Si les dijera que el Covid provocó que comenzásemos la campaña 2022/23 con un volumen de existencias alto (36’04 Mhl). Que la cosecha 22/23, sin ser nada desorbitado, podríamos situarla en unos niveles aceptables de producción (40’5 Mhl); y cuya calidad podríamos decir que “va por barrios”, ya que no todo maduró hasta los niveles que debiera y los vinos obtenidos, digamos que, en general, no todos cuentan con los atributos requeridos para someterlos a un proceso de crianza. Que la crisis logística ha supuesto un fuerte incrementos en los costes de las materias secas o embalaje. Y que la inflación disparada elevó a niveles históricos, prácticamente los costes de todos los insumos, provocando una rápida disminución del consumo interno y una fuerte caída en los principales mercados de exportación…
Coincidirán conmigo en que esto sólo puede provocar una cosa y es desequilibrio en el mercado, aumento de los excedentes y contracción de los precios en origen. Con especial incidencia, por la tipología de las razones que lo han provocado, en los vinos de guarda, es decir, mayoritariamente tintos. Entre otras cosas porque, precisamente su guarda es lo que permitió que durante todo este calvario de pandemia y crisis siguiesen al cobijo de la bodega esperando mejor ocasión. Cuando las ocasiones han ido de mal en peor.
Situación que, salvadas las honrosas diferencias, no puede decirse que haya sido propia de una región u otra. Sino más bien bastante generalizada, comenzando a hacer mella en unos operadores desanimados y temerosos de lo que les pudiera deparar el futuro más inmediato.
Lo que vendría a explicar muy bien el que, lejos de ser aplaudida, elogiada y apoyada por el sector, en general, la destilación de crisis anunciada por el Ministerio para Extremadura y Cataluña, o las de los gobiernos regionales para País Vasco y La Rioja; hayan sido consideradas un agravio comparativo.
Tener las competencias transferidas a las comunidades autónomas tiene estas cosas, y es que cada comunidad, con sus fondos, es muy libre de establecer medidas extraordinarias con las que solventar una situación excepcional. Lo que nos llevaría a la resolución del problema por elevación. O, dicho de otra manera, que fuera el Ministerio el que pusiera en marcha esa medida extraordinaria de la destilación de crisis para “todos”, como hizo para hacer frente a los excedentes ocasionados por el Covid y sus confinamientos y restricciones sociales. Medida que, por cierto, y vistas las demandas actuales, no debió acabar resultando muy eficaz cuando, para justificar la puesta en marcha de la actual, los argumentos que se están esgrimiendo son muy parecidos a los de entonces.
Pero, para poder haber hecho eso, hubiese tenido que poner fondos nacionales, no con los comunitarios provenientes de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) para el 23, o de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), como pasan a denominarse, en el 2024.
Como eso no ha sido así. Como el Ministerio no ha querido poner un euro en aplicar esta medida, han tenido que ser los gobiernos regionales los que la pongan en marcha, cada uno a su manera; unos con fondos propios, otros con los comunitarios y otros a verlas venir sin haber sido capaces de saber lo que necesitaba su sector vitivinícola.