¿Es posible una transición ecológica como la planteada por la Política Agraria Común?
Muy posiblemente, ésta sea la pregunta que todos debamos hacernos en estos momentos en los que las organizaciones agrarias y pesqueras, a las que pretendían unirse, sin éxito, los transportistas; están manifestando a las claras su descontento y malestar.
La respuesta por parte de los colectivos, parece clara: Un no rotundo.
La de la Comisión Europea, como siempre, tibia. Como la del resto Administraciones españolas involucradas que responden en función de cuáles sean sus competencias. En aquellos temas que escapan directamente a su capacidad de negociación: apoyo incuestionable a las demandas de los colectivos reclamantes. En aquellas otras cuestiones en las que tienen capacidad de hacer algo: sólo buenas palabras y toda la predisposición a realizar cambios en su ámbito competencial.
La realidad, mucho más terca que las palabras, viene a poner de manifiesto que una política sostenible medioambientalmente cuesta mucho dinero. Mucho más que el que puede poner la Comisión Europea en estos momentos de graves conflictos políticos de defensa y de evidencias sobre los efectos que la política de traslación de la producción allende el territorio comunitario ha tenido sobre nuestro tejido primario.
Que las condiciones de producción de los 27 Estados Miembros difieren mucho unas de otras, con climas variopintos que modifican mucho el uso de fitosanitarios o fertilizantes, pero que condicionan claramente los costes de producción, poniendo en entredicho la famosa cadena de valor. Situándonos en una clara posición de desventaja competitiva frente otros países con los que debemos establecer convenios de colaboración en aras a intereses que van más allá de los estrictamente agrícolas, ganaderos o pesqueros. Es una certeza que no pasa desapercibida para nadie, pero que nadie, tampoco, quiere asumir.
El sector primario necesita del medioambiente para su subsistencia. Los productores agroalimentarios son, por consiguiente, los primeros interesados en cuidarlo. Pero en condiciones de competitividad que les permita la rentabilidad económica mínimamente exigible.
Apostamos por un futuro con productos más revalorizados, reparto equilibrado en toda la cadena de valor y mayor competitividad en los mercados. Y destinamos importantes recursos (aunque resulten claramente insuficientes) a ello. Pero, para alcanzar el objetivo de sostenibilidad que impera en la PAC, aumentamos los requisitos a cumplir por los agricultores para acceder a las ayudas. Sin embargo, no implantamos medidas voluntarias, asumibles económicamente y desacopladas que tengan un objetivo estrictamente medioambiental.