Un entorno demasiado tensionado para la fijación de los precios de la uva

Tienen entre sus manos uno de los mayores recopilatorios (sino el mayor) estadístico sectorial que existe en España. Fruto de un minucioso trabajo elaborado con datos procedentes de fuentes de gran diversidad que lo enriquecen. Muy posiblemente, en él encontrarán el dato que necesitan, pero si no fuera así, esta información la podrán ampliar en nuestra web de una forma todavía un poco más sencilla.

Y digo esto, porque son estas fechas, finales de julio, en el momento en que la vendimia comienza a llamar a las puertas de nuestras bodegas, cuando se hacen más necesarios que nunca los datos fundamentados. Son muchas y variadas las decisiones que hay que tomar en estos días y que van, desde la misma planificación de las instalaciones y los medios técnicos disponibles en bodega, hasta la programación de los productos enológicos a emplear, la misma estructura de producción por tipología de vinos y derivados (mostos, vinagres, alcoholes…). Sin olvidarnos de la más importante, o al menos trascendental de todas y que no es otra que la fijación del precio de la uva y que marcará el devenir de toda la campaña.

Desafortunadamente, y afirmo categóricamente lo de por desgracia, los precios de las uvas en nuestro país nunca han sido como para poder hacerse rico. La falta de valorización del papel del viticultor y la ausencia de una conciencia clara de que no será posible alcanzar la tan cacareada puesta en valor de nuestra producción en tanto en cuanto no seamos capaces de extender esa revalorización a todos los que integran la cadena de valor del producto; hace que, vendimia tras vendimia, nos enfrentemos a fuertes tensiones entre viticultores y bodegueros por este tema.

La creación de la Interprofesional, con el lado, quizás menos conocido de sus objetivos, pero más importante, que era el de intentar hacer que esas dos líneas fueran convergiendo hasta conseguir ir de la mano; no podemos decir que lo haya conseguido. La promulgación de leyes que prohíben vender a pérdidas, el imperativo legal de que deba existir un contrato en el que se especifique el precio al que es vendida la uva, el establecimiento de un plazo máximo de pago; hasta la confección de numerosos estudios encaminados a aproximarnos a conocer el coste medio de producción de un kilo de uva, han ordenado, considerablemente, el sector, pero no han servido para conseguir que viticultores y bodegueros vayan conjuntamente y al unísono.

Todavía hoy es frecuente escuchar lamentos de unos contra otros, acusándolos de mantener posturas de presión que les obligan a aceptar precios ruinosos que impiden la obtención de una renta digna. Quejas sobre la enorme capacidad de financiación que exige el plazo de pago de la uva cuando todavía casi no le ha dado tiempo a transformarse en un producto capaz de ser vendido… Por no hablar de la discriminación con las cooperativas, a las que esta obligación no afecta.

Y es que, cuando desde los propios centros de gobernanza, ministerios y consejerías, abordan asuntos tan transcendentales como la inflación, especialmente la subyacente; poco o nada importa cómo se contengan los precios con tal de que el índice del mes siguiente mejore. Si ello supone que la cadena de valor se comporta de forma inversa y la contención al consumo es trasladada a los eslabones inferiores, ¡ya se abordará ese asunto!, Ahora “no es prioritario”, y así, una campaña más.

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