Que el consumo alimenticio ha sufrido una profunda transformación en la última década es una evidencia que no requiere comentario. Que, dentro de nuestra dieta, el papel que juega el vino también ha cambiado profundamente, cediendo protagonismo el papel alimenticio de antaño al hedonista y social actual, lo hemos abordado y justificado las suficientes veces aquí como para tampoco necesitar mucha más explicación.
Aunque, quizá en lo que no hayamos hecho suficiente hincapié es en señalar cuáles son esos “nuevos” valores que acompañan al consumo del vino en esa vertiente mucho más lúdica y recreativa, donde la concienciación social adquiere un especial protagonismo.
Afortunadamente, ya no es necesario preocuparse por comer para alimentarse y cuestiones relacionadas con las consecuencias que la ingesta de ese alimento tiene sobre nuestra salud o el impacto medioambiental que ha ocasionado su elaboración comparten ahora protagonismo con la propia calidad, el prestigio y satisfacción que nos provoca su consumo.
Términos como saludable o respetuoso con el medio ambiente son cualidades al alza que el consumidor no siempre es capaz de identificar, especialmente cuando hablamos de vinos. Confundir términos como bio, ecológico, natural, vegano, biodinámico… es mucho más habitual de lo que pudiéramos pensar. Pudiendo, incluso, llegar a ocasionar un rechazo en el consumidor, ante la amenaza de que se sienta engañado, o cuando menos, confundido.
Conscientes de esta situación y de la falta de una regulación que obligue a que en su etiquetado cualquiera de estas menciones esté debidamente certificada, la Unión Europea acordaba, la pasada semana, prohibir que los productos que se comercializan dentro de su ámbito geográfico puedan identificarse con etiquetas como “eco”, o “natural”, si no tienen pruebas relevantes que sostengan estos reclamos.
Mediante esta nueva Directiva pretenden “empoderar a los consumidores, de cara a la transición ecológica”, con nuevos añadidos a la lista de prácticas comerciales prohibidas en la UE.
Las alegaciones medioambientales ahora tendrán que justificarse y todas las etiquetas ecológicas que no se basen en esquemas de certificación aprobados o establecidos por autoridades públicas quedan prohibidas.
Una vez finalizados los trámites en Bruselas, los Estados miembros tendrán 24 meses para adaptar su legislación a la directiva, por lo que los consumidores tendrán que ver los cambios en los productos entre finales de 2025 y principios de 2026.