Son ya varias las ocasiones en las que nos hemos referido, en estas mismas páginas, a Irlanda. Un pequeño país que entró a formar parte de la Unión Europea en el año 1973, miembro de la Zona Euro y cuya población de cinco millones de habitantes apenas representa un poco más de una décima parte de lo que es España.
No son, ni los 9’3 millones de litros de vino que le llevamos vendidos desde España en los once primeros meses de 2022, ocupando el puesto 19º en el ránking de destinos. Ni los 28’7 millones de euros que ello ha supuesto para nuestras bodegas, que le sitúan en el puesto 17º. Ni tan siquiera que sea el cuarto país en importancia de todos a los que les vendemos vino, en términos de precio medio (3’9 €/l); lo que nos hace fijarnos en este pequeño país de los 27 que integramos la Unión Europea.
El motivo de tan inusitado interés: el proyecto de reglamento que presentó, el pasado mes de junio, a la Comisión Europea, para incluir en el etiquetado de bebidas alcohólicas advertencias sobre los peligros derivados del consumo de alcohol. De cualquier tipo de alcohol y graduación.
Y es que, si nada lo remedia, y no parece que vaya a ser así, a partir del 22 del próximo mes de marzo, contará con la autorización para advertir a los consumidores sobre los riesgos y daños del consumo de alcohol, sin ninguna distinción entre tipos de bebidas con alcohol, cantidades ingeridas o graduaciones, ni entre lo que es un consumo moderado y responsable y otro excesivo, abusivo e irresponsable. Incluyendo una advertencia para las mujeres embarazadas y otra sobre la relación entre el alcohol y diferentes tipos de cáncer.
Ello supondría un peligroso antecedente que pudiera ser imitado por algunos otros países miembros y, en especial por aquellos grupos que, desde la propia Comisión, abogan por la obligatoriedad de este tipo de advertencias en el etiquetado del vino.
La oposición frontal y enérgica de Italia, país que ha mostrado la actitud más beligerante en este asunto (pero también la del resto de países productores: España, Francia. Portugal, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y República Checa), acusando a esta propuesta de ser simplista, discriminatoria y contraria al mercado interior, suponiendo una traba al mercado único, no ha servido de nada y posiblemente no lo vaya a hacer. Generando un peligroso antecedente que pueda ser imitado por otros países declarados abiertamente en contra de cualquier apoyo a una bebida con contenido alcohólico.
Peligroso antecedente para un sector que se encuentra en horas bajas. Como así lo demuestra la autorización, a falta de ser publicada en el BOE, de una ayuda a la cosecha en verde para nuestro país, a la que está previsto destinar 15 M€, un cincuenta por ciento más con la que se aplicó, por primera vez en nuestro país, en el año 2020, cuya producción fue de 46’493 millones de hectolitros.