Tras la reforma de la PAC el Consejo de Ministros aprobaba, en su reunión del 25 de octubre, el Real Decreto por el que establece las bases del nuevo sistema de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE); que pasa a denominarse Intervención Sectorial de apoyo al sector del vino (ISV). Su aplicación será a partir del 2024 y hasta 2027, cuando haya finalizado el actual período quinquenal 2019-2023 del PASVE. En él se establecen la normativa básica nacional para las ayudas, que pasan a denominarse intervenciones y tienen un marcado carácter medioambiental, de adaptación al cambio climático y sostenibilidad; manteniendo como finalidad la de aumentar su competitividad.
La dotación anual pasa de los cerca de 210’332 millones de euros de los actuales PASVE a 202’147 M€, una rebaja que, con ser importante, no debiera alarmarnos en demasía, especialmente teniendo en cuenta los recortes que ha sufrido la PAC y que somos uno de los pocos sectores que las mantiene.
Las intervenciones elegidas por España siguen siendo las mismas: la reestructuración y reconversión de viñedos; las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas (bodegas), así como en estructuras e instrumentos de comercialización; la denominada cosecha en verde (solo aplicable en casos excepcionales); la destilación de subproductos de la vinificación y las actividades de promoción y comunicación en terceros países.
La intención del Ministerio es aprovechar estos fondos para mejorar las ventas y, en especial, aumentar el valor añadido, por lo que a las medidas de promoción e inversiones se les dotará con una mayor proporción de los fondos de los que con el actual PASVE disfrutaban.
La de reestructuración y reconversión, será la que, al igual que sucediera en los años 2020 y 2021 en los que por cuestiones del cierre de los mercados por la pandemia hubo que destinarse cerca de ocho millones y medio (4 y 4’5 respectivamente) a la cosecha en verde, pierda más dotación. Destinándosele 60.644.100 euros, un 30% del total, frente los 75’55 M€ que acaparó en el 2019 o los 64’14 del 21.
En este caso, está previsto que se dé un giro en los criterios de asignación y se prioricen las de producción en cultivo ecológico, las de Asociaciones de Tratamientos Integrados (ATRIAs) y aquellas que tengan un enfoque más sostenible, disminución de densidades de plantación, variedades más adaptadas y sistemas de conducción del viñedo más sostenibles.
Los fondos para la promoción e inversiones serán iguales, 55’59 M€ para cada una, un 27’5% del presupuesto frente el 21’77% y 26’57 del que disfrutaron respectivamente en el del 21. Para la asignación de las destinadas a inversión en bodegas, los criterios que priorizarán serán los que contengan medidas en eficiencia energética, energías renovables, las que cuenten con certificación medioambiental, gestión y tratamientos de residuos, depuración de efluentes líquidos y producción ecológica.
Mientras que la destilación de subproductos pasará de 35’426 M€ del 2021 (17’59%) a 30’332 (15%).
No sé si suficiente apuesta por el mercado y el valor de nuestra producción, pero sí al menos una apuesta decidida por el futuro del sector.