Ya nos hemos referido a los datos de Agroseguro en alguna otra ocasión para justificar lo sucedido con la cosecha. Una vendimia que, a priori se presentaba buena, a pesar de las incidencias primaverales y que ha debido acabar a toda prisa y con un gran trabajo de selección por asegurar la calidad.

Un buen dato para cuantificar los daños ocasionados por estas inclemencias podría ser el importe de las indemnizaciones que estima la entidad aseguradora abonará en este año, superará los 110 millones y que corresponden a 221.977 hectáreas con algún tipo de siniestro, cerca de un cuarto de la superficie de uva de transformación y sobre la que hay que considerar que no todos los viticultores tienen suscrita la póliza.

Una campaña, de enero a septiembre, que se ha visto marcada por las graves heladas durante abril y mayo en Castilla y León, Castilla-La Mancha y valle del Ebro. Además, las tormentas de pedrisco se dejaron sentir durante todo el verano en todas las zonas productoras del centro e interior peninsular, valle del Ebro y área mediterránea. En el viñedo de secano, la falta de precipitaciones y los golpes de calor incidieron en aquellas áreas que ya registraban déficit hídrico desde el invierno, especialmente en Cataluña.

Si bien es de destacar que, por perjudiciales que pudieran resultar, en algunos casos, las últimas lluvias, han sido recibidas con los brazos abiertos por unos viticultores que ya sufrieron el año pasado los efectos de una sequía que no permitió desarrollarse a la viña, afectando gravemente a su capacidad de producción y que ponía en serio riesgo de supervivencia a la planta.

Bajo este panorama las expectativas que se presentan para la campaña 24/25 son muy buenas, manteniendo intacta la esperanza de volver a una cierta normalidad en la producción.

Consecuencia de esta anormalidad en la producción y los bajos precios de los vinos y que ha tenido su reflejo en los de las uvas de la campaña 24/25, el potencial vitícola español se redujo en 9.208 hectáreas, quedando fijado a 31 de julio en 951.965 ha de las 913.695 se encuentran plantadas en derechos no ejecutados.

Así como los bajos precios en el valor bruto de la producción, que bajó un 18% hasta situarse en 1.151,7 M€ en 2023, según el último avance de las Cuentas Económicas del Sector Agrario (CEA) del Ministerio de Agricultura, publicado en este mes de octubre; devolviéndonos a cifras de 2016. Estimando un valor de 525,12 millones, un 45,6% del total, con un descenso del 26,2% y de 186,5 millones sobre el dato de 2022 (711,6 M€) para el vino sin indicación (mesa), mientras que el valor del vino de calidad es de 626,55 millones de euros, un 54,4% del total, con un recorte del 9,32% y de 64,4 millones sobre el dato de 2022 (690,95 M€).

Bajo este panorama, al que podríamos añadir las numerosas comunidades autónomas que han puesto en marcha mecanismos para la eliminación de producción, ya sea mediante una destilación o la cosecha en verde; no puede sorprendernos que algunas organizaciones agrarias defiendan, en contra de la postura mantenida por el ministro Planas, la recuperación de la prima de arranque ante la seguridad de que algunos de sus viticultores opten por el abandono definitivo de su actividad. Así como que reclamen a una ordenación de las medidas aplicadas (reestructuración, promoción e inversión) en aras a afrontar los retos del futuro.

Resulta bastante evidente que el sector requiere de acciones que vayan encaminadas a frenar la sangría en el consumo, única y verdadera razón de los problemas de rentabilidad que está sufriendo el sector vitivinícola mundial y del que derivan otros, no menos importantes, pero colaterales, como el relevo generacional, la lucha contra la implantación de parques fotovoltaicos, o la propia supervivencia de una parte importante del patrimonio vitícola.

La presentación de la Declaración VITÆVINO, un documento que busca unir a la amplia comunidad vitivinícola europea y a los consumidores, buscando disfrutar del vino con moderación y reivindicando y perseverando en la cultura del vino, contó con la participación de políticos de la mayoría de nuestro arco parlamentario.

En ella se defiende el vino como algo más que un alimento: como un símbolo de convivencia y disfrute compartido, con una cultura milenaria y un papel determinante en la configuración de nuestra historia, nuestra economía, nuestros territorios y comunidades rurales.

Con tres objetivos primordiales: proteger el papel del vino como parte inherente de la cultura, la historia y la gastronomía en Europa y su patrimonio cultural; valorar y reconocer su impacto socioeconómico; y darle voz a la moderación y a aquellos que lo disfrutan de manera responsable en todo el mundo, evitando el abuso y los excesos, en el contexto de un estilo de vida saludable y equilibrado y a través del disfrute compartido del vino en las comidas con amigos y familia.

Sin duda, planteamiento que compartimos y asumimos todos los que nos relacionamos con el sector, pero que ya no tengo tan claro que podamos hacer extensivo a la mayoría de la población, llevada por algunos de esos “otros” políticos que se empeñan en demonizar al vino, ignorando todo su acervo cultural.

Afortunadamente, el máximo representante sectorial, el ministro de agricultura, Luis Planas, se lo cree y lo defiende. Como así lo hizo en días pasados, descartando que España vaya a optar por el arranque de viñedo, como ha hecho Francia, dando respuesta al descenso del consumo mundial de vino, en la reunión de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Aunque reconociera que “el que manda es el consumidor, y si el consumidor se inclina hacia un lado, los productores tienen que inclinarse hacia esa misma orientación”. Debiendo asumir su responsabilidad a la hora de dar respuestas a los cambios de la demanda de las generaciones más jóvenes hacia vinos con menor contenido alcohólico, blancos y espumosos, así como vinos desalcoholizados.