Según los datos avanzados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de los 202’15 millones de euros con los que contaba España como asignación presupuestaria inicial del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) para el ejercicio financiero 2023, comprendido entre el 16 de octubre de 2022 al 15 del mismo mes del 2023, se ha ejecutado el 84’95%. Lo que supone que 30’43 millones de estos fondos no han sido utilizados, sumándose a los 15’32 que ya perdimos en el pasado ejercicio.
Y aunque algo de razón pudiesen tener las organizaciones agrarias que señalan a las administraciones (nacional y regionales) de falta de cintura en la rigidez de los mecanismos establecidos para poder acogerse a estas medidas; convendría no olvidar que se trata de ayudas europeas, y que son estas autoridades las que fijan los criterios de aplicación, dejando escaso margen a los Estados Miembros. Siendo, fundamentalmente, la incapacidad del propio sector, que tiene que cofinanciar con al menos el cincuenta por ciento del gasto la aplicación de la medida, la principal razón que explicaría esta pérdida de fondos.
De las tres principales medidas que suponen el 74’93% del gasto, la que mejor comportamiento ha tenido ha sido la de promoción, pues si bien 6’693 millones de euros no se han gastado, sus 37’345 empleados suponen un 3’52% más que lo gastado en el ejercicio anterior y volver a la cifra anterior a la pandemia del ejercicio 2019. Siendo el País Vasco con casi ocho millones, seguido de Castilla y León con seis y medio y Cataluña con casi cinco, las regiones que más han empleado en mejorar sus ventas en el exterior. Aunque, si tenemos en cuenta su reducida producción, ha sido Madrid la que más lo ha hecho con un gasto en promoción de 29’22 €/hl producido.
Mucho peor ha sido lo sucedido con la medida de inversiones. En la que sus 3’70 M€ gastados de menos sitúan su gasto de 46’49 M€ como uno de los más bajos del periodo 2016-23, sólo por delante del fatídico/pandémico 2020 y de 2018. Destacando Castilla-La Mancha, cuyas 391 bodegas han dedicado a inversiones una media de 38.535 euros, muy por encima de los 11.402 de la media nacional y muy lejos de Murcia que ocupa el segundo puesto, con 18.404 €.
Si atendemos al viñedo, nunca antes, excepción hecha del covídico 2020, se había invertido tan poco en reestructurar el viñedo. Sus 44’827 millones de euros están muy lejos de los cerca de setenta que venían empleándose. Dándose notables diferencias entre los 78’61 €/ha de Extremadura o los 70’05 de Castilla y León y los apenas 2’6 de Canarias o 3’62 de Madrid.
En cuanto a los resultados obtenidos con la aplicación de la cosecha en verde, de cuyos quince millones inicialmente presupuestados se quedaron sin utilizar algo más de una quinta parte, algo habrá tenido que ver el bajo precio fijado.
Visto lo cual, y dejando bien claro que la fiesta va por barrios, no estaría de más que nos empezáramos a plantear qué percepción del futuro, al que van dirigidas todas estas medidas, tienen nuestros viticultores y bodegueros y el potencial que le ven al sector vitivinícola español. Sobre el que pesa una amenazante espada de Damocles que se llama Cambio Climático y tiene como principal heraldo una sequía cuyos efectos ya se están dejando notar en una parte importante de nuestros viñedos.