De todos los argumentos dados por la Comisión Europea en su Reglamento Delegado (UE) de 22 junio 2023 por el que se autoriza a los Estados miembros a aplicar medidas excepcionales para reequilibrar el mercado del vino, el que me parece más demoledor de todos es el segundo considerando según en el que (cito textualmente): “La reducción aparente del consumo de vino para la campaña de comercialización en curso se estima en un 7% en Italia, un 10% en España, un 15% en Francia, un 22% en Alemania y un 34% en Portugal en comparación con la situación del mercado previa a la pandemia de Covid”.
Los elevados costes de la vida, el aumento del coste de los insumos, como fertilizantes, energía y botellas entre el treinta y el cuarenta por ciento en algunos Estados miembros; unido a una inflación mundial y sus efectos sobre el poder adquisitivo de los consumidores, ha llevado a que la demanda interna haya disminuido en torno al 5’3% en España y Francia, con algunas regiones que llegan a superar el 25% y 35%. Mientras que las exportaciones lo hayan hecho un 8’5% con respecto al 2022.
Lo que amenaza con provocar un desequilibrio generalizado con la llegada de la nueva vendimia, provocando problemas de capacidad de almacenamiento y caída de los precios.
Con perturbaciones muy dispares dada la gran fragmentación existente según regiones: Extremadura en España, Lisboa y Alentejo en Portugal, Languedoc–Roussillon en Francia; y segmentación por producto en tintos y rosados.
Lo que hace necesaria, en esos lugares, una acción inmediata que permita la eliminación de esa parte de su producción para, mediante una destilación de crisis y la flexibilización permitiendo la destrucción total o de los racimos inmaduros en parte de una explotación, siempre y cuando se trata de parcelas enteras, en la cosecha en verde; corregir el desequilibrio del mercado.
Aunque, para todo ello consideren que no se requiera de una financiación adicional, dejando libertad a los Estados miembros para que puedan asignar importes superiores, hasta el 50% de la ayuda. Cosa que no piensa hacer España y sí parece haría Francia.
Las naturales dificultades financieras y de tesorería que genera esta situación también recomienda la reorientación de los recursos asignados en los Planes Nacionales de Apoyo, Por un lado, permitiendo la ejecución parcial de los planes presentados. Y, por otro, aumentando en diez puntos (del 50% al 60%) la cofinanciación de las medidas.
Lo que nos lleva a un escenario bastante sencillo de definir, o al menos así me lo parece a mí. Tenemos un problema de consumo que está generando excedentes. Y, con los mismos fondos hay que financiar nuevas medidas (destilación de crisis y cosecha en verde) y mejorar las aplicables (reconversión, promoción e inversión).
Lo que, llevándolo a la práctica, nos deja con un menor número de beneficiarios de las ayudas, aunque con una mejor financiación.
Delicada situación que, según vayan avanzando los acontecimientos, veremos si no tenemos que cuestionarnos, como lo hemos hecho con las medidas adoptadas ante el Covid-19.