Después de la, tristemente famosa, crisis financiera del 2008, en la que saltó por los aires uno de los sistemas que se creía, hasta entonces, de los más robustos del mundo; y que se llevó por delante los ahorros de millones y millones de personas. Creíamos que lo habíamos visto todo y que la recuperación, aunque muy lenta en nuestro país, nos permitiría salir fortalecidos de ella. Como siempre había sucedido en crisis anteriores.

Los hechos demostraron que las cosas podían empeorar, con la aparición de un virus que se encargó de dinamitar el modelo sanitario, poniendo en evidencia su fragilidad y la incapacidad de muchos gobiernos para hacer frente a una pandemia mundial que paralizó, esta vez literalmente, la economía. Dando al traste con muchos de esos Derechos Fundamentales sobre los que se sustentan las sociedades de los países “desarrollados”.

Cuando todavía no habíamos puesto en marcha los mecanismos que, esta vez desde la Unión Europea, se implementaron para hacer frente a las catastróficas consecuencias que el virus había ocasionado; hete aquí que la energía comienza una fuerte escalada de precios, muy superior a la crisis del petróleo de los años setenta. Crisis que algunos consideran se debe, precisamente a imposibilidad de dar respuesta a la demanda tan brusca que exige la vuelta a la “normalidad” en la producción industrial. Otros la califican como una estrategia geopolítica, cuyo principal objetivo comprobaríamos más adelante. Consecuencias que no acaban aquí, sino que llevan a aparejados incrementos de los costes logísticos, falta de materias primas y productos tan necesarios en una sociedad tecnológica como los semiconductores. Evidenciando otra de las grandes carencias de nuestro (el europeo) sector productivo: la gran dependencia exterior.

De lo que vino después, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la postura adoptada por los países “occidentales”, de los que somos una parte importante; casi mejor, por respeto a las miles de personas que han pagado con su vida, ni comentarlo. Evidenciado otra gran insuficiencia de Europa en lo relativo a la Defensa y Política Exterior.

Y como si todo esto no fuera suficiente o, quizás como consecuencia de todo ello, los problemas domésticos que todas estas “crisis” habían ido ocasionado en los países comienzan a estallar, ante la incapacidad de la clase política de ponerles solución.

Financiero, sanitario, energético, productivo, de defensa y político. Son muchos frentes para pensar que no nos vayamos a ver, como sector vitivinícola, afectados de una forma mucho más importante que aquellos meros daños colaterales que lleven aparejados.

Cifrar el efecto que tendrá en nuestro mercado exterior la crisis de Ucrania. La falta de materias primas e insumos como cartón, etiquetas o vidrio; pero también fertilizantes o fitosanitarios. La falta de medios logísticos (terrestres y marítimos). La caída en el consumo ante la reducción de la capacidad económica de los ciudadanos…

Pueden ser anecdóticos si queremos, de verdad, afrontar las reformas que estos quince años nos han puesto en evidencia. Nos enfrentamos a una crisis global y, muy especialmente, de la Unión Europea. Y, desde el sector, deberíamos estar preparados para llevar la iniciativa de lo que queremos ser y cómo, en un nuevo escenario con recursos mucho más escasos y, me temo, que mucho menos sociales.

Es más que probable que, con el escenario bélico que vivimos, cualquier información vitivinícola pueda parecer irrelevante. Incluso aquella relacionada con las posibles consecuencias que este conflicto pudiera tener sobre el negocio vitivinícola que mantenemos con los países afectados.

Y digo países afectados, ya que son mucho más que los directamente implicados: Rusia y Ucrania. Colindantes como Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Moldavia; o de la órbita de las antiguas Repúblicas Soviéticas como son los países bálticos: Letonia, Estonia y Lituania. Los que se están viendo damnificados de facto por la situación, en la que la Unión Europea y Estados Unidos, principalmente, intentan hacer frente a carros de combate y fusiles, con sanciones económicas y el estrangulamiento de la economía rusa. Consecuencias comerciales que serán mucho mayores conforme vaya dilatándose la escalada bélica.

Salvadas las oportunas obviedades de nuestro ferviente deseo de que esta situación acabe rápidamente y se respete la libertad del pueblo ucraniano; las posibilidades de que el comercio internacional vitivinícola acabe viéndose afectado por las sanciones impuestas son muchas y de gran importancia.

Nuestra fuerte dependencia del mercado exterior, las implicaciones que está situación está teniendo en las subidas de coste de las materias primas y energéticas, y las pronunciadas escaladas de los precios que están poniendo en serio peligro la estabilidad necesaria para el desarrollo de la economía; hacen necesaria la reasignación de recursos y anotar en probables la pérdida de importantes cantidades que, inicialmente, iban asignadas a la recuperación de los efectos de la pandemia, de la que ya apenas nos acordamos, pero cuyos efectos han sido de tal magnitud que ha obligado a la Unión Europea a emitir deuda pública mancomunada por primera vez en su historia.

Claro que, para cambios los que se han producido en la diplomacia, donde, por primera vez se ha escuchado a la Unión Europea con una voz única.

Pero volviendo al tema que nos debería ocupar en una revista sectorial como esta, las consecuencias a las que deberemos enfrentarnos van mucho más allá de los 24’2 millones de euros que le facturamos a Rusia el pasado año y los 16’2 a Ucrania. Los 7’7 M€ de Bielorrusia, incluso los 26’5 de Letonia y 16’4 de Lituania, según el OEMV, que también podrían verse fuertemente afectados.

Todos mercados con fuertes vasos comunicantes en los que las bodegas españolas han realizados importantes esfuerzos en la última década por hacerse un hueco, que ahora están en peligro. Un buen ejemplo, podrían ser los referidos a Ucrania, que ha pasado de 6’788 millones de litros de vino español en el 2012 por un valor de 4’364 millones de euros, a los 13’66 Mltr y los 16’172 M€ en 2021.

Y, aunque no sea comparable, no debiéramos perder de vista la iniciativa adoptada por la Interprofesional Vitícola de Francia de cara a reducir sus fluctuaciones de cosecha, con las que “corren el riesgo de no tener suficiente oferta para atender la demanda de los mercados” que, apoyada por el Consejo Vitivinícola de FranceAgriMer, han llamado “reserva climática” y que no sería más que una actualización de los contratos de almacenamiento privado y supondría una amenaza a ese volumen de vino español que cubre estas eventualidades.

Cuando los datos de consumo interno del mes de diciembre apuntaban hacia una recuperación que nos acercaba a los niveles prepandémicos con 10’446 millones de hectolitros y un consumo per cápita de 22 litros (casi un litro más que el año anterior y un aumento del 14’3%), y podíamos intuir grandes noticias para el sector, cuya recuperación se consolidaba y sobre la que quedaban pocas dudas, que no fueran aquellas referidas a dónde podría tener su techo (o, dicho de otra manera, si el cambio de los hábitos de consumo impuesto por las restricciones en el canal no alimentario acaba consolidándose y rompemos la barrera de los once millones que se alcanzaron en febrero del 2020); los datos de las exportaciones del 2021, no solo confirman esta recuperación sectorial, sino que, incluso, nos permiten aspirar a recobrar unos precios que, lamentablemente, siguen siendo la gran asignatura pendiente de nuestras bodegas.

Crecer un 16’5% en el volumen de productos vitivinícolas, alcanzando los 30’906 Mhl no es ninguna tontería. Que ese crecimiento sea del 13’9% cuando nos referimos solo a vinos (sin aromatizados, mostos ni vinagres) y estemos en cifras de 22’985 Mhl, nos sitúa en niveles históricos de los que nos deberíamos sentir satisfechos, ya que nos han permitido dar salida a una parte importante de nuestras existencias (casi cinco millones de hectolitros menos [60’232] -7’5%, de los stocks que teníamos en diciembre del 2021 [65’107]. Con un claro descenso en todos los tipos y categorías de vino, aunque con una clara mejoría en los blancos, que se reducían el 13’8% y el 2’0% si lo hacíamos de los envasados).

Situación que, aunque también ha tenido su traslación a los precios, aquí su impacto ha sido mucho menor. Ver los precios a los que están cotizando los vinos en las diferentes plazas españolas y la evolución que han seguido a lo largo de lo que llevamos de campaña. O los precios medios a los que se han cerrado las exportaciones: 1’06 €/litro (-4’8%) para todos los productos vitivinícolas o los 1’25 €/l de los vinos (-3’9%). Vienen a poner en evidencia el gran trabajo que todavía nos resta por hacer en esta especie de batalla por valorizar nuestros productos, con el cambio en el mix que ello requeriría. Desde los 0’35 €/l de los vinos a granel sin D.O.P./I.G.P.; hasta los 4’03 de los envasados con D.O.P., tenemos un gran camino que recorrer y un gran potencial de crecimiento.

Y como la dicha nunca puede ser completa, cuando parecía que empezábamos a salir de la crisis provocada por el Covid-19 y cuando las amenazas sobre los costes energéticos amenazaban con tasas de inflación que la ralentizaran; llega la invasión de Ucrania por parte de Putin. Una barbaridad en toda regla que nos traerá importantes consecuencias, mucho más allá de lo que representan ambos mercados (ucraniano y ruso) en nuestro comercio vitivinícola.

Estamos habituados (no sé muy bien si cansados) a escuchar que el sector agrícola y ganadero español tiene que trabajar por ser sostenible. Que esta sostenibilidad solo se consigue cuando es posible desarrollarla social, medioambiental y económicamente. Y que, de los muchos sectores agrícolas, posiblemente sea el vitivinícola el que más, o al menos uno de los que más, cumple con esos tres objetivos esenciales.

También sabemos que, para ello, son necesarias ayudas destinadas a la profesionalización y gestión empresarial, pero también económicas, con las que afrontar las inversiones en personal y medios con los que hacerlo posible. Y, aunque, sin duda los habrá que cuestionen la idoneidad de apoyar un cultivo con el que se elabora una bebida alcohólica, se ha demostrado recientemente, con la Resolución del Parlamento Europeo de su Plan de Lucha contra el Cáncer, que todavía queda un pequeño atisbo de respeto a lo que representa el vino en la cultura de nuestros pueblos y su dieta. Así como que su consumo, a diferencia de lo que pudiera suceder con el alcohol procedente de otras bebidas de alta graduación, efectuado con moderación, no tiene porqué ser perjudicial para la salud. Incluso que puede servir para que, en países sin tradición vitivinícola, en los que la tasa de alcohol por habitante y año es muchísimo más elevada que en los tradicionalmente consumidores de vino, se frene su problema de alcoholismo.

Es más que probable que los acuerdos comerciales establecidos entre la Unión Europea y los demás países del mundo impidan el establecimiento de este tipo de ayudas. Incluso que dentro de los programas como el mismo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, no tengan cabida. O hasta que estas medidas deban financiarse con los fondos que nos llegan para los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASV). Hasta es posible que el retorno político de estas políticas lleve a adoptar posiciones mucho más tímidas a la hora de su dotación y gestión de lo que se es en otros sectores.

Tres mil millones, más una inversión pública de otros mil, para todo el sector agroalimentario se antoja claramente una cantidad insuficiente para abordar cambios tan complejos y necesarios como la digitalización, medioambientales, innovación, económicos y sociales en la próxima década. Máxime cuando, desde el propio sector vitivinícola, se han presentado planes sectoriales que exceden esta cuantía.

Los costes energéticos, claramente un problema para nuestras bodegas, apenas contarán con una dotación de 400 millones para la mejora de los procesos de producción que irán destinados a la puesta en marcha de instalaciones de energía renovables o propuestas de diseño de ciclo integral. Para la adaptación digital, entre las que encontramos aquellas ayudas destinadas al desarrollo del comercio electrónico, el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) o el programa para fomentar la creación de cooperativas de datos digitales contará con otros 454’35 M€ y por último 148’56 M€ que completan los mil millones de inversión pública para el apoyo a la innovación y la investigación en la productividad, competitividad, sostenibilidad y calidad.

No por frecuente debiéramos restarle, ni un ápice, de la importancia que tiene el hecho de recuperar el consumo de vino que la pandemia se llevó bruscamente por delante, dando al traste con muchos de los esfuerzos que desde el sector se estaban realizando.

Crecer un 14’2% el consumo aparente interanual en diciembre de este pasado 2021, hasta situarlo en 10’446 millones de hectolitros, frente los 9’149 Mhl del mismo mes del pasado; debiera ser motivo de alegría y suponer un gran revulsivo en nuestro empeño por contar con un consumo per cápita adecuado a una sociedad donde los productos vitivinícolas (no solo vino en todas sus expresiones: blancos, rosados, tinos y espumosos, sino también aromatizados, de aguja, incluso aquellas bebidas elaboradas a base de vino como sangrías o “tinto de verano”) forman parte de nuestra cultura y alimentación, como así ha declarado en reiteradas ocasiones la Fundación de la Dieta Mediterránea.

Poco más de veintidós litros por persona y año (veintisiete si consideramos solo la población mayor de 18 años, que es la que legalmente puede consumir bebidas alcohólicas en nuestro país) es un volumen que se acerca mucho a los 22’6 estimados por la Dirección General Agricultura como consumo per cápita en la UE’27 para la campaña 20/21. Pero que dista mucho del que disfrutan otros países, según los datos que maneja la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) en su boletín de abril del 2021. Donde, para la población mayor de quince años, los otros países con los que compartimos esta Dieta y que, al igual que nosotros, son los primeros productores de vino del mundo; nos doblan. Francia llega hasta los cuarenta y seis litros per cápita, Italia los supera con 46’6 y Portugal ocupa el primer puesto de los países del mundo que produjeron más de dos millones de hectolitros en 2020, con un consumo de 51’9 litros por persona y año.

Mal posicionamiento para un país, el nuestro, que aspira a mejorar la renta de sus viticultores y los resultados de sus bodegas con la revalorización de sus elaborados, en cantidad suficiente para garantizar la rentabilidad mínima, para evitar seguir expulsando del sector a las nuevas generaciones, en el preocupante relevo generacional que debiera producirse en nuestra viticultura. Pero supone, también un gran rayo de esperanza en que esto es posible revertirlo y, si no doblar el consumo y situarnos al mismo nivel que los países con los que nos disputamos los primeros puestos en la producción; sí, al menos, subir al segundo grupo de países, que integrado por Austria, Argentina, Alemania, Suecia y Bélgica; tienen un consumo per cápita por encima de los veintiséis litros y sin llegar a los treinta.

Al fin y al cabo, esto no sería más que hablar de un consumo de catorce millones de hectolitros, algo menos de un tercio de nuestra producción.

Los últimos datos facilitados por el Infovi, correspondientes al mes de noviembre, sitúan la cosecha de uva un 11’6% por debajo de la del pasado año. Un -12’4% en lo referido a la producción de vino (35’863 Mhl) y el -20’2% (4’053 Mhl) a la de mosto. Lo que deja la producción vitivinícola total en 39’916 Mhl, frente los 46’025 del año anterior (-13,3%).

Si en lugar de centrarnos en la producción, lo hacemos en las disponibilidades propias de vino (existencias más producción), nos encontramos que estas son un 6’9% inferiores a las del año anterior (-7% en granel y –5’9% en envasados), con notables diferencias entre tintos y blancos, pues mientras los primeros apenas son un 3’56% menores a las del mismo mes del año anterior, los blancos son un 11’39%, poniendo de manifiesto las grandes diferencias existentes que están produciéndose en esta campaña y que han llevado a que la recuperación de las cotizaciones esté siendo mucho menor en tintos que blancos, llegándose, en algunos casos, a casi igualarse sus precios.

Claro que, si en vez de comparar las existencias de noviembre del 21 con las del 20, lo hacemos con el 19, por aquello de intentar eliminar el efecto pandemia, los datos pueden resultar más elocuentes, ya que mientras las existencias de vinos blancos son prácticamente las mismas (+0’01%), las de los tintos son un 6’13% superiores.

Dicho lo cual y, considerando la alta probabilidad de que en los próximos meses acabe produciéndose también una recuperación en las cotizaciones de los tintos, habría que considerar los posibles efectos que sobre el consumo pudieran tener nuevas olas del Covid-19, las numerosas incógnitas económicas de inflación y crecimiento, o cuál pudiera ser la solución que acaben dándole al conflicto abierto entre Rusia y Estados Unidos–Unión Europea (donde las sanciones económicas parece que serán fuertemente recrudecidas). Lo que acabará acarreando un descenso en el consumo, especialmente el referido al de fuera del de alimentación.

Como si todo esto no fuera suficiente, las lluvias no llegan. Pasan las semanas y los embalses van disminuyendo las reservas hídricas y el campo secando unas tierras que reducen sus reservas limitando importantemente las posibilidades de que la viña se desarrolle con todo su potencial y podamos llegar a la vendimia con una producción cercana a la normalidad.

Cuarenta millones de hectolitros de cosecha (39’916) ¿son muchos o pocos?

Pues, como diría un gallego (si me permiten el tópico), depende. Comparado con el año pasado, cuando se produjeron más de cuarenta y seis millones (46’105), no parecen excesivos. Si tenemos en cuenta que esta cosecha se enmarca dentro de una producción mundial de 247 Mhl, una de las más bajas de la historia, según estimación formulada en octubre por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV); tampoco parece que pudiéramos tener muchas dudas sobre esa apreciación. Y, si considerásemos la estimación realizada por la Dirección General Agri de la Unión Europea, a fecha de hoy, que cifra la cosecha de la Unión Europea en poco menos de ciento cuarenta y ocho (147’693), junto con la del 2017, la más baja de la historia; bien podríamos decir que no tenemos ningún motivo para esgrimir en contra de esa estimación de corta producción.

Pero claro, si atendemos lo que emana del informe final del Comité Especial para Derrotar al Cáncer (BECA) y que señala el consumo de alcohol (sin distinguir procedencia) como un “factor de riesgo” en numerosos tipos de cáncer; apuntando que “no hay nivel seguro de consumo alcohólico” y recomendando “incluir avisos sanitarios en el etiquetado” (a modo de lo que sucede con el tabaco), así como un “incremento en los impuestos”; pues pudiera ser que acabara sobrándonos todo.

Es verdad que esta batalla que surge desde la Dirección General de Salud y Consumidores (“Sanco”) no es nueva. Que estamos hablando del Vino, un producto de nuestra Dieta Mediterránea, que cuenta con numerosos estudios científicos que avalan que su consumo moderado no solo no resulta perjudicial para la salud, siempre y cuando el consumidor no tenga otras afecciones, sino que puede llegar a ser preventivo en algunas afecciones cardiovasculares.

También es cierto que se ha conseguido moderar la propuesta de la ponente principal y que todavía restan muchas discusiones, por lo que es posible conseguir que, durante este tiempo, se consiga distinguir en la catalogación del consumo de alcohol según su procedencia o graduación.

Pero el mero hecho de que esta esté resultando una discusión recurrente, que algunos miembros del comité consideren que el simple hecho de que no se mencione expresamente al vino, ya es un paso positivo, o que no se descarte la posibilidad de utilizar el etiquetado inteligente, mediante un código QR, para estos avisos. Incluso que el propio compromiso del Sr. Ryan, responsable de esta Dirección, de reducir el consumo de alcohol en la UE un 10% antes del 2025. Son antecedentes que debieran concienciar al sector vitivinícola de las graves consecuencias que pudiera tener sobre el consumo este asunto y lo importante que resulta luchar ahora, que todavía se está a tiempo, por conseguir que se distinga a las bebidas de baja graduación (sidra, cerveza y vino) dentro de esta política.

Llevamos décadas trabajando por financiar estudios, a través de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN) o la de la Dieta Mediterránea (FDM), que investiguen los efectos que el consumo moderado de vino tiene sobre la salud. Apostando por una política decidida de autocontrol mediante el programa Wine in Moderation. Creemos en la educación y fomento de la Cultura como herramienta con la que hacerle frente al consumo de borrachera. Y nada de todo esto parece ser suficiente para saciar las aspiraciones de unos políticos que parecen atender más a la cesta de votos que a las verdaderas consecuencias del consumo de vino sobre la salud.

A pesar de todas las malas noticias que nos inundan, hoy podemos decir que el sector vitivinícola consolida la senda alcista y, aunque lejos de máximos históricos (11’088 Mhl), es posible asegurar que el trabajo hecho antes de la pandemia, a través de su Interprofesional, en la recuperación del consumo interno de vino en España estuvo bien hecho y sus resultados fueron sólidos.

Es cierto que, cuando hablamos de mercado y consumo, toda prudencia sobre lo que puede suceder en un futuro inmediato es poca. El análisis mes a mes de las cifras puede conducirnos a falsas esperanzas (o profundas depresiones) con datos que hubiera sido mejor tomar con más cautela de la que provoca la ansiedad por ver la luz al final de túnel, que suele acompañarnos. De ahí que analizar la información con un poco de perspectiva, más cuando las circunstancias generales que nos rodean son tan excepcionales e imprevisibles, resulte fundamental.

Sin entrar en muchas disquisiciones sobre conceptos estadísticos, es posible decir que el consumo de vino en nuestro país se recupera. Que lo hace a un buen ritmo y que confiar en estar en los niveles prepandémicos, máximo de la serie histórica desde que existe la información mensual del Infovi, en seis meses; no es una utopía.

Gracias a estos datos, hoy es posible estimar con gran exactitud un consumo aparente que, calculado por diferencia entre entradas y salidas, resulta bastante fiable. Sin duda mucho más que el proporcionado por el panel de consumo del Ministerio que, además de ir con un gran retraso, es parcial, al estar referido solo al de canal de alimentación.

Diez millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y seis hectolitros sigue siendo una cifra que, comparada con la producción de este mismo año: 35’863 Mhl de vino y 0’472 Mhl de mosto, resulta ridícula e impropia de un país de la tradición vitivinícola de España. Y sigue siendo un importante problema sectorial a resolver, si queremos mantener la aspiración de valorizar nuestros elaborados. Pero es un gran paso hacia adelante.

Las campañas desarrolladas por la OIVE pueden gustarnos más o menos. Podemos elaborar cualquier tipo de elucubraciones sobre cuáles hubiesen sido los resultados de haberse hecho de otra manera. Pero lo realmente cierto es que lo único medible es lo que se ha hecho, que las cifras avalaban el éxito de recuperar el consumo y, lo más importante, cuando se han relajado las restricciones a la hostelería impuestas por la pandemia, sus cifras se han mostrado favorables.

Vivimos tiempos convulsos, las noticias tienen un marcado carácter negativo y los índices manejados para las previsiones económicas nos abocan hacia un escenario dantesco. Importantes subidas generalizadas en los precios amenazan con poner en peligro la estabilidad necesaria sobre la que se soporta cualquier recuperación económica y la credibilidad de nuestros políticos cotiza bajo mínimos. Y, a pesar de ello, es posible que el sector vitivinícola salga fortalecido y dé un paso al frente en su objetivo de mejorar la valorización de sus productos.

Sin caer en la trampa de confundir realidades con percepciones, hay que reconocer que la relación calidad/precio de nuestros vinos está muy por encima de los de cualquier otros del mundo. Pero, no es menos cierto que ofrecemos vinos baratos porque no somos capaces de venderlos con la fluidez necesaria a precios más altos.

La concienciación colectiva del sector, las necesidades de ir hacia una vitivinicultura más profesionalizada con criterios empresariales en su toma de decisiones y la globalización de los mercados, en un entorno de fuerte reducción de la oferta, consecuencia de una cosecha de las más bajas de la historia en la Unión Europea y estabilidad en la demanda con unos niveles de consumo mundial que se mantienen, a pesar de pandemias y restricciones; justifican la esperanza de los muchos que confían en ver aumentar los precios de sus vinos en las próximas semanas, una vez recuperada la actividad comercial, superadas las fiestas navideñas.

Razón necesaria, aunque no suficiente, para que ese aumento de precios en origen se produjera. Pero, que, afortunada o desafortunadamente (no sé muy bien cómo calificarlo), tiene una circunstancia a su favor para que así suceda. El gran aumento que llevan soportando las bodegas en los costes de elaboración, especialmente los referidos a los suministros (electricidad, gas y combustibles), insumos (productos enológicos, cierres, envases, cápsulas, etiquetas, cartonajes…) y logísticos. Sin que el problema haya acabado en ese aumento de precios, sino que, además amenaza con trasladarse también a un retraso en el suministro o, incluso, llegar a impedirlo para aquellos formatos o tamaños más especiales. Ello hace muy complicado poder pensar en los meses de febrero o marzo sin que veamos un incremento en los precios de los vinos en los distribuidores, que tendrán su lógico traslado en los de los supermercados y restaurantes. Subidas que, todo apunta a que, dada la magnitud que pudieran suponer, deban ser fraccionadas a lo largo del año en diferentes etapas.

Esto, que podría ser una excelente revelación, pues nuestros vinos siguen siendo (más que con buena relación calidad/precio) baratos, es una pésima noticia, pues nos enfrentaremos a una renta disponible menor en nuestros clientes y con la necesidad de dedicar una mayor parte de sus ingresos a cubrir las necesidades básicas, entre las que, desde luego, que no se encuentra el beber vino.

Y, a pesar de todo, tengo el firme convencimiento de que nos enfrentamos a buenos meses, con subidas en los precios en origen de nuestros vinos, datos de exportación creciendo y marcando récords y una clara tendencia en la recuperación del consumo interno. La buena labor de nuestros bodegueros, aderezada por un producto de calidad que es posible adquirir a un bajo precio y el escaso peso que tiene en la cesta de la compra. Junto con algunos aspectos psicológicos, marcados por el largo periodo de restricciones y la necesidad, como seres humanos, de tener la sensación de recuperar una parte de esa libertad perdida, debieran ayudarnos.

Entre olas, cifras récord de contagios, subidas de precios, anuncio de revisiones al alza de los impuestos, los costes de la energía que se mantienen desbocados y los avisos del Banco Central Europeo de empezar a retirar los estímulos a los países del Euro en su política de enfriamiento de la economía… Las perspectivas para el recién iniciado 2022 no pueden ser peores. ¿O sí?

Porque podría darse que la paralización que lleva produciéndose en el mercado vinícola español se prolongara más allá de estas primeras semanas de año y la, tan ansiada, recuperación de la actividad y subida de los precios no acabara de llegar. Provocando una invasión de pesimismo que llevara a algunos operadores a ponerse nerviosos, comenzando con una peligrosa espiral de ventas a pérdidas que haría mucho más complicada la recuperación anunciada al inicio de la campaña, como consecuencia de la fuerte reducción de la cosecha a nivel europeo.

Pero, como es difícil que esto suceda, que la actividad comercial no aumente en número, volumen y precio, una vez superado este impasse que son siempre, las fiestas navideñas. Al menos esa es la idea que manejan las cooperativas vitivinícolas de Francia, Italia y España, aunque también se muestran muy preocupadas por los fuertes incrementos en los precios, ya se trate de los propios insumos (fertilizantes, fitosanitarios…), medios de producción (electricidad, vidrio, cartonajes, cierres, logísticos…) o los propios sueldos, con especial incidencia del salario mínimo interprofesional. Amenazando la estabilidad que todo mercado requiere para un buen funcionamiento y un correcto crecimiento.

Vamos a centrarnos en las modificaciones estructurales que se presentan y comencemos por destacar la publicación, el pasado 28 de diciembre de las resoluciones del Ministerio de Agricultura por las que se autoriza el mínimo legalmente establecido del 0,1% (946 hectáreas) de nueva superficie de viñedo para España en 2022. Excepción hecha de la D.O.Ca. Rioja, que se limita 0,1 ha y la prohibición de la conversión de derechos de plantación en autorizaciones. Similar situación al de las DD.OO. Cava y Rueda. Cien hectáreas en el caso de Ribera del Duero, donde sí se podrán convertir derechos de plantación y autorizar replantaciones; o dos y quince respectivamente para las DD.OO. Bizkaiko Txakolina y Getariako Txakolina.