Tienen entre sus manos uno de los mayores recopilatorios (sino el mayor) estadístico sectorial que existe en España. Fruto de un minucioso trabajo elaborado con datos procedentes de fuentes de gran diversidad que lo enriquecen. Muy posiblemente, en él encontrarán el dato que necesitan, pero si no fuera así, esta información la podrán ampliar en nuestra web de una forma todavía un poco más sencilla.

Y digo esto, porque son estas fechas, finales de julio, en el momento en que la vendimia comienza a llamar a las puertas de nuestras bodegas, cuando se hacen más necesarios que nunca los datos fundamentados. Son muchas y variadas las decisiones que hay que tomar en estos días y que van, desde la misma planificación de las instalaciones y los medios técnicos disponibles en bodega, hasta la programación de los productos enológicos a emplear, la misma estructura de producción por tipología de vinos y derivados (mostos, vinagres, alcoholes…). Sin olvidarnos de la más importante, o al menos trascendental de todas y que no es otra que la fijación del precio de la uva y que marcará el devenir de toda la campaña.

Desafortunadamente, y afirmo categóricamente lo de por desgracia, los precios de las uvas en nuestro país nunca han sido como para poder hacerse rico. La falta de valorización del papel del viticultor y la ausencia de una conciencia clara de que no será posible alcanzar la tan cacareada puesta en valor de nuestra producción en tanto en cuanto no seamos capaces de extender esa revalorización a todos los que integran la cadena de valor del producto; hace que, vendimia tras vendimia, nos enfrentemos a fuertes tensiones entre viticultores y bodegueros por este tema.

La creación de la Interprofesional, con el lado, quizás menos conocido de sus objetivos, pero más importante, que era el de intentar hacer que esas dos líneas fueran convergiendo hasta conseguir ir de la mano; no podemos decir que lo haya conseguido. La promulgación de leyes que prohíben vender a pérdidas, el imperativo legal de que deba existir un contrato en el que se especifique el precio al que es vendida la uva, el establecimiento de un plazo máximo de pago; hasta la confección de numerosos estudios encaminados a aproximarnos a conocer el coste medio de producción de un kilo de uva, han ordenado, considerablemente, el sector, pero no han servido para conseguir que viticultores y bodegueros vayan conjuntamente y al unísono.

Todavía hoy es frecuente escuchar lamentos de unos contra otros, acusándolos de mantener posturas de presión que les obligan a aceptar precios ruinosos que impiden la obtención de una renta digna. Quejas sobre la enorme capacidad de financiación que exige el plazo de pago de la uva cuando todavía casi no le ha dado tiempo a transformarse en un producto capaz de ser vendido… Por no hablar de la discriminación con las cooperativas, a las que esta obligación no afecta.

Y es que, cuando desde los propios centros de gobernanza, ministerios y consejerías, abordan asuntos tan transcendentales como la inflación, especialmente la subyacente; poco o nada importa cómo se contengan los precios con tal de que el índice del mes siguiente mejore. Si ello supone que la cadena de valor se comporta de forma inversa y la contención al consumo es trasladada a los eslabones inferiores, ¡ya se abordará ese asunto!, Ahora “no es prioritario”, y así, una campaña más.

Hay asuntos que merecen ser discutidos y otros en los que, sencillamente, es mejor no entrar, pues, o bien pertenecen a la categoría de los viscerales o, simplemente, no existen datos objetivos sobre los que argumentar las posiciones.

A la primera categoría pertenecerían los relacionados con la política, tan de moda en España en estos últimos meses, en los que nos hemos pasado las semanas escuchando improperios de unos contra otros, en lugar de recibir soluciones reales y aplicables a nuestros problemas cotidianos. O los religiosos, otro de los grandes temas sobre los que mejor no entrar en discusión nunca.

Pero, como decía, hay otra categoría, mucho menos explicable y mucho más preocupante, que es a la que pertenecen aquellos asuntos sobre los que la falta de información objetiva impide poder argumentar más allá de hipótesis más o menos asumibles.

Y aquí es donde podemos situar el consumo de vino en España; también en otros países, cierto, pero es este el que más me interesa.

Parece absurdo, ¿verdad? que algo cuantificable no pueda ser determinado con un cierto grado de fiabilidad. Pero es así. La ausencia de un panel de consumo ajustado y actualizado que lo mida, los diferentes canales por los que se accede al consumo incluso, porque no asumirlo, los muchos reparos que muestran algunos colectivos en facilitar las cifras; nos lleva a que, en pleno siglo XXI y con una Inteligencia Artificial que llama a la puerta amenazante para unos, esperanzadora para otros, pero sin duda alguna, como un hito que cambiará nuestras vidas y la misma forma de relacionarnos; no seamos capaces de aproximarnos a este dato más que de una forma orientativa, estimativa o presumible.

Mediante el cruce de la información obtenida en algunas de las muchas declaraciones a las que están sujetos los operadores, caso del Infovi y del que podríamos concluir que sería extrapolable el dato más fiable. Pero también sería posible hacerlo con la información facilitadas por otras actividades, como podría ser el vidrio recuperado y perfectamente controlado su origen por la empresa encargada de ello. Incluso por las cifras de venta de algunos elementos tan intrínsecos al vino como podrían ser botellas, cápsulas o cierres.

Y luego está la tasa de variación, tan subjetiva como datos posibles sobre las que poder compararla: el del mes anterior, la anual acumulada, la interanual, sobre el del año pasado.

Un sinfín de posibilidades que hacen imposible conocer con el rigor necesario cuál es el consumo real de vino en nuestro país. Aunque, teniendo la certeza, como tenemos, que se ha derrumbado en la última mitad de siglo de una manera alarmante y que el horizonte de las bebidas alcohólicas presenta negros nubarrones por esos mismos políticos de los que hablábamos antes y que eran incapaces de aportar soluciones a nuestros problemas.

Mejor no perdamos esa pequeña parte de manipulación que todavía nos queda.

Si insuficientes, en mi opinión lógicamente, resultaban las medidas aprobadas por Bruselas para conseguir retornar al equilibrio del mercado y permitir recuperar sus cotizaciones. Si incomprensible resultaba la postura mantenida por nuestro ministro de Agricultura, que parece estar más “en funciones” que nunca, habiendo limitado su responsabilidad en todo este asunto a la más estricta “tramitación” de las ayudas del Plan de Apoyo Nacional (PASVE), sin más gestión o compromiso que su distribución territorial (con el consabido malestar entre las bodegas de las diferentes comunidades autónomas que se han visto relegadas, sintiéndose ciudadanos segunda).

Si las medidas adoptadas, incluso la misma cosecha en verde, parecen ir mucho más dirigidas hacia la parte elaboradora (bodegas) que productora (viticultores), con el consiguiente enfado de las organizaciones agrarias, que apenas han necesitado una semana para comprobar como su mero anuncio (no ha dado tiempo todavía a ponerlas en marcha) sólo ha servido para que las bodegas anuncien precios a la baja para las uvas de la próxima vendimia.

Mucho más preocupante, por incoherente, se antoja la posición adoptada por la Comisión Europea con la publicación de su estudio sobre la evaluación del impacto que tendría en el sector la propuesta de reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios en la UE. En un entorno fuertemente afectado por el Cambio Climático y cuyas consecuencias en los tratamientos que pudieran ser necesarios para hacer frente a sus derivaciones sobre las cosechas resultan difícilmente cuantificables actualmente.

Primero porque, una vez más, nosotros mismos vamos a situarnos en inferioridad de condiciones a la hora de competir en un mercado totalmente globalizado como el del vino, altamente sensible al precio en determinados productos vitivinícolas en los que España es líder mundial y sobre el que se sustenta la misma existencia del sector vitivinícola español.

Segundo, porque, al igual que sucediera en su exposición de motivos con los que justificar la aplicación de las medidas excepcionales, como la destilación de crisis; el papel que parece estar llamado a desempeñar por el sector vitivinícola a nivel comunitario, queda seriamente cuestionado. Pareciendo haber olvidado el alto valor sostenible (económico, social y medioambiental) que tiene en muchas regiones europeas, en las que la actividad sería inexistente sin el viñedo. Y, de las que España, cuenta con un buen puñado de ellas.

Los innumerables trabajos realizados en innovación e investigación para la eliminación de algunos productos fitosanitarios, no han alcanzado su nivel mínimo necesario para poder ser eficaces. De hecho, el estudio que complementa la evaluación del impacto que tendría su aplicación, señala que la producción podría llegar a reducirse directamente por esta imposibilidad de tratar, hasta el 28% en Francia, el 20% en Italia y el 18% en España.

Y aquí es donde viene lo peor de todo y que explicaría bastante bien lo que está sucediendo en la Comisión; argumentando que eso “no plantea un problema importante pues la uva (origen del vino), no es un cultivo esencial para la seguridad esencial alimentaria europea”.

De todos los argumentos dados por la Comisión Europea en su Reglamento Delegado (UE) de 22 junio 2023 por el que se autoriza a los Estados miembros a aplicar medidas excepcionales para reequilibrar el mercado del vino, el que me parece más demoledor de todos es el segundo considerando según en el que (cito textualmente): “La reducción aparente del consumo de vino para la campaña de comercialización en curso se estima en un 7% en Italia, un 10% en España, un 15% en Francia, un 22% en Alemania y un 34% en Portugal en comparación con la situación del mercado previa a la pandemia de Covid”.

Los elevados costes de la vida, el aumento del coste de los insumos, como fertilizantes, energía y botellas entre el treinta y el cuarenta por ciento en algunos Estados miembros; unido a una inflación mundial y sus efectos sobre el poder adquisitivo de los consumidores, ha llevado a que la demanda interna haya disminuido en torno al 5’3% en España y Francia, con algunas regiones que llegan a superar el 25% y 35%. Mientras que las exportaciones lo hayan hecho un 8’5% con respecto al 2022.

Lo que amenaza con provocar un desequilibrio generalizado con la llegada de la nueva vendimia, provocando problemas de capacidad de almacenamiento y caída de los precios.

Con perturbaciones muy dispares dada la gran fragmentación existente según regiones: Extremadura en España, Lisboa y Alentejo en Portugal, Languedoc–Roussillon en Francia; y segmentación por producto en tintos y rosados.

Lo que hace necesaria, en esos lugares, una acción inmediata que permita la eliminación de esa parte de su producción para, mediante una destilación de crisis y la flexibilización permitiendo la destrucción total o de los racimos inmaduros en parte de una explotación, siempre y cuando se trata de parcelas enteras, en la cosecha en verde; corregir el desequilibrio del mercado.

Aunque, para todo ello consideren que no se requiera de una financiación adicional, dejando libertad a los Estados miembros para que puedan asignar importes superiores, hasta el 50% de la ayuda. Cosa que no piensa hacer España y sí parece haría Francia.

Las naturales dificultades financieras y de tesorería que genera esta situación también recomienda la reorientación de los recursos asignados en los Planes Nacionales de Apoyo, Por un lado, permitiendo la ejecución parcial de los planes presentados. Y, por otro, aumentando en diez puntos (del 50% al 60%) la cofinanciación de las medidas.

Lo que nos lleva a un escenario bastante sencillo de definir, o al menos así me lo parece a mí. Tenemos un problema de consumo que está generando excedentes. Y, con los mismos fondos hay que financiar nuevas medidas (destilación de crisis y cosecha en verde) y mejorar las aplicables (reconversión, promoción e inversión).

Lo que, llevándolo a la práctica, nos deja con un menor número de beneficiarios de las ayudas, aunque con una mejor financiación.

Delicada situación que, según vayan avanzando los acontecimientos, veremos si no tenemos que cuestionarnos, como lo hemos hecho con las medidas adoptadas ante el Covid-19.