Hasta hace apenas unas horas, el sector vitivinícola tenía la esperanza de que las presiones ejercidas por 15 países productores de la Unión Europea sobre la Comisión, surtiera sus efectos y se le dotara de fondos adicionales con los que poder poner en práctica medidas extraordinarias que hicieran frente a las importantes consecuencias que, las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, está teniendo en el consumo de vino.

Hoy, sabemos que estos fondos no van a llegar y, que cada Estado Miembro deberá buscar la forma más adecuada, a sus necesidades y recursos, de apoyar al Vino en esta coyuntura. También sabemos (aunque en este caso no haya habido reunión específica en la que debatirlo, pero lo viene repitiendo reiteradamente cada vez que se la preguntado al respecto), que el Ministerio no tiene ninguna voluntad de dotar de nuevos fondos al sector más allá de los estrictamente procedentes del Plan de Apoyo (PASVE).

La sucesión de borrascas acompañadas de episodios de heladas de cierta consideración y tormentas de granizo en numerosas provincias, han contribuido a que el temor a una gran cosecha que agravase el problema se haya relajado un poco, especialmente en Francia e Italia donde su incidencia ha sido mucho mayor que aquí. Permitiéndonos asistir a una ligera recuperación de la actividad comercial y de las cotizaciones.

Pero el problema sigue existiendo, los excedentes en bodega siguen siendo cuantiosos, los datos de consumo interno cayendo mes a mes hasta cifras históricas y el potencial de producción de nuestros viñedos amenazando peligrosamente el inicio de una vendimia a la que apenas le restan dos meses y medio para su arranque.

Y aunque me consta que, desde las organizaciones agrarias, cooperativas, sector bodeguero e Interprofesional, así como asociaciones de productos derivados, se viene trabajando desde hace varios meses en diferentes escenarios posibles, con distintas soluciones; quizá haya llegado el momento de que, de una forma coordinada, se transmitiera cierta dosis de tranquilidad a todos los colectivos que integran el sector, y se anunciaran medidas concretas e inmediatas con las que hacer frente a la situación.

No parece que sea el momento de debatir sobre si estamos ante un problema coyuntural o estructural, sino más bien de qué medidas adoptar para atajar el problema que de manera agobiante afecta a todos. Y, eso sí, de manera inmediata y conjunta pensar en el futuro de nuestro sector vitivinícola y el escenario mundial en el que deberá desarrollar su actividad, con todos los cambios sociales, económicos y laborales que esta pandemia nos dejará.

A pesar de que el Gobierno, en su Consejo de Ministros del pasado día 20 de abril, aprobara la flexibilización de las ayudas provenientes del PASVE, que ya en su día autorizó la UE, destinadas a reconversión y reestructuración, promoción en terceros países o inversiones; así como modificar la normativa para la aplicación de la cosecha en verde, el tema que más ocupa y preocupa al sector es el de conocer si contará o no con fondos adicionales con los que aplicar las medidas extraordinarias necesarias para retirar del mercado la cantidad necesaria de producción como para recuperar la operatividad de las cotizaciones y los precios mínimos dignos para un producto que, ya de por sí, cotiza a un nivel que amenaza la mínima rentabilidad necesaria que asegure su supervivencia.

Y eso que, en el mismo Consejo de Ministros se modificaba, también, el Real Decreto de ayudas directas por el Covid de 7.000 M€, permitiendo a las Comunidades Autónomas que sean ellas las que amplíen esos 95 sectores inicialmente recogidos, atendiendo al peso y la importancia que en cada región consideren representan sectores económicos como el vitivinícola.

Sin duda, el hecho de que la climatología se haya comportado de una forma tan mezquina con la viticultura, sometiendo a la viña en muchas regiones españolas a temperaturas de varios grados bajo cero, aunque no tenga comparación con lo sucedido en Francia e Italia, ayudará a esta recuperación, haya o no ayudas extraordinarias. Pero, lamentablemente, es muy posible que, ni unas (heladas), ni otras (medidas extraordinarias), vayan a solucionar un problema ante el que bien haría el sector en entender que es él, y solo él, quien debe buscarle la salida a una de las muchas adversidades que esta situación tan extraña del Covid ha provocado en el mundo y que tan fuertemente ha salpicado al sector vitivinícola. Aunque, ni de lejos, pueda considerarse de los más perjudicados.

Al fin y al cabo, sus repercusiones le vienen sobrevenidas por una pérdida de consumo en la restauración y la hostelería, dos de los grandes subsectores del turismo, verdadero pilar de nuestra economía y al que, un día sí, y al otro también, castigan sin piedad con cierres y limitaciones en su actividad.

Sin quitarle ni un solo ápice de la gran trascendencia que esta situación ha tenido y, muy posiblemente, tendrá para viticultores y bodegueros, igual debiéramos empezar a asumir que no es el único problema al que el sector vitivinícola español se enfrenta. Que otros, de índole comercial como los relacionados con precios, mix de producto en la exportación, valor percibido; u otros relacionados con el consumo interno, mantenimiento del potencial vitícola, papel medioambiental y elemento de fijación de la población… siguen ahí, marcando el paso de los operadores vitivinícolas.

Y, para aquellos que, tentados por el momento que vivimos, quieran aprovechar los tristes datos que arrojan las cifras de consumo interno, con una caída cercana al veinte por ciento, para acusar a la Interprofesional de ineficiencia o errática en sus acciones de gasto por recuperar el consumo; decirles que mejor harían si, en lugar de tirar balones fuera y descargar en los “demás” lo que ellos mismos o no han sabido o podido solucionar, se unieran y plantearan un verdadero plan estratégico en el que se fijaran no solo horizontes de ventas, sino una producción equilibrada y unos precios suficientes para garantizar el papel que en todo este asunto deben jugar los viticultores y de los que nadie parece acordarse, más allá de pretender trasladarles la parte del león de este problema de eliminación de producción.

Granizo y heladas son accidentes climatológicos que, junto con las enfermedades criptogámicas, marcan una vendimia y condicionan la evolución del mercado y, por ende, sus cotizaciones. Esto es así siempre, haya sido cual haya sido el volumen de la anterior, o sea cual sea el nivel de precio y la operatividad con la que esté funcionando el mercado. Pero si a esto le añadimos las especiales circunstancias sobre las que está operando el sector desde marzo del pasado año y que le han llevado a solicitar de manera colegiada (14 de los 27 países miembros, incluyendo a todos los productores, excepción hecha de Portugal por ostentar la presidencia) fondos adicionales con los que poder ejecutar medidas excepcionales que puedan devolver el equilibrio y con él la recuperación de las cotizaciones al mercado; se hacen todavía más relevantes y sensibles. Haciendo más necesaria la prudencia con la que se deben tomar, siempre, estas informaciones.

Hasta el momento, la información de la que disponemos y, de la que encontrarán un mayor detalle en nuestra web, apunta a que en España no han sido ni muchas las regiones, ni importantes los efectos que la bajada de temperaturas de la pasada semana ha tenido en el viñedo. Todo lo contrario de lo sucedido en Francia e Italia, donde se han llegado a calificar las heladas del 5 al 8 de abril de “históricas” y cifrarse en el 90% el grado de afectación que ha tenido sobre algunas regiones.

En Francia, su Gobierno las ha calificado de “catástrofe agrícola”, con temperaturas que cayeron por debajo de los 9 bajo cero y zonas tan amplias como Borgoña, Burdeos y Ródano, afectadas. Comprometiéndose a ofrecer ayudas a sus viticultores.

Toscana, Véneto, Piamonte y Lazio, son las regiones más afectadas en Italia, con pérdidas que, en algunos casos llegan a alcanzar el 80% de la producción, lo que les ha llevado a solicitar la declaración de zona catastrófica

Daños que, sin duda, acabarán siendo de gran relevancia y que, aún así, requieren de mucha prudencia a la hora de trasladar al conjunto de la producción europea las repercusiones que pudieran llegar a tener en las cotizaciones de nuestros vinos. Es evidente que una menor producción ayudaría a aliviar la difícil situación por la que atraviesa el sector, e incluso llegar a ser una justificación perfecta para negar esos fondos adicionales. Hasta incluso podría llegar a atraer un mayor interés por nuestros productos vitivinícolas en las próximas semanas.

Mantener la calma y no perder la cabeza llevados por un ansia desmedida de aprovechar una situación que, sin duda, nos es favorable, es fundamental en estos momentos. Confiemos en que así sea.

Sin saber muy bien todavía si detrás de este análisis se encuentra una verdadera estimación de la evolución del mercado, o más una intención y la justificación de una postura que se anuncia negativa respecto a la dotación de fondos extraordinarios al sector para solucionar el grave problemas de excedentes que, a nivel europeo, ha generado esta pandemia en sus bodegas; el hecho es que la Comisión Europea, en su informe de primavera sobre “Perspectivas a corto plazo de los diferentes mercados agrarios en la UE”, en el apartado dedicado al sector vitivinícola, vaticina unas existencias para final de campaña de 167 millones de hectolitros, lo que representaría una caída del 1% respecto la media de los últimos cinco años. Todo ello gracias a una producción estabilizada en el entorno de los 158 Mhl, una destilación de un mayor volumen de vino como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas con la destilación de crisis de 7 millones de hectolitros, el mantenimiento del consumo per cápita en los 24,8 litros y un aumento de las exportaciones del 3%, impulsadas, fundamentalmente, por el levantamiento de los aranceles de Estados Unidos.

Cifras todas ellas que nos alegran y deberemos confiar en que así acaben resultando, pero que en nada vienen a solucionar un grave problema de mercado para el que son necesarios muchos más recursos de los que pudieran provenir de los que ya cuenta el sector a través de sus PASV y que la Comisión parece decidida a no satisfacer. Dando la sensación de que estas cifras tan positivas, más que una evolución de la que sentirse satisfechos y esperanzados ante el futuro del sector, encierran un argumento más que añadir a la tradicional falta de recursos económicos para justificar la postura que, dentro de dos semanas, deberá adoptar la CE sobre la solicitud formulada por España y avalada por otros 14 de los 27 países miembros de dotar al sector de fondos extraordinarios.

Mientras esta decisión llega, el sector sigue haciendo su trabajando y presionando para que puedan adoptarse medidas que ayuden a reactivar la actividad comercial y recuperar un cierto equilibrio en un mercado, cuyas cotizaciones están por los suelos y sin saber muy bien si ya han tocado fondo o todavía deberán soportar caídas mayores que acentúen los graves problemas financieros que están poniendo en duda la viabilidad de muchas pequeñas bodegas de las más de tres mil que en nuestro país tienen menos de 10 trabajadores y que conforman el verdadero tejido productivo de nuestro sector vitivinícola.

Situación que está viéndose fuertemente perjudicada por tensiones internas relacionadas con cuestiones judiciales que nunca deberían haber llegado a tal extremo. Pues al grave perjuicio que a cada uno de los dos grandes grupos bodegueros involucrados ocasionará, habría que añadir la imagen que sobe el propio modelo de las denominaciones de origen y el control que deben desarrollar sus consejos reguladores está provocando en la mayoría de los consumidores que, lejos de ver disputas empresariales intestinas y encarnizadas, acaban cuestionándose el valor de esas marcas colectivas.

Inconveniente que dista mucho del vivido en una de las históricas y, sin duda, la más prestigiosa Denominaciones de Origen de las que contamos en nuestro país, en la que cuestiones de índole político y escasamente relacionadas con el propio sector vitivinícola están obligando a dedicar unos recursos (escasos y tan necesarios para luchar por el mercado en estos momentos tan complicados) a defender su historia e identidad.

Ambas materias, muy diferentes entre sí pero que, lejos de ayudar, no hacen sino ser un obstáculo para su recuperación.

Hablar de la Unión Europea es siempre complicado: 27 países miembros, con intereses tan dispares entre unos y otros; y la siempre difícil lucha de equilibrios entre países del norte y sur, productores y no productores de vino, alineados contra cualquier bebida alcohólica con independencia de su acervo cultural… hacen muy complejo realizar cualquier vaticinio sobre la postura que se acabará adoptando. Especialmente cuando hablamos de fondos, de ahí la enorme importancia que tiene, nunca suficientemente bien ponderada, contar con los recursos de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASV) que le otorgan estabilidad y seguridad a medio plazo.

Saber lo que pasará en el Consejo de Ministros de Agricultura de los días 26 y 27 abril, momento en el que comisario del ramo se ha comprometido a adoptar una solución sobre la concesión o no de fondos extraordinarios al sector con los que hacer frente a los graves efectos que la pandemia de Covid-19 está generando por el descenso en su consumo, se hace muy difícil.

Pero hay que reconocer que se antoja tremendamente difícil que vaya a suceder. La dotación específica al sector y los numerosos frentes y sectores igualmente afectados por esta situación tan extraordinaria y que no cuentan con un Plan de Apoyo específico, hacen muy improbable que así ocurra. Y, de hecho, aunque nadie, ni sector, ni Ministerio, se rinde en su empeño por conseguirlos, todos comienzan a asumir que lo mejor sería ir trabajando en diferentes escenarios en los que se contemplase la inexistencia de fondos europeos extraordinarios adicionales.

Dentro de esta impredecibilidad, la opción que cuenta con más posibilidades de resultar aprobada parece ser la de autorizar la Comisión a cada uno de los Estados Miembros el uso de la ficha financiera del periodo 2019-23 para que la utilicen como mejor consideren, mostrándose dispuesta a adelantar esos fondos para que puedan llevarse a término las medidas extraordinarias que cada Estado priorice.

No obstante, y con el objeto de tener una idea más clara de la envergadura del problema al que nos estamos enfrentando, convendría pensar que, según algunas estimaciones realizadas sería necesario retirar del mercado español entre siete y ocho millones de hectolitros y que, para que el precio medio fuera de 1,85 €/hgdo (precio al que actualmente están cotizando los blancos en Castilla-La Mancha -solo por tener una referencia-), estaríamos hablando de entre 155 y 177 millones de euros. Cantidad que se antoja, bajo cualquier escenario, del todo inasumible.

Y, todo ello, sin entrar en valoraciones de que pedimos lo que no estamos dispuestos a dar. Ya que el Gobierno de España, a diferencia de algunas Comunidades Autónomas, no ha dado ayudas, ha dejado al sector fuera del paquete de los 11.000 M€ y se trata de un producto no perecedero.

Ni sabemos lo que nos deparará la próxima cosecha, ni eso debe ser obstáculo alguno para solucionar (o al menos intentarlo) el problema que ahora mismo tenemos en el mercado, fuertemente condicionado por las escasas operaciones y precios debilitados ante la gran presión vendedora existente.

Apretar al Ministerio para que dote al sector de fondos que vayan más allá de los propios del Plan de Ayuda, o que él, a su vez, lo haga en Bruselas, de la mano ya de otros 14 países productores, es lo menos importante. Lo verdaderamente relevante es que esos fondos lleguen al sector y se puedan poner en marcha medidas que ayuden a retirar del mercado siete millones de hectolitros, como cifra orientativa que ya manejan algunos operadores.

Aspirar a hacerlo con fondos nacionales se antoja, a priori, más una entelequia que una posibilidad. Pues a la negativa reiterada del Ministerio a hacerlo, se añade el difícil momento de nuestra economía y los numerosos frentes abiertos a los que deben atender nuestros gestores. Y no es que el nuestro no urgente, pero no parece que sea considerado como tal por ellos.

Y si no, cómo explicarse que, de los 11.000 M€ del Plan del Gobierno aprobados para medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, el sector vitivinícola solo vaya a poder optar a aquellos de la partida destinada a la reestructuración de la deuda, dotada con 3.000 M€ o los 1.000 M€ de la recapitalización de las empresas. Habiendo dejado fuera de las ayudas directas (7.000 M€, de los que dos mil van destinados exclusivamente a Canarias y Baleares) a las empresas elaboradoras de vino (CNAE 1102).

Pero, como la esperanza es lo último que se pierde y el sector tiene gente muy cualificada para seguir luchando por una modificación del Real Decreto y la inclusión de ese Código Nacional de Actividad Empresarial que recoge a las bodegas, vamos a albergar la esperanza de que así sea y la discriminación actual frente a otras empresas, como son las de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas o el sector de la elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas, sí incluidas, se enmiende.

Así como reprocharle al Gobierno que no puede servirle de excusa para excluir al sector bodeguero de estas ayudas directas el hecho de que una recuperación de la actividad del canal de la hostelería y restauración llevará pareja una reactivación, que acabará llegando a las bodegas. Como así pareció dejar entender la ministra de Industria, Turismo y Comercio. Reyes Maroto, en la clausura de la Asamblea de la Federación Española del Vino (FEV) el pasado 17 de marzo.

Inadmisible ese planteamiento por muchas razones, pero fundamental dos: la primera, porque esa traslación de la recuperación del canal Horeca al sector no se produciría hasta dentro de unos meses. Segundo, porque, aun produciéndose, no es de esperar ni que el turismo llegue en bandada, ni que el consumo de los españoles vaya a crecer exponencialmente, como así necesitaríamos, para recuperar todo lo que llevamos perdido. Pues lo que no nos hemos comido o bebido hasta ahora, no nos lo vamos a comer ni beber luego. Ese consumo se ha perdido de manera irremediable y, es más, bien haríamos en empezar a asumir que la recuperación no está a la vuelta de la esquina, sino que, cuando se produzca, lo hará de una manera progresiva y lenta. Con una cosecha ya entrada en bodegas o en ciernes de hacerlo.

Plantearnos posibles medidas que paliasen los catastróficos efectos que sobre el mercado pudiera tener otra cosecha normal, como la del 2020, podría ser una línea de trabajo sobre la que ir pensando ya.

Por más que pueda parecer un tema recurrente, agotado y totalmente superado por la Comisión, que mantiene un postura clara y concisa sobre el asunto dese el primero momento; el sector no ceja en su empeño de hacerle entender al Comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que sus bodegas necesitan de un presupuesto extraordinario con el que hacer frente a la grave situación de excedentes que presentan. Las últimas en insistir han sido las cooperativas que, de forma colectiva y representando más de la mitad de todo lo que se elabora en la UE, le han hecho partícipe desde España, Francia, Italia y Portugal de la grave situación por la que atraviesan.
El descenso ocasionado en el consumo por el confinamiento y restricciones ha provocado que una parte importante de los vinos y mostos se hayan visto estocados, con escasos visos de ser comercializados. Generando serios problemas financieros, pero también de espacio, en unas bodegas que ven caer las hojas del calendario sin más cambio en la postura de la Comisión que la de flexibilizar las medidas de aplicación de los Planes de Apoyo nacionales.
Situación que, en el caso de España, podemos cifrar con gran exactitud gracias a los datos mensuales del Sistema de Información del Mercado del Vino (Infovi) del Ministerio y en el que, en su último informe, extractado a 26 de febrero y referidos a final de enero, se cuantifican las existencias en 56’536 millones de hectolitros de vino y 5’739 de mosto, frente a los 50’076 y 4’254 Mhl del mismo mes del año pasado (+7’945 Mhl) y que representa un aumento del 12’9% en vino del 34’9 en mosto.
Sin la más mínima intención de restarle ni un ápice de la importancia que esta situación está teniendo en el sector, y, con el fin de tener una visión más amplia de la realidad, habría que considerar lo sucedido con la cosecha y que, según el mismo informe, pasó de unos paupérrimos 37’206 Mhl en el 2020 a unas más razonables cifras, dentro de los parámetros de nuestro potencial, de 45’835 de enero de 2021. Con un aumento de 8’629 millones de hectolitros y un crecimiento del 23’19%.
Si a eso le añadimos que nuestro consumo interno se desploma sin control, habiendo perdido, en tan solo un año, casi dos millones de hectolitros (1’931) y nuestras exportaciones, lejos de encontrarle acomodo a esa mayor producción, a lo que deben enfrentarse es a una situación similar, de pérdida de consumo, en nuestros principales países de destino. Tendríamos una explicación (aunque muy simplificada) bastante aclaratoria de las razones que nos han llevado hasta esta coyuntura y que deberían ayudarnos a identificar con mayor claridad cuál es el origen del problema de nuestros excedentes y aquellas cuestiones sobre las que deberíamos incidir de cara a encontrar una solución.

Habían depositadas muchas esperanzas en que un cambio en la administración de los Estados Unidos, relajara las fuertes tensiones comerciales con Europa y fueran eliminados los aranceles adicionales del 25% “ad valorem” que estaban vigentes desde el 18 de octubre de 2019 y que afectaban a todos los vinos procedentes de España con una graduación igual o inferior al 14%. Y aunque las primeras noticias anunciaban que era un tema no prioritario y que, en consecuencia, debería esperar un tiempo para ser revisado. El pasado viernes, tras una conversación telefónica entre el presidente Biden y la presidenta de la Comisión von de Leyen, se anunciaba la suspensión, por cuatro meses, período que se dan las partes para estudiar una solución definitiva.
Una noticia de gran trascendencia para la Unión Europa pues el impuesto afectaba a Alemania, Francia, Gran Bretaña y España, cuyas bodegas destinaron una importante cantidad de recursos en los últimos años y al que durante 2020 exportaron 85’66 Millones de litros por un valor de 294’88 millones de euros (OeMV). Pero de gran relevancia para el comercio con la primera potencia comercial del mundo ya que supone un cambio radical sobre la política mantenida por la administración Trump que no considera socio preferente a la UE.
Las reacciones no se hicieron esperar y tanto el Ministerio de Agricultura, como el de Comercio, pasando por el sector bodegueros y organizaciones agrarias o cooperativas, o consejos reguladores; así como, prácticamente todas, las administraciones regionales, se han mostrado muy satisfechos y confiados en que los cuatros meses que se han dado las dos administraciones no sea más que la fijación de un plazo en el que dar por solucionado de manera definitiva un conflicto comercial que relegaba a la Unión Europea de su posición destacada en la política comercial de Estados Unidos.
En menor medida pero, no exenta de gran relevancia para el sector, ha sido la entrada en vigor, el pasado uno de marzo del acuerdo del acuerdo alcanzado por la UE y China para proteger del fraude, la imitación y la usurpación comercial cerca de 200 indicaciones geográficas que afectan 8 IGP vinícolas españolas: Rioja, Cava, Cataluña, La Mancha, Valdepeñas, Jerez-Xérès-Sherry, Navarra y Valencia, así como la de Brandy de Jerez.
La gran importancia que tiene en la economía mundial el gigante asiático, llamado a ocupar el primer puesto en los próximos años, como su enorme potencial de clientes, hace que sea un mercado altamente codiciado por las bodegas europeas y, si bien el peso de nuestro país sigue siendo muy bajo puesto que tan solo fuimos capaces de venderles 63’3 millones de litros por un valor de 100’9 millones de euros de los 16.300 millones de euros que representaron el total de productos agroalimentarios vendidos por la Unión Europea hasta noviembre 2020. La autenticidad y calidad que para sus consumidores suponen los productos agroalimentarios, es un valor altamente codiciado.
Dos excelentes noticias para un sector que tiene su mirada puesta en el mercado exterior como única vía de sostenibilidad y valorización de su producción y que ayudarán en la superación de la mala situación por la que atraviesan como consecuencia del cierre del canal de la hostelería y restauración en el mercado nacional. Situación que el ministro, Luis Planas, se ha comprometido públicamente a reclamar de la Unión Europea la dotación de fondos extraordinarios que vayan más allá de los específicos del Programa de Apoyo al sector, reclamando que el sector “debe asumir el protagonismo de su propio destino” para evitar la alta volatilidad de sus precios.

Si hace apenas un año nos hubieran dicho que íbamos a acabar 2020 con unas existencias de 65,107 Mhl, nada menos que un 13,2% más que el año anterior, sin que haya categoría o tipo de vino que se libre de presentar fuertes crecimientos en los stocks, que van desde el 8,5% de los vinos envasados hasta el 34,6% de los mostos. Que el consumo aparente iba a caer un 17,3% hasta situarse en poco más de 9,149 millones de hectolitros, perdiendo cerca de dos millones de los que conseguimos recuperar en 2019, cuando las campañas realizadas por la Interprofesional comenzaban a presentar datos positivos en esta batalla por recuperar consumo interno. O que en las exportaciones íbamos a perder un 3,6% del valor del vino y un 5,9% de su volumen. Nos hubiésemos echado las manos a la cabeza y descalificado, sin ningún miramiento, a quien se hubiese atrevido, calificándolo de un despropósito. Sencillamente, era un escenario totalmente inadmisible y carente de la más mínima posibilidad de suceder.
Pero es que, solo unos meses después, recién decretado el confinamiento duro y analizadas sus posibles consecuencias económicas, nos hubiese parecido un excelente contexto para una situación catastrófica que nos llevaba de cabeza hacia una nueva recesión, cuando los efectos de la anterior, la del 2008, todavía no los habíamos superado totalmente.
Una noria de ir y venir que hace muy complicadas las tomas de decisiones en un sector sacudido por la falta de músculo financiero, escasos recursos humanos y alta exposición al riesgo. Pero que, con más orgullo que recursos y asumiendo que a todos nos afectará esta situación y que lo importante es resistir para seguir ahí cuando se vaya recuperando la actividad, vamos sobrellevando y viendo más cerca su superación.
Hoy, salvo vaticinios políticos, más interesados en lanzar mensajes de optimismo que avalen sus gestiones, que en describir verdaderos escenarios en el corto y medio plazo; prácticamente no hay quien se atreva a fijar un horizonte de vuelta a la normalidad. Es más, ni tan siquiera es posible concretar cuál será esa “normalidad” a la que todos aspiramos y muy pocos (o nadie) saben en qué consistirá. Muy posiblemente, a largo plazo, dentro de tres o cuatro años, es posible que todo se parezca bastante a cómo vivíamos en diciembre de 2019. Pero también es muy probable que algunos de los cambios en nuestros hábitos de consumo, formas de comprar o de relacionarnos hayan cambiado ya para siempre. Y esos cambios, apoyados en el respeto al medio ambiente, cultivo ecológico y alimentación más saludable, nos sean beneficiosos y nos ayuden a mejorar la imagen y el valor de nuestros productos vitivinícolas.

El sector reclama ayudas con las que salir del atolladero en el que se encuentra metido desde hace un año. Y todos los que lo integran, desde el más pequeño, hasta el más grande; desde el elaborador de vino de mesa, hasta la más prestigiosa denominación de origen; desde la región más productiva, hasta la menos; coinciden en que es imprescindible dotarlo de medidas extraordinarias con las que hacer frente a un grave problema sobre el que cabe la certeza de que es imposible que se solucione por sí mismo.

Concretar en cifras de euros y volúmenes de hectolitros cada una de las medidas no está resultando fácil. Quizás porque ya el año pasado se tuvieron que aplicar. O quizás, precisamente porque ya durante el ejercicio anterior se aplicaron y los resultados no fueron los esperados.

El caso es que, a las ya de por sí complicaciones que supone contar con unos recursos limitados (aunque para sí los quisieron otros) procedentes de unos fondos pensados para ayudar al sector a ser más competitivo, adecuándose al mercado con instalaciones, viñedos y acciones comerciales que mejoren su posicionamiento en volumen y valor; o a los habituales enfrentamientos regionales, en el reparto del sobre nacional, se han unido, en esta ocasión, la concepción diferente que sobre el modelo de negocio, tiene cada uno.

Y, aunque todos coinciden en que habrá que solucionar esta situación, no todos están por la labor de que la retracción de fondos de otras medidas que supone la aplicación de las extraordinarias deje sin recursos aquellas para las que sí fueron, al menos originalmente, concebidos. Abriéndose un cierto frente entre aquellas voces que apuestan por la retirada definitiva (destilación) y aquellas otras que se decantan por una ayuda que mejore su liquidez mediante una retirada temporal (inmovilización) que no suponga la destrucción de un producto que saldrá al mercado cuando, previsiblemente, esto haya pasado.

Nos hemos pasado doce meses analizando lo que va sucediendo e intentando concretar cuáles de los cambios que se han producido han venido para quedarse y cuáles son una mera consecuencia de la situación excepcional, siendo previsible que desaparezcan cuando recobremos una cierta normalidad. Pero de lo que nadie está hablando y, quizá deberíamos hacerlo, es de lo sucedido con la más importante de las medidas aplicadas, la destinada a la reestructuración y reconversión del viñedo, en la que llevamos gastados 2.352.887.944€ para 438.894 hectáreas, lo que arroja una ayuda media por hectárea de 5.361 euros.

Medida de la que, en diferente medida, todas las regiones se han visto beneficiadas. Unas por ser las que más ayuda por hectárea han percibido, caso de Canarias 14.050 o Galicia 13.544 €/ha. Otras por ser las que mayor porcentaje de su superficie han modificado, caso Extremadura 77,33% o Cataluña 66,57% y Aragón 63,80%. Otras por ser las que mayores hectáreas y ayuda han percibido, caso de Castilla-La Mancha con el 50,35% del total de los fondos y el 48,77 % de las hectáreas.

Lo que sin duda habla muy bien de la medida, lo necesaria que resultaba y lo repartido que ha estado su aplicación. Pero, ¿todo esto para qué?

Porque en todo este tiempo no hemos dejado de perder superficie, pasando de 1.175.085 de 2001 a 944.478 ha de 2020. Los precios de las uvas, lejos de mejorar, han empeorado. Las necesidades del consumo interno están cinco veces por debajo de nuestro potencial de producción y las exportaciones nos sitúan a la cola del precio medio. Eso sí, nuestro rendimiento ha pasado de 28,9 a 48,46 hl/ha.