Sin entrar en muchas disquisiciones sobre las verdaderas razones que explicarían la situación de parálisis que está viviendo el sector vitivinícola. O en análisis de lo que pudiera suceder en las próximas semanas, meses, con los mercados. Incluso sin entrar a valorar si lo que hay detrás de todo esto son más razones macroeconómicas, provocadas por acontecimientos (de gran relevancia) que nada tienen que ver con el vino y mucho con las bombas. Lo únicamente cierto es que nos enfrentamos a un inicio de campaña nunca antes (hablo por mí) conocido.

El caso es que las estimaciones de cosecha de todos los países productores se encuentran contenidas en niveles que podríamos calificar, sin ningún tipo de ambages, de bajos respecto a lo que han venido produciendo en los últimos cinco años.

Los precios de las uvas, a pesar del gran incremento de los costes de producción y los numerosos estudios publicados sobre cuáles son los valores medios por zonas y sistemas de cultivo, se sitúan en niveles muy por debajo de los que al inicio de la campaña reclamaban las organizaciones agrarias. Sin que ello haya provocado más revueltas que las estrictamente limitadas a la denuncia pública en los medios de comunicación y el recordatorio de que la Ley obliga a las bodegas a pagar “siempre” por encima de esos costes de producción. Lo que la firma del contrato entre viticultor y bodeguero reconoce.

Las cotizaciones de mostos y vinos permanecen en un limbo de incertidumbre sin que apenas se muevan y ajusten a la realidad de una nueva campaña.

Las grandes cadenas de distribución son acusadas de subir precios y señaladas como las grandes responsables del encarecimiento de una cesta de la compra que se ha disparado por encima del quince por ciento, según datos estadísticos, pero que resulta fácilmente constatable por todos que ha estado muy por encima comparando lo que gastábamos hace un año y lo que supone ahora para nuestros bolsillos.

Pero, en cambio, las bodegas se encuentran con la realidad de tener que soportar constantes subidas en los costes de todos sus insumos y con un margen muy reducido en su capacidad de repercutirlas sobre el precio final de la botella.

Y, como si todo esto no fuera bastante sorprendente, porque aquí parece que todos perdemos; el consumo aparente en nuestro país presenta un engañoso crecimiento del 11’9%, según datos del Infovi de julio, consecuencia de la comparación con momentos de pandemia, cuando la realidad es que, desde febrero, su línea de tendencia es negativa.

Algo parecido a lo que sucede, refiriéndonos al mismo mes, con las exportaciones, cuyo precio medio del vino en tasa interanual (TAM) sube un 9’5% hasta situarse en los 1’37 €/litro, con especial relevancia en los graneles que lo hacen un 13’4% (0’43 €/litro). Pero lo hace gracias a aumentar el valor un 5’0%, 9’6% para el caso de los graneles. Pero perdiendo el 3’3% del volumen de vinos sin envasar y el 4’1% del total de vinos.

Una producción similar a la del año pasado en la UE-27, que supondría estar por debajo de lo que sería la cosecha media de los últimos cinco años. Una previsión para España, aun considerando las lluvias de los últimos días, que difícilmente alcanzará los treinta y ocho millones de hectolitros (esa es nuestra estimación actual, que no parece estar muy alejada de lo que piensan otras organizaciones). Unas existencias a inicio de campaña de 37.782.470 hl, (-3’29% sobre las de la campaña anterior) de los que 36.349.367 hl lo eran de vino (-2’69%) y de 1.433.103 de mosto (-16’47%). Son datos que no parece que justifiquen la fuerte paralización que presenta el mercado o la escasa revalorización que están teniendo las uvas, mostos y vinos.

Cuestiones macroeconómicas, mucho más relacionadas con tasas de inflación, tensiones bélicas, subidas de tipos de interés, devaluación del euro, endurecimiento del crédito… o las derivadas sociales de estas que podrían suceder en el otoño escapan al propio sector vitivinícola y hacen muy complicado cualquier análisis que vaya más allá de la pura especulación.

Lo cierto es que las cotizaciones no reaccionan, los italianos, esos operadores que tradicionalmente llegaban a nuestro país en estas fechas para marcar el ritmo de nuestros precios con la firma de operaciones con fecha de retirada y pago a seis meses o más; no han venido, generando un cierto desánimo en todos los eslabones de una cadena que está viendo cómo su reducidísima rentabilidad va cayendo y llega a hacer imposible alcanzar los propios costes de producción.

Y, como si todo esto no fuera lo suficientemente grave, a algunos de nuestros ministros no se les ocurre mejor idea para hacer frente al encarecimiento de la cesta de la compra que obligar a las grandes distribuidoras a topar los precios de algunos alimentos. ¡Como si ese límite en el precio no fueran a trasladarlo hacia la cadena de valor, pero en el sentido contrario del que debería construirse!

Son momentos difíciles, de grandes incertidumbres que están muy por encima de cualquier decisión o iniciativa que pueda adoptar el sector vitivinícola y tendrán, con total seguridad, consecuencias sobre el consumo de vino y el mercado.

Derivaciones que requerirán de medidas que van mucho más allá de protestas por la actitud mantenida por unos de los operadores frente a otros: los viticultores sobre los bodegueros, estos sobre la distribución, para acabar llegando al consumidor.

Son necesarias medidas europeas, o cuanto menos nacionales. Provenientes de los Presupuestos Generales del Estado o de los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola. Pero los viticultores no pueden seguir soportando ver cómo crece el precio de los fertilizantes o fitosanitarios. Las bodegas, los de los insumos, materias secas o costes logísticos; o los distribuidores los de un producto ante el que sus clientes han visto reducida drásticamente su capacidad de compra.

En este sentido, asociaciones vitivinícolas de los tres principales países productores de la UE: Francia, Italia y España, celebraron una reunión del denominado Grupo de Contacto, del que demandan a sus respectivos Gobiernos y a la Comisión Europea la adopción de medidas para afrontar una difícil situación de este sector, en el que “la geopolítica, la inflación y una nueva ola de prohibicionismo ponen en peligro la sostenibilidad social, económica y medioambiental” del mismo.

Sorpresa, lo que se dice sorpresa, no ha sido el conocer las existencias con las que ha finalizado la campaña 2021/22. Que entre el vino que hay en las bodegas, almacenistas y productores de más de mil hectolitros, haya en España a 31 de julio, fecha en la que finaliza la campaña, treinta y siete millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta (37.782.470) hectolitros de vinos y mostos no puede asombrar a nadie.

Especialmente cuando venimos de una cosecha corta, porque treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete (35.471.467) hectolitros de vino y cuatro millones cincuenta y tres mil cincuenta de mosto, son pocos para un país con cerca de un millón de hectáreas de viñedo.

Aun así, hay que reconocer que se nos han atragantado un poco. O eso al menos es lo que parece si vemos la evolución que han tenido, a lo largo de la campaña, las cotizaciones de los vinos. Que empezaron cotizando la primera semana de agosto de 2021 a 25’89 euros/hectolitro los blancos y 36’02 los tintos; y han acabado, en la última semana de julio, a 37’80 y 42’00, respectivamente. Una revalorización que, considerando cosechas, exportaciones, salida de situaciones restrictivas de consumo con motivo de la pandemia… pero, especialmente, teniendo en cuenta la evolución de los precios y el incremento en los costes de producción, insumos, costes logísticos y energéticos; teniendo en cuenta las previsiones de cosecha que se manejan para esta campaña en España, pero no solo, también el resto del mundo, especialmente en los países europeos, no parecen que haya sido suficiente.

Y, así al menos, parecen estar reflejándolo las cotizaciones a las que están firmándose los contratos de compraventa de uva en las diferentes regiones españolas. Todas con incrementos que no alcanzan a cubrir lo que han subido los costes de producción y tan solo con la excepción de una variedad y zona concreta, como es el Albariño y la Denominación de Origen Rías Baixas, donde el incremento en el precio del kilo de uva ha sido espectacular, llegando a alcanzar los tres euros, evidenciando el buen momento que vive esta denominación, su bodegas y viticultores.

Con una estimación de cosecha nacional en torno ya a los treinta y ocho millones de hectolitros, cifra sobre la que prácticamente todas las previsiones pivotan (dos millones arriba o abajo). Nos enfrentaríamos a unas disponibilidades de setenta y seis millones de hectolitros, dos menos que el año pasado y, aún con todo y con ello, los precios no acaban de reaccionar con alegría.

Y es que hay mucho miedo a lo que pueda pasar con el consumo. Las repercusiones que tenga la disparada inflación, la inestabilidad que se genere en el empleo, las posibles restricciones, el corte del crédito… Son muchos los frentes abiertos para un producto de lujo, como es el vino.

Mucho más allá de lo que puede representar para el sector que el consumo de vino en los hogares españoles sea uno u otro, hay que reconocer que en él se asienta una buena parte del futuro de nuestra industria.

Es posible elaborar un producto, en este caso estamos hablando de vino, pero podríamos hacerlo de cualquier otro, con la intención de venderlo todo, o la mayoría, fuera de nuestras fronteras. Especialmente si se encuentra dentro de los denominados “no básicos”. Pero eso tiene muchos inconvenientes, quizá el primero de todos es lo que supone de internacionalización de nuestras bodegas, aspecto para el que el tamaño sí importa y que no es el más adecuado.

Que cerca del noventa por ciento de nuestras bodegas tengan alguna operación de exportación a lo largo del año, no significa que estén capacitadas para ello y mucho menos que lo hagan en las condiciones requeridas de valor añadido, creación de marca y sostenibilidad en el tiempo. Y, es que, como ya hemos comentado en alguna ocasión, no es lo mismo vender que te compren.

Ahora mismo, y por muchos años, aspirar a que, al menos la mitad de lo que producimos se consuma en España es una utopía que ninguna campaña va a tornar en posible. Pero no por ello hay que renunciar a conseguirlo y definir claramente los objetivos a medio y largo plazo que nos conduzcan en esa dirección.

Pasar de diez millones de hectolitros a veinte, representa duplicar el volumen consumido y aspirar a hacerlo manteniendo un consumo esporádico y festivo se antoja muy complicado. Actualmente consumimos medio litro a la semana por persona, lo que viene a ser cuatro copas que, distribuidas en el fin de semana, momento en el que se concentra el consumo, vienen a ser dos copas por cada sábado y domingo. Pasar a consumir una copa al día, aunque fuera cuando acaba la jornada de trabajo y mientras estamos esmerados en la cena o durante ella no parece tan complicado y nos llevaría a situarnos por encima de ese objetivo de los veinte millones de hectolitros.

Pero ello supondría devolver al vino a la cotidianidad de nuestras vidas, supondría que la presencia de una botella en los hogares donde hay niños no fuera considerado como una incitación al consumo de alcohol. Y eso no parece que esté en la mente de ningún político.

Unos porque se declaran abiertamente contrarios al vino y enarbolan la bandera de la lucha por reducir su consumo, aspirando, incluso, a su prohibición o la utilización de mensajes que alerten de los efectos perjudiciales que tiene un consumo moderado, aunque este no exista.

Otros porque en su defensa se quedan agazapados ante la posibilidad de ser acusados de incitar al alcoholismo, sin tener la valentía de defender un consumo moderado, racional, inteligente y con conocimiento, como pregona el propio sector.

Y, bajo este panorama, nos sorprendemos, los políticos los primeros, de que seamos, de entre los principales países elaboradores, el que menos consumo per cápita tiene, que seamos los que más barato vendemos el vino o que la uva se pague a precios ruinosos que ponen en serias dificultades el relevo generacional que tanto necesita el sector para su perduración y profesionalización.