Poco a poco van generalizándose las vendimias y confirmándose las previsiones de una de las cosechas más cortas de los últimos años. Prácticamente todos los productores: España, Portugal e Italia se enfrentan a una cosecha en torno al diez por ciento inferior a la de la campaña pasada, y solo Francia, fuertemente afectada por las heladas en el anterior ejercicio, superaría la cosecha de 2021, en torno a un quince por ciento.
La ausencia de lluvias generalizadas y la sucesión de episodios de fuertes trombas de granizo no modifican mucho la situación de un viñedo que presenta un alto grado de estrés hídrico generado por la profunda sequía y las continuas olas de calor que hemos vivido durante el último trimestre.
Tampoco es que, al menos en las predicciones meteorológicas, la situación vaya a cambiar mucho en esta próxima semana. Pues salvo algunas lluvias de cierta consideración en las Rías Baixas, todo el resto de la geografía española está previsto que siga al margen de la tan necesitada lluvia.
Situación que, ante la posibilidad de que el fruto siga deshidratándose, ha llevado a muchos viticultores a no demorar más el inicio de la vendimia, anteponiendo el buen estado sanitario a la remotísima posibilidad de un mayor peso de la baya.
Circunstancia que redundará en una menor producción, puesto que, a la pérdida de kilos a la que deberán enfrentarse los viticultores, se suma la disminución en el rendimiento que tendrán que asumir los bodegueros.
Añadido a unos precios en las uvas que, otra vez con la excepción hecha de Rías Baixas (siempre hablando en términos generales), no alcanzan a cubrir los costes de producción, según denuncian las organizaciones agrarias. Que alientan a sus viticultores a denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) la presión a la que están siendo sometidos para firmar unos acuerdos en los que se señala que el precio acordado en los contratos está por encima de sus costes de producción, tal y como obliga la ley de la Cadena Alimentaria.
Cabe recordar es obligatoria la existencia de esos contratos que reflejen el precio al que es adquirida la uva y el plazo de pago, entre otros aspectos. Recomendación de la utilización de los contratos homologados que también ha hecho extensiva la Interprofesional del Vino, que también ha puesto a disposición de los viticultores la aplicación GESVID, mediante la cual es posible la gestión de los costes de cultivo del viñedo. Mucho más ajustados que aquellos publicados por Universidades e instituciones, que están siendo los utilizados para formular estas denuncias y que son cuestionados por las bodegas.
Unos costes de producción que, efectivamente, se han visto beneficiados ante la menor necesidad en el número de tratamientos para combatir las enfermedades fúngicas, pero que se han visto fuertemente perjudicados por la subida de la energía, combustibles, fertilizantes y los propios fitosanitarios. Estimándose que pudieran haber aumentado hasta un treinta por ciento con respecto al año anterior.
Por no hablar de los requisitos de la vendimia que, en muchos casos, obligará a realizar dos y tres pases ante la irregularidad en la maduración que presentan los viñedos.
