Resulta muy complicado saber en qué concretamente van a acabar las protestas de los ganaderos y agricultores comunitarios. Pero, casi podríamos asegurar que tendrán consecuencias sobre la Política Agraria Común (PAC), los mercados y la competitividad de nuestros productos.

Cuándo veremos concretadas estas consecuencias y plasmadas en un reglamento, no resulta tan sencillo de discernir. Aunque, también podríamos asegurar que no será muy tarde.

Tratarse de un asunto que afecta a un sector “fundacional” de la Unión Europea. El hecho de que haya unas elecciones a la vuelta de la esquina (junio de este año). Las presiones a las que algunos de los “pesos pesados” han sometido a la Comisión, con las declaraciones realizadas por su presidenta, Úrsula von der Leyen. Y, lo que en mi opinión es todavía más importante, que las competencias en este asunto estén cedidas a la Unión Europea y estemos hablando de un mercado común, con apenas pequeños matices en los 27 países, más fruto de justificar presiones que de verdaderas diferencias. Son argumentos que juegan a favor de pensar en un el corto plazo.

Los principales cambios parece que irán por una simplificación de la burocracia; una relajación de la política medioambiental en apoyo de la económica y social con la modificación del Pacto Verde Europeo; un mayor control en la aplicación de la legislación que protege a los productores frente la comercialización; y la implantación de las “clausulas espejo” en los acuerdos comerciales con otros países, principalmente.

Y en el sector vitivinícola, ¿cuál será su efecto?

En el ámbito medioambiental, una relajación en la política de uso de determinadas materias activas o prácticas agrarias. En el burocrático, la unificación de declaraciones y una cierta relajación administrativa en la gestión de las ayudas.

Aunque, será en el ámbito económico donde más relevantes podrían acabar resultando los efectos de esta rebelión emprendida por un sector que no se está jugando una mayor o menor rentabilidad, sino su propia supervivencia.

Son muchos los casos, en prácticamente todas las regiones españolas, en los que, con los precios que se están pagando las uvas, resulta insostenible mantener la actividad. Formar correctamente la cadena de valor, naciendo del viñedo hasta llegar al consumidor, requiere de una aplicación correcta de la Ley de la Cadena Alimentaria, tanto en los plazos de pago, como en la prohibición de venta por debajo de los costes de producción.

Pero, para ello, es imprescindible que no se produzcan fraudes con falsas declaraciones, como las que denuncian a las que son sometidos por la gran distribución.

Estrechar la vigilancia de su cumplimiento muy posiblemente lleve su tiempo, pero es posible y fundamental si queremos seguir teniendo viticultores. Posiblemente, esto nos lleve a los consumidores a tener que pagar un poco más por una botella de vino. Como a mermar la competitividad de nuestros vinos en los mercados internacionales.

Pero es que la alternativa a esto es el abandono del cultivo, la desertificación y extender la España vaciada.

Si podemos soportar tensiones inflacionistas por cuestiones que nada tienen que ver con el sector, creo que podemos (pero, especialmente, debemos) hacerlo ahora por la supervivencia de nuestros viticultores.

¿Es posible una transición ecológica como la planteada por la Política Agraria Común?

Muy posiblemente, ésta sea la pregunta que todos debamos hacernos en estos momentos en los que las organizaciones agrarias y pesqueras, a las que pretendían unirse, sin éxito, los transportistas; están manifestando a las claras su descontento y malestar.

La respuesta por parte de los colectivos, parece clara: Un no rotundo.

La de la Comisión Europea, como siempre, tibia. Como la del resto Administraciones españolas involucradas que responden en función de cuáles sean sus competencias. En aquellos temas que escapan directamente a su capacidad de negociación: apoyo incuestionable a las demandas de los colectivos reclamantes. En aquellas otras cuestiones en las que tienen capacidad de hacer algo: sólo buenas palabras y toda la predisposición a realizar cambios en su ámbito competencial.

La realidad, mucho más terca que las palabras, viene a poner de manifiesto que una política sostenible medioambientalmente cuesta mucho dinero. Mucho más que el que puede poner la Comisión Europea en estos momentos de graves conflictos políticos de defensa y de evidencias sobre los efectos que la política de traslación de la producción allende el territorio comunitario ha tenido sobre nuestro tejido primario.

Que las condiciones de producción de los 27 Estados Miembros difieren mucho unas de otras, con climas variopintos que modifican mucho el uso de fitosanitarios o fertilizantes, pero que condicionan claramente los costes de producción, poniendo en entredicho la famosa cadena de valor. Situándonos en una clara posición de desventaja competitiva frente otros países con los que debemos establecer convenios de colaboración en aras a intereses que van más allá de los estrictamente agrícolas, ganaderos o pesqueros. Es una certeza que no pasa desapercibida para nadie, pero que nadie, tampoco, quiere asumir.

El sector primario necesita del medioambiente para su subsistencia. Los productores agroalimentarios son, por consiguiente, los primeros interesados en cuidarlo. Pero en condiciones de competitividad que les permita la rentabilidad económica mínimamente exigible.

Apostamos por un futuro con productos más revalorizados, reparto equilibrado en toda la cadena de valor y mayor competitividad en los mercados. Y destinamos importantes recursos (aunque resulten claramente insuficientes) a ello. Pero, para alcanzar el objetivo de sostenibilidad que impera en la PAC, aumentamos los requisitos a cumplir por los agricultores para acceder a las ayudas. Sin embargo, no implantamos medidas voluntarias, asumibles económicamente y desacopladas que tengan un objetivo estrictamente medioambiental.

Después de la confusión (o perplejidad) que pudiese haber generado la publicación del avance de producción del Ministerio de Agricultura de vino y mosto del mes de noviembre, retirada de su web pocos días después (seguramente por alguna cuestión informática). Los datos del Infovi del mes de diciembre confirman una producción de 28.271.709 hl de vino y 3.678.229 de mosto. Un total de 31.949.938 que supone un 21,2% menos que la ya paupérrima cosecha 2022 que fuera de 40.555.007 Mhl. Con especial incidencia en los vinos tintos que disminuyen un 24’8% frente el 17’7% en el que lo hacen los blancos, o 22’8% de los mostos.

También se mantiene estabilizado el consumo aparente interanual que se sitúa en los 9.637.147 hl, un 0’5% superior a los 9.590.017 del registramos hace un año, pero (ojo) 66.341 hl menos del que tuvimos en el interanual del mes de noviembre. Así como nuestras exportaciones que, en dato, también interanual, pierden apenas doscientos mil hectolitros con respecto al del año anterior y se mantienen en el entorno de los veintiún millones, con una ligera recuperación +1’4% de nuestro principal mercado, la Unión Europea; y unos terceros países (-7’3%) que no acaban de recuperar consumo.

Quizá sea esta fragilidad con la que se está comportando el consumo, en todas sus vertientes (interno, UE y terceros países), junto con los graves problemas de producción a los que nos estamos enfrentando, en algunas zonas, como consecuencia de la profunda sequía. O los bajos precios y una producción con apenas margen; vender por debajo de coste sería ilegal y, por lo tanto, no debería producirse. Aunque no faltan voces que denuncian presiones por parte de algunos bodegueros (sin citar) que les obligan a firmar unos costes inferiores a los que realmente han soportado; y que, lógicamente tendremos que poner en duda ante lo grave que sería. Pero que vendría a incidir sobre la cuestión de actualidad que se refiere a las protestas que están llevándose a cabo durante estos días y que empezaron en Francia, pero rápidamente fueron extendiéndose a toda Europa, también en España y que no sólo cuestionan la enorme burocracia a la que son sometidos los productores, sino también la incapacidad de vender sus productos a unos precios que garanticen una rentabilidad mínima de su actividad y su relevo generacional.

Luego, si quieren, entramos al detalle y analizamos si la denuncia de competencia desleal, niveles de exigencia desiguales en la Unión Europea, o los actos vandálicos de vaciado de cisternas que han acompañado las protestas son de recibo o fruto de la sobreactuación que toda manifestación de este tipo requiere.

Pero lo bien cierto es que el sector agrícola y ganadero lleva mucho tiempo denunciando que su viabilidad hace aguas por todos los lados y que la Unión Europea con su Política Agraria Común, pero también la comercial o de exteriores… les deja en una posición de futuro muy delicada.

Bajo este lúgubre panorama, agravado por una extensión de la caída del consumo a nivel mundial, no es de extrañar que la propia Confederación de Cooperativas Agro-alimentarias de España y las principales organizaciones agrarias hayan solicitado al Ministerio una mayor flexibilidad a la hora de aplicar las ayudas del ISV. E, incluso, algunas asociaciones, como las Bodegas Familiares de Rioja, hayan ido un paso más allá, proponiendo un arranque primado para el viñedo de la D.O.Ca. Rioja.

Cuando ya parecía una realidad incuestionable que la cosecha 2023 de vino y mosto en España iba a situarse en el entorno de treinta y dos millones de hectolitros, muy por detrás de los treinta y nueve (39’645 Mhl) inicialmente previstos por el Ministerio en su avance del mes de junio. Sensación que venía avalada por las constantes rebajas que reflejan los diferentes avances del propio Ministerio y acorde a los realizados por otras organizaciones de productores en los meses siguientes; hasta llegar a las declaraciones ampliadas del Infovi correspondientes al mes de noviembre (que concretaba la cosecha en 31’915 Mhl, de vino en 28’237 millones de hectolitros mientras que la de mosto la dejaba en 3’678). El MAPA cambia ahora la tendencia y eleva su avance de producción de 30 de noviembre hasta los 4’746 millones de kilos y una producción total de vino, mosto fresco y mosto concentrado (convertido a hl) de 35.293.458 hl.

Diferencia considerable la que se aprecia entre las declaraciones de los productores reflejadas por el Infovi y la de los servicios técnicos del Ministerio a través de su avance de producción.

En lo que no parecen existir tantas discrepancias, es en valorar la situación que atraviesa nuestra viticultura y los efectos que sobre ella está teniendo la climatología y sus perspectivas de futuro como actividad empresarial rentable.

Si en la pasada edición acudíamos a los datos provisionales del Esyrce 2023 para poner en relieve la evolución del viñedo y su distribución en secano y regadío. Ahora es el informe “Suelo Agrario en España 2023”, elaborado por el servicio de Estudios de TINSA, empresa dedicada a la tasación inmobiliaria, el que, en sus páginas revela el mantenimiento del valor de la superficie cultivada en la mitad norte peninsular y reducciones, de distinta intensidad, en la mitad sur, con Castilla-La Mancha en tendencia ligeramente decreciente; Extremadura y Comunidad Valenciana, con tendencia a la baja y Castilla y León con fuertes incrementos del 10% desde 2015.

Otro de los temas sobre los que habrá que permanecer atentos es la intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de sacar adelante una Ley sobre el consumo de alcohol por menores de edad. Una iniciativa que ya fuera anunciada hace más de veinte años, en 2001, y que los diferentes Gobiernos no han conseguido hacer. Habrá que ver adónde lleva al sector vitivinícola ese objetivo de la nueva titular del Ministerio de “contribuir a un cambio cultural que modifique la percepción de riesgo del consumo de alcohol por menores de edad, a fin de reducirlo”. Siempre presa fácil en este tema y tan poco tenido en cuenta para iniciativas conjuntas que ayuden a alcanzar esa meta.