Resulta muy complicado saber en qué concretamente van a acabar las protestas de los ganaderos y agricultores comunitarios. Pero, casi podríamos asegurar que tendrán consecuencias sobre la Política Agraria Común (PAC), los mercados y la competitividad de nuestros productos.
Cuándo veremos concretadas estas consecuencias y plasmadas en un reglamento, no resulta tan sencillo de discernir. Aunque, también podríamos asegurar que no será muy tarde.
Tratarse de un asunto que afecta a un sector “fundacional” de la Unión Europea. El hecho de que haya unas elecciones a la vuelta de la esquina (junio de este año). Las presiones a las que algunos de los “pesos pesados” han sometido a la Comisión, con las declaraciones realizadas por su presidenta, Úrsula von der Leyen. Y, lo que en mi opinión es todavía más importante, que las competencias en este asunto estén cedidas a la Unión Europea y estemos hablando de un mercado común, con apenas pequeños matices en los 27 países, más fruto de justificar presiones que de verdaderas diferencias. Son argumentos que juegan a favor de pensar en un el corto plazo.
Los principales cambios parece que irán por una simplificación de la burocracia; una relajación de la política medioambiental en apoyo de la económica y social con la modificación del Pacto Verde Europeo; un mayor control en la aplicación de la legislación que protege a los productores frente la comercialización; y la implantación de las “clausulas espejo” en los acuerdos comerciales con otros países, principalmente.
Y en el sector vitivinícola, ¿cuál será su efecto?
En el ámbito medioambiental, una relajación en la política de uso de determinadas materias activas o prácticas agrarias. En el burocrático, la unificación de declaraciones y una cierta relajación administrativa en la gestión de las ayudas.
Aunque, será en el ámbito económico donde más relevantes podrían acabar resultando los efectos de esta rebelión emprendida por un sector que no se está jugando una mayor o menor rentabilidad, sino su propia supervivencia.
Son muchos los casos, en prácticamente todas las regiones españolas, en los que, con los precios que se están pagando las uvas, resulta insostenible mantener la actividad. Formar correctamente la cadena de valor, naciendo del viñedo hasta llegar al consumidor, requiere de una aplicación correcta de la Ley de la Cadena Alimentaria, tanto en los plazos de pago, como en la prohibición de venta por debajo de los costes de producción.
Pero, para ello, es imprescindible que no se produzcan fraudes con falsas declaraciones, como las que denuncian a las que son sometidos por la gran distribución.
Estrechar la vigilancia de su cumplimiento muy posiblemente lleve su tiempo, pero es posible y fundamental si queremos seguir teniendo viticultores. Posiblemente, esto nos lleve a los consumidores a tener que pagar un poco más por una botella de vino. Como a mermar la competitividad de nuestros vinos en los mercados internacionales.
Pero es que la alternativa a esto es el abandono del cultivo, la desertificación y extender la España vaciada.
Si podemos soportar tensiones inflacionistas por cuestiones que nada tienen que ver con el sector, creo que podemos (pero, especialmente, debemos) hacerlo ahora por la supervivencia de nuestros viticultores.