Hacer rentable el cultivo del viñedo puede que sea la piedra angular del futuro de nuestra vitivinicultura. Constantemente nos estamos lamentando de que no se produce el relevo generacional con la suficiente fuerza, que cada vez son más las hectáreas de viñedo que se abandonan para dedicarlas a otro cultivo, aunque este sea uno tan curioso como el de las placas solares. Pero, nos olvidamos fácilmente de que, detrás de estas decisiones, pesan cuestiones que nada tienen que ver con las que se imponían en las anteriores generaciones.

El sentimiento de orgullo y pertenencia a una zona. La satisfacción de seguir manteniendo la tierra que sus ancestros, con tanto esfuerzo, consiguieron. Incluso el mismo compromiso con el cuidado del planeta y la mayor sensibilidad hacia los temas medioambientales, pasan a un segundo plano cuando llega la hora de hacer números y buscar la rentabilidad económica de un cultivo que, siendo enorme en su generación de satisfacción emocional, está muy alejado de alcanzar la necesaria para su supervivencia: la económica.

Vender a precios que aseguren la rentabilidad económica de un viñedo debiera ser el primer objetivo a alcanzar por cualquiera. Incluso también las administraciones. Pero eso encuentra grandes dificultades que lo hacen muy arduo.

La globalización del comercio, indiscutible, se ha demostrado tremendamente perjudicial en situaciones tan excepcionales como la generada por la paralización mundial provocada por la pandemia o la guerra en Ucrania. O la alta dependencia de algunos países adonde se deslocalizó la producción de productos básicos (como los cereales en el país báltico, o los microprocesadores en China; por no hablar de la alta dependencia de materias primas y fuentes de energía); nos debieran hacer reflexionar sobre la urgencia de, sin un mínimo ápice de políticas proteccionistas y restrictivas, proteger nuestra independencia.

La traslación de la superficie de viñedo y la producción hacia fuera de la Unión Europea es un hecho que llevamos observando desde hace décadas, sin que hayamos puesto en marcha ni la más mínima medida para solucionarlo. Y si seguimos siendo la zona del mundo donde se concentran tres cuartas partes de la superficie y producción vitivinícola no será por lo que nosotros estamos haciendo por defender ese estatus.

Los recientes datos publicados del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SigPac) ponen de manifiesto que seguimos perdiendo viñedo, 7.535 ha. Y, aunque es Castilla-La Mancha la que acapara más del 61% de esa superficie, solo Castilla y León, Galicia y Baleares consiguen aumentarla. Interesante resultaría determinar la correlación entre este dato y el precio al que son vendidas las uvas en estas comunidades autónomas.

Mientras nosotros todavía estamos planteándonos si galgos o podencos, el Ministerio de Agricultura francés anuncia la puesta en marcha de una destilación de crisis y su disponibilidad de realizar una segunda en octubre, cuando ya se disponga de una información más concreta de la cosecha y según sea la situación del mercado.

Y aunque no es esta una de las razones por las que el peso de la vitivinicultura francesa es el que es en el mundo, sus precios, son los que son y su reputación, la que les precede; sí ayuda a comprender mucho mejor cuál es el peso que tiene el sector en el país galo, la concepción e importancia que allí tiene y el que le dan aquí nuestros gobernantes.

Lleva el sector vitivinícola español meses, muchos, desde antes que se iniciara la vendimia, reclamando ayudas, la puesta en marcha de medidas con las que poner fin a la paralización que vive el mercado de sus vinos y derivados. Ayudas con las que equilibrar sus disponibilidades, actuaciones sobre la próxima cosecha que trasladen a sus operadores el doble mensaje de que estamos actuando sobre el problema para solucionarlo y que nos tienen a su lado para tomar las medidas que sean necesarias. Y estas no acaban de llegar

Se publican los datos del Infovi correspondientes al mes de diciembre y se constata lo que todos intuyen y viven en su día a día y que bien podría reducirse en una frase: “las cosas no están funcionando”.

Será por circunstancias que resultan exógenas al sector: pandemias, trabas en el comercio, inflación, guerra… Incluso políticas sanitarias que toman al vino como objeto de sus campañas utilizando “estudios” de dudoso crédito. Pero el caso es que llevamos ya más de tres años en los que, por una cosa o por otra, el sector no levanta cabeza.

Nuestro consumo lleva cayendo desde febrero, las exportaciones perdiendo volumen a un ritmo de dos dígitos, las existencias resistiendo como pueden gracias a una cosecha contenida. Y el apoyo de nuestro Gobierno, que está asistiendo a una recaudación récord por los efectos de la inflación y beneficiándose de los fondos NextGenerationEU que llegan de la Unión Europea para “salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos”; es completamente nulo.

Y aunque en su descarga podríamos decir que no difiere mucho del que le han prestado otros gobiernos anteriores, no es de recibo.

El marcado aspecto social que acompaña al vino, su imagen de país, la sensación de calidez que acompaña el recuerdo de su consumo, el papel medioambiental y social que tienen sus viñedos en una España con un importantísimo problema de despoblación. Lo atractivo de su acompañamiento de una gastronomía, que es una de las principales razones, junto con el sol y monumentos, de atracción para los millones de turistas que nos visitan cada año… Parecen carecer de valor.

Frente a los 15 millones (que redistribuiremos de las medidas financiadas por los fondos para el Plan de Apoyo al Sector que nos llega de Europa), Francia se ha comprometido a aportar de sus arcas 80 M€, cuarenta ahora y otros tantos en octubre para destilar (está por definir) entre dos y tres millones de hectolitros.

Son ya varias las ocasiones en las que nos hemos referido, en estas mismas páginas, a Irlanda. Un pequeño país que entró a formar parte de la Unión Europea en el año 1973, miembro de la Zona Euro y cuya población de cinco millones de habitantes apenas representa un poco más de una décima parte de lo que es España.

No son, ni los 9’3 millones de litros de vino que le llevamos vendidos desde España en los once primeros meses de 2022, ocupando el puesto 19º en el ránking de destinos. Ni los 28’7 millones de euros que ello ha supuesto para nuestras bodegas, que le sitúan en el puesto 17º. Ni tan siquiera que sea el cuarto país en importancia de todos a los que les vendemos vino, en términos de precio medio (3’9 €/l); lo que nos hace fijarnos en este pequeño país de los 27 que integramos la Unión Europea.

El motivo de tan inusitado interés: el proyecto de reglamento que presentó, el pasado mes de junio, a la Comisión Europea, para incluir en el etiquetado de bebidas alcohólicas advertencias sobre los peligros derivados del consumo de alcohol. De cualquier tipo de alcohol y graduación.

Y es que, si nada lo remedia, y no parece que vaya a ser así, a partir del 22 del próximo mes de marzo, contará con la autorización para advertir a los consumidores sobre los riesgos y daños del consumo de alcohol, sin ninguna distinción entre tipos de bebidas con alcohol, cantidades ingeridas o graduaciones, ni entre lo que es un consumo moderado y responsable y otro excesivo, abusivo e irresponsable. Incluyendo una advertencia para las mujeres embarazadas y otra sobre la relación entre el alcohol y diferentes tipos de cáncer.

Ello supondría un peligroso antecedente que pudiera ser imitado por algunos otros países miembros y, en especial por aquellos grupos que, desde la propia Comisión, abogan por la obligatoriedad de este tipo de advertencias en el etiquetado del vino.

La oposición frontal y enérgica de Italia, país que ha mostrado la actitud más beligerante en este asunto (pero también la del resto de países productores: España, Francia. Portugal, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y República Checa), acusando a esta propuesta de ser simplista, discriminatoria y contraria al mercado interior, suponiendo una traba al mercado único, no ha servido de nada y posiblemente no lo vaya a hacer. Generando un peligroso antecedente que pueda ser imitado por otros países declarados abiertamente en contra de cualquier apoyo a una bebida con contenido alcohólico.

Peligroso antecedente para un sector que se encuentra en horas bajas. Como así lo demuestra la autorización, a falta de ser publicada en el BOE, de una ayuda a la cosecha en verde para nuestro país, a la que está previsto destinar 15 M€, un cincuenta por ciento más con la que se aplicó, por primera vez en nuestro país, en el año 2020, cuya producción fue de 46’493 millones de hectolitros.