Las Indicaciones de Calidad: Denominaciones de Origen (D.O.) e Indicaciones Geográficas (I.G.P.), como se conocen en España, son un patrimonio a proteger, cuidar, mimar y potenciar. O eso al menos me parece a mí.

De todas las posibles figuras que existen en este sector, son sus vinos amparados los que mayor valor aportan al sector, los que mejor representan una zona de producción, los que garantizan que la creación de riqueza se queda en el territorio, los que más población fijan y los que llevan hasta sus términos más extremos la política verde, apoyada en la sostenibilidad. Pero una sostenibilidad real, sustentada en sus tres patas: medioambiental, social y económica… Y así podríamos seguir con un largo etcétera, prácticamente interminable.

Como si todo esto no fuera suficiente motivo para protegerlas y mimarlas. Agrupan productores de todo tipo y tamaño, permiten a microbodegas compartir escenario y valores con grandes empresas, promueven el turismo de sus zonas con unos visitantes cada vez más interesado en la gastronomía, de la que forma una parte indispensable el vino.

Vistas desde el punto de vista del consumidor, tampoco resulta un tema baladí. Garantizan una trazabilidad avalada por la certificación de sus contraetiquetas, potencian la diferenciación como generadora de valor y elemento potenciador de la calidad. Generan una clasificación que es utilizada como segunda escala de elección, sólo después de la variedad, en los niveles más básicos de la cultura vitivinícola. Definen sus paisajes y favorecen la conservación y promoción (en muchos casos también la recuperación) de los mismos.

Aun así, o quizás precisamente por ello, son atacadas, utilizadas de manera fraudulenta por algunos países que no las reconocen, pero las emplean en sus propias elaboraciones, confundiendo al consumidor que cada vez debe desenvolverse en un entorno más internacional en el que resulta muy complicado andar explicándole las cosas.

El vino es un producto agrícola, sus bodegas, a pesar de su estructura industrial, tienen un ADN ligado a la tierra. Son gestionadas con criterios de sector primario y altamente sociales. Como así lo evidencia la alta concentración de la producción en cooperativas.

El vitivinícola es el único sector intervenido de la Unión Europea y de los pocos, por no decir el único en muchos casos, viable en muchas zonas de nuestro país. Un cultivo cada vez más expuesto a largos periodos de sequía, lluvias torrenciales y tormentas de granizo más frecuentes, heladas tardías u olas de calor más largas y habituales.

Es por ello, y por todas las amenazas que se ciernen sobre él y que están ligadas a dos aspectos fundamentales, uno relacionado con su propia definición como bebida fermentada y que es su contenido alcohólico, y otro a la fuerte vinculación que su consumo tiene con los cambios sociales (directamente relacionados con los momentos y frecuencias de consumo); que hemos de presentar batalla.

Un entorno en el que cuestiones que parecían dogmas de fe han sido cuestionadas, como pudiera ser la propia libertad de movimientos, una pandemia mundial, la alta dependencia de otros países, situaciones geopolíticamente muy preocupantes…

Todo esto nos obliga a ser mucho más beligerantes en la defensa de este sector y las Indicaciones de Calidad destinadas a jugar un papel catalizador en esta tarea.

De las muchas tareas que tenemos pendientes en este sector, mejorar la comercialización en cuanto al valor es, sin ningún género de dudas, la que más ocupa y preocupa.

Vender muchos litros y situarnos como el primer país del mundo en volumen exportado de vino está muy bien. Pero tiene detrás un grave problema de rentabilidad que cuestiona el relevo generacional de nuestras explotaciones. Las notables evidencias que encontramos en las condiciones extremas en las que se desarrolla de cultivo del viñedo no ponen las cosas fáciles de cara a mantener este modelo productivo basado en volúmenes.

Virar hacia un modelo de mayor valorización de nuestros productos no es una posibilidad. Sencillamente, una necesidad que, cuanto más tardemos en alcanzar, más cadáveres, en forma de hectáreas abandonadas, pérdida de paisaje, despoblación y desertificación; dejaremos en el camino.

Resulta tan evidente, que casi es insultante decirlo. Pero, no es fácil. Se trata de una tarea extremadamente complicada.

Primero, porque estamos hablando de un mercado maduro en el que sólo es posible crecer a costa de otro competidor. Segundo, porque para ello se requiere de fuertes inversiones en comercialización, donde la comunicación y el marketing juegan un papel fundamental; algo en lo que las bodegas españolas (en general) no han dado señales de resultar muy eficientes. Y, tercero, porque carecemos de una política vitivinícola armonizada que sea capaz de generar sinergias.

Afortunadamente, sí contamos con lo fundamental: calidad enológica y recursos naturales con los que poder hacerlo. Sin ellos sería completamente imposible.

Lamentablemente, carecemos de un organismo nacional que lo defina, coordine y controle su ejecución.

Sea como fuere, el caso es que la mayoría de expertos coinciden en señalar que este crecimiento debe basarse en la calidad y diferenciación, Dos de las características que mejor definen una Denominación de Origen.

Apoyar el modelo de Indicaciones de Calidad parece una vía inexcusable, pero no suficiente. Necesitamos de un organismo con fuerza ejecutiva que no tenemos. Y, sin él, se presenta una tarea inalcanzable.

Sabemos, porque así lo dicen todos los indicadores, que en el sector vitivinícola tenemos que tomar medidas que vayan encaminadas a hacer frente a un descenso generalizado del consumo, agravado por un relevo generacional que no llega y una lucha encarnizada emprendida por una, cada vez una  mayor, clase política que ha encontrado en el alcohol un filón en su carrera por generarse la atención de unos consumidores a los que cada vez más les preocupan todos los temas relacionados con el medioambiente y la salud. Y en el que, nos guste o no, el contenido alcohólico del vino juega en nuestra contra.

Tenemos más o menos asumido que se trata de una situación estructural y que, consecuentemente, en los próximos meses no van a cambiar mucho las cosas; por más que dentro de unos días estemos convocados a las urnas para elegir al nuevo Parlamento, del que tendrá que salir una nueva Comisión Europea, que tenga en sus manos cambiar la política agraria y la visión que, hasta ahora, ha tenido la DG Sante.

También tenemos la certeza de que, en poco menos de tres meses, entrarán los primeros racimos de una cosecha 2024 que, incidentes climatológicos aparte, tiene muy elevadas las probabilidades de situarse por encima (bastante por encima), de la del año pasado.

Que el bajo nivel de nuestras existencias, la evolución de las exportaciones y los datos de consumo interno extrapolados del Infovi nos permitan albergar la esperanza de que los mercados pudieran mostrar signos de recuperación en los próximos meses, y los precios de las uvas y mostos resarcirse; no quiere decir que no haya también quien considere que la llegada de una nueva vendimia no vaya sino a acrecentar los problemas de comercialización a los que actualmente nos enfrentamos, derivados de una bajada del consumo mundial y un cambio en los hábitos del consumidor sobre los que nuestras bodegas no se atreven a aseverar que se trate de un problema motivado por las circunstancias del momento; o sea algo mucho más profundo y haya venido para quedarse, al menos en el medio plazo.

La buena marcha del turismo, batiendo récords de visitantes y gasto per cápita, está ayudando mucho a recuperar el consumo interno, dando la sensación de que los malos datos de inflación, pérdida de renta disponible o rebaja en la tasa de ahorro son mucho menos importantes que el crecimiento del PIB.

Sea cual sea la realidad, el sector tiene por delante un reto de cierto calado, una definición de estrategia de producción que va mucho más allá de la cosecha y que afecta a variedades, localizaciones, definición de productos y estrategias de comunicación y marketing.

Decisiones para las que no encuentra más orientación y apoyo que el de unas medidas de Intervención Sectorial Vitivinícola, planteadas en condiciones muy diferentes. Decisivas y vitales, que han ayudado en la transformación del sector en las últimas décadas del pasado siglo y primeras de éste, pero que no parecen estar siendo muy eficientes para las que nos vendrán.

Y, aunque todo es susceptible de cambiar, y no sabemos cuáles serán los retos y las condiciones bajo las que trabajará la Comisión que salga de estas elecciones europeas. Vista la situación, los nuevos retos que tenemos por delante y el calado de éstos, casi mejor trabajemos por alcanzar el statu quo del sector vitivinícola europeo.

Si bien es pronto para poder sacar cualquier conclusión sobre los efectos que en la próxima cosecha pudieran tener las heladas sufridas en la parte norte de España durante la segunda quincena de abril, o las granizadas que se han sucedido en esta semana, conviene saber que la superficie afectada por los hielos, según nota publicada por Agroseguro, ha sido de 56.525 hectáreas aseguradas. Importante coletilla, pues las hay que, al no estar aseguradas, no se han peritado y, en consecuencia, tenidas en consideración.

De la mitad norte de España, no hay comunidad autónoma que no haya visto alguna o varias de sus provincias afectadas. Siendo Castilla y León (23.798 ha) la que mayor superficie declara. Concentrando casi el cuarenta por ciento de esas hectáreas afectadas. Seguida de Castilla-La Mancha (17.533) y Rioja (5.479), tanto en su vertiente riojana como alavesa.

Por provincias es Valladolid (11.889) la que encabeza el listado, seguida de Cuenca (11.023) y Burgos (8.929). Con una comarca, La Manchuela, especialmente afectada en toda su extensión, así en su vertiente conquense como albaceteña, donde se han siniestrado 4.250 ha.

El volumen en el que acabará afectando estos siniestros en la cosecha de 2024 es un misterio. Son muchos aún los meses que nos separan de las vendimias y en este tiempo puede pasar de todo. No obstante, según los viticultores consultados, no parece que, en ninguno de los casos, la cifra nacional se vaya a ver muy trastocada.

Si, como es de esperar, las temperaturas se contienen y las lluvias no se vuelven torrenciales; la cosecha pinta extraordinariamente bien, con contadas excepciones como las concernientes a las regiones de C. Valenciana y Murcia. Donde las lluvias caídas hasta la fecha apenas darían para un riego de auxilio y en las que la propia supervivencia de la planta está en peligro.

Zonas en las que esta situación parece estar siendo ignorada por algunas de las organizaciones agrarias que, mientras se lamentan de falta de lluvias y el peligro que ello representa para la vid, exigen medidas extraordinarias de cosecha en verde y destilaciones.

Sea como fuere. El caso es que el comportamiento climático no está siendo el que era y sus efectos se están viendo reflejados en cosechas muy desiguales y difícilmente previsibles.

A estas alturas de campaña y con una nueva cosecha en ciernes, la verdad es que concretar la producción de vino en la Unión Europea, más allá de confirmar previsiones y fijar datos estadísticos; carece de importancia de cara a los precios y entender lo que puede estar sucediendo con la actividad comercial.

Cifrarla en 143 millones de hectolitros, como lo hace la Comisión Europea en su informe de primavera 2024: “Perspectivas de los mercados agrícolas a corto plazo”; nos permite concretar que la reducción sobre la cosecha anterior fue de 16 millones o, lo que es lo mismo expresado en porcentaje de variación, un menos 9’8%. Que este volumen nos sitúa en términos similares a la cosecha 2019/20, que fue de 144 Mhl. O que se aleja, considerablemente de los 157’4 que sería la producción media de los últimos cinco años. Cifras absolutas de gran importancia estadística pero carentes de ella de cara a establecer cualquier estrategia a futuro.

Aunque hay algunos datos, especialmente tendencias, como las que presentan los referidos al consumo, que desciende hasta los 95 Mhl. (21’1 litros per cápita), situándonos en la cifra más baja de la serie histórica 2016-23. O la del comercio internacional, que hace lo propio, tanto en cifras de importaciones, 5 Mhl; como de exportaciones, que desciende hasta los 28 Mhl. Que nos ayudarían a entender mejor lo que está sucediendo y, fundamentalmente, a qué nos podríamos enfrentar en el futuro más inmediato.

Si bien, en mi opinión, el dato que mejor refleja la tensión que vivimos en los mercados es el de las existencias finales. Ciento sesenta y ocho millones sobre una producción de ciento cuarenta y tres; representa un 117’48%. La cifra más elevada de la serie, incluso por encima de la de la campaña 2019/20 (Covid) que fue de 116’67%.

Volumen que agobia a las bodegas y preocupa a unos viticultores que ya empiezan a recibir noticias, oficiales y oficiosas, relacionadas con la más que posible ruptura de los compromisos adquiridos, relacionados con la compra de la producción vitícola. Y les lleva a demandar medidas encaminadas a reducir la oferta: cosecha en verde y destilaciones

Bajo este panorama es entendible que el comportamiento “anómalo” del clima, con fuertes oscilaciones de temperaturas y episodios de nevadas y heladas, apenas haya tenido reflejo en las cotizaciones. Preocupando mucho más cuestiones sociales que ayuden a comprender los motivos por los que está bajando el consumo de vino. Y es que, según el mismo informe, es consecuencia, entre otros factores, del alejamiento de los jóvenes del vino tradicional ya que los demandan con menor contenido alcohólico y sencillos; sintiéndose más atraídos por cervezas y cócteles.

Después de unos días de cierto miedo, con bruscas caídas de temperaturas, especialmente intensas en el tercio norte de la península y cuyos efectos todavía son difíciles de cuantificar. pues no sólo dependerán del grado de afectación de la cepa y la superficie implicada, sino de cuáles sean las condiciones meteorológicas bajo las que se desarrolle el viñedo en las próximas semanas; podemos asegurar que el panorama de la cosecha resulta mucho mejor del que teníamos hace un año.

Aunque sigan existiendo zonas, especialmente las situadas en la C. Valenciana y R. de Murcia, donde las lluvias caídas han sido nulas o prácticamente testimoniales. Persistiendo un grave peligro de tener que enfrentarse a otra vendimia de corta producción y efectos cada vez más perjudiciales para la misma supervivencia de la planta.

Y, mientras todo esto sucede en el campo, con cosechas históricamente bajas y perspectivas que, por halagüeñas que puedan resultar no debemos olvidar que la cepa viene de haberlo pasado muy mal en los últimos años y su rendimiento nunca podrá ser el “normal”, las organizaciones agrarias que representan a esos mismos viticultores que lo sufren en el campo solicitan cosechas en verde, y las bodegas que ven afectado el volumen de materia prima con el que trabajar, destilaciones de crisis.

Y es que el mercado no reacciona.

No sabemos muy bien si porque las estimaciones de producción o de consumo que se manejan presentan graves desequilibrios que haga temer una caída de los precios (pero hablando de cosechas en niveles de hace 60 años, no parece muy lógico). Si por las circunstancias marcadas por los conflictos geopolíticos (es como ahora parecen querer referirse los políticos a los conflictos bélicos como el de Ucrania o Israel). Por aquellos otros que tienen su razón de ser en una reducción de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, medida en renta disponible, y que se ha visto sujeta a fuertes mermas como consecuencia de una descontrolada inflación y elevación de los tipos de interés. O por los cambios en los hábitos de consumo y preferencias hacia otros tipos de vino o bebidas, porque algunos de estos productos lo único que tienen en común con el vino es que se elaboran a base de él, pero no pueden ser etiquetados como tales, para los que no estuviésemos preparados.

El caso es que, mientras unos piden que se elimine parte de la producción, otros que se autoricen medidas extraordinarias con las que aumentar la producción e incluso plantar nuevas hectáreas de viñedo.

Por supuesto que nada de todo esto es nuevo. Que, a lo largo de la historia reciente del sector vitivinícola español nos hemos venido encontrando con situaciones parecidas en uno u otro lado de la balanza. Pero, de lo que yo ya no estoy tan seguro es de que nos hayamos encontrado al mismo tiempo con la solicitud de medidas contradictorias entre sí.

¿No será que no sabemos muy bien cómo afrontar el futuro y adecuarnos a un mercado cuyas reglas de juego: momentos de consumo, tipologías, valores, presentaciones, mensaje… han cambiado?

Si no es así, genial y adelante con todas estas medidas. Si lo es, su eficiencia será escasa o nula y los problemas se volverán recurrentes.

Es cierto que los hechos nos llevan a pensar que no hay noticia vitivinícola capaz de hacer reaccionar al mercado, por buena o mala que ésta pudiera ser. Llevamos ya muchos meses inmersos en una especie de catarsis, en la que nada parece tener importancia, y sobre la que el sector ha aprendido a caminar, aunque sea a la fuerza. Y, aunque, corremos el grave riesgo de convertirla en habitual, en este sector somos muy dados a considerar “normal” lo que hasta hace unos meses era extraordinario. No debe restar ni un ápice de la importancia y la transcendencia que esto pudiera tener para el futuro, al menos más inmediato, del sector vitivinícola en su más amplio espectro: de producción, pero también de superficie vitícola.

Según los datos presentados por el director general de la OIV, John Barker, en su análisis de coyuntura, el consumo mundial de vino es el más bajo desde 1996, cifrándose en 221 millones de hectolitros. Explicado en buena parte por el descenso de China, la pandemia, las “tensiones geopolíticas” y las crisis energéticas. Lo que aumentó los costes de producción y distribución, obligando a una subida de precios en el producto final, que nos ha conducido a un escenario de presiones inflacionistas y pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Con pérdidas del 2’4% en la UE, 3% en Estados Unidos, 2’9% en Reino Unido y así un largo etcétera que nos llevaría hasta el 24’7% de caída en el que se ha cifrado el descenso del gigante asiático.

Situación aliviada en buena parte por una cosecha mundial históricamente baja, 237 millones de hectolitros, que la sitúa como la menor de los últimos sesenta y dos años. Que confía aporte “equilibrio al mercado”. Un mercado donde los tintos están sufriendo de manera muy especial y que Barker considera se debe a un cambio en las preferencias de los consumidores que apuestan por otros tipos de vino, lo que lleva a pensar que esta situación se prolongará, al menos, durante un cierto tiempo.

Y, dentro de esta confusión en la que nos encontramos inmersos, donde ya no sabemos lo que es bueno o malo para nuestro futuro. Las heladas han adquirido un fuerte protagonismo en el tercio norte del país, con especial afección en Castilla y León, Valle del Ebro (La Rioja, País Vasco, Cataluña y Aragón) y algunas provincias de Castilla-La Mancha.

Afección que según datos facilitados por Agroseguro, a finales de la pasada semana, sumarían 18.223 hectáreas siniestradas, cifra que muy probablemente se verá incrementada conforme vayan peritándose los partes presentados y que afectan a otras provincias españolas.

Adecuarse al mercado y ajustar la elaboración de los vinos a los nuevos momentos de consumo y gustos de los consumidores, es mucho más que una opción; sencillamente, es una necesidad que nos persigue desde la última OCM vitivinícola, aprobada el 1 de julio de 1998.
Veintiséis años en los que, dejando a un lado cuestiones filosóficas y definiciones sobre lo que es el vino y lo que representa en la sociedad del siglo XXI; no me atrevería a asegurar taxativamente que haya cumplido con los objetivos para la que fue aprobada.

Las necesidades de hoy en día no son las mismas que las de hace un cuarto de siglo, pero tampoco han cambiado tanto como para que una de las medidas estrellas contemplada en el documento elaborado por el aquel entonces comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler: la de reestructuración y reconversión del viñedo, haya resultado tan poco eficaz.

El objetivo central de esta reforma era avanzar hacia una producción de mayor calidad, capaz de encontrar un hueco en la demanda del conjunto de los mercados mundiales y hacer frente a la creciente competencia de terceros países productores, como Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia o los Estados Unidos, con un grado de competitividad mucho más elevado del que tenían los elaborados en la Unión Europea. Con la reconversión del viñedo, que tiene como objetivo la adaptación de la oferta a la demanda, favoreciendo la competitividad y el mantenimiento de sistemas de cultivo compatibles con el medio ambiente.

Sin embargo, según el informe especial “Reestructuración y plantación de viñedos en la UE”, elaborado por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, del que ya en su momento nos hicimos eco en estas mismas páginas, se constatan algunas deficiencias de calado en la medida. Más necesaria que nunca vista la evolución que están teniendo los mercados y las cifras de una exportación que, aunque mejoran ligeramente las de meses anteriores, siguen poniendo de manifiesto una notable falta de competitividad. No ya sólo frente a esos “nuevos productores” a los que se señalaba como fuerte amenaza, sino ante nuestros propios socios comunitarios. Los que, frente la brusca caída provocada por la pandemia, han tenido un comportamiento notablemente mejor en la recuperación, en comparación a los vinos españoles.

Según aquel informe, en los planes de reestructuración y reconversión del viñedo no se definía, por parte de la Comisión, con suficiente claridad el modo en el que esta medida debía fomentar la competitividad, ni establecía indicadores para poder medirlo. Los beneficiarios no están obligados a informar sobre el resultado que ha tenido la aplicación de la medida, ni el modo en el que han mejorado su competitividad. Tampoco parecía que hubiese contribuido a mejorar la gestión de los recursos naturales de forma sostenible. Puesto que no evaluaron el impacto medioambiental que esta medida podría tener. Y, en su concesión, los requisitos medioambientales son escasos o inexistentes. Asegurando que “en determinadas circunstancias, incluso podrían ejercer el efecto contrario, como el cambio a variedades que necesitan más agua o la instalación de un sistema de riego”.

Si bien es difícil decir, con la que están soportando nuestras bodegas, que las cosas van mejorando, aunque sea muy poco a poco. Lo cierto es que los últimos datos del Infovi, llevan varios meses dándonos pequeñas alegrías.

Hablar de un crecimiento de apenas doscientos mil hectolitros en el consumo aparente interanual, sobre un total de nueve millones setecientos cuarenta y ocho mil hectolitros, pudiera parecer poco. Pero si tenemos en cuenta que, prácticamente todo el año 2022, estuvimos sufriendo una caída escalofriante, que nos llevó a tocar fondo en abril del 2023 con una cifra de 9’534 Mhl, lo que suponía un millón cien mil hectolitros menos de lo que consumíamos en febrero del 22. Hablar de estabilidad desde entonces y una tímida tendencia alcista en lo que llevamos de este año debiera alegrarnos a todos y, al menos, permitirnos pensar que el suelo (y no el techo) de nuestro consumo nacional está en esos nueve millones y medio de hectolitros.

Volumen, sin duda, a mejorar sustancialmente en un país tradicionalmente vitícola como el nuestro y que recibe alrededor de ochenta y cinco millones de turistas al año (85.169.050 en 2023, lo que nos sitúa como el segundo país del mundo que más turistas recibe), pues también ellos están contabilizados en esos consumos. Pero, una buena noticia, al fin y al cabo.

Como también lo es que nuestras exportaciones, según los datos provisionales de febrero que recoge ese mismo Infovi, aumenten en el ámbito de la Unión Europea un 5’5%, aunque las de terceros países mantengan la caída. Pero en cifras totales ya podemos hablar de un crecimiento del 2’5% en volumen.

Cantidades sobre las que todavía hay que seguir trabajando de forma afanosa si queremos que esta situación se traslade al mercado y las cotizaciones recuperen valor. Pero, sin duda, un primer paso (y esperanzador) para un entorno internacional repleto de amenazas y malas noticias que, por decirlo suavemente, no ayudan mucho al consumo de vino.

En un momento en el que la calles arden y los ministros de agricultura de la Unión Europea deben hacer frente en sus diferentes países a una fuerte demanda de los agricultores por un mayor control en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que ponga fin a la venta a pérdidas a la que, según los representantes de estos grupos de manifestantes, se les somete por parte de la industria. Adquieren mayor relevancia los datos publicados en el informe de la actividad inspectora y de control de AICA, en el ámbito de la cadena alimentaria.

En él se señala al sector vitivinícola como al que más controles (894 de los 2.371 totales) se le ha sometido. Habiéndosele impuesto 96 sanciones, la inmensa mayoría de ellos concentrados en la industria vitivinícola (83). Sólo superado por el sector de frutas y hortalizas, al que se le impusieron 165 y muy lejos del cárnico y de aceite de oliva, que los fueron con 41 y 40 sanciones respectivamente.

El incumplimiento de los plazos de pago (42) ha sido el motivo que más sanciones concentró, y en la industria vitivinícola en la que más se han producido. Con 83 sanciones: 31 en el incumplimiento de plazo de pago, 24 en no incluir todos los extremos en los contratos, 12 en la ausencia de contratos, los mismos que en las modificaciones unilaterales no pactadas y 4 en no suministrar la información requerida.
Datos que no difieren mucho del histórico acumulado desde que entrara en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria y la inspección de la AICA en 2014. Siendo el sector vitivinícola, con 554 sanciones de las 3.708, el que, detrás del de frutas y hortalizas (1.770), más incumplimientos presenta. La inmensa mayoría de ellas, 501 a la industria; siendo el incumplimiento de los plazos de pago 379 el más infringido. 338 lo fueron a la industria, 25 a los mayoristas, 10 minorista y 6 a productores.

También en el ámbito comercial, cabe destacar el acuerdo al que han llegado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) las delegaciones de China y Australia sobre la disputa que mantenían ambos países por los aranceles que le imponían a las importaciones del vino australiano.

De esta forma se pone fin a unas cargas que han supuesto pasar de concentrar los vinos australianos cerca del 35,5% de las importaciones del país asiático, a ni siquiera aparecer entre los 10 principales países proveedores.

Y, aunque atendiendo al origen del vino importado por el gigante asiático en 2022, debiera ser Francia la que más perjudicada pudiera resultar, al ser la que mayor cuota de estas importaciones presenta, con el 46% y Chile con el 22%. El peso de la marca-país de nuestro vecino galo, o el acuerdo de bajos aranceles con el país sudamericano; nos hacen temer que puedan ser Italia y España los países que, con el nueve y siete por ciento de tasa de importación, se vean más afectados por la “reentrada” de los vinos australianos en China.

Mientras tanto, nuestras exportaciones, en tasa interanual al mes de enero, siguen cayendo tanto en volumen -0,8% y valor -1,5% en productos vitivinícola como en vino que lo hacen y el -1,8 y -2,4% respectivamente. Siendo la categoría de D.O.P. la que más sufre con caídas en volumen y valor, tanto a granel como envasados.