De todas las estadísticas vitivinícolas posibles, no hay ninguna que alcance la importancia de la relacionada con la estimación de producción. La que más interesa a sus operadores y, por extensión, a todo el sector. De ella no solo penden los precios de las uvas, también lo hacen las planificaciones comerciales y, con ellas, las necesidades de productos enológicos, materias secas, insumos, etc. Contar con una buena estimación de producción resulta imprescindible si queremos ser un sector profesionalizado y con alguna posibilidad de mirar al futuro con esperanza de mejorar su valor añadido.

No en vano es esta relevancia, junto con su carácter predictor, lo que la hace más proclive a interpretaciones que no siempre disfrutan de la objetividad e imparcialidad que sería deseable. De ahí la importancia de conocer la fuente de quien la emita y el prestigio que se haya granjeado a través de los años de historia en los que haya publicado, así como la desviación sobre las cifras finales que acabase presentando.

Contar con una estimación sectorial seria, e imparcial, es un objetivo común perseguible al que, lamentablemente, al menos hasta ahora no se le ha conseguido alcanzar. Actualmente sabemos que hay algunos proyectos, al menos dos, de organismos independientes de gran reputación, que están en ello. El resultado, confiemos en que dentro de unas seis u ocho semanas, para finales de septiembre, podamos conocerlo. Hasta entonces, lo mejor es seguir poniendo en valor lo que tenemos, como el que nosotros mismos elaboramos y hacernos eco de aquellas previsiones realizadas por los diferentes colectivos.

Este ejercicio no es un buen año para salir airosos de estos envites, el otoño seco que hemos tenido en buena parte de la geografía española a la que le han sucedido profundas olas de calor en primavera y las semanas de verano que llevamos transcurridas hacen que, de las primeras estimaciones que se manejaban, a las actuales haya diferencias que vayan mucho más allá de lo asumible. Pasar de cosechas cercanas a los cincuenta millones de hectolitros a cálculos que llegan a situarla en el entorno de los treinta y siete millones, es una horquilla demasiado grande como para poder considerarla seria.

Todos, en mayor o menor media, organizaciones agrarias y cooperativas, coinciden en señalar que del comportamiento que tenga la climatología en las próximas semanas pende entre un 20 y un 25% de la cosecha y, aunque los hay que le dan muy pocas probabilidades a la posibilidad de obtener una buena vendimia, argumentando que la viña no “hizo madera” que es como se conoce que lloviese adecuadamente en otoño cuando la cepa está en reposo, reconocen que, todavía es posible pensar en una cosecha por encima de los cuarenta millones del año anterior.

Los hay que incluso se atreven con el color y vaticinan para los tintos una mala producción.

En lo que todos parecen coincidir es que, una cosa son los episodios de pedrisco, que no acaban marcando una cosecha (los hielos que sí pueden hacer un daño importante en zonas de cierta amplitud geográfica), pero lo que puede acabar marcando una cosecha nacional es la sequía, y si viene acompañada de olas de calor continuadas, la catástrofe está asegurada.

De momento, lo único que nos queda es esperar, seguir pendientes de cómo va evolucionando la viña y confiar en que, haya lo que haya, los precios remonten y los costes de producción se puedan cubrir.

Con la vendimia, proliferan las informaciones relacionadas con producciones y precios. Y si bien lo que está sucediendo este año no difiere mucho de lo que aconteció en campañas anteriores, hay que reconocer que la publicación de los costes de producción de la uva, vienen a darle una especial notoriedad, al menos mediática.

Pues, aunque estos estudios publicados, la gran mayoría realizados con un más que aceptable rigor científico, no acaban de ser más que orientativos, careciendo de cualquier capacidad normativa y, en consecuencia, de una utilidad práctica que vaya más allá de la denuncia de que, en término medio, una buena parte de los viticultores están entregando la uva a un precio inferior al de sus costes de producción.

Lo que, pese a estar prohibido, hay que recordar que cada viticultor firma (o legalmente debería hacerlo, con la entrega de la producción, un contrato en el que figura el precio al que le será pagada, así como que este está por encima de sus costes de producción. Haciendo realidad esa paradoja estadística de explicar que “yo me como dos filetes y tú ninguno, y nos hemos comido uno cada uno”.

La verdad es que, estadísticas aparte, es un tema muy importante y en el que se sustenta una buena parte de los graves problemas de este sector. Para el que, por cierto, su Organización Interprofesional presentó el Plan Estratégico que, está muy bien y es una herramienta necesaria, pero que, si no ponemos en valor la producción vitícola con precios que hagan rentable el cultivo de la vid, nuestro sector carece de futuro. Conseguiremos que algunas bodegas vendan unas pocas botellas a un buen precio, pero haremos más difícil el mantenimiento de la superficie vitícola y deberemos enfrentarnos a problemas de desertificación y despoblamiento ante la ausencia de relevo generacional.

El futuro del sector pasa, necesariamente, por su profesionalización y eso exige precios de la uva más altos. ¿Cómo conseguirlos? Eso es harina de otro costal. En algunos casos será con unas uvas de más calidad, en otros con producciones más altas que las hagan rentables…

El pasado 11 de julio se reunía la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para aprobar el reparto de las otras dos de las grandes medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE): inversiones y reestructuración y reconversión que, junto con la ya aprobada en la reunión del pasado mes de mayo de promoción en terceros países, acuerda la distribución territorial para el año 2023 de los fondos. Fuera de este reparto queda la destinada a la destilación de subproductos pues su asignación no está asignada a un criterio territorial, sino de producción.

Ciento siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve (107.442.759) euros de los que la medida de reestructuración se lleva 69’709 millones de euros y la de inversiones 37’733; que se unen a los 51’717 de la de promoción. Un total de 159.160.433 euros con un reparto muy diferente por comunidades, según se trata de cada una de las medidas.

Así, mientras Castilla-La Mancha es la que más fondos recibirá 45’654 M€ (28’68%), la gran mayoría de ellos tendrá como destino la reestructuración y reconversión del viñedo (33’132 M€), mientras que para inversiones tan solo recibirá 9’662 y para promoción 2’859. Todo lo contrario que el País Vasco que con 13’944 M€ de dotación total (8’7%) de las ayudas, será el que más emplee en la promoción 10’763 (20’81%), 2’473 en inversiones y tan solo 0’708 en reestructuración y reconversión.

Algo más igualitario resulta el reparto de Castilla y León, que con sus 5’8 M€ (8’32%) en reestructuración, 7’519 (19’93%) en Inversiones y 7’687 M€ (14’86%) para promoción; se sitúa como la segunda Comunidad Autónoma por importe de ayuda total 21’006 (13’2%).

Más curioso resulta el caso de Cataluña y Extremadura, segunda y tercera en orden de producción. Pues si las ayudas destinadas a Cataluña serán el 10’35%, lo que supondrá poco menos de dieciséis millones y medio de euros; la medida a la que más fondos dedicarán será la de promoción, con prácticamente la mitad de sus fondos. Mientras que, en el caso de Extremadura, sucede todo lo contrario, pues los 7’7 millones (4’84%) van destinados prácticamente en su totalidad 6’416 M€ (83’32%) a la reestructuración.

Como puede verse, realidades muy diferentes de un sector que, lejos de poder pensar que evoluciona a un solo ritmo, presenta retos y posibilidades muy diversas.

Con más o menos argumentos para ello, lo cierto es que el sector anda un tanto preocupado por cuál pueda ser la evolución de los mercados en los próximos meses.

Con una vendimia 2022 en ciernes, a la que le precede una cosecha corta, en un ambiente belicista de importantes consecuencias macroeconómicas que amenaza con severos ajustes en las economías domésticas, que acaben viéndose reflejados en los datos de consumo, con especial incidencia sobre aquellos productos que no son básicos; la prudencia parece estar adueñándose de la situación y extendiéndose como una mancha de aceite entre los operadores.

La producción prefiere mantenerse al margen del mercado, porque ni los bajos precios, ni el escaso número de compradores le resultan interesantes. Los consumidores, aunque ávidos de volver a una situación prepandémica que les permita disfrutar un poco de la vida y gozar de algunos de esos pequeños lujos de los que el confinamiento les privó; están recibiendo un torpedeo constante de malas noticias que les advierten de tiempos muy difíciles cuando pase esta especie de euforia contestaría a una represión histórica.

Cuánto durará esta especie de darle la espalda a la realidad y cómo de duro será el aterrizaje en una recesión (esperemos que no estanflación), junto con cuál pueda ser la repercusión que esto vaya a tener en el consumo de vino son las grandes preguntas para las que no todos tienen la misma respuesta.

Hasta ahora, los datos de consumo interno, correspondientes al Infovi del mes de mayo, nos sitúan el consumo aparente en 10’442 millones de hectolitros, un 11’1% por encima del que teníamos hace un año. Pero un 1’21% inferior al del mes pasado. Lo que para unos es considerado como un hecho evidente de la entrada en otro periodo de caída del consumo interno; mientras que para otros no es más que la evolución normal de cualquier mercado con sus naturales altibajos. En lo que sí coinciden, más o menos todos, es que volver y superar los once millones que alcanzamos en febrero del 2020, máximo de la serie, está completamente fuera del horizonte del corto y medio plazo.

Y, la verdad, tampoco nos vamos rasgar unas vestiduras que ya tenemos bastante roídas. Produciendo cuarenta millones de hectolitros, que son los que declaramos en un mal año como fue el 2021 y un potencial que está claramente por encima de los cincuenta; hablar de diez u once millones no deja de tener un valor mucho más simbólico sobre lo que supone el vino en nuestra sociedad y las características que definen los momentos de consumo, que un verdadero problema en la evolución de nuestro mercado.