reforzados, no hay ninguna duda de que pagaremos un alto coste por ello. Hasta dónde alcanzará la crisis y qué sectores serán los que se vean más afectados es una duda que, poco a poco, se va despejando, gracias a los datos concretos que se van conociendo.

Tras un primer momento de pánico por la paralización, casi absoluta de la economía y el cierre total de bares y restaurantes, el consumo de vino en el canal alimentación era el único capaz de darnos alguna alegría, con incrementos espectaculares y un interés inusitado de los compradores por utilizar las plataformas online en sus compras para un consumo que aumentaba su frecuencia.

Pero también sabíamos a ciencia cierta que, por más que estas ventas aumenten, van a quedarse a años luz de compensar todo lo que perdamos en Horeca, turismo y venta directa en bodega. Que la exportación, por estos mismos motivos, será imposible que mantenga su ritmo y que se verá fuertemente afectada; lo que provocará un agravamiento de la tensión que ya vivíamos en los mercados, con precios moderados y volúmenes reducidos, limitados a la reposición, en espera de nuevos acontecimientos que permitan tener una idea más precisa del futuro inmediato en disponibilidades y necesidades de abastecimiento. Lamentablemente, los acontecimientos no pudieron resultar más negativos para el sector y los peores escenarios imaginables al principio de la campaña se quedaron como un bello sueño ante la realidad de unos acontecimientos históricos.

Aunque, al menos (y eso hay que reconocerlo) la Comisión Europea, al contrario de la posición férrea mantenida en contra de aplicar cualquier medida que ayudase a paliar la situación excedentaria del sector, se ha mostrado dispuesta a adoptar medidas desde el primer momento: retiradas temporales, como contratos de almacenamiento, o definitivas, mediante la destilación, podas en verde; y todo a cuenta de los Programas Nacionales de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE). Lo que, sin duda, vendrá a paliar la delicada situación de los países mediterráneos que, en palabras del director de la OIV, Pau Roca, serán los que en mayor medida se vean afectados por esta situación.

Durante estas últimas semanas, yo mismo he intentado buscar aquellos aspectos que pudieran suponer un ápice de esperanza en una situación extraordinariamente preocupante. A la pérdida de vidas humanas, había que añadirle las posibles secuelas que, sobre la macroeconomía, pero, muy especialmente, sobre la micro de familias y pequeñas empresas, iba a tener este frenazo brusco de la actividad económica.

Todos somos conscientes, aunque existan estimaciones diferentes según provengan de un organismo u otro, de las consecuencias que, sobre todos nosotros, va a tener esta crisis serán muy graves. Y que la famosa “V” cada día está más lejana y toma fuerza la “U” como forma de la curva en la que se desarrollará esta profunda recesión, en el mejor de los casos. Y que no tengamos que deber enfrentarnos, cuando todavía no acabábamos de haber superado la crisis financiera del 2008, a un largo periodo de recuperación, que adopte la forma de la terrible “L”.

Para los millones de personas que perderán su empleo y los que se verán afectados por el debilitamiento de las políticas sociales, que serán completamente inviables ante el crecimiento desbocado de nuestro déficit, que les hablen de “V”, “U” o de “L” carece de la más mínima importancia.

La sola mención de un 8% de caída de nuestro PIB en este año, tasas de paro del 20% que nos devuelvan hasta los cinco millones de parados, la recuperación de las primas de riesgo como consecuencia de la emisión ingente de deuda pública que deberemos acometer para hacer frente al gasto que esta pandemia del Covid-19 ha provocado, la desaparición de cientos de miles de pequeños establecimientos de hostelería… son cifras que me ponen los pelos de punta.

Y, aun así, sigo pensando que el sector vitivinícola español tiene frente sí una gran oportunidad.

Al consumo en los hogares se le abre un gran camino por recorrer y las bodegas tienen la obligación de hacer un gran esfuerzo por recuperarlo. Para ello, deben potenciar ese tercer canal en el que encontraríamos venta directa, retail o clubes de vinos y que tan eficiente se ha demostrado en estas últimas semanas.

Definir estrategias, establecer modelos, desarrollar herramientas y exigir medidas fiscales y de financiación de apoyo debería ser un compromiso claro y preciso de nuestras administraciones; y si (como es previsible), no lo fuera, de nuestras organizaciones sectoriales, que deberían poner en valor su representatividad sectorial y dar muestras de sensatez, uniéndose en esta tarea, superando la mediocridad de nuestros políticos, mucho más preocupados por ellos mismos que por sus representados.

Es muy posible que, sin olvidarnos del gran esfuerzo hecho hasta ahora en los mercados exteriores, haya llegado el momento de mirar hacia el mercado interior y aprovechar este pequeño impulso para acercarnos a los consumidores españoles y decirles que los vinos españoles están a la altura de cualquier otro en calidad, que sus precios son más bajos y que su consumo más frecuente es posible. La cercanía, condiciones de producción que rozan el cultivo ecológico, su papel medioambiental e influencia en la fijación de la población, son valores perfectamente compatibles como vinos modernos, actuales, variopintos y apropiados para un consumo responsable y de mayor frecuencia.

Sabemos que lo perdido en bares y restaurantes, venta en bodega y turistas está muy lejos de haber podido ser compensado por el incremento que ha experimentado la venta directa en retail o plataformas de venta. Pero lo sucedido nos debería servir de claro ejemplo de la gran oportunidad que se nos presenta. Los cambios en la logística, la digitalización de la población y la superación del miedo a la compra por internet conforman una realidad que, con este brutal confinamiento, ha venido para quedase y representa una extraordinaria posibilidad para miles de nuestras bodegas que carecen de tamaño para otro tipo de medidas.

La globalización se ha hecho patente como nunca antes y es nuestra obligación aprovechar la oportunidad que se nos presenta.