Una producción similar a la del año pasado en la UE-27, que supondría estar por debajo de lo que sería la cosecha media de los últimos cinco años. Una previsión para España, aun considerando las lluvias de los últimos días, que difícilmente alcanzará los treinta y ocho millones de hectolitros (esa es nuestra estimación actual, que no parece estar muy alejada de lo que piensan otras organizaciones). Unas existencias a inicio de campaña de 37.782.470 hl, (-3’29% sobre las de la campaña anterior) de los que 36.349.367 hl lo eran de vino (-2’69%) y de 1.433.103 de mosto (-16’47%). Son datos que no parece que justifiquen la fuerte paralización que presenta el mercado o la escasa revalorización que están teniendo las uvas, mostos y vinos.
Cuestiones macroeconómicas, mucho más relacionadas con tasas de inflación, tensiones bélicas, subidas de tipos de interés, devaluación del euro, endurecimiento del crédito… o las derivadas sociales de estas que podrían suceder en el otoño escapan al propio sector vitivinícola y hacen muy complicado cualquier análisis que vaya más allá de la pura especulación.
Lo cierto es que las cotizaciones no reaccionan, los italianos, esos operadores que tradicionalmente llegaban a nuestro país en estas fechas para marcar el ritmo de nuestros precios con la firma de operaciones con fecha de retirada y pago a seis meses o más; no han venido, generando un cierto desánimo en todos los eslabones de una cadena que está viendo cómo su reducidísima rentabilidad va cayendo y llega a hacer imposible alcanzar los propios costes de producción.
Y, como si todo esto no fuera lo suficientemente grave, a algunos de nuestros ministros no se les ocurre mejor idea para hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra que obligar a las grandes distribuidoras a topar los precios de algunos alimentos. ¡Como si ese límite en el precio no fueran a trasladarlo hacia la cadena de valor, pero en el sentido contrario del que debería construirse!
Son momentos difíciles, de grandes incertidumbres que están muy por encima de cualquier decisión o iniciativa que pueda adoptar el sector vitivinícola y tendrán, con total seguridad, consecuencias sobre el consumo de vino y el mercado.
Derivaciones que requerirán de medidas que van mucho más allá de protestas por la actitud mantenida por unos de los operadores frente a otros: los viticultores sobre los bodegueros, estos sobre la distribución, para acabar llegando al consumidor.
Son necesarias medidas europeas, o cuanto menos nacionales. Provenientes de los Presupuestos Generales del Estado o de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola. Pero los viticultores no pueden seguir soportando ver cómo crece el precio de los fertilizantes o fitosanitarios. Las bodegas, los de los insumos, materias secas o costes logísticos; o los distribuidores los de un producto ante el que sus clientes han visto reducida drásticamente su capacidad de compra.
En este sentido, asociaciones vitivinícolas de los tres principales países productores de la UE: Francia, Italia y España, celebraron una reunión del denominado Grupo de Contacto, del que demandan a sus respectivos Gobiernos y a la Comisión Europea la adopción de medidas para afrontar una difícil situación de este sector, en el que “la geopolítica, la inflación y una nueva ola de prohibicionismo ponen en peligro la sostenibilidad social, económica y medioambiental” del mismo.