Haciendo bueno el refrán que dice “cuando marzo mayea, mayo marcea”, las lluvias han llegado con fuerza a la práctica totalidad de la geografía española. Un hecho que, si bien no ha sido todo lo positivo que debiera, al haberlo hecho acompañado de episodios de granizo y fuertes trombas que generaban inundaciones de cierta importancia en algunas localidades; sus efectos deben ser valorados muy positivamente, no ya sólo para una agricultura que ya daba por perdidas las producciones de muchos cultivos, como pudiera ser el viñedo; sino incluso para aquellos otros en los que, habiendo llegado tarde, dotarán a la tierra de unos recursos hídricos imprescindibles de cara a nuevas cosechas.

Si bien, hay que destacar que, siguiendo con las tradiciones, nunca llueve a gusto de todos, y para muchos viticultores la llegada de estas lluvias ha tenido efectos limitados sobre su cosecha. Pues han hecho acto de presencia cuando la planta ya se encontraba totalmente brotada, con muestras muy desiguales dentro de la misma parcela y sarmientos de escaso tamaño. Ahora habrá que confiar en que esta agua iguale la vid y le permita un desarrollo normal.

Efectos en los que no todos confían y, no sé si poniendo la venda antes de hacerse la herida, ya han comenzado a vaticinar cosechas muy reducidas y fijado bandas de precios en las que debieran situarse los precios de las uvas en la próxima vendimia.

Reclamación que, de una forma más o menos contenida, no han pasado por alto algunos grupos bodegueros que se han apresurado a anunciar su intención de reducir, de manera considerable, el número de operaciones de contratación de uva. Llegando incluso a declarar que no pueden garantizar el cumplimiento de los contratos plurianuales que pudieran tener firmados.

Cuánto hay de realidad detrás de estas declaraciones, de unos y de otros, y cuánto de sobreactuación en aras de contar con el escenario más conveniente para la defensa de sus intereses, es algo que sólo allá por el mes de octubre sabremos. Pero que, de cualquier forma, sea cual sea el resultado, sigue diciendo muy poco de nuestro sector y de sus posibilidades de desarrollo hacia un mejor posicionamiento en nuestros vinos y mayor valorización.

No entender que en el barco que nos conduce al puerto de una mejor imagen y precio de nuestros vinos vamos todos, es no querer entender que la viabilidad de nuestros viñedos y bodegas pasa por la valorización de sus productos.

Ni las ayudas a la reestructuración van a hacer que el cultivo sea lo suficientemente rentable como para atraer a nuevas generaciones al sector y evitar la despoblación de nuestro campo. Ni ser los que vendemos el vino más barato del mundo nos garantizará la colocación de la producción en los mercados.

Producir más requiere de eficiencia en la gestión de los recursos, siendo el agua el más importante. Ceder la producción con un margen que roza el cero, para que sean otros los que lo hagan llegar al consumidor; aceptar la posibilidad de que llegue otro que sea capaz de hacerlo más barato que nosotros. Algo de lo que, teniendo en cuenta los efectos climáticos a los que deberemos amoldarnos y los costes de insumos y mano de obra; no estamos lejos.

No se puede decir que el mercado haya reaccionado, al menos no de forma generalizada y para todos los vinos. Pero sí se nota cierto cambio en el ambiente. La total ausencia de interés, poco apoco va dando paso a tímidas consultas que pudieran acabaran cristalizando en pequeñas operaciones.

Desde luego, no es suficiente para poder decir que el mercado se va normalizando. Pero, lo que sí es, es mucho más de lo que sucedía apenas hace un par de semanas.

¿Las razones que justificarían este cambio? Pues variadas, pero seguro que tienen mucho que ver la pertinaz sequía, la brotación de la viña, la escasez de las lluvias que han caído, la solicitud firme de Extremadura de una destilación de crisis, los pasos dados adelante por el Gobierno de La Rioja… y alguna más que ahora mismo se puede estar escapando pero que, sin duda existe.

Problema, que no parecen suficientes para frenar los anuncios que algunas bodegas están aprovechando para hacer con respecto al cumplimiento de los contratos plurianuales de adquisición de uva que tenían firmados. O las demandas de las organizaciones agrarias a la autoridad competente, para que esté vigilante sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena de valor.

Tampoco es que las exportaciones hayan variado mucho el rumbo que vienen manteniendo en los últimos meses. La pérdida de volumen sigue siendo la tónica habitual, nada menos que un 9’4% en tasa interanual con respecto a febrero del 2022 si hablamos de vinos y del 13’3% si incluimos el resto de productos vitivinícolas. Con los vinos tranquilos a granel dejándose un 12’0% y los envasados un 9’5%.

Siendo de resaltar que son los vinos con indicación de calidad los que están sufriendo especialmente. Lo que vendría, si no a cuestionar, porque está claro que una parte muy importante de nuestras exportaciones lo son a granel sin indicación de calidad y son comercializados, en la inmensa mayoría, sin indicación de procedencia española; sí a reflexionar sobre el trabajo que habría que hacer por parte de todos, especialmente los Consejos Reguladores, pero también el Ministerio, ICEX, gobiernos regionales, incluso la misma Interprofesional, en los mercados exteriores en apoyo esta categoría de vinos que es la que lleva la marca España.

Las dos comunidades que más beligerantes se vienen mostrando con respecto a las existencias de sus bodegas, han dado un paso al frente y, siguiendo las indicaciones del Ministerio; han puesto en marcha el mecanismo para poder realizar una destilación de crisis.

La Junta de Extremadura solicitaba, la semana pasada, al Ministerio de Agricultura para que éste diera curso a la Comisión Europea, organismo competente en el asunto, la apertura de una destilación de 4’3 millones de litros tinto no amparado por ninguna indicación de calidad. Para ello anunciaba la dotación de 1’3 millones de euros provenientes de sus fondos PASVE ejercicio 2022-23.

El Gobierno vasco, por su parte, activaba una destilación con una dotación de 7’86 millones de euros de fondos propios de los Presupuestos Generales del País Vasco para aquellas bodegas que, perteneciendo a la D.O.Ca. Rioja, lo solicitasen desde la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y hasta el agotamiento de los fondos. Estimándose el volumen global de vino que pudiera verse afectado en el entorno de los ocho millones de litros. Fijando los precios de la ayuda en función del volumen de producción declarada en 2022. Así, las que menos cobrarán serán aquellas con un volumen de producción superior al medio millón de litros, y lo harán a razón de 0’9 €/litro, las que estén entre los 250.000 litros y el medio millón, el precio será de un euro y las de menos de ese cuarto de millón, a 1’1 euro el litro. Limitando el importante máximo a ofertar en el diez, quince y veinte por ciento respectivamente.

La Rioja, región donde mayor parece ser el problema, atendiendo al volumen que se maneja, 60 millones de litros, divididos en dos campañas 2023 y 2024; de momento, lo único que ha habilitado ha sido un registro en el que las bodegas debieron comunicar antes del 9 de mayo, su excedente. Para, a partir del día 10, comprometerse el Gobierno regional en concretar las medidas y dotación presupuestaria a aplicar. Lentitud aprovechada por algunas formaciones políticas que, ante la proximidad de las elecciones, se han apresurado en especificar y anunciar su aplicación inmediata, para el caso de resultar ganadoras.

Del resto de comunidades autónomas, nada o negativa es la posición que mantienen con respecto a la aplicación de esta medida. Fiando el equilibrio futuro del mercado a una lluvia que está siendo muy escasa, con previsiblemente fuertes consecuencias sobre la próxima cosecha y la recuperación del mercado exterior que está viéndose fuertemente afectado por altas tasas de inflación, que deberán moderarse en los próximos meses; y consecuencias de una guerra que todos confían en su finalización más pronto que tarde.

Tampoco febrero ha sido un buen mes para nuestro comercio exterior. O no, al menos, considerando lo que ha sucedido con la cantidad de productos vitivinícolas. Perder el 13’3% del volumen que habíamos conseguido exportar comparándolo en tasa interanual (TAM) es una pésima noticia. Contar con poco más de cuatro millones (4’127) de hectolitros más, un problema al que todavía está por encontrársele una solución.

Diferentes organizaciones agrarias, profesionales y cooperativas han expresado, en diferentes momentos, sus fundados temores de que esta situación acabe trasladándose a los precios y haciendo irreversible una coyuntura que ya califican de preocupante. Temiendo importantes implicaciones sobre los propios precios de la uva en la próxima vendimia.

Temores que han sido desoídos a nivel nacional (Ministerio de Agricultura), que ha trasladado la responsabilidad hacia las comunidades autónomas para que sean ellas, con sus propios fondos, las que lleven a cabo medidas más allá de la vendimia en verde.

Lo que, dejando a un lado el nada despreciable detalle de que su procedencia no podrá ser de los fondos del PASVE, en tanto en cuanto no exista una autorización por parte de la Comisión Europea (que para ello es el Estado Miembro, y no ningún gobierno regional, el que deberá solicitarlo); puede volver a generar un trato discriminatorio entre unas comunidades autónomas y otras, según sea su capacidad económica.

Cabe la posibilidad de pensar que el tiempo todo lo cura. Y nunca mejor dicho lo del tiempo, en su doble vertiente cronológica y meteorológica, pero dejar las cosas a la buenaventura implica muchos riesgos. Tantos como que cuando quieran tomarse medidas la situación se haya degradado tanto que las acciones deban ser mucho más quirúrgicas.

De momento, todavía es posible pensar que el sector se encuentra más o menos equilibrado. Que el potencial de producción, entre cuarenta y cinco y cuarenta y ocho millones de hectolitros, es posible asumirlo con las necesidades en exportación (veintiocho), consumo interno (once), destilación y derivados (cuatro), mostos (cinco). Pero, si seguimos perdiendo exportación, sin recuperar el consumo interno y entrando en competencia en el mundo de los zumos con otros países productores mundiales…

Si entramos en pormenores, como pudieran ser las categorías, nos encontraríamos con una pérdida de los vinos tranquilos de 2’234 en vinos tranquilos y 1’988 en mostos. Las diferencias en espumosos, de licor, aguja y BiB, resultan irrelevantes, aunque éstas últimas dos coticen en positivo. Siendo de destacar lo sucedido con los vinos tranquilos con D.O.P., que pierden 0’447 Mhl envasados y 0’011 a granel. Los de mesa se dejan 1’445 Mhl en los graneles y 0’254 en envasados. Datos agregados que no nos permiten conocer las indicaciones de calidad que más están sufriendo. Bien podrían servir para entender las propuestas que están surgiendo desde algún gobierno regional y los planteamientos con los que acuden a las próximas elecciones autonómicas algunas formaciones políticas.

Hasta el momento, no parece que debamos preocuparnos por un mal endémico en nuestras exportaciones. Aunque bien haríamos en empezar a diseñar estrategias colectivas que nos ayudasen a afrontarlo. Por si acaso.