Como siempre suele suceder en este tipo de situaciones, el aspecto que más valor tiene en los momentos de incertidumbre (la seguridad); es el más escaso. Quizás porque cada una de las partes implicadas intenta tomar posición sobre las diferentes oportunidades que estiman para la resolución del problema. Quizás porque hay que partir de extremos muy distantes para poder acabar llegando a un punto intermedio en el que ninguna de las partes se sienta vencedora, pero tampoco perdedora.
El caso es que, si hasta ahora la postura que se entendía mantenía el Ministerio de Agricultura era la de apoyar la solicitud de Francia ante la Comisión Europea para llevar a cabo una medida extraordinaria, como es una destilación de crisis; sumándose a ella. Ahora su titular, Luis Planas, ante la solicitud (no sé si formalmente) pero adoptada y publicada, por parte de Cooperativas y algunas organizaciones agrarias, trasladaba a las Comunidades Autónomas la pelota y declaraba que su Ministerio “no tenía previsto, en estos momentos, ninguna medida en esta dirección”. Poniendo en valor la medida ya adoptada y puesta en marcha por su Ministerio de la cosecha en verde.
¿Habrá entonces, o no habrá, destilación de crisis?
Esa es la pregunta que ahora mismo todo el sector se formula y en la que todos coinciden en destacar que, si bien no es posible dar una respuesta tajante al respecto; el origen de dónde provendrían los fondos con los que poder llevarla a cabo no parece presentar muchas dudas. Ya que el Ministerio no estaría dispuesto a aportar cantidad alguna para esta medida y, consecuentemente, la totalidad de los fondos deberían provenir del quince por ciento de los fondos anuales de nuestro Plan de Apoyo al Sector (PASVE). De ahí la importancia de la propuesta realizada por Cooperativas, de separar la medida en dos partes de millón y medio de hectolitros. De esta manera unos tendrían la dotación de treinta millones de euros procedentes de la campaña 22/23 y el otro millón y medio de hectolitros de los de la 23/24.
Fondos que, no olvidemos, deberían ser restados de aquellas medidas a las que inicialmente fueron asignados: reestructuración 69’709 M€, Inversiones 53’821 M€, promoción en terceros países 48’054 M€ y destilación de subproductos 30’563 M€.
Lo que sí podemos intuir, con cierto grado de fiabilidad es que, bajo el mantra de “haremos lo que quiera el sector”; si el sector de forma unánime lo solicita, previsiblemente, a través de su Organización Interprofesional (OIVE), el Ministerio no se negaría ni a solicitar en Bruselas la autorización para ponerla en marcha; ni a redistribuir ese quince por ciento de las ayudas previsto para estas medidas extraordinarias. Como es igualmente probable que esos sean todos los fondos que, a nivel nacional (otra cosa es lo que cada comunidad autónoma pudiere hacer en su territorio) con los que cuente la destilación de crisis.
Otra medida que, para el caso de que la sequía no resultase tan dañina como en estos momentos se estima podría resultar sobre la próxima cosecha; podría adoptarse es el aumento de la prestación vínica del 10 al 15% de contenido mínimo alcohólico. Acción que genera gran controversia sobre quiénes son los que se ven más beneficiados por ella: los productores o los destiladores.