Sanidad vuelve al ataque y Agricultura se pone la venda

Con unas existencias finales a 31 de diciembre en España de 47.009.062 de hectolitros de vino y 6.007.197 de mosto, según se desprende del Infovi (un 2,9% menos que el año pasado en vino y un 16,9% más en mosto), el Ministerio de Agricultura ha decidido, a instancia de algunas Comunidades Autónomas, activar la cosecha en verde por tercer ejercicio consecutivo, dotándola de 19,2 millones de euros. Una medida bajo la que se pretender “mejorar la situación del sector” y disminuir las “elevadas existencias” en prevención de una elevada cosecha 2025 que pudiera ocasionar problemas de almacenamiento.

Medida que, a tenor de tener que ser aplicada una campaña más (y ya serán tres consecutivas), no parece que haya tenido los efectos deseados sobre el mercado y la reducción de existencias. Pero que, además están por debajo de los 48.408.947 hl de vino al cierre de 2023, 54.791.795 hl con los que acabamos el 22, los 55.092.907 del 21 o los 58.843.290 del 20.

No ha sucedido lo mismo con los mostos, cuyo mercado está funcionando mucho mejor, como así lo demuestran los datos de exportación del 2024, que alcanzaron una cifra de 6.461.279 hl (24,3%) con respecto a los 5.199.735 de 2023 o los 5.210.360 del 22. Y cuyas existencias, en cambio han aumentado, consecuencia, precisamente, de esta buena marcha del mercado que ha llevado a muchas bodegas a desviar parte de su producción a este producto vitivinícola en lugar de vinificarlo.

Claro que si (como todo parece indicar) acaba siendo aprobado el documento presentado por el Ministerio de Sanidad “Buenas prácticas en las relaciones de la Administración pública con la industria de las bebidas alcohólicas” en el que se reemplazaría la mención “consumo excesivo de alcohol” por el de “consumo de alcohol”; se prohibiría las menciones de “consumo moderado” y “consumo responsable”; y se excluiría al sector vitivinícola de la interlocución y colaboración con las Administraciones Públicas en temas relacionados con el consumo abusivo de alcohol. Amén de abogarse por que se elimine el servicio de vino en cualquier evento organizado por la Administración…

Igual no deberían haber dotado con 19,2 M€ a la cosecha en verde, sino haber destinado los doscientos millones de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) española al arranque de una viña cuya producción están haciendo lo imposible por cargarse.

¡¡¡Calla!!! Que, a lo mejor, lo que pretende la Ministra de Sanidad es que le vendamos a Trump el vino que no quiere que consumamos porque es perjudicial para nuestra salud.

Mucha incertidumbre para un sector en crisis

Si bien no hay nada que permita asegurar que el sector del vino será uno de los más perjudicados en esta guerra arancelaria que nos ha declarado el presidente Trump. No son pocos los que opinan que de esta no nos libramos, aunque que sus consecuencias, según sea uno u otro el modelo de aranceles que nos acabe imponiendo, no tienen por qué ser, necesariamente, perjudiciales para nuestros vinos.

Si su aplicación es discrecional y acaba imponiendo a unos países y a unos tipos de vinos, sí, y a otros no, las posibilidades de que nos salga la cara de la moneda se antojan bastante escasas. Si, por el contrario, se aplican de manera uniforme a todos los vinos de procedencia UE y a todos los tipos de vinos, sea cuál sea su graduación alcohólica, la cosa puede ser hasta beneficiosa. Pues a menor precio, menor impuesto y, consecuentemente, seríamos más competitivos.

De momento, lo que sí se está notando es un aumento considerable de la actividad exportadora, pues son muchos los importadores estadounidenses que, ante la amenaza más o menos segura de que acabará imponiéndolos, han optado por acaparar producto con el que hacer frente a la primera envestida de su aplicación. Medida que, como ya sucediera con el Brexit, de nada sirve a largo plazo, pero que permite disponer de un cierto tiempo en el que poder negociar con la distribución la cuantía y tiempo en el que acabar repercutiendo la subida.

Todo ello, claro está, partiendo de la base de que el consumo de vino, hablando de forma global, en el que es el primer país del mundo en consumo, no se vea afectado y derivado hacia otras bebidas. A lo que, salvado el primer asalto, confían hacer frente con ese apalancamiento de producto, para evitar que se produzca.

Un problema más a añadir a la crisis del sector que venimos padeciendo de forma más o menos crónica y a la que nadie parece encontrarle solución.

El propio comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen, recién aterrizado en el puesto, como el resto de Comisión Europea, parece no tener muy claro ni el escenario en el que tendrá que desenvolverse en los próximos meses y años, ni las medidas con las que cuenta para hacerlo. Así al menos se podría desprender de su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, donde las ideas sobre cuál iba a ser su “hoja de ruta” fueron muy poco más allá del reconocimiento de que nos enfrentamos a una crisis de demanda y exportaciones y que debemos actuar con rapidez.

Señaló, y eso me parece muy relevante, que sus propuestas serán extraordinarias ya que no se incluirían en la revisión en marcha de la OCM del sector, tal y como había solicitado el sector a través de su Grupo de Alto Nivel. Generando cierta preocupación el hecho de que las soluciones que haya dejado ver no se encuentren dentro de las medidas actuales con las que cuenta el sector.

Estabilidad y tranquilidad, dos de los requisitos imprescindibles para abordar con éxito una crisis y que el sector vitivinícola europeo no parece encontrar. Con problemas de gran envergadura a los que hacer frente de manera inmediata que, previsiblemente, requerirán de mucha atención y abultadas partidas presupuestarias.

Un futuro alentador mejorando la “imagen país”

Posiblemente se trate más de una ilusión que de una realidad, pero tengo la profunda sensación de que las cosas en este sector no están tan mal como nos las estamos pintando. A pesar de Trump.

Y digo, estamos, que ahí es donde radica la gravedad del asunto, pues somos nosotros mismos los que nos estamos fustigando con las amenazas que penden sobre nuestro sector. Planteando los problemas (que los hay y no se puede mirar hacia otro lado) como cuestiones insalvables y vaticinando consecuencias catastróficas.

Negar estas amenazas, fundamentalmente aquellas derivadas del contenido alcohólico de nuestra producción y los “esfuerzos” de las administraciones en reducir su consumo. Pero sin olvidarnos de las emanadas del Cambio Climático y los efectos que sobre los viñedos (y los vinos) está teniendo, con largos períodos de sequía que llegan a poner en peligro la propia supervivencia de la planta, llevándonos a cosechas erráticas e históricamente bajas. O las nacidas de políticas proteccionistas, que amenazan con la imposición de aranceles en el primer país del mundo por consumo, en el que las bodegas españolas llevan años, muchos años, luchando por abrirse un hueco.

Negar todo esto no sólo no sería serio, sino incluso irresponsable y necio. Ya que no se puede luchar contra lo que se ignora. Pero de ahí, a rendirnos y mirar al futuro con resignación y voluntad de asumir como insuperables estos retos, y alguno más que me he dejado por no extenderme demasiado, sencillamente no resulta aceptable. Sabemos que el vino seguirá produciéndose y consumiéndose, por lo que habrá mercado, y nosotros tenemos que luchar por mejorar el puesto que ocupamos en este tablero globalizado.

Aunque somos conscientes, con total seguridad, de que la falta de relevo generacional no es un problema que nos afecte sólo a nosotros y que en ello tienen mucho que ver cambios culturales y sociales poco o nada vinculados con el sector vitivinícola, tampoco podemos darle la espalda a este fenómeno. Debemos asumir que, detrás de esta falta de voluntad por seguir con la actividad vitivinícola que desarrollaron padres y abuelos, se esconde una falta de rentabilidad económica que lo dificulta mucho.

La concienciación cada vez más extendida de que también el sector primario debe guiarse por criterios económicos que hagan lucrativa la actividad y permitan vivir de forma digna de su trabajo está en el fondo de este problema y pesa mucho más que sequías, reducciones de consumo o barreras arancelarias.

Hasta ahora, todas las iniciativas que se han adoptado para solucionar este problema han resultado infructuosas y sus consecuencias, en forma de abandono del cultivo, están siendo nefastas para el sector, el medio ambiente y la despoblación de las zonas rurales. Las tres patas que sustentan la Política Agraria Común baja el término de sostenibilidad.

Los márgenes de los grandes volúmenes de nuestra producción no permiten muchos incrementos, es cierto. Pero no lo es menos que, con esta política de precios bajos, lo único que estamos haciendo es empobrecer nuestras producciones, perder patrimonio vitícola de calidad y renunciar a la valorización de nuestros productos.

Se hace necesario mejorar la “imagen país”, y eso sólo lo puede hacer el país.