Si insuficientes, en mi opinión lógicamente, resultaban las medidas aprobadas por Bruselas para conseguir retornar al equilibrio del mercado y permitir recuperar sus cotizaciones. Si incomprensible resultaba la postura mantenida por nuestro ministro de Agricultura, que parece estar más “en funciones” que nunca, habiendo limitado su responsabilidad en todo este asunto a la más estricta “tramitación” de las ayudas del Plan de Apoyo Nacional (PASVE), sin más gestión o compromiso que su distribución territorial (con el consabido malestar entre las bodegas de las diferentes comunidades autónomas que se han visto relegadas, sintiéndose ciudadanos segunda).
Si las medidas adoptadas, incluso la misma cosecha en verde, parecen ir mucho más dirigidas hacia la parte elaboradora (bodegas) que productora (viticultores), con el consiguiente enfado de las organizaciones agrarias, que apenas han necesitado una semana para comprobar como su mero anuncio (no ha dado tiempo todavía a ponerlas en marcha) sólo ha servido para que las bodegas anuncien precios a la baja para las uvas de la próxima vendimia.
Mucho más preocupante, por incoherente, se antoja la posición adoptada por la Comisión Europea con la publicación de su estudio sobre la evaluación del impacto que tendría en el sector la propuesta de reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios en la UE. En un entorno fuertemente afectado por el Cambio Climático y cuyas consecuencias en los tratamientos que pudieran ser necesarios para hacer frente a sus derivaciones sobre las cosechas resultan difícilmente cuantificables actualmente.
Primero porque, una vez más, nosotros mismos vamos a situarnos en inferioridad de condiciones a la hora de competir en un mercado totalmente globalizado como el del vino, altamente sensible al precio en determinados productos vitivinícolas en los que España es líder mundial y sobre el que se sustenta la misma existencia del sector vitivinícola español.
Segundo, porque, al igual que sucediera en su exposición de motivos con los que justificar la aplicación de las medidas excepcionales, como la destilación de crisis; el papel que parece estar llamado a desempeñar por el sector vitivinícola a nivel comunitario, queda seriamente cuestionado. Pareciendo haber olvidado el alto valor sostenible (económico, social y medioambiental) que tiene en muchas regiones europeas, en las que la actividad sería inexistente sin el viñedo. Y, de las que España, cuenta con un buen puñado de ellas.
Los innumerables trabajos realizados en innovación e investigación para la eliminación de algunos productos fitosanitarios, no han alcanzado su nivel mínimo necesario para poder ser eficaces. De hecho, el estudio que complementa la evaluación del impacto que tendría su aplicación, señala que la producción podría llegar a reducirse directamente por esta imposibilidad de tratar, hasta el 28% en Francia, el 20% en Italia y el 18% en España.
Y aquí es donde viene lo peor de todo y que explicaría bastante bien lo que está sucediendo en la Comisión; argumentando que eso “no plantea un problema importante pues la uva (origen del vino), no es un cultivo esencial para la seguridad esencial alimentaria europea”.
