Será porque el sector productor de las diferentes zonas afectadas ha hecho bien su trabajo. Será porque se aproxima un periodo electoral de gran relevancia, con especial atención a los resultados obtenidos en las anteriores. Será porque los procedimientos burocráticos que exige la aplicación de estas medidas por la Unión Europea son lentos y, al fin, han obtenido su beneplácito. Porque las últimas lluvias han supuesto un alivio considerable sobre las previsiones de cosecha que hasta hace un mes se manejaban… O, sencillamente, por un poco de todas estas razones, y alguna otra que ahora mismo se nos escapa. El caso es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hasta ahora dirige Luis Planas, ha presentado una propuesta de destilación de crisis.
Según la propuesta, expuesta por el Ministerio, la medida se activaría en las CC.AA. de Extremadura y Cataluña; aunque el sector confía en que su alcance se extienda a La Rioja.
Una medida que, recordemos, ha pasado por todas las opciones posibles, que han ido desde la máxima disponibilidad a hacerlo mostrándose dispuesto a apoyar la solicitud que presentase algún Estado Miembro (se hablaba de que fuese Francia quien lo hiciese) en la Comisión Europea, para adherirse a ella posteriormente. Negarse a aplicarla, ante las malas expectativas de cosecha que se manejaban. Trasladar a los gobiernos regionales de responsabilidad de que “con sus fondos” hicieran lo que considerasen mejor para sus operadores…
Eso sí, dejando bien claro, desde el principio, que nunca se haría con fondos nacionales. A diferencia de las propuestas publicadas por Francia, donde se planteaba una cofinanciación con el 15% máximo de los Fondos de los Planes Nacionales que pueden destinarse a medidas extraordinarias, como sería esta, y una aportación nacional del otro cincuenta por ciento.
La resolución presentada está abierta a consultas una semana (hasta 22 de junio) y en ella se determina que los fondos procederán del PASVE 23 para Cataluña y del ISV 24 para Extremadura.
Según la propuesta ministerial, la dotación financiera máxima será de 1.000.000 euros para Cataluña y de 1.299.990 euros para la región de Extremadura.
El volumen fijado es de 43.333 hectolitros de vino a destilar en Extremadura y 16.666,67 hl para Cataluña. Volúmenes a los que, de concretarse también la medida en La Rioja, habría que añadir otros 62.050 hl.
Cifras que se aproximan mucho a lo que venía demandándose por el sector de estas CC.AA. desde el primer momento. Lo que resultan importes muy diferentes por Comunidades, pero es que la ayuda no podrá ser superior al 80% del pecio medio mensual más bajo registrado en la campaña 2022/23 para los vinos tintos y rosados a los que irá destinada la medida.