Alcanzar un acuerdo del trílogo: Comisión Europea, Parlamento y Consejo sobre la reforma de la PAC, sin ningún género de dudas es un paso muy importante, ya que de su aplicación depende la posibilidad de seguir contando con nuestros Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola, de los que tanto nos hemos beneficiado y sin los cuáles la revolución que ha vivido el sector, especialmente en el ámbito enológico y vitícola, no hubiese sido posible. Lo que no quiere decir que no tengamos grandes retos por delante que, bien pueden suponer un balón de oxígeno en nuestra conquista de los mercados, o convertirse en un pesado lastre que nos hunda en el fondo de un mar turbulento de precios bajos y calidades mediocres.

La apuesta por una política agraria más sostenible ambiental y económicamente, verde, social e igualitaria; que ponga en valor la agricultura dignificando su trabajo y permitiendo obtener una renta digna a sus agricultores supone un mensaje que ni es nuevo, ni está exento de importantes desafíos.

El primero (aunque seguramente no el más sustancial) lo podríamos encontrar en la necesidad de que todavía está pendiente el desarrollo de los reglamentos básicos que concreten temas tan importantes como la figura de agricultor activo, el régimen de pequeños productores, los eco-esquemas, la condicionalidad reforzada, la convergencia interna de derechos, los pagos redistributivos, ayudas a jóvenes agricultores, reserva de crisis o medidas de gestión de riesgos.

El segundo, en la necesidad de que cada Estado miembro debe realizar un Plan Estratégico, marco sobre el que pintar los objetivos, medios y plazos; el cual deberá estar finalizado antes de que finalice el año. Que, en el caso de España, según declaraciones del propio ministro Planas estará supeditado a su distribución competencial autonómica, lo que podría suponer diferentes sensibilidades hacia el sector vitivinícola.

La tercera cuestión, en no caer en la tentación de querer enfrentar modelos productivos “sostenibles” versus “industriales”. Filosofía que ya se lleva varios años apuntando y que cada vez va adquiriendo un cariz peligroso de enfrentamiento, como si estuviéramos hablando de dos modelos enfrentados. Hacer un uso razonable de los recursos hídricos, utilizar fitosanitarios o fertilizantes de manera localizada y eficiente no tiene por qué estar necesariamente reñido con la sostenibilidad y es que olvidamos con cierta facilidad que para que algo sea sostenible debe serlo en tres aspectos: ecológico, social y económico.

Relegamos con frecuencia que los recursos tecnológicos y conocimientos con los que ahora contamos nada tienen que ver con los de hace unas décadas, y que renunciar a utilizarlos en aras de una mayor rentabilidad que haga posible cumplir con la sostenibilidad económica, no tiene por qué estar enfrentado con la ecológica y puede resultar imprescindible para alcanzar la social.

Recientemente, con motivo del grave problemas de excedentes que ha generado en el sector el cierre de la hostelería, hemos tenido ocasión de comprobar cómo gastar decenas de millones de euros en retirar producto del mercado, temporal o definitivamente, no es sinónimo de solución y que no considerar en la asignación de ayudas aquellos aspectos referidos al mantenimiento de viñedo viejo cuya producción es mucho más baja, tampoco es que haya ayudado en nuestro desarrollo.

Pagar por no producir puede ser necesario. Hacerlo por producir calidad y desarrollar un papel social de fijación de población y relevo generacional, además de mantener una cubierta vegetal, es fundamental.

Con la ratificación el pasado viernes entre el Consejo y el Parlamento Europeo y el visto bueno del Consejo de Ministros de Agricultura del lunes, la Unión Europea da un paso de gigante en la reforma de su política más importante, la Agrícola; a la que los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola están íntimamente ligados.

Con el mantenimiento de una ficha financiera para la PAC española de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, podríamos concluir que hemos salvado el primer envite, al tratarse de una cifra similar a la del periodo anterior, en un marco verdaderamente desfavorable. No solo por la cantidad de recursos que habrá que destinar a hacer frente a los efectos del Covid-19, sino también por la reducción del 15% que provocó la salida del Reino Unido, o el mismo cambio en las prioridades políticas. Alteraciones que afectan a una orientación más social, abordando el relevo generacional, igualdad de género, equidad y convergencia, programas sectoriales como el que afecta directamente al Vino, Desarrollo Rural, y Organización Común de los Mercados. Amén de aquellas relacionadas con una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad medioambiental, con la introducción de los eco-esquemas.

Con este acuerdo se garantiza, al menos hasta el 2027 el mantenimiento de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola, así como una ficha financiera que apenas ha disminuido un 5% sobre la anterior. Suponiendo la incorporación de figuras como el agricultor activo, el régimen de pequeños productores, los eco-esquemas, la condicionalidad reforzada, la convergencia interna de derechos, los pagos redistributivos, ayudas a jóvenes agricultores, reserva de crisis y medidas de gestión de riesgos. Así como aquellas otras derivadas de la misma OCM y que afectan al régimen de autorizaciones, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2045; ayuda a los viticultores que reduzcan su producción para hacer frente a desequilibrios graves del mercado; el propio etiquetado del vino que deberá incluir el valor energético y un enlace a la lista de ingredientes; la posibilidad de que las Interprofesionales puedan proporcionar indicadores orientativos de precios de uva para la elaboración de vinos con D.O.P./I.G.P.; o la inclusión de los vinos sin alcohol.

Panorama favorable para un sector que tiene en su misma concepción el respeto al medioambiente, pero que requiere de ayudas que lo fortalezcan, permitan su digitalización para hacerlo más competitivo, así como otras que complementen una rentabilidad que no siempre encuentran en el mercado, pero que llevan aparejadas tareas tan importantes como la fijación de la población en el medio rural.

No sé si es por una cuestión de necesidad o de concienciación, el caso es que el Covid ha traído al sector un cierto sentido de colectividad y toma de conciencia sobre la necesidad de defender juntos principios y los intereses más básicos. Como lo fue la defensa ante la Comisión Europea de la dotación de fondos extraordinarios con los que hacer frente a los efectos de la pandemia en el consumo o, ahora, la defensa de una prórroga hasta el año 2022 de las autorizaciones de plantación que no pudieron ejecutarse en 2020.

La primera cuestión, ya sabemos que no tuvo eco en la Comisión, sin que se dotaran más fondos que los ya establecidos por los propios presupuestos de los Programas de Apoyo nacionales. La segunda, todavía está por ver. Pero sea cual sea el resultado, ya es positivo.

Conseguir que, por cuarta vez, los tres principales países productores de la Unión Europea (Italia, Francia y España), que concentran el 85% de la cosecha vinícola comunitaria, se hayan sentado en la misma mesa (virtual), para analizar la situación del mercado y sus expectativas, los posibles efectos que tendrá la futura PAC o aquellos aspectos relacionados con la salud o la promoción es ya un éxito y representa un gran paso en la notoriedad de nuestro sector y los tiempos tan complicados que nos vienen.

Pensar en vino, para cualquiera de nosotros, es sinónimo de desarrollo, futuro para nuestros pueblos, esperanza para luchar contra la despoblación o desertificación, motivo de orgullo e imagen de país. Pero, lamentablemente, no es así para todos. Los hay que ven en su consumo una droga a perseguir, un alcohol que prohibir y al que hay que ponerle todas las barreras posibles en su acceso a la población. Contar con una estrategia bien definida en esta lucha contra los que no ven en su ingesta una posibilidad hacia un consumo responsable, cultural e inteligente de alcohol, resulta fundamental en una batalla que, lleva muchos años abierta y a la que, de momento, hemos conseguido hacerle frente, pero que acabará afectándonos de una forma u otra en un periodo de tiempo no muy lejano.

Necesitamos contar con un marco en el que sea posible mantener unas relaciones fluidas entre el sector y las administraciones. Generar un clima de diálogo y confianza mutua que permita establecer posiciones comunes sobre cuestiones básicas, tales como la política promocional por un consumo responsable del vino, que hemos mencionado anteriormente; y también sobre aquellas otras de índole económico, relacionadas con el comercio internacional; y, aunque la eliminación de aranceles en Estados Unidos es un buen ejemplo, todavía hay muchos otros asuntos de gran importancia.

Otro aspecto a destacar de este Comité Mixto sectorial es la puesta a disposición de los Estados (Francia, España e Italia) de unos boletines trimestrales en los que se presentan estadísticas referidas a la evolución de la campaña, una información que viene a sumarse a la ya existente del Infovi español y que, sin duda, ayuda a tomar conciencia a nuestro Ministerio de cuál es la situación actual por la que atraviesa el sector.

Por otro lado, superar las setenta mil hectáreas como superficie siniestrada por heladas y pedrisco, a fecha de final de mayo, es una cantidad importante, según datos facilitados por Agroseguro que tendrá su reflejo en la cosecha. Llegar a considerar estos efectos como relevantes, sobre un volumen que se vaticinaba como de gran producción, es otra cuestión que dista bastante de la realidad y sobre la que habrá que estar atentos cuando, dentro de pocas semanas, comiencen a publicarse las primeras estimaciones de cosecha y cuyos efectos, al menos así se pretenda, quieran verse reflejados en los precios de las uvas.

Tal y como era de esperar, las reacciones al anuncio del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, para poner fin (durante 5 años) al conflicto comercial que supuso la imposición de aranceles adicionales al vino español, entre otros, no se han hecho esperar. Todas las organizaciones se muestran satisfechas e inciden en el cambio de talante que supone la nueva Administración Biden frente la proteccionista, y casi antieuropea, de Trump. Cuyos efectos cuantificó la Federación Española del Vino en una caída del 9% en valor y 4,5% en volumen de nuestra exportación a este país, obligando a las bodegas a absorber una parte muy importante de ese arancel en su precio de venta, que cayó un 5% en ese mercado.

Buenas perspectivas se vislumbran también para otro de nuestros grandes destinos, el del Reino Unido, en el que, según Euromonitor, durante el 2022 habremos recuperado todo el valor pre-Covid en el canal doméstico, aunque no lo hagamos en el Horeca hasta el 2024. Eso sí, gracias a una mejora en el precio medio, ya que para el volumen se prevé un descenso gradual. Con una clara apuesta de los consumidores por los productos sostenibles y en el que nuestros vinos son líderes mundiales.

Dos excelentes noticias, sin duda, que no restan ni un ápice de preocupación sobre el otro gran asunto que inquieta al sector y que no es otro que la próxima vendimia. No parece que ni granizo, ni focos de enfermedades criptogámicas, por más severos que sean sus efectos en localidades muy concretas, vayan a ser capaces de frenar una cosecha 2021 que sigue presentando serias credenciales de convertirse en voluminosa.

¿Hasta cuánto? Pues, esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Ya que las existencias en bodega son cuantiosas y que, por bien que vayan las cosas y poco a poco vayamos recobrando el ritmo de vida, y consumo pre-Covid, es seguro que tardaremos algo más de tres meses (que son los que nos faltan para disponer de los primeros vinos de la cosecha 2021) en hacerlo.

Consecuencia de todo ello: tendremos una vendimia complicada, con fuertes tensiones en precios y cruzadas acusaciones de falta de cumplimientos en los contratos. Y es que, si algo nos caracteriza es la falta de estabilidad, con dientes de sierra en las cotizaciones y condiciones de los contratos que apenas soportan un pequeño envite. Circunstancias sobre las que edificar un proyecto a medio y largo plazo se hace muy difícil.

Hasta ahora, los importantes daños causados en los viñedos de franceses e italianos por las heladas nos están salvando estos últimos meses de campaña, con un cierto repunte en los volúmenes expedidos y una reactivación en las cotizaciones que se han visto reflejadas, también, en el mercado interior. Lo que, sin duda, está genial y forma parte de las reglas del juego de cualquier actividad agrícola expuesta a la climatología, pero que está muy lejos de dotar de futuro a un sector que sigue queriendo crecer a costa del otro, en lugar de hacerlo de manera colegiada.

Posiblemente esté cometiendo el peor de los errores en los que puede caer un medio de comunicación, que no es otro que la falta de imparcialidad en el tratamiento de la información. Pero, hecha la advertencia, permítanme la licencia de echar la imaginación a volar y en esta editorial compartir con todos ustedes la esperanza de que, este año largo que llevamos de restricciones esté llegando a su fin y, con él, la vuelta a cifras de consumo de vino parecidas a las que teníamos por el mes de marzo del 2020, cuando aquel día 13 cambiaron nuestras vidas de manera insospechada.

Es muy probable que esta vuelta a la situación anterior requiera de una transición ordenada y cautelosa y que debamos esperar un buen tiempo hasta superar las numerosas secuelas que, en los diferentes aspectos de nuestras vidas: social, familiar, económico, laboral…, nos ha dejado la pandemia. Pero, desde el más profundo de los convencimientos, lo conseguiremos y nuestro consumo de vino, se recuperará, superando los 11,09 millones de hectolitros que alcanzamos en febrero del 2020. Hoy, con los datos del Infovi correspondientes al mes de abril podemos decir que estamos en un consumo aparente de 9,14 Mhl, con un crecimiento de 56.516 hectolitros sobre el del mes de marzo y es el segundo mes con tasa positiva. Tendencia que, salvo catástrofe, se mantendrá, acelerándose con los meses de vacaciones y la recuperación de un turismo que, hoy, todavía es muy residual.

La recuperación de momentos de consumo en los hogares que se habían perdido, o simplemente resultaban residuales, la facilidad de acceso a los vinos que ha supuesto la digitalización de muchas de nuestras bodegas, el desarrollo de las plataformas online y la propia incorporación de pequeños núcleos de consumidores, auparán el consumo y acelerarán su recuperación.

¿Suficiente para considerarlo aceptable en un país con una producción potencial que supera los cincuenta millones de hectolitros? Tajantemente NO. Pero tampoco vamos a esperar que en unos pocos meses solucionemos un problema que llevamos arrastrando décadas y que requeriría de un Plan Estratégico Sectorial para los próximos diez años, en el que se abordasen, con profundidad, honestidad y seriedad, los potenciales de producción por zonas y tipos de productos, las diferentes utilizaciones, las distintas alternativas que se presentan en la comunicación y el marketing del vino, donde englobaríamos el desarrollo de los diferentes canales de comercialización. Así como el peso de cuestiones paralelas, pero de gran influencia, como pudieran ser todas las relacionados con la ecología y el medio ambiente, hábitos de consumo, la proliferación de consumidores veganos o vegetarianos, así como las diferentes nomenclaturas autorizadas para la designación y presentación de los vinos. Sin olvidarnos de que estamos hablando de empresas que no solo tienen que jugar un papel principal en esta recuperación del sector vitivinícola español, sino que, además, tienen que ser rentables para resultar sostenibles en todas sus fases de formación de una cadena de valor que, desde el conocimiento pormenorizado de la realidad, debiera abordar el futuro con valentía y ajeno a cualquier condicionante impuesto por cuestiones políticas.

Definir bien todas estas cuestiones y contar con ese Plan Estratégico cuyo concurso ha convocado la Interprofesional del Vino de España (OIVE) debiera permitirnos afrontar con criterio el debate, actualmente abierto, sobre si la situación que estamos viviendo es una cuestión circunstancial o coyuntural. Estéril y que no está haciendo más que generar enfrentamientos en colectivos de mucho peso en España.

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Teóricamente, a la pregunta sobre qué derecho prevalece ante un teórico conflicto de intereses entre la producción y el consumidor, el espíritu de la Ley nos llevaría a responder, tajantemente, a favor del consumidor. Elemento principal a proteger en cualquier cuestión, adquiriendo especial notoriedad en aquellas relacionadas con la salud y la ingesta, también de las bebidas alcohólicas.

Esto, que parece tan obvio, no lo es tanto si atendemos a lo sucedido con los diferentes “apellidos” con los que, desde hace algún tiempo, se están acompañando al Vino. Producto rico en matices y tipologías y especialmente proclive a la búsqueda de “palabros” que lo adjetiven en la orientación de la cualidad que se pretende destacar de cara al tipo de consumidor al que va dirigido.

Tampoco es que los cambios en los hábitos de consumo que se han producido en la sociedad moderna e industrializada, fuertemente ligados hacia una mayor sensibilización ante el respecto al medio ambiente, o aspectos saludables sobre la salud de los productos ingeridos, hayan contribuido de forma positiva a que estos términos que pretenden apoyar la descripción del producto hayan ayudado.

Y así, hemos pasado de tener una palabra universal con la que definir “el alimento natural obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva: VINO”. A vernos en la necesidad de emplear toda una serie de apellidos con los que, supuestamente, ayudar al consumidor a identificar el producto en su presentación y designación en el “etiquetado” que facilite su elección.

Decisión no siempre acertada y que, junto con una inacción de las autoridades competentes, entre cuyas funciones está la de velar por la defensa del consumidor (también en el rigor del etiquetado de los productos), ha provocado que hayamos llegado a un punto en el que, unos pocos, sin más intención que la de presentar sus productos de manera diferenciada para facilitar su elección al consumidor (que busca ese producto elaborado bajo unas condiciones muy concretas), han llevado al resto de productores a alarmarse y reclamar una regulación ajustada.

Y si, en defensa del legislador, bien podríamos argumentar que la sociedad siempre va por delante de las leyes y que estas nacen de la necesidad de ordenar una realidad; bien estaría que, consciente de la problemática existente, tomara cartas en el asunto y legislara en defensa de un mayor rigor en el etiquetado, que garantice la información veraz y ajustada del producto, situando la defensa del consumidor como eje central sobre la que pivote cualquier actuación.

Después de muchos meses en los que las noticias negativas iban sucediéndose una tras otra, prácticamente en todos los campos: consumo interno, exportaciones, precios… excepción hecha de la cosecha (pero vistos los precios de las uvas y a los que se comenzaron a vender sus mostos, tampoco podríamos decir que fueran muy positivas), las buenas noticias van tomando el relevo y, poco a poco, se va recuperando el ánimo de los operadores vitivinícolas.

Son muchos los problemas a los que todavía no se les ha conseguido siquiera orientar en el camino de su resolución y muchos, previsiblemente, los meses que tendrán que pasar hasta que veamos unos resultados positivos consolidados. Pero, como dirían los estadísticos, lo importante es la tendencia y podríamos decir que ese punto de inflexión entre el desánimo y la esperanza es una realidad que puede avalarse en cifras y respirarse ya en el ambiente sectorial.

Hace algunos días, nos referíamos al consumo interno, unos pocos antes, lo hacíamos al mercado y sus cotizaciones; y ahora podemos seguir haciéndolo con las exportaciones. Las cifras interanuales señalan una vuelta al nivel que disfrutábamos cuando se inició la pandemia, situándonos en los 2.759,06 millones de litros vs. 2.659,22 Mltr (+3,75%), por 2.998,49 millones de euros frente los 2.995,49 M€ del TAM a marzo de 2020 (+0,1%), arrojando un precio medio de 1,09 €/litro, un 3,5% menos que los 1,13 €/l a los que se vendió el litro de los productos vitivinícolas en el periodo precedente.

Por categorías, son los vinagres, con un incremento del 26,9% los que mejores datos de volumen presentan, mientras que los vinos apenas crecen un 0,5% y, dentro de ellos, los Bag in box (envasados entre 2 y 10 litros) con un incremento del 55,3% los que mejores cifras arrojan en relación al volumen, destacando el aumento del 2,8% de los vinos envasados y la disminución del 1,3% de los que se exportaron a granel.

Algo similar a lo sucedido en términos de valor, donde los BiB siguen siendo los que más crecen con una tasa positiva del 34,8%, seguidos de los envasados que lo hacen al 1,3%, mientras que los graneles cedieron un 0,6%.

Mención especial requeriría lo que está sucediendo con los espumosos y, dentro de esta categoría, con los cavas, cuyo precio medio desciende el 12,7% hasta situarse en los 2,63 €/litro.

En cifras mensuales y, aquí es donde reside la mejor noticia, con crecimientos en volumen del 33,7% en el total de productos vitivinícolas y del 29,9% en vinos, con tasas positivas en todas las categorías: BiB (+54’0%), envasados (+34,1%) y graneles (+33’5%). Situación similar a la dada en valor, donde la categoría que más crece vuelve a ser el BiB con un 42,7%, pero el envasado no se le queda atrás con un incremento del 32,1%, muy por encima del 6,6% al que lo hacen los graneles y sitúan el total de vinos en el 21,1% de incremento y del 22,6% en los productos vitivinícolas.

Del top diez de países clientes, Italia con un aumento del 93,0% con respecto a los mismos datos del primer trimestre del año anterior, es el país que mayor tasa de crecimiento en volumen presenta, seguido de China con un 52,3%, destacando el 24,5% de Portugal o el 9,9% de Alemania, por la importancia que tienen esos mercados.

En valor, China con un 50,7% e Italia con el 51,3% son los que más aumentan en valor de esos diez primeros países, con tasa positiva también para el Reino Unido (10,9%), mientras que Estados Unidos y Francia son los dos únicos países de ese escogido grupo de cabeza que han bajado en valor en sus compras trimestrales, un 2,2 y un 8,5% respectivamente.

Utilizar los accidentes climatológicos, como pudieran ser las heladas y pedriscos, así como la afectación provocada por las enfermedades criptogámicas, para llevar las previsiones de cosecha hacia un lado u otro es algo tan habitual que no nos debiera sorprender. Que lo haga el propio Comisario Europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para justificar su decisión de no asignar recursos extraordinarios con los que hacer frente a los excedentes que presenta el sector vitivinícola a nivel europeo, tampoco. Aunque solo sea porque lo lleva repitiendo, reiteradamente, desde hace ya algún mes. Y, aun así, semana tras semana, no hay ocasión en la que alguna organización, ya sea agraria, bodeguera o administrativa, insista en el tema, resaltando la importancia que para el sector tendría contar con unos fondos extraordinarios (que saben que no llegarán).

Y, muy posiblemente, esto sea lo que hay que hacer, insistir hasta la extenuación, mientras exista un halo de esperanza, por fino que este sea. Pero, sinceramente, creo que nos estamos haciendo un flaco favor. Primero, porque las posibilidades de que la Comisión cambie de opinión son pocas o ninguna; segundo, porque, mientras estamos en el “ay”, no acabamos de solucionarlo; y, tercero, porque mejor harían los representantes de todos los colectivos del sector en asumir su responsabilidad, llegando a un acuerdo sobre qué, cómo, cuándo y por cuánto, hacer para aprovechar esta situación y salir fortalecidos de ella.

Estamos viendo, en nuestra principal industria, el turismo, que nuestros competidores nos están adelantando y tomando la iniciativa de cara a lo que nos consolamos en describir como “recuperación” o “vuelta a la normalidad”, sin querer entender, o no entender muy bien, que, en cualquier inversión no hay rentabilidad garantizada, no existe compromiso alguno por parte de los operadores de volver a señalar a España como destino predilecto y hay que volver a luchar por granjearnos el favor de los operadores en escogernos.

En el turismo partíamos de una situación privilegiada, como es la de ser el segundo destino más visitado del mundo. En el tema del vino alternamos el primer puesto en volumen. Pero, en ambos tenemos la asignatura pendiente de la facturación.

Aprovechar que las circunstancias nos obligan a tener que hacer algo de manera irremediable podría ser una razón perfecta para que, entre todos, fueran capaces de definir lo que quieren ser en los próximos años. Pero para eso, al igual que en la política, hay que anteponer los intereses colectivos a los personales y, visto lo visto, hasta ahora, mucho me temo que tendremos la misma respuesta que en nuestra clase política.

A pesar de que los datos del último Infovi, correspondientes al mes de marzo, siguen mostrando cifras negativas con respecto a las del mismo mes del año anterior en lo referente al consumo interanual aparente. Y, aun considerando que, el estado de alarma se declaró el día 13 de marzo, es decir, que 2020 ya reflejaba un poco más de medio mes de cierre de la hostelería y ausencia de turistas, podríamos decir que son una buena noticia.

Pasar de los 10,89 millones de hectolitros de consumo interanual en marzo del año pasado, a los 9,08 de este representa una pérdida del 16,6%. Dato, sin ninguna duda negativo que debiera preocuparnos y requerir nuestra atención. Pero, si tenemos en cuenta que, prácticamente, nos encontrábamos entonces en cifras récord de consumo interno de los últimos años, buena parte como fruto del trabajo realizado por el sector, a través de su Organización Interprofesional, y que el dato del 2021 refleja todo un año de pandemia; el simple hecho de que haya supuesto un punto de inflexión en su tendencia bajista, es una excelente noticia que, estoy convencido, podremos confirmar durante los próximos meses y volver, esperemos que en un plazo no mucho más allá de un año, a cifras cercanas a las once millones de consumo interno.

Eso al menos es lo que piensan también Comisión Europea y Ministerio de Agricultura que, lejos de abordar la forma más adecuada con la que solucionar el problema de excedentes que toda esta situación ha provocado, con la consiguiente reducción de precios en los mercados de origen; fían su recuperación al acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos sobre los aranceles adicionales, el levantamiento del estado de alarma y la vacunación masiva de la población con el regreso de los turistas. Así como a una cosecha comunitaria inferior a la del pasado año, como resultado de las fuertes heladas que afectaron a Francia e Italia a principios de abril.

Insistiendo en sus declaraciones, ambas instituciones, en que no habrá fondos adicionales para medidas extraordinarias y que, en caso de querer poner en marcha alguna, deberá serlo con los fondos del PASVE. Alternativas que las organizaciones agrarias: Asaja, COAG y UPA rechazaron en el cuestionario que el propio Ministerio remitió a tal fin con el objeto de conocer su postura ante esa posibilidad.

Tras la confirmación por parte del Comisario de Agricultura de la negativa a habilitar nuevos fondos con los que poner en marcha las medidas extraordinarias que, a juicio del sector, serían necesarias para equilibrar el mercado y devolver la actividad necesaria con la que poder dar salida a una producción que se está empezando a atragantar ante la cercanía de la próxima vendimia. Y, a pesar de que todos los colectivos no cesan en su empeño de seguir demandándolas y exigen al ministro Planas que defienda nuestros intereses en Bruselas y alcance un acuerdo satisfactorio, por más que sepan que sus posibilidades son mucho menores que la de tener un trombo al inyectarte la vacuna (perdón por la referencia, pero, al fin y al cabo, este “bicho” es el que nos está ocasionando semejante problemón en un sector que comenzaba a ver cómo recuperaba su consumo). Convendría comenzar a pensar en cómo salir de esta y analizar cuáles son las razones que nos han conducido hasta aquí.

Perdón, ya sé que lo que acabo de decir parece una tontería, pero es que se me antoja necesario reflexionar sobre algunos pequeños matices, muy seguramente equivocados y, efectivamente, tontos, pero que, al menos, confío sirvan para que todos pensemos sobre ello.

Según el estudio publicado por la Interprofesional sobre el consumo de vino en España realizado por el OEMV y referido a 2018, últimos datos disponibles con ese detalle, España concentraba prácticamente un tercio de su consumo interno, hablamos en términos de volumen, en el canal Horeca (31,4%), exactamente 3,17 millones de hectolitros, al del hogar (alimentación) 3,57 millones de hectolitros, que representaba el 35,4%; y al resto de canales otro tercio (33,2%) distribuido en venta directa (1,81 Mhl), vinotecas (0,59 Mhl), internet no retail (0,08 Mhl), clubs de vinos (0,04 Mhl), turistas (0,58 Mhl) y Canarias (0,26 Mhl). Total 3,35 millones de hectolitros.

Cifra la de los 10,08 millones de hectolitros que se aproxima mucho a los 10,31 que daba como consumo aparente estimado la propia Interprofesional en su informe de diciembre de 2018. Así es que, aunque solo sea por aquello de trabajar sobre cifras concretas, vamos a creernos estos datos.

Del mismo modo que vamos a dar por cierto que ese consumo aparente en febrero de 2021 era de 8,81 Mhl, (-1,50 millones de hl) y que el principal motivo de tan aberrante caída ha sido el cierre intermitente de la hostelería y la pérdida de más del ochenta y tres por ciento de los turistas.

O, dicho de otra manera, que las consecuencias naturales sobre el sector vitivinícola de que todo esto haya sucedido habrían sido que hemos perdido alrededor de la mitad del consumo del que tenemos en el canal Horeca y la práctica totalidad de los turistas. Curiosamente una cifra muy parecida a ese millón y medio de hectolitros en los que ha bajado el consumo interno.

Luego, no parece tan descabellado pensar que, superada esta situación tan extraordinaria que vivimos y devueltos a unas condiciones de “normalidad” que nos permitan recuperar los hábitos de consumo que nos son propios, no nos debería costar mucho volver a los once millones cien mil hectolitros de consumo que alcanzamos en febrero de 2020.

¿Suficiente para un sector que ha producido casi cuarenta y seis millones de hectolitros entre vino y mosto?

Evidentemente, no. Y habrá que seguir trabajando con más empeño si cabe por atraer a nuevos consumidores e incrementar la frecuencia de consumo. Pero andamos por el buen camino y no deberíamos dejarnos cegar por un momento puntual, aunque la solución de eliminar el excedente generado ni vaya a ser fácil ni asumible por todos.