Los profundos cambios sociales nos llevan a cuestionarnos el relevo generacional. Los climatológicos, la idoneidad de seguir cultivando donde hasta ahora se ha hecho. Los económicos, a encontrar un reparto justo de la riqueza que asegure la rentabilidad de los todos los que conforman la cadena de valor. Los nutricionales, a considerar seriamente el peso que debe jugar el alcohol. Los políticos se han visto afectados en los acuerdos de libre comercio o en la capacidad de alcanzar ese equilibrio entre lo que debe ser una medida que ayude en su labor medioambiental, social y económica de una zona; y lo que sería una ayuda directa que distorsionase la libre competencia. Y así podríamos seguir un buen rato.

Pero, lo bien cierto es que hace poco más de una semana, el sector, en general, pero me voy a referir al español particularmente, estaba pidiendo una destilación porque la demanda estaba ahogando el mercado. Y ahora nos estamos cuestionando lo que sucederá con la cosecha y su producción.

Los meteorólogos nos anuncian para esta semana un episodio de calor extremo que nos llevará a temperaturas propias de la primera semana del mes de julio, en una situación de sequía extrema en la que tan solo dos (Tajo, 107 y Norte y Noroeste, 101) de las doce cuencas hidrográficas en la que se distribuye la península presentan una precipitación acumulada desde el 1º de septiembre superior a la media 1991-2020. Otras dos, Duero (97) y Vertiente atlántica (90) superan la media peninsular (82) y las ocho restantes sufren una situación muy preocupante, especialmente, Segura (45), Sur (46) y Pirineo Oriental (48).

Y, como imagino que se estarán preguntando cuánta de la producción vitivinícola que obtenemos en España puede verse afectada por este episodio extremo de sequía al estar cultivada en secano; les contaré que, a 31 de diciembre de 2022, España, según datos de Superficies y Producciones del Ministerio de Agricultura, contaba con 849.559 hectáreas de viñedo en producción para vinificación, de las que el 69’2% (587.633) estaban cultivadas en secano y 261.926 (30’8%) en regadío. ¿Hasta dónde está garantizada la producción de las hectáreas en regadío y cuál puede ser la producción que acaben obteniendo nuestros viticultores de las de secano? Los hay que opinan que los 33-35 millones de hectolitros estarían garantizados y el resto, hasta los 48-50 Mhl, dependería del cielo y la ausencia de enfermedades. Pero eso se lo dejo a cada uno de ustedes.

Llamo la atención, eso sí, sobre el hecho de que, según esos mismos datos de superficie publicados por el MAPA, nuestra superficie de uva de vinificación se ha visto reducida al haberse arrancado 18.201 y plantado 10.752 hectáreas en 2022. ¿Esto es un indicador del momento que vive el sector y sus perspectivas de futuro? También lo dejo en el aire.

Con más o menos acierto, eso sólo lo sabremos con el paso del tiempo, el Ministerio de Agricultura ha aclarado cualquier duda sobre la posibilidad de abrir una destilación de crisis.

Las razones expuestas para negarse a poner en marcha el mecanismo solicitado por las Cooperativas vitivinícolas españolas son dos. Un volumen de existencias que califica como dentro de lo “normal” y una pertinaz sequía que está poniendo en peligro la próxima cosecha.

Sobre la sequía. Es incuestionable que estamos viviendo un momento muy delicado. Pues si bien en algunas cuencas como las del norte, la situación se aproxima bastante a lo que sería su pluviometría habitual. A nivel nacional son pocos los milímetros cúbicos que han caído en lo que llevamos de campaña, dándose por perdidas cosechas enteras de cereales y poniéndose en serio peligro la de cultivos leñosos, entre los que se encuentra la viña.

Algo más complicado resulta justificar si el volumen de las existencias con el que actualmente está enfrentándose el sector es o no preocupante y debiera ser objeto de una medida dirigida a ajustarlo a las necesidades del mercado.

Primero, porque su adecuación dependerá de las necesidades que tenga el mercado, o, dicho de otra manera, del volumen que seamos capaces de exportar y consumir en el mercado nacional. Un futurible que, si bien todos los expertos coinciden en calificar de pesimista ante la guerra en Ucrania y las fuertes tensiones inflacionistas con sus numerosas derivas de subida de precios de los bienes básicos, la reducción de la renta disponible, el aumento de tipos, las restricciones en el crédito… sus efectos sobre otros indicadores de gasto relacionados con bienes no básicos como pudieran ser viajes o presupuestos para vacaciones, no sólo no están viéndose afectados sino que prácticamente se han recuperado a niveles prepandémicos.

Que en febrero los stocks hayan bajado un 5’58% (3,18 Mhl) y su volumen sea de 54’16 Mhl dice muy poco o nada. De hecho, ni uno sólo de los últimos doce meses de los que disponemos de información, febrero 2023 a marzo 2022, hay un volumen mayor que el mismo del año anterior.

Solo La Rioja y Galicia presentan volúmenes de vino superiores a los de hace un año durante estos últimos doce meses. Si bien es verdad que Extremadura es la que registra mayores aumentos (por encima del 30%) en todos los meses desde que se contase con los nuevos vinos de la campaña 22/23, allá por el mes de septiembre.

¿Motivo suficiente para abrir una destilación de crisis a nivel nacional? Parece que, de momento, no.

Algo parecido a lo que está sucediendo con el consumo en el mercado interior, cuyo único indicador disponible, el consumo aparente, parece haber tocado fondo en los nueve millones y medio de hectolitros. Con muy escaso recorrido hasta el más bajo de la serie histórica, alcanzado en febrero del 2021, cuando se rozaron los nueve millones (8’8).

Saber lo que sucederá con las exportaciones resulta mucho más complicado, pues no sólo es una cuestión de cuál sea el precio al que queremos vender, sino también la evolución del consumo mundial y el papel de commodity que desempeñan nuestros vinos en ese contexto.

Qué duda cabe que la cuestión que más ocupa, y preocupa, en estos momentos, es lo que pueda suceder con la destilación de crisis.

Los mensajes, si se quiere, un poco contradictorios entre la demanda de las diferentes organizaciones agrarias y cooperativas, y los objetivos del ministro, Luis Planas; no han hecho sino generar más confusión sobre un asunto ya de por sí lo suficiente extraordinario como para que su propia puesta en funcionamiento no resulte sencilla. Y lo sobradamente importante para un volumen muy relevante de la producción, y específica: los vinos tintos, que, tradicionalmente, no se han visto afectados por estas situaciones.

Cierto es que no es la primera vez que se aplicaría esta medida extraordinaria en nuestro país, los efectos del cierre del canal Horeca en los principales países productores durante la crisis pandémica, obligó a adoptarla. Como también lo es que la demanda de los vinos tintos esté sufriendo y sus cotizaciones llegando a situarse por debajo de los blancos.

Asimismo, conocemos cuál sería el mecanismo de su puesta en marcha y los fondos con los que podría dotarse, así como su origen. Y, si bien es perfectamente compatible con ayudas de índole nacional o autonómico, las primeras se dan por descartadas y las segundas, a priori también; pero no podemos olvidarnos de las fechas en las que nos encontramos y la cercanía de unas elecciones autonómicas en un horizonte de mes y medio.

Argumentos para ponerla en marcha, como pudieran ser las existencias que tienen algunas comunidades autónomas de esta clase de vino. El descalabro de sus cotizaciones desde que prácticamente se iniciara la campaña. La mala evolución del consumo nacional, con caídas constantes desde hace más de un año. El batacazo de las exportaciones, donde se alcanzan cifras récord de facturación con pérdidas muy significativas en el volumen de prácticamente todas las categorías de producto. Son las más evidentes. Pero no las únicas.

Los bajos niveles pluviométricos en la generalidad del viñedo. Las temperaturas anómalamente altas con picos que nos llevan a días propios de verano y el posible agotamiento de una planta que lleva varios años teniendo que enfrentarse a condiciones muy duras de producción jugarían en contra de esta decisión de retirar vino, artificialmente, con fondos pensados para otras medidas.

Pero también es importante atajar el problema de los precios antes de que sus consecuencias sean calamitosas. Llegar a niveles excesivamente bajos lastraría los precios de la uva y situaría a bodegas y viticultores en una encrucijada muy complicada: seguir produciendo a pérdidas o abandonar el cultivo.

Como siempre suele suceder en este tipo de situaciones, el aspecto que más valor tiene en los momentos de incertidumbre (la seguridad); es el más escaso. Quizás porque cada una de las partes implicadas intenta tomar posición sobre las diferentes oportunidades que estiman para la resolución del problema. Quizás porque hay que partir de extremos muy distantes para poder acabar llegando a un punto intermedio en el que ninguna de las partes se sienta vencedora, pero tampoco perdedora.

El caso es que, si hasta ahora la postura que se entendía mantenía el Ministerio de Agricultura era la de apoyar la solicitud de Francia ante la Comisión Europea para llevar a cabo una medida extraordinaria, como es una destilación de crisis; sumándose a ella. Ahora su titular, Luis Planas, ante la solicitud (no sé si formalmente) pero adoptada y publicada, por parte de Cooperativas y algunas organizaciones agrarias, trasladaba a las Comunidades Autónomas la pelota y declaraba que su Ministerio “no tenía previsto, en estos momentos, ninguna medida en esta dirección”. Poniendo en valor la medida ya adoptada y puesta en marcha por su Ministerio de la cosecha en verde.

¿Habrá entonces, o no habrá, destilación de crisis?

Esa es la pregunta que ahora mismo todo el sector se formula y en la que todos coinciden en destacar que, si bien no es posible dar una respuesta tajante al respecto; el origen de dónde provendrían los fondos con los que poder llevarla a cabo no parece presentar muchas dudas. Ya que el Ministerio no estaría dispuesto a aportar cantidad alguna para esta medida y, consecuentemente, la totalidad de los fondos deberían provenir del quince por ciento de los fondos anuales de nuestro Plan de Apoyo al Sector (PASVE). De ahí la importancia de la propuesta realizada por Cooperativas, de separar la medida en dos partes de millón y medio de hectolitros. De esta manera unos tendrían la dotación de treinta millones de euros procedentes de la campaña 22/23 y el otro millón y medio de hectolitros de los de la 23/24.

Fondos que, no olvidemos, deberían ser restados de aquellas medidas a las que inicialmente fueron asignados: reestructuración 69’709 M€, Inversiones 53’821 M€, promoción en terceros países 48’054 M€ y destilación de subproductos 30’563 M€.

Lo que sí podemos intuir, con cierto grado de fiabilidad es que, bajo el mantra de “haremos lo que quiera el sector”; si el sector de forma unánime lo solicita, previsiblemente, a través de su Organización Interprofesional (OIVE), el Ministerio no se negaría ni a solicitar en Bruselas la autorización para ponerla en marcha; ni a redistribuir ese quince por ciento de las ayudas previsto para estas medidas extraordinarias. Como es igualmente probable que esos sean todos los fondos que, a nivel nacional (otra cosa es lo que cada comunidad autónoma pudiere hacer en su territorio) con los que cuente la destilación de crisis.

Otra medida que, para el caso de que la sequía no resultase tan dañina como en estos momentos se estima podría resultar sobre la próxima cosecha; podría adoptarse es el aumento de la prestación vínica del 10 al 15% de contenido mínimo alcohólico. Acción que genera gran controversia sobre quiénes son los que se ven más beneficiados por ella: los productores o los destiladores.