Estamos habituados (no sé muy bien si cansados) a escuchar que el sector agrícola y ganadero español tiene que trabajar por ser sostenible. Que esta sostenibilidad solo se consigue cuando es posible desarrollarla social, medioambiental y económicamente. Y que, de los muchos sectores agrícolas, posiblemente sea el vitivinícola el que más, o al menos uno de los que más, cumple con esos tres objetivos esenciales.
También sabemos que, para ello, son necesarias ayudas destinadas a la profesionalización y gestión empresarial, pero también económicas, con las que afrontar las inversiones en personal y medios con los que hacerlo posible. Y, aunque, sin duda los habrá que cuestionen la idoneidad de apoyar un cultivo con el que se elabora una bebida alcohólica, se ha demostrado recientemente, con la Resolución del Parlamento Europeo de su Plan de Lucha contra el Cáncer, que todavía queda un pequeño atisbo de respeto a lo que representa el vino en la cultura de nuestros pueblos y su dieta. Así como que su consumo, a diferencia de lo que pudiera suceder con el alcohol procedente de otras bebidas de alta graduación, efectuado con moderación, no tiene porqué ser perjudicial para la salud. Incluso que puede servir para que, en países sin tradición vitivinícola, en los que la tasa de alcohol por habitante y año es muchísimo más elevada que en los tradicionalmente consumidores de vino, se frene su problema de alcoholismo.
Es más que probable que los acuerdos comerciales establecidos entre la Unión Europea y los demás países del mundo impidan el establecimiento de este tipo de ayudas. Incluso que dentro de los programas como el mismo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, no tengan cabida. O hasta que estas medidas deban financiarse con los fondos que nos llegan para los Planes de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASV). Hasta es posible que el retorno político de estas políticas lleve a adoptar posiciones mucho más tímidas a la hora de su dotación y gestión de lo que se es en otros sectores.
Tres mil millones, más una inversión pública de otros mil, para todo el sector agroalimentario se antoja claramente una cantidad insuficiente para abordar cambios tan complejos y necesarios como la digitalización, medioambientales, innovación, económicos y sociales en la próxima década. Máxime cuando, desde el propio sector vitivinícola, se han presentado planes sectoriales que exceden esta cuantía.
Los costes energéticos, claramente un problema para nuestras bodegas, apenas contarán con una dotación de 400 millones para la mejora de los procesos de producción que irán destinados a la puesta en marcha de instalaciones de energía renovables o propuestas de diseño de ciclo integral. Para la adaptación digital, entre las que encontramos aquellas ayudas destinadas al desarrollo del comercio electrónico, el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) o el programa para fomentar la creación de cooperativas de datos digitales contará con otros 454’35 M€ y por último 148’56 M€ que completan los mil millones de inversión pública para el apoyo a la innovación y la investigación en la productividad, competitividad, sostenibilidad y calidad.